Néstor Humberto Martínez

Martínez Neira era abogado del Grupo Aval en la época en que tal entidad se asoció con el grupo Odebrecht para llegar a cabo el proyecto Ruta del Sol II en Colombia, en 2018, siendo Néstor Humberto fiscal general de la nación, una vez había estallado el escándalo internacional por corrupción del grupo brasileño, el medio de comunicación Noticias Uno destapó unos audios que le había entregado Jorge Enrique Pizano, quien fuera auditor del proyecto^[10] en tales audios consta como, desde 2013, Pizano le había comunicado a Martínez Neira su preocupación por las irregularidades que había encontrado en la contratación del proyecto, en uno de los audios Néstor Humberto dice, entre risas, que uno de los contratos "es una coima"^[11] y en otros apartes textualmente señala que se podría tratar de pagos a paramilitarismo en Colombia.^[12] Sobre esto, Martínez dijo que lo que hizo fue leerle a Pizano el concepto elaborado por un reconocido abogado penalista a partir de una consulta puntual que él le hizo.^[13] Adicionalmente, Martínez pidió que sean revelados todos los audios que hay sobre conversaciones suyas con el entonces auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, de tal manera que se pueda conocer el contexto en el cual se dieron.^[13]

Frente a los hechos denunciados, una vez encontrado muerto el auditor Pizano, en extrañas circunstancias,^[10][14] Néstor Humberto se pronunció señalando que los audios se dieron en un contexto de conversación "entre amigos" y que no había denunciado los hechos, porque no le constaba que fueran ciertos.^[15]

Para adelantar la investigación del caso Odebrech, la Corte Suprema de Justicia nombró un fiscal Ad hoc. Al respecto Néstor Humberto manifestó públicamente lo siguiente: “Celebro, que como lo propuse hace dos años al Congreso de Colombia, pasara que en los casos de impedimentos se le de vía libre, y que como ente caso el impedimento de la vicefiscal se haya aceptado”.^[16]

Cuando Néstor fungía como fiscal general de la nación, se dio el escándalo conocido como el Cartel de la toga. Según la Fiscalía General de la Nación dirigida por Martínez Neira, el entonces fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, más conocido como Yayo, y Leonardo Pinilla, también conocido como "El Porcino"– se encargaron de alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en la CSJ utilizando información privilegiada de la Corte Suprema, la más alta institución de justicia en Colombia.

En marzo de 2022 se destapó un escándalo por el traslado de una fiscal de la unidad de reacción tardía al Putumayo, supuestamente en retaliación por haber decidido citar a audiencia de imputación de cargos a una poderosa familia de Bogotá, la fiscal Monsalve denunció presiones de parte de Martínez Neira e incluso publicó audios donde el rector de la Universidad Sergio Arboleda le solicitaba recapacitar su decisión de imputar cargos, haciendo expresa referencia al interés de Néstor Humberto al respecto.^[17][18] Ante la evidencia aportada, Martínez Neira se defendió diciendo que no incurrió en tráfico de influencias sino que simplemente "facilitó una cita"^[19] y que no había incurrido el delito alguno.

Según Alfredo Molano Jimeno, columnista de la Revista Cambio, un anexo del informe de la Comisión de la Verdad publicado en 2022 argumenta que las acusaciones contra Jesús Santrich y su detención fueron un entrampamiento de la DEA y del Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez.^[20] Sin embargo, el Padre Francisco De Roux, Presidente de la Comisión de la Verdad, desmintió dicha conclusión y declaró ante el Congreso de la República en agosto de 2022 que "La afirmación que hace un periodista de la época, diciendo que la coca fue entregada por la Fiscalía, no es una afirmación de la Comisión de la Verdad. Este no es un documento del informe final, es un documento de estudio que hacen los investigadores. La referencia que hay y que se toma como entrampamiento es una cita de ‘El Espectador’, no es una cosa que afirme la Comisión, no es un juicio o una conclusión que hace la Comisión".^[21] En julio de 2024, la Fiscalía determinó archivar los procesos contra dos funcionarios de la Fiscalía por el supuesto ocultamiento de pruebas en el caso de extradición de Jesús Santrich dado que, según el Fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el hecho denunciado nunca existió.^[22]

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