Comisión Británica del Fosfato

Tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania se vio obligada a renunciar a todos sus activos territoriales en todo el mundo, incluida la isla de Nauru. Nauru quedó bajo la tutela conjunta del Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

En 1919, los tres fideicomisarios firmaron el Acuerdo de la Isla de Nauru, que les daba derecho al fosfato de Nauru a través de los British Phosphate Commissioners (Comisión Británica del Fosfato). Compraron todos los activos de la Pacific Phosphate Company por más de 3,5 millones de libras el 1 de julio de 1920, y comenzaron a gestionarlos directamente el 1 de enero de 1921, tras un período de transición de seis meses de gestión de PPC. La mayoría de los antiguos empleados de PPC fueron aceptados por el BPC.^[2]

Desde 1919, la responsabilidad por el bienestar de la población de Nauru y Banaba, la restauración de los recursos de tierra y agua perdidos por las operaciones mineras y la compensación por los daños ambientales a las islas estaban bajo el control de los gobiernos del Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.^[3]

En virtud de una política establecida por la administración alemana, se pagaban regalías a los propietarios de tierras. En 1921, los British Phosphate Commissioners (bajo la presión del pueblo de Nauru) aumentaron el pago de regalías de medio penique a un penique y medio por tonelada de fosfato extraído.

En 1927, se llegó a un nuevo acuerdo, por el que los nauruanos recibían siete peniques y medio por tonelada.

En 1939, los nauruanos recibían el 9% de los ingresos por fosfatos. Esta cantidad siguió siendo insignificante porque en ese momento el fosfato de Nauru se vendía muy por debajo de los precios del mercado mundial.

En todo el control de BPC se obtuvieron importantes beneficios. En 1948, los ingresos por el fosfato de la isla alcanzaron los 745.000 dólares.

En 1967 los nauruanos compraron los activos de la BPC y, en 1970, la recién independizada República de Nauru estableció la Corporación de Fosfato de Nauru.^[4]

En 1971, los banabaneses demandaron al gobierno británico para obtener una mayor participación en las regalías de la minería de fosfato y una compensación por la devastación ambiental de la isla. En 1973, se les otorgó una participación del 50 % en los ingresos por la exportación de fosfato. Sin embargo, estos ingresos pronto se evaporaron con el agotamiento de las reservas de fosfato de la isla, y en 1981 la comunidad aceptó la oferta británica de un pago fiduciario único de 10 millones de dólares australianos a cambio de la renuncia a nuevos litigios.^[5]