Comuna de Morelos

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Las instituciones autóctonas de Morelos hundían sus raíces en la época del Imperio azteca, anterior a la conquista española de América. El pueblo nahua de la región mantenía la tierra en régimen de propiedad colectiva, lo que le garantizaba autonomía y autosuficiencia.^[7] A lo largo del xix, la industria azucarera morelense se hizo cada vez más rentable a medida que crecía la demanda extranjera del producto y las nuevas tecnologías facilitaban su producción y distribución.^[8] Para impulsar la economía mexicana, el régimen de Porfirio Díaz supervisó una masiva concentración de la propiedad de la tierra en manos privadas,^[9] reduciendo la tierra comunal del país a apenas el 2 % de la superficie cultivable. El estado de Morelos, donde se concentraba buena parte de la industria azucarera nacional, fue uno de los más golpeados por esta política.^[10] Solo el 23,7 % de la tierra morelense logró permanecer fuera de la propiedad privada de alguna hacienda.^[11]

Las tierras antes mantenidas en propiedad colectiva fueron absorbidas por las haciendas, que extraían beneficios cada vez mayores del cultivo del azúcar, mientras buena parte de los campesinos del estado quedaban sin tierra.^[12] La población morelense intentó resistir el despojo de la tierra comunal por la vía judicial, pero la privatización del suelo no hizo sino acelerarse. La producción azucarera aumentó de forma considerable con la privatización de la tierra, lo que obligó a los campesinos a incorporarse a las grandes haciendas como jornaleros agrícolas.^[7] Los campesinos morelenses se veían forzados a trabajar todo el año para las haciendas y solo recibían como alojamiento chozas con suelo de tierra apisonada, lo que los mantenía en la pobreza.^[13] Aun así, la población de Morelos consiguió conservar parte de su autogobierno tradicional y mantuvo suficiente propiedad bajo régimen comunal como para ofrecer una alternativa a las grandes fincas industriales.^[7]

La defensa de la tierra en Morelos se sustentaba en los títulos primordiales que muchos pueblos conservaban desde la época virreinal: cédulas reales, mercedes y mandamientos que reconocían la propiedad comunal de sus terrenos. El pueblo natal de Zapata, Anenecuilco, custodiaba un legajo de estos documentos —entre ellos una merced del virrey Luis de Velasco de 1607 y un mandamiento sobre tierras solicitadas por «los naturales de Anenecuilco» fechado el 22 de febrero de 1614— que constituían la base jurídica de las reclamaciones campesinas frente a las haciendas.^[14]

El 12 de septiembre de 1909, los ancianos de Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec, reunidos en asamblea comunitaria, eligieron a Emiliano Zapata —entonces de treinta años— presidente de la Junta de Defensa de las Tierras del pueblo. Como representante, Zapata se entrevistó con Porfirio Díaz para exponer la problemática agraria del estado.^[15][16] El nombramiento equivalía al del antiguo calpuleque (jefe del calpulli) en la jerarquía nahua tradicional, lo que situaba el papel de Zapata en una continuidad de siglos de defensa comunal de la tierra.^[14] Los títulos primordiales fueron entregados a su custodia y, durante la Revolución, los puso bajo la protección de su primo Francisco Franco Salazar, conocido como «Chico Franco», con la consigna explícita de que su única misión sería salvaguardarlos.

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La Revolución mexicana estalló en 1910, cuando varios grupos rebeldes encabezados por Francisco I. Madero se alzaron contra el orden establecido del Porfiriato.^[17] Cuando los ingenios azucareros porfiristas se hundieron y dejaron a sus trabajadores sin medios de subsistencia alternativos, las promesas de reforma agraria de Madero ganaron la adhesión del líder campesino Emiliano Zapata,^[18] quien organizó a los obreros del azúcar de Morelos para atacar las haciendas y arrebatar la tierra para sus comunidades.^[19] Esta serie de expropiaciones de tierras privadas a manos de campesinos armados condujo a la creación del Ejército Libertador del Sur (ELS), que encabezó el levantamiento revolucionario en Morelos.^[20] El 19 de mayo de 1911, tras una batalla de seis días, el ELS tomó Cuautla. La capital del estado, Cuernavaca, fue evacuada por las fuerzas federales el 21 de mayo y ocupada por tropas maderistas al mando de Manuel Asúnsolo, oficial de Ambrosio Figueroa; Zapata entró en la ciudad el 28 de mayo de común acuerdo con Asúnsolo.^[21][22][16]

Cuando Porfirio Díaz fue derrocado y Madero asumió la presidencia de México, las fuerzas revolucionarias controlaban ya la totalidad del estado de Morelos.^[23] Madero pronto se desdijo de sus promesas de reforma agraria y ordenó a los zapatistas que se desarmaran. El 25 de noviembre de 1911, Zapata respondió promulgando el Plan de Ayala, en el que reclamaba la autonomía de Morelos y la inmediata redistribución de las tierras de las haciendas entre el campesinado.^[24][16]

Madero intentó utilizar al Ejército mexicano para sofocar a los zapatistas, pero pronto fue derrocado en un golpe de Estado encabezado por el comandante en jefe del propio ejército, Victoriano Huerta.^[25] Zapata se rebeló contra Huerta, a quien consideraba un reaccionario, y se alió con el caudillo norteño Pancho Villa.

La política de la tierra arrasada contra el zapatismo no fue una invención del régimen huertista. Sus rasgos característicos —arrasamiento de poblaciones, reconcentración forzosa de campesinos, leva forzada y ejecuciones extrajudiciales— se habían ensayado ya a comienzos de 1912 bajo el gobierno de Francisco I. Madero, cuando el general Juvencio Robles —oficial veterano del Porfiriato originario de Juchitán de Zaragoza— recibió el mando de las operaciones militares en Morelos. Robles aplicó desde el principio una doctrina contrainsurgente que asimilaba al campesinado morelense en su conjunto al enemigo zapatista, sin distinción entre combatientes y población civil.^[26][27]

En agosto de 1912, ante la evidente contraproductividad de la campaña de Robles —cuyos métodos llevaban a más campesinos a unirse a Zapata en lugar de quebrar el movimiento—, Madero relevó al juchiteco y nombró comandante de la séptima zona militar al general Felipe Ángeles, director del Colegio Militar y figura del ala humanista del maderismo.^[26] Ángeles ofreció amnistía a los rebeldes que depusieran las armas y, conforme a los principios maderistas, evitó deliberadamente atacar a la población civil.^[27] Aunque su gestión no logró la pacificación del estado ni el regreso de Zapata al pacto maderista, redujo apreciablemente el nivel de violencia y estableció una tregua precaria. Esta etapa concluyó abruptamente con la Decena Trágica de febrero de 1913: Madero viajó a Cuernavaca para pedir personalmente a Ángeles que se hiciera cargo de la defensa del gobierno en la capital, pero la jerarquía castrense impuso al general Victoriano Huerta como comandante en jefe; tras el golpe de Estado, Ángeles fue encarcelado junto con Madero, sobrevivió a la matanza por escasa fortuna y partió al exilio.^[26]

Tras consolidarse en el poder, Huerta envió a Robles de regreso a Morelos. El 15 de abril de 1913 inició formalmente la nueva campaña.^[28] Esta vez Robles regresó investido no solo del mando militar sino también de la gobernación militar del estado, con la consigna explícita de aniquilar al zapatismo por cualquier medio.

La madrugada del **17 de abril de 1913**, por órdenes directas de Robles, fueron sacados de sus casas y trasladados como presos a la cárcel de Belén, en la Ciudad de México, el gobernador constitucional Benito Tajonar, el presidente municipal de Cuernavaca Felipe Escarza, ocho diputados de la XXIII Legislatura del Estado y otros funcionarios.^[29][30] Con ello quedaron disueltos de hecho los poderes constitucionales del estado. Robles asumió la gobernación militar, militarizó la administración estatal e impuso censura sobre la prensa morelense.

A continuación, las fuerzas federales reanudaron y radicalizaron la política de tierra arrasada que Robles había iniciado en 1912. La doctrina contrainsurgente partía del supuesto de que el campesinado morelense en su conjunto era cómplice del zapatismo, sin distinguir entre combatientes y población civil.^[30] Las tropas federales aplicaron sistemáticamente cuatro tipos de medida:

1. El **arrasamiento de pueblos enteros** y la quema deliberada de cosechas y tierras de cultivo, con el fin de privar a la guerrilla de bases logísticas en el campo morelense.^[30]
2. La **reconcentración forzosa** de los habitantes de los pueblos en campos de control militar —denominados «recolonizaciones» o «reconcentraciones»— con el fin de aislar a la guerrilla de su base social.^[30]
3. La **leva forzada** de obreros y campesinos para combatir contra los zapatistas o, a partir de finales de 1913, para ser deportados al norte del país a combatir la insurgencia constitucionalista de Venustiano Carranza y Pancho Villa. Más de seis mil hombres fueron enviados al norte por esta vía.^[30]
4. **Ejecuciones extrajudiciales y ahorcamientos sumarios** en plazas públicas y caminos rurales, ordenados por Robles y por su subordinado el general Luis G. Cartón, dirigidos contra campesinos no combatientes sospechosos de simpatizar con los zapatistas o de albergarlos.^[30]

Lejos de quebrar al movimiento, esta política produjo el efecto contrario: numerosos campesinos morelenses prefirieron echarse al monte y unirse al Ejército Libertador del Sur antes que someterse a la reconcentración o a la leva. En 1914 el ELS llegó a contar con cerca de 27 000 hombres, lo que lo convirtió en el segundo ejército revolucionario más numeroso del país después de la División del Norte de Pancho Villa.^[31]

Hacia septiembre de 1913, Huerta había perdido el control efectivo del campo morelense. A finales de ese año, Robles cayó en una emboscada zapatista en el pueblo de Huautla: informantes —en realidad agentes zapatistas— le indicaron que allí se encontraba «el último bastión del zapatismo». Robles ocupó la población vacía y, sin combate ni captura alguna, telegrafió a Huerta el mensaje «el zapatismo está aniquilado». Huerta, dándolo por cierto, le concedió el ascenso a general de división. Pocos días después, Zapata tomó por sorpresa el pueblo de Jonacatepec (Xonacatepec), exponiendo el engaño y desacreditando a Robles, quien fue destituido por Huerta y privado de mando hasta su licenciamiento bajo los Tratados de Teoloyucan de 1914.^[32]

El 2 de octubre de 1913, Huerta sustituyó a Robles por el general Adolfo Jiménez Castro, sin que el cambio de mando alterara la suerte del régimen en Morelos.^[30] En marzo de 1914, Zapata capturó al general Cartón en Chilpancingo, Guerrero, y ordenó su ejecución en represalia por las atrocidades cometidas durante la campaña.^[30] Robles, derrotado y desplazado, marchó al exilio en los Estados Unidos tras la caída del régimen huertista y murió en San Antonio, Texas, el 24 de mayo de 1917.

Huerta ordenó intensificar la guerra contra el campesinado morelense, lo que causó miles de muertos y obligó a muchos más a huir, aunque finalmente no logró eliminar a los zapatistas.^[33] Huerta acabó siendo derrocado por una amplia coalición revolucionaria formada por radicales (encabezados por Villa y Zapata) y constitucionalistas (dirigidos por Venustiano Carranza). Cuando Zapata exigió a los constitucionalistas que incorporaran su Plan de Ayala al programa común, Carranza se negó y rechazó las medidas igualitarias de redistribución de la tierra.^[34] En septiembre de 1914, Zapata y Villa unieron sus fuerzas en la Convención de Aguascalientes y expulsaron a los constitucionalistas de la capital.^[3]

En diciembre de 1914 se había abierto en México un vacío de poder y el país quedó sin gobierno centralizado. Por entonces, la Ciudad de México estaba ocupada por las fuerzas de Villa y los zapatistas, quienes querían «quemar la silla [presidencial] para acabar con las ambiciones».^[35]

El 9 de diciembre de 1914, el Ejército Libertador del Sur de Zapata abandonó la capital con destino a su estado natal, Morelos, donde estableció una sociedad autogobernada e igualitaria,^[5] conocida en la historiografía como la «Comuna de Morelos».^[36]

Las reformas agrarias radicales fueron impulsadas por Manuel Palafox, emisario y hombre de confianza de Zapata, designado en diciembre de 1914 secretario de Agricultura y Colonización del gobierno convencionista.^[5][37][38] Se convocaron concejos municipales de ancianos locales para decidir cómo desmantelar las haciendas y repartir sus tierras; las decisiones se transmitían de abajo arriba al mando zapatista, encargado de su aplicación. Asimismo se constituyeron cooperativas de trabajadores para administrar la producción agrícola, y se crearon cooperativas de crédito para sostener la reorganización de la propiedad de la tierra.^[3]

Desde enero de 1915, las Comisiones Agrarias del Sur —integradas por estudiantes y pasantes de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo— recorrieron el estado para hacer el deslinde técnico de los terrenos por repartir, fijando los límites de cada pueblo y asignándole tierras de cultivo, montes y aguas conforme a sus títulos primordiales o a sus necesidades.^[39] En marzo de 1915, Zapata escribió al presidente de la Convención, Roque González Garza, que «lo relativo a la cuestión agraria está resuelto de manera definitiva, pues los diferentes pueblos del estado, de acuerdo con los títulos que amparan sus propiedades, han entrado en posesión de dichos terrenos».^[40]

El 26 de octubre de 1915, en el Palacio Municipal de Cuernavaca, Palafox promulgó —en su carácter de ministro de Agricultura y Colonización del Consejo Ejecutivo convencionista— la Ley Agraria, reglamentaria del Plan de Ayala. La ley restituía a comunidades e individuos los terrenos, montes y aguas de los que hubieran sido despojados, bastando que poseyeran títulos anteriores a 1856. Declaraba de propiedad nacional los montes del país, expropiaba sin indemnización los ingenios y destilerías de los enemigos de la Revolución para ponerlos bajo administración militar zapatista, y se proclamaba a sí misma «parte de las leyes fundamentales de la República», derogando cualquier disposición contraria.^[41][42] El texto fue firmado también por Otilio Montaño como ministro de Instrucción Pública y por Luis Zubiría y Campa como ministro de Hacienda, entre otros. La Ley Agraria zapatista fue considerada por su jefatura más radical que el decreto agrario que Venustiano Carranza había emitido en Veracruz el 6 de enero del mismo año, redactado por Luis Cabrera.^[39]

En octubre de 1915, los zapatistas aprobaron un conjunto de leyes que pusieron la industria bajo propiedad estatal y redistribuyeron la tierra entre el campesinado. Estas reformas se aplicaron en Morelos, pero no se extendieron al resto de México por el provincialismo de los zapatistas.^[43] Las reformas agrarias y la nacionalización de la industria azucarera morelense alentaron a los trabajadores agrícolas e industriales del estado a unirse en torno al Plan de Ayala zapatista, lo que dio al movimiento una orientación anticapitalista.^[44]

La expropiación y nacionalización de las tierras tuvo correlato en formas específicas de poder local. La representación política de cada pueblo se ejercía a través del municipio —forma sincrética que empalmaba el poder colectivo con la representación moderna— y los municipios concurrían a su vez a asambleas distritales que se convocaban los primeros días de cada mes.^[45] El Ejército Libertador del Sur tenía la obligación de defender militarmente a la Comuna, pero quedaba subordinado a la decisión, sanción y vigilancia de los pueblos organizados, entendidos como comunidades agrarias que ejercían el poder en su territorio.^[45] Bajo la dirección de Palafox, en marzo de 1915 se rehabilitaron y pusieron en funcionamiento cuatro ingenios azucareros devastados por la guerra, administrados directamente por los principales jefes zapatistas; se fundó un Banco Nacional de Crédito Rural y se ordenó el establecimiento de escuelas regionales de agricultura.^[46]

La población de los pueblos sembró sus campos con maíz —no con la caña destinada a los hacendados—, y aunque Zapata trató de convencerlos de cultivar también caña para reactivar los ingenios, lo logró solo a pequeña escala. El nivel de vida campesino subió notablemente y se instauró una democracia pueblerina sustentada en la asamblea local.^[47] En marzo de 1917, los zapatistas promulgaron además la Ley sobre derechos y obligaciones de los pueblos y de las fuerzas armadas del Ejército Libertador, que codificó el funcionamiento regular de las asambleas populares, fijó los derechos de los pueblos frente a los jefes y soldados del ELS y estableció mecanismos para contener abusos militares contra la población civil.^[48]

A partir de finales de 1915, las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza, reforzadas tras la derrota de Villa en Celaya, iniciaron la reconquista militar de Morelos. La ofensiva fue confiada al general Pablo González Garza, al frente de unos treinta mil hombres del Ejército de Operaciones, varias veces más numeroso que las fuerzas regulares del ELS.^[49]

A lo largo de 1916, González retomó las principales plazas del estado y empujó a los zapatistas a la guerra de guerrillas. Las tropas constitucionalistas arrasaron los sembradíos recién distribuidos, fusilaron a hombres, mujeres y niños y deportaron a alrededor de cinco mil morelenses a campos de trabajos forzados en la península de Yucatán.^[49] En septiembre de 1916, González abandonó Morelos al frente de sus treinta mil hombres dejando un estado parcialmente despoblado, aunque el ELS mantuvo el control de buena parte del territorio rural mediante operaciones guerrilleras.^[49] El avance de González provocó la liquidación paulatina de las disposiciones revolucionarias de la Comuna y, según el historiador Adolfo Gilly, aunque no constituyó una derrota definitiva del zapatismo, sí supuso el fin del experimento comunal en su forma plena.^[50]

La Revolución mexicana golpeó a Morelos con una intensidad sin paralelo en el resto del país. La conjunción de la campaña de tierra arrasada de Juvencio Robles (1913–1914), las ocupaciones militares de Pablo González (1916–1918), las deportaciones forzosas, la hambruna derivada del arrasamiento de cosechas y la pandemia de gripe de 1918 —que en el invierno de 1918 se cobró una cuarta parte de la población restante del estado— produjeron un colapso demográfico extremo.

Según el Censo General de Habitantes de 1921, Morelos fue el estado mexicano más afectado en términos porcentuales por la Revolución: perdió el 42 % de su población respecto al censo de 1910, una proporción que ningún otro estado igualó.^[51] Cuernavaca, la capital, contaba con 12 776 habitantes en 1910 y, según los registros disponibles, en 1917 y 1918 quedó prácticamente despoblada; en 1921 había recuperado solo 7117 habitantes y la repoblación se hizo en parte con personas llegadas de Guerrero y otros estados.^[52]

Como Morelos no estaba afectado por intereses corporativos estadounidenses, Zapata se distinguió como uno de los pocos revolucionarios sociales latinoamericanos que no atacó a Estados Unidos.^[53] Sin embargo, las amenazas zapatistas contra la propiedad privada inquietaron al gobierno de Estados Unidos, dado que más de una cuarta parte de la tierra mexicana pertenecía a empresas estadounidenses. Washington decidió intervenir en el conflicto del lado de los constitucionalistas y supervisó la derrota definitiva de los convencionistas.^[54]

Fuera de Morelos, la burguesía mexicana consolidó su control sobre el gobierno,^[43] proceso que culminó con la promulgación de la Constitución de México en febrero de 1917.^[35] Como la nueva Constitución no incluía compromiso alguno de reforma agraria, Zapata mantuvo su rebelión contra el gobierno constitucional de Venustiano Carranza.^[4] En abril de 1919, Zapata fue asesinado por las fuerzas gubernamentales en Chinameca, y con su muerte concluyó la Revolución en Morelos.^[55][16]

A partir de entonces, los zapatistas trasladaron su lealtad a Álvaro Obregón, quien obtuvo su apoyo a cambio de la promesa de aplicar las reformas agrarias propuestas por el zapatismo. El Ejército Libertador del Sur fue incorporado al Ejército Constitucionalista y la guerra en Morelos llegó a su fin, mientras la reforma agraria zapatista se reintroducía en el estado sureño.^[4]

Tras la caída de Carranza en 1920, antiguos jefes del ELS como Genovevo de la O y Gildardo Magaña obtuvieron posiciones de mando militar y político en Morelos durante la década siguiente. El gobernador José G. Parres, establecido en Cuernavaca en 1920, expidió el 4 de septiembre de ese año el Decreto número 5 con los lineamientos para iniciar el reparto agrario en el estado, basándose en el Decreto agrario del 6 de enero de 1915 y, posteriormente, en el artículo 27 de la Constitución de México de 1917, cuyo contenido agrario incorporó —aunque en forma atenuada respecto al Plan de Ayala— las demandas zapatistas de restitución de tierras a los pueblos.^[39]

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En su libro de 1971 La revolución interrumpida, el historiador mexicano Adolfo Gilly denominó «Comuna de Morelos» al protoestado establecido por Zapata.^[36] Estableció una comparación directa con la Comuna de París de 1871,^[56] a partir del fundamento común de ambas experiencias en la democracia directa, el igualitarismo y la propiedad social de los medios de producción.^[6]

El teórico crítico belga Bruno Bosteels comparó posteriormente la Comuna de Morelos con los sóviets de la Revolución rusa, debido a la estructura organizativa descentralizada y autónoma empleada en Morelos para la toma de decisiones colectiva.^[57] Edward Kantowicz comparó también la Comuna con la Majnovshchina del este de Ucrania, por sus estructuras e ideales similares.^[58]

La historiografía mexicana distingue entre revuelta (acción local, espontánea y de corta duración, sin programa), rebelión (resistencia armada organizada que busca revertir una medida o agravio sin transformar el orden jurídico) y revolución (movimiento programático que reestructura el orden social, político o de propiedad), tipología consolidada en la obra colectiva Revuelta, rebelión y revolución, compilada por Friedrich Katz (Era, 1990).^[59] No obstante, la aplicación de esta tipología al zapatismo morelense es objeto de debate académico y no existe consenso historiográfico sobre el carácter del movimiento.

La interpretación de Adolfo Gilly, que acuñó el término «Comuna de Morelos» en La revolución interrumpida (1971), sostiene que la fase de autogobierno zapatista de 1914-1916 constituyó una revolución social en sentido estricto, en la medida en que la Ley Agraria expropió ingenios y haciendas sin indemnización, declaró de propiedad nacional los montes, y subordinó el poder militar del ELS a las asambleas de los pueblos.^[6] La denominó una revolución social a pequeña escala y la presentó como el episodio más radical de la Revolución mexicana. Arturo Warman —en su capítulo «El proyecto político del zapatismo», incluido en el volumen colectivo de Katz— atribuye al movimiento un proyecto político programático con efectos transformadores en el régimen de propiedad y en las instituciones locales de gobierno.^[60]

Otra corriente historiográfica importante, asociada principalmente a la academia anglosajona, ofrece una lectura distinta. John Womack (Jr.) —cuyo estudio Zapata and the Mexican Revolution (Alfred A. Knopf, 1969) sigue siendo la obra de referencia sobre el movimiento— retrató al zapatismo como un movimiento esencialmente defensivo y tradicionalista de comunidades campesinas que «no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución», y enfatizó su carácter local y restitutivo más que su programa transformador a escala nacional.^[61] Por su parte, Alan Knight —en su obra en dos volúmenes The Mexican Revolution (Cambridge University Press, 1986), galardonada con el Premio Beveridge y el Premio Bolton— se distancia explícitamente de las interpretaciones marxistas y revisionistas, y caracteriza la Revolución mexicana como una insurrección populista carente de partido de vanguardia, de ideología coherente y de ambiciones internacionales, que «sirvió para reforzar más que para subvertir muchos de los rasgos del antiguo régimen al que derrocó».^[62] Desde una perspectiva comparada, el sociólogo histórico John Tutino, en From Insurrection to Revolution in Mexico (Princeton University Press, 1986), inscribe el zapatismo dentro de una larga serie de insurrecciones agrarias mexicanas, distinguiendo cuidadosamente entre las que produjeron transformaciones sociales y las que no.^[63]

En síntesis, mientras la corriente historiográfica que arranca con Gilly enfatiza el carácter revolucionario del autogobierno morelense de 1914-1916, una tradición académica de igual peso —representada por Womack, Knight y Tutino— subraya las dimensiones defensivas, restitutivas y locales del movimiento, lo que sitúa el debate sobre su clasificación como revolución, rebelión o insurrección agraria entre los temas más discutidos de la historiografía mexicana contemporánea.

En la historia contemporánea, el legado de la Comuna de Morelos ha sido reivindicado por el levantamiento zapatista de 1994, durante el cual el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) estableció formas comunales de gobierno en Chiapas.^[64]