En Venezuela se inició un proceso judicial para investigar la malversación y la compra de 65 jeeps con fondos de la partida secreta del Ministerio del Interior para ser usados por el partido de gobierno, Acción Democrática, en la campaña de las elecciones generales de 1988.[1][2]
El 11 de julio de 1990, año y medio después del comienzo del proceso judicial, el Tribunal Superior de Salvaguardia del Patrimonio Público ordenó la detención de 12 ex altos funcionarios del gobierno previo, del presidente Jaime Lusinchi, que incluyeron a su secretaria privada, Blanca Ibáñez, y el exministro del Interior José Ángel Ciliberto por los cargos de peculado doloso y aprovechamiento de dinero público. Para ese momento, Lusinchi era objeto de un antejuicio de mérito por el mismo caso. Tanto Ciliberto como Ibáñez habían sido expulsados de Acción Democrática el año pasado, e Ibáñez residía en el exterior desde hacía un año. El expresidente Lusinchi calificó la decisión del tribunal en 1990 de "infamia".[1][2]
El 14 de julio de 1994, Blanca Ibáñez fue condenada in absentia a un año de cárcel por complicidad en el uso ilegal de fondos reservados. Al momento de la sentencia, Ibáñez vivía en Costa Rica desde hacía dos años y su gobierno rechazó una petición de extradición por parte de Venezuela. La decisión también sentención a José Ángel Ciliberto y al ex director de administración, Jorge Mogna, por los cargos de peculado o desfalco de los fondos públicos.[2] En 1998 la Corte Suprema de Justicia de Venezuela absolvió a Ibáñez por la prescripción del delito.[3]
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