Caso Capriles vs. Venezuela
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(remisión del caso a la Corte)
| Caso Capriles vs. Venezuela | ||
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| Tribunal | Corte Interamericana de Derechos Humanos | |
| Caso | Capriles vs. Venezuela | |
| Fecha |
11 de mayo de 2022 (remisión del caso a la Corte) | |
| Sentencia | 10 de octubre de 2024 | |
| Jueces |
Nancy Hernández López (presidenta) Rodrigo Mudrovitsch (vicepresidente) Humberto Sierra Porto Eduardo Ferrer Ricardo Pérez Manrique Verónica Gómez Patricia Pérez Goldberg | |
El caso Capriles vs. Venezuela es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos remitida el 16 de febrero de 2022 sobre la responsabilidad internacional de Venezuela con respecto a las violaciones a derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en las elecciones presidenciales de 2013.
En su decisión del 10 de octubre de 2024, la Corte determinó que Venezuela violó los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de Capriles. La sentencia describe que el CNE no respondió ante las denuncias de irregularidades presentadas por el equipo de campaña de Capriles y concluyó que el gobierno venezolano favoreció a Maduro antes, durante y después de las elecciones, que funcionarios públicos realizaron actos de proselitismo, empleados estatales fueron presionados y que hubo una cobertura mediática desproporcionada en los medios comunicación estatales. Como tal, la Corte sostuvo que el Estado socavó la integridad de las elecciones, los derechos políticos de Capriles y el derecho de los venezolanos a elegir libremente, y que dichas irregularidades representaban una vulneración grave a los principios democráticos.
El abogado y político Henrique Capriles compitió como candidato presidencial contra Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2012, donde Chávez fue declarado ganador. Tras su muerte, Capriles se postuló nuevamente contra el candidato del partido de gobierno, Nicolás Maduro.[1]
En las elecciones presidenciales de 2013 Maduro fue declarado ganador con un 50,61% de los votos, contra un 49,12% de Capriles. Henrique Capriles presentó un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la anulación de las elecciones. La Sala Constitucional del TSJ no sólo rechazó el curso, sino que adicionalmente multó a Capriles con un monto de 10.700 bolívares y remitió el escrito del recurso Ministerio Público para considerar un posible caso penal en su contra.[2]
Caso
Henrique Capriles acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la violación de sus derechos políticos y judiciales.[3]
En su Informe de Admisibilidad y Fondo, la Comisión constató la existencia de importantes obstáculos para el ejercicios de derechos polícios en Venezuela, acciones retaliatorias en contra de la oposición política, y la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral. La Comisión remitió el caso ante la Corte Interamericana el 11 de mayo de 2022.[4]
La audiencia pública del caso de celebró el 6 de febrero de 2024 sin la presencia de Capriles, representado por su abogado Ramón José Medina, ni representación alguna por parte del Estado venezolano.[3]
Sentencia
Antes de la decisión final, la Corte Interamericana le ordenó al gobierno venezolano levantarle la inhabilitación política de 15 años a Henrique Capriles, pero la orden fue ignorada.[1]
La Corte determinó que durante las elecciones de 2013 se violaron los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de Capriles. La sentencia describe que el equipo de campaña de Capriles presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) 348 denuncias de irregularidades, sin que fuesen resueltas.[1][2]
También concluyó que el gobierno venezolano favoreció a Nicolás Maduro antes, durante y después de las elecciones, que funcionarios públicos realizaron actos de proselitismo, empleados estatales fueron presionados y que hubo una cobertura mediática desproporcionada en los medios comunicación estatales. La Corte sostuvo que las acciones y omisiones del Estado venezolano, en un contexto de deterioro institucional, tuvieron tal magnitud que socavaron la integridad de las elecciones, los derechos políticos de Capriles y el derecho de los venezolanos a elegir libremente, y que dichas irregularidades representaban una vulneración grave a los principios democráticos.[1][2]
En su sentencia la Corte le ordenó al Estado venezolano implementar las medidas para ofrecer las garantías mínimas para preservar la integridad y la transparencia de los comicios, el acceso a los medios de comunicación públicos, y la independencia e imparcialidad de tanto el CNE como el TSJ.[2]
Reaccionando a la decisión, Capriles escribió en Twitter: "11 años después […] obtuvimos sentencia en relación a la demanda que interpusimos por la elección del año 2013 ante la CorteIDH. Siempre hemos buscado caminos en el marco de nuestra constitución para recuperar la democracia, la institucionalidad. Espero que llegue ese día en que se respete y prevalezca el sagrado derecho a decidir en PAZ su futuro".[1][2]
