Caso Odebrecht en Colombia
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| Caso Odebrecht en Colombia | ||
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 Firma de acta de inicio de obra del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II en 2015. | ||
| Tribunal | Corte Suprema de Justicia y otros tribunales | |
| Caso | Caso Odebrecht | |
| Nombre completo | Operação Lava Jato | |
| Fecha | 2016 - actualidad | |
| Historial del caso | ||
| Acciones relacionadas | Muerte de Jorge Enrique Pizano | |
| Palabras clave | ||
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Delitos: Cohecho, colusión, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, contratación ilícita, lavado de activos Obras clave: Ruta del Sol Navelena | ||
El Caso Odebrecht en Colombia se refiere al escándalo de corrupción política desatado en Colombia a raíz del caso internacional investigado por la justicia de Estados Unidos por la entrega de sobornos millonarios a políticos, empresarios y exfuncionarios por parte de la multinacional brasilera, Odebrecht.[1]
En Colombia las dos grandes obras de Odebretcht de donde se desprenden las principales investigaciones fueron la concesión vial La Ruta del Sol II, y Navelena, contrato para la navegabilidad del río Magdalena. En dichas obras varios funcionarios públicos así como el grupo económico Aval, se vieron involucrados en sobornos para favorecer la adjudicacion de las obras a la empresa brasilera.[2]
Los sobornos también llegaron a permear las campañas presidenciales de 2014, existen pruebas de ingresos de dineros tanto en la campaña del entonces electo presidente Juan Manuel Santos como en la de su rival Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo se ha criticado los lentos y pocos resultados presentados por los investigadores en comparación de lo sucedido en otros países.[1]
Otros implicados incluyen; los excongresistas Bernardo Elías y Otto Bula, también exfuncionarios como Daniel García Arizabaleta director de Invías durante el gobierno Uribe y Gabriel García Morales, viceministro de transporte del gobierno Santos.[1] Igualmente el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha tenido que dar explicaciones de los extraños sucesos que rodearon la muerte del testigo Jorge Enrique Pizano y de su hijo por ingesta de cianuro.[3]
El Caso Odebrecht es considerado uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, abarcando más de 30 años. Está basado en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. En las investigaciones se ha detallado como Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países, incluido Colombia.[4]
Ruta del Sol II y Navelena
El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un periodo comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por alrededor de 11 millones de dólares estadounidenses para asegurar contratos de obras públicas. La empresa obtuvo beneficios de más de 50 millones de dólares como resultado de esos pagos corruptos. La compañía constructora tiene presencia en Colombia desde el año 1991, entre el año 2009 y 2017, realizó pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas.[5]
En este periodo aparecen dos obras de alta ingeniería, la llamada Ruta del Sol II, adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controlaba Odebrecht.[6]
La justicia colombiana enfocó sus primeras acciones en establecer qué negocios tuvo en el país Odebrecht S.A. durante los 15 años señalados en Estados Unidos. El entonces fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez hizo contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para concertar la forma de compartir la información recabada por la corte de Nueva York. El fiscal fue criticado y se pidió su renuncia debido a que descartó sin mayor investigación que Navelena fuera parte del entramado de corrupción pero se supo que Martínez y su firma de abogados habían ayudado a estructurar el proyecto.[6] Igualmente Martínez fue asesor de Corficolombiana, filial del Grupo Aval, dueña del 33% de la concesión vial Ruta del Sol.[7]
El 6 de agosto de 2019, un Tribunal Arbitral integrado por los árbitros Jorge Enrique Ibáñez Najar[8] Catalina Hoyos Jiménez[9] y Carlos Mauricio González, expidieron un laudo[10] en el que denunciaron las múltiples irregularidades que habían encontrado en la Concesionaria Ruta del sol (filial de Odebrecht en Colombia) y encontraron que ni siquiera el Grupo Aval, socio de Odebrecht en Colombia y uno de los grupos económicos más grandes del país, había impedido el tramado de corrupción que fue descubierto por la justicia norteamericana. Los árbitros, en un laudo sin precedentes, determinaron que la corrupción no podía dar derechos a Odebrecht, sus socios y los bancos que financiaron el proyecto, y negaron las cuantiosas sumas que pretendían ser exigidas por la multinacional brasilera,[11] en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de varios países para obtener beneficios en contrataciones públicas en misiones de recaudo de información. Ante el escándalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, la Presidencia anunció que entró en contacto con la justicia norteamericana y que habría plena colaboración en todo lo que se requiera. En sus primeras declaraciones, el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, manifestó que su dependencia le ayudará a la justicia a identificar cuál fue el funcionario que recibió US$6,5 millones en sobornos entre 2009 y 2010. Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas, manejada por una compañía de papel constituida en las Islas Vírgenes Británicas, a través de la cual transfería dineros para concretar los sobornos.[cita requerida]
Sanciones a Odebrecht en Colombia
La constructora fue expulsada del gremio por la Cámara Colombiana de Infraestructura el 16 de enero de 2017.[13]
El 13 de diciembre del 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acoge petición de la Procuraduría General de la Nación (Colombia) y ordena una indemnización de más de $800.000 millones (US$260 millones)e inhabilitada por 10 años para celebrar contratos con entidades oficiales por corrupción de Odebrecht en Colombia.[14]
El 10 de diciembre de 2022 la procuraduría dio a conocer una sanción impuesta contra de Eder Paolo Ferracuti, quien fuera presidente del concesionario Ruta del Sol y quien durante los años 2014 y 2015 suscribió de manera irregular varios contratos con la empresa Consultroes Unidos S.A.[12] Hacia la misma fecha, diciembre de 2022, se conoció que se le imputaron cargos al fiscal Daniel Hernández por no haber dado trámite a 7 órdenes de captura incluida la de Ferracuti y otros funcionarios brasileros.[5]
Sanciones al Grupo Aval
El Grupo Aval se vio involucrado en el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia, por medio de su empresa filial Corficolombiana. En agosto de 2023, Aval aceptó ante las autoridades judiciales de Estados Unidos su responsabilidad por violar la «Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero», debido al pago de sobornos a funcionarios públicos para obtener beneficios por la obra Ruta del Sol II, a cambio se comprometió a pagar 80 millones de dólares de multa y poder dar así por terminado el caso penal y administrativo por corrupción en contra del grupo económico.[2] José Elías Melo, gerente de Corficolombiana, fue condenado a pagar 11 años de cárcel.[15]
