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Crisis migratoria de Ceuta de 2026
incidente internacional, escalada diplomática y crisis migratoria entre España y Marruecos
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La crisis migratoria de Ceuta de 2026 es un incidente internacional y una crisis migratoria que se desarrolla desde finales de julio de 2026, marcada por la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma de Ceuta el 30 de julio. La mayoría de las entradas se produjeron a pie, atravesando las piedras del espigón de El Tarajal, mientras que una parte se produjo a nado.[9][10] Estos hechos han sido calificados como una «invasión» por el Parlamento Europeo y diversos representantes políticos españoles.[11][12][13][14]
| Crisis migratoria de Ceuta de 2026 | ||
|---|---|---|
| Parte de las relaciones España-Marruecos y la inmigración irregular en España | ||
.png) Localización de Ceuta, principal escenario de los incidentes. | ||
| Localización | ||
| País |
 España | |
| Localidad | Ceuta (incidente principal) y Melilla (intentos de entrada) | |
| Datos generales | ||
| Tipo | Incidente internacional y crisis migratoria | |
| Participantes | ~72 000[1] | |
| Histórico | ||
| Fecha | Desde el 30 de julio de 2026 | |
| Desenlace | ||
| Muertos | 141 (78 en España y 63 en Marruecos)[2][3][4][5] | |
| Heridos |
6 militares españoles[6] 1 guardia civil[7] | |
| Arrestados | 19 por agredir a militares y más de 200 por delitos no especificados[8] | |
El Gobierno de España estimó en unas 72 000 las personas que accedieron irregularmente a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio,[1] lo que convirtió el episodio en el mayor registrado en la frontera hispano-marroquí desde la crisis de Ceuta de 2021. Durante los días siguientes, la mayoría regresó a Marruecos, mientras España y Marruecos reforzaban sus dispositivos fronterizos y coordinaban actuaciones para impedir nuevas entradas y gestionar los retornos.[15][16][17][18] A 31 de agosto, seguía sin conocerse con exactitud cuántas personas permanecían en Ceuta: el Ministerio del Interior cifraba su número en unas 5000, mientras que el Gobierno de Ceuta estimaba entre 10 000 y 12 000.[19]
La crisis provocó el colapso de los recursos de acogida de Ceuta, el despliegue de efectivos del Ejército de Tierra, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo, así como el cierre temporal del paso fronterizo de Beni Enzar en Melilla. Los sucesos ocasionaron más de un centenar de fallecidos, decenas de agresiones sexuales y dieron lugar a numerosas operaciones de rescate y atención humanitaria. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó los acontecimientos como una «violación de la integridad territorial» de España, solicitó una respuesta coordinada de la Unión Europea[16][17][20] y exculpó a las autoridades marroquíes de toda responsabilidad en los incidentes.[21][22][23] No obstante, informes de los servicios de inteligencia españoles y de la Policía Nacional atribuyeron a Marruecos distintos grados de implicación en la entrada masiva.[24][25][26] El Parlamento Europeo calificó posteriormente la instrumentalización de la inmigración irregular durante los acontecimientos como una «herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial» de un Estado miembro.[27][28]
Antecedentes
Ceuta es una ciudad española situada en el norte de África y fronteriza con Marruecos, país que reivindica su soberanía junto con la de Melilla. Su posición geográfica y el régimen especial de su frontera dentro del espacio Schengen la han convertido en uno de los puntos de entrada irregular hacia España, tanto a través de la valla de Ceuta como bordeando a nado los espigones fronterizos.[29]
El principal precedente reciente tuvo lugar en mayo de 2021, cuando unas 8000 personas entraron irregularmente en Ceuta durante una crisis diplomática entre España y Marruecos. La relajación de los controles marroquíes fue interpretada por el Parlamento Europeo como un uso de la migración para ejercer presión política sobre España.[30] En los años posteriores continuaron produciéndose intentos de entrada a nado y convocatorias organizadas mediante redes sociales.
Pocas semanas antes de la crisis de 2026, el Tribunal Supremo estableció que el procedimiento de «devolución en caliente» previsto para los perímetros terrestres de Ceuta y Melilla no podía aplicarse a las personas interceptadas en el mar cuando intentaban acceder a nado.[31] Tras los acontecimientos, autoridades españolas y marroquíes señalaron que una interpretación de esta resolución se había difundido ampliamente a través de redes sociales y redes de tráfico de personas, aunque su influencia efectiva en la movilización fue objeto de debate.
La crisis se produjo asimismo diez días después de una visita oficial de Pedro Sánchez a Argelia, que supuso un acercamiento entre ambos países tras varios años de deterioro de sus relaciones. Algunos análisis relacionaron este contexto con la rivalidad entre Marruecos y Argelia y el conflicto del Sáhara Occidental, si bien el Gobierno español no estableció públicamente una relación causal entre ambos acontecimientos.[32]
Desarrollo
Incremento de las llegadas y saturación de los recursos de acogida
Entre el 1 y el 29 de julio de 2026, el Gobierno español había contabilizado 1026 entradas a nado en Ceuta y 2857 interceptaciones por parte de las autoridades marroquíes, según los datos expuestos posteriormente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.[33] En los días anteriores al 30 de julio, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cifró en 1500 las personas que habían llegado a la ciudad a nado desde Marruecos, con una media de unas 300 llegadas diarias.[34][35]
Según activistas de Marruecos y Ceuta citados por Associated Press, los migrantes que intentaban alcanzar Ceuta eran principalmente marroquíes, junto con un pequeño número de argelinos que habían estado viviendo en Marruecos. Entre las personas que llegaron había tanto adultos como menores.[34][35]
Las buenas condiciones meteorológicas favorecieron los cruces marítimos, aunque las autoridades de Ceuta consideraron inusual el número de personas que intentaban llegar a nado.[34] El aumento coincidió con una sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 8 de julio, que estableció que el rechazo en frontera no era aplicable a quienes fueran interceptados en el mar cuando intentaban entrar a nado en Ceuta o Melilla.[36] El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, relacionó el aumento de las llegadas con la resolución, mientras que algunos activistas, entre ellos Omar Naji, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Marruecos Oriental, expresaron dudas sobre que la sentencia estuviera detrás del aumento. Naji señaló que la mayoría de los marroquíes desconocería este tipo de decisiones judiciales.[34]
El aumento de las llegadas desbordó los recursos asistenciales de Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, afirmó el 29 de julio que los centros de acogida estaban colapsados y saturados, y que cientos de migrantes dormían fuera de un centro que había superado su capacidad.[35] El 30 de julio, Vivas, cifró la sobreocupación del área destinada a menores en el 2400% de su capacidad ordinaria. Además, cerca de un millar de personas se encontraban fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.[37][38]
El 30 de julio, ante la situación de saturación, la Asamblea de Ceuta solicitó al Gobierno central el cierre de la frontera, el despliegue del Ejército y la declaración de la emergencia nacional.[38] El Gobierno descartó declarar formalmente la emergencia nacional, al considerar que la normativa de protección civil no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil, aunque aseguró que los ministerios implicados estaban actuando de forma coordinada.[38]
Entrada masiva a Ceuta del 30 y 31 de julio
Según un informe publicado el 3 de agosto por Golden Owl, una empresa dedicada al análisis de información procedente de fuentes abiertas, la movilización que precedió a la entrada masiva en Ceuta formó parte de una operación de desinformación coordinada y no constituyó un movimiento espontáneo. El estudio, elaborado a partir del análisis de 25 grupos y páginas de Facebook y de otras redes sociales, identificó una estructura descentralizada compuesta por un núcleo de coordinación en canales privados, una red pública de difusión en Facebook y microrreclutadores encargados de atraer nuevos participantes. También señaló el empleo de medidas destinadas a ocultar la identidad de los promotores y la existencia de incentivos económicos vinculados a la movilización.[39][40][41]
El 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, se produjeron importantes movimientos de personas en el norte de Marruecos. Imágenes difundidas posteriormente mostraron a numerosos migrantes desplazándose hacia la frontera, mientras agentes marroquíes trataban de impedir los cruces.[42] Ese mismo día, los llamamientos difundidos en redes sociales comenzaron a trasladarse de plataformas abiertas como Facebook, Instagram y TikTok a grupos cerrados de mensajería, con mensajes que instaban a dirigirse a Castillejos y señalaban posibles vías de entrada.[43]
La situación cambió de escala durante la mañana del 30 de julio, cuando varios miles de personas comenzaron a entrar en Ceuta desde Marruecos, principalmente a pie bordeando el espigón de El Tarajal y también a nado.[9][44][45] Miles de personas se dirigieron hacia el perímetro fronterizo desde distintos puntos de Castillejos, formando una columna de unos cinco kilómetros. EFE constató que la policía marroquí se encontraba desbordada en la zona fronteriza.[46] Las autoridades marroquíes emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a las personas congregadas en las proximidades de la frontera.[47][48] Los cruces continuaron durante el resto del día, mientras miles de personas seguían concentradas en Castillejos y trataban de alcanzar Ceuta por el espigón y a nado.[47]
Durante la madrugada del 31 de julio, los efectivos marroquíes lograron replegar inicialmente a los migrantes hacia el lado marroquí, aunque los grupos regresaron poco después en mayor número y se produjeron nuevos enfrentamientos.[49][50] A primera hora de la mañana continuaron las entradas desde Marruecos, aunque la afluencia había disminuido, mientras cientos de personas empezaron a regresar voluntariamente.[50][51]
Ante la magnitud de las entradas, el Gobierno español movilizó a las Fuerzas Armadas para reforzar a la Guardia Civil en Ceuta. Los efectivos militares quedaron coordinados por el Mando de Operaciones y prestaron apoyo a la Guardia Civil, responsable de la vigilancia de la frontera.[52][53]
El 31 de julio, el Ministerio del Interior estimó en unas 50 000 las personas que habían accedido a Ceuta hasta entonces, mientras que el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra a 60 000.[54][55] Ese mismo día, el retorno hacia Marruecos fue masivo: a las 18:00, el Ministerio del Interior contabilizaba 48 300 retornos de las aproximadamente 50 000 personas que habían entrado según su estimación inicial.[56][57]
El 4 de agosto, el Ministerio del Interior fijó en 72 000 la cifra oficial de entradas durante la crisis.[18][58] El 10 de agosto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó que habían llegado unas 80 000 personas, pero el Gobierno aclaró posteriormente que la cifra oficial se mantenía en 72 000.[59][60]
Fallecimientos y operaciones de rescate
La Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, Salvamento Marítimo y Cruz Roja desplegaron embarcaciones y equipos de asistencia para rescatar a las personas que se encontraban en el agua y atenderlas una vez alcanzaban territorio español. Los servicios de emergencia realizaron intervenciones continuas debido al agotamiento, la hipotermia y las lesiones sufridas durante los cruces.[34][35]
Los intentos de entrada provocaron decenas de fallecimientos, la mayoría por ahogamiento, aunque también se registraron víctimas durante las aglomeraciones y enfrentamientos junto a la frontera. La cifra aumentó a medida que los equipos de rescate recuperaban cadáveres en las aguas próximas a Ceuta y en la costa marroquí.[61][62]
Los primeros balances difundidos durante el 31 de julio fueron provisionales y oscilaron entre 34 y 43 fallecidos, debido a la continua actualización de los datos y a las dificultades para determinar si todos los cuerpos recuperados estaban relacionados con el episodio fronterizo.[61][62] Al día siguiente, el Ministerio del Interior elevó el balance a 67 fallecidos, mientras continuaban las labores de búsqueda y recuperación de cuerpos en el entorno marítimo de Ceuta.[63][64]
Intentos de entrada y cierre fronterizo en Melilla
La presión fronteriza se extendió también a Melilla. El 30 de julio, grupos de migrantes se concentraron en los alrededores de Beni Enzar, en el lado marroquí de la frontera, e intentaron aproximarse al paso fronterizo y al perímetro de la ciudad autónoma.[65]
La Delegación del Gobierno ordenó el cierre temporal del paso de Beni Enzar, el único puesto fronterizo que permanecía operativo entre Melilla y Marruecos, y pidió a los ciudadanos que evitaran desplazarse hacia el perímetro para no obstaculizar el trabajo de las fuerzas de seguridad. El cierre afectó tanto al tránsito de vehículos como al de peatones.[65]
En la localidad marroquí de Beni Enzar se produjeron enfrentamientos entre los migrantes concentrados y las fuerzas de seguridad, que trataron de impedir una entrada colectiva. Aunque la presión fue menor que en Ceuta y no se produjo un cruce de dimensiones comparables, el episodio obligó a reforzar la vigilancia terrestre y marítima en torno a Melilla.[62][65]
Contención fronteriza y retorno masivo
Durante el 31 de julio, España y Marruecos reforzaron sus respectivos dispositivos fronterizos y coordinaron medidas para impedir nuevas entradas. Las fuerzas marroquíes cerraron los accesos hacia Castillejos y dispersaron las concentraciones próximas a la frontera, mientras España mantuvo desplegados en Ceuta efectivos del Ejército de Tierra, la Guardia Civil y la Policía Nacional.[61]
Ese mismo día comenzó un retorno masivo hacia Marruecos, que continuó durante el 1 de agosto hasta alcanzar a la gran mayoría de quienes habían entrado en Ceuta. Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, al menos 48 300 de las aproximadamente 50 000 personas contabilizadas habían regresado al país vecino, aunque las cifras estaban sujetas a revisión debido a que algunas personas habían atravesado la frontera en más de una ocasión.[66][67]
Los retornos se produjeron tanto a través del paso fronterizo como por el mismo espigón marítimo utilizado para entrar en la ciudad. Efectivos españoles orientaron a grupos de migrantes hacia los puntos habilitados para regresar, mientras las fuerzas de seguridad marroquíes impedían nuevas concentraciones en los alrededores de Castillejos.[68]
Paralelamente, ambos países acordaron agilizar la identificación y devolución de las personas que no reunieran los requisitos para permanecer en España.[61] Durante el 1 de agosto comenzó además la instalación de una barrera marítima provisional de unos 500 metros en el espigón del Tarajal, destinada a impedir nuevos cruces a nado, mientras las autoridades marroquíes continuaban bloqueando el acceso a la frontera de los grupos que trataban de aproximarse desde Castillejos.[69]
Diversos migrantes explicaron que habían decidido regresar debido a la falta de alimentos, alojamiento y dinero, al agotamiento físico y a la imposibilidad de continuar desde Ceuta hacia la península. Algunos afirmaron haber viajado después de ver en las redes sociales imágenes y mensajes que presentaban la frontera como fácilmente franqueable, pero comprobaron que permanecer en la ciudad no les permitía acceder automáticamente al territorio continental español.[70]
El 13 de septiembre, el Gobierno elevó a más de 5 300 las personas migrantes que habían abandonado la ciudad y retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto, A esta cifra se sumaron 278 expulsados por cometer delitos.[71]
Llamamientos a nuevas entradas masivas
A principios de agosto, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de información de la Guardia Civil y la Policía Nacional detectaron convocatorias en redes sociales para intentar nuevas entradas masivas en Ceuta, inicialmente previstas para el 15 de agosto y posteriormente también para el 17 de agosto.[72][73] Ante estas convocatorias, el Ministerio de Defensa canceló los permisos de los militares destinados en Ceuta y la Guardia Civil reforzó la vigilancia de la frontera. Según fuentes policiales, los grupos más activos en redes sociales reunían a unos 400 000 usuarios.[74][75] Las autoridades señalaron que el patrón de movilización presentaba similitudes con el registrado antes de las entradas del 30 y 31 de julio, con mensajes públicos destinados a captar participantes y grupos de mensajería más reducidos en los que se difundía información sobre el cruce de la frontera.[76]
El 15 de agosto, las autoridades marroquíes aseguraron haber frustrado varios intentos de entrada en Ceuta protagonizados por cientos de migrantes concentrados en las inmediaciones de Castillejos. EFE informó posteriormente de que alrededor de 30 personas fueron interceptadas tras intentar cruzar la frontera, mientras que fuentes de seguridad marroquíes indicaron que un total de 294 migrantes habían sido interceptados durante los operativos desarrollados ese día.[77][78][79] Ese mismo día, VerificaRTVE detectó mensajes que proponían el 23 de septiembre como nueva fecha para un posible intento de entrada, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos, aunque la investigación no confirmó la existencia de una convocatoria efectiva para esa fecha.[80]
Denuncias de agresiones sexuales
Durante las semanas posteriores a la entrada masiva se registraron numerosas denuncias por agresiones sexuales. El 28 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó de al menos 17 casos, entre ellos siete violaciones, y señaló que las víctimas eran mujeres «principalmente vulnerables».[81] El 31 de agosto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, contabilizó 21 agresiones sexuales.[82]
Ese mismo día, la Fiscalía elevó a 23 las agresiones sexuales denunciadas desde la entrada masiva, todas ellas contra personas migrantes, y cifró en cinco los casos de violación. Entre las víctimas había nueve menores de entre 14 y 17 años. En ese momento se había identificado a ocho presuntos autores (cuatro marroquíes, tres españoles y un belga), mientras que el resto permanecían sin identificar.[83]
Traslados clandestinos a la Península
Durante las semanas posteriores a la entrada masiva aumentaron los traslados clandestinos desde Ceuta hacia la Península, principalmente mediante motos de agua y lanchas rápidas. Según fuentes policiales citadas por El Mundo, el 26 de agosto, se habían contabilizado alrededor de 250 casos, con precios de entre 3000 y 6000 euros por trayecto. Aunque esta modalidad ya era utilizada anteriormente por las redes de tráfico de migrantes, las fuerzas de seguridad advirtieron de que el elevado número de personas que permanecían en Ceuta podía incrementar la demanda y consolidar esta ruta marítima clandestina.[84]
El 21 de agosto, la Policía Nacional anunció la desarticulación de dos organizaciones criminales dedicadas a trasladar migrantes desde Ceuta hasta La Línea de la Concepción, con cinco personas detenidas. Según la investigación, las redes captaban a personas llegadas durante la entrada masiva, las alojaban temporalmente y organizaban su traslado en pequeñas embarcaciones hasta la costa peninsular, llegando a cobrar hasta 9000 euros por persona.[85][86][87]
Las investigaciones continuaron durante los días posteriores y detectaron también el uso de domicilios, garajes y otros espacios de Ceuta como lugares de alojamiento mientras se preparaban los traslados. A finales de agosto, dos personas fueron condenadas a penas de prisión por alquilar a migrantes plazas de garaje y facilitar su posterior desplazamiento irregular.[88] Uno de los penados, de nacionalidad marroquí, fue expulsado de España.[89]
Disturbios e incidentes violentos
Durante la última semana de agosto se produjeron diversos incidentes violentos en distintos puntos de Ceuta, en un contexto de creciente tensión entre grupos de migrantes, residentes, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas desplegadas en la ciudad.[90][91]
Durante este periodo también se denunciaron episodios de violencia y malos tratos contra personas migrantes por parte de agentes de las fuerzas de seguridad españolas.[92] Las organizaciones Border Resistance y No Name Kitchen afirmaron haber recopilado testimonios, imágenes y otros indicios de agresiones.[92] El Consejo Nacional de Derechos Humanos también recogió en un informe preliminar testimonios de personas retornadas con alegaciones de malos tratos y agresiones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad españolas.[93] El Ministerio del Interior rechazó las acusaciones, mientras que sindicatos policiales y de la Guardia Civil cuestionaron las denuncias y reclamaron que cualquier acusación concreta estuviera respaldada por pruebas.[92][94] Los incidentes afectaron también a las organizaciones humanitarias que trabajaban con los migrantes. Algunas denunciaron amenazas e intimidaciones contra sus trabajadores y voluntarios, y una de ellas, Border Resistance, anunció su retirada de Ceuta por motivos de seguridad.[95] Durante las semanas siguientes, activistas y voluntarios denunciaron nuevos episodios de violencia contra personas migrantes. Según testimonios recogidos por El Salto, algunos migrantes habrían sufrido golpes y otras agresiones por parte de militares, mientras que durante las protestas también se denunciaron episodios de violencia contra migrantes y amenazas e intimidaciones contra trabajadores y voluntarios de organizaciones humanitarias.[96][90][97]
El 25 de agosto, durante unos disturbios en el barrio ceutí de Loma Colmenar, un grupo de migrantes lanzó piedras contra los militares y policías desplegados en la zona y uno de ellos fue detenido por un presunto intento de agresión a un agente de la autoridad.[98] Dos activistas de No Name Kitchen fueron también detenidos por resistencia a los agentes. Según las fuerzas de seguridad, habían alentado a grupos violentos,[99][100] mientras que la organización sostuvo que habían sido detenidos por grabar la detención de una persona en la playa de Benítez.[101]
El 26 de agosto, durante las protestas contra la gestión de la crisis migratoria, un grupo de manifestantes se dirigió a la playa del Trampolín e intentó acceder a los asentamientos de migrantes. La Policía bloqueó el acceso y efectuó disparos disuasorios con pelotas de goma. Algunos manifestantes arrojaron al mar mantas, colchones y otras pertenencias de los migrantes.[102][103] El 27 de agosto, manifestantes bloquearon durante más de dos horas el acceso de un vehículo de Cruz Roja que transportaba alimentos para los migrantes.[102][104][105] Posteriormente, algunos de ellos accedieron a un pequeño asentamiento situado junto a una playa próxima y prendieron fuego a dos sombrillas de paja instaladas en la zona.[106][102][107]
En la madrugada del 27 de agosto, entre 30 y 40 migrantes rodearon en Benzú un vehículo no blindado en el que patrullaban cuatro militares de las Fuerzas Regulares y lanzaron piedras de grandes dimensiones contra él.[108][109][110][6] Según fuentes citadas por El Mundo, los atacantes también arrojaron palos y amenazaron con cuchillos a los militares.[109] Los cuatro militares resultaron heridos y el vehículo sufrió daños.[111] Posteriormente, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a doce personas de nacionalidad marroquí, de entre 35 y 40 años,[108] por su participación en los hechos.[112][6] Once de los detenidos fueron condenados a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, pena que fue sustituida por su expulsión de España durante cinco años. El duodécimo quedó en prisión provisional a la espera de juicio.[113] Ese mismo día, otros dos hombres de nacionalidad marroquí fueron detenidos por agredir a un guardia civil en el puerto de Ceuta.[114]
El 28 de agosto, varias botellas con un líquido inicialmente identificado como aguarrás fueron arrojadas contra los participantes en una manifestación. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer la autoría.[115] Al día siguiente, varios medios informaron, citando a la Agencia EFE y a fuentes próximas a la investigación, de pesquisas sobre artefactos caseros elaborados con aguafuerte y papel de aluminio introducidos en botellas de plástico, que habrían sido repartidos entre migrantes y utilizados durante las protestas.[116][117]
En los días siguientes se registraron otros incidentes aislados contra los efectivos desplegados. El 29 de agosto fueron detenidas cuatro personas por apedrear una patrulla militar en la playa del Chorrillo, resultando herido leve un sargento, y otro hombre fue detenido tras agredir a un guardia civil.[118] Al día siguiente, tres ciudadanos marroquíes fueron detenidos tras arrojar botellas con líquidos corrosivos contra militares desplegados en la playa de San Amaro.[119][120][121]
Durante la mañana del 31 de agosto, la Policía Nacional realizó varias cargas para dispersar a cientos de migrantes que trataban de acceder al campamento habilitado en el aparcamiento de Loma Colmenar, cuya capacidad se encontraba completa. La concentración llegó a provocar cortes de carretera y el despliegue permanente de agentes para evitar avalanchas y enfrentamientos.[122]
En este contexto, algunas asociaciones militares denunciaron la insuficiencia de las medidas de protección de los efectivos desplegados y reclamaron instrucciones más claras y mayores garantías jurídicas.[123]Posteriormente, el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española afirmó que se habían activado las reglas de enfrentamiento, que contemplaban el empleo de armas de fuego en legítima defensa, y distribuido armamento y munición entre las patrullas.[124][125]
El 8 de septiembre, un niño migrante marroquí de ocho años resultó herido en la cabeza tras recibir un disparo de perdigones efectuado cuando varias personas encapuchadas intentaron asesinarlo en un asentamiento del barrio de El Príncipe. La Policía investigaba la posible relación del ataque con otros dos episodios similares denunciados los días 1 y 2 de septiembre.[126]
En la madrugada del 10 de septiembre varios vehículos fueron quemados en la barriada de El Príncipe desconociendo los causantes. Esa misma madrugada las autoridades sanitarias informaron de la llegada a Urgencias de dos migrantes a los que dos desconocidos les habían cortado las orejas.[127] La madrugada siguiente se produjo una nueva quema de vehículos por la que esa madrugada fue detenido un ciudadano ceutí acusado de prender uno de los vehículos y causar daños a uno estacionado junto al primer vehículo en el Polígono Virgen de África.[128]
En la noche del 18 de septiembre, un ceutí resultó macheteado presuntamente por 4 inmigrantes.[129].
EL 20 de septiembre, medio centenar de vecinos que esperaban la llegada al Puerto de Ceuta de una furgoneta de una ONG que iba a ser recibida por la diputada de Ceuta Ya Julia Ferreras, el abogado y activista Rafael Borrego, y la abogada de Derechos Humanos de la ONU Sofía Acevedo. Los manifestantes lanzaron huevos y piedras sobre el coche que quedó destrozado. Los policías tuvieron que disolver la manifestación de radicales con una carga y realizar disparos al aire.[130]
Al día siguiente, fue detenido un migrante que habría violado a otra migrante de 17 de años que no se encontraba en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.[131]
Papel de Marruecos
El papel desempeñado por Marruecos durante la entrada masiva fue objeto de controversia. Las primeras evaluaciones de los servicios de inteligencia españoles concluyeron que las autoridades marroquíes habían permitido y facilitado los cruces, aunque no encontraron pruebas de que hubieran planificado la operación.[24][25] Testimonios de migrantes e imágenes obtenidas durante los acontecimientos señalaron asimismo una actitud permisiva de agentes marroquíes.[43] Informes policiales posteriores describieron una posible intervención más activa de gendarmes y agentes de paisano en la canalización de los flujos, interpretación que dio lugar a una controversia institucional sobre el alcance de la implicación marroquí.[26][132][133]
El Gobierno español sostuvo posteriormente que no existían «pruebas sólidas» de que Marruecos hubiera planificado o ejecutado la entrada, aunque reconoció que miembros de la gendarmería marroquí habían permitido el paso de migrantes.[134][43] Marruecos negó haber relajado deliberadamente los controles fronterizos y atribuyó los acontecimientos a las redes de tráfico de personas y a rumores difundidos en redes sociales sobre una supuesta apertura de la frontera.[135][136][137]
Respuesta institucional
Gobierno de Ceuta
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, calificó inicialmente la situación como una «emergencia humanitaria y social» y advirtió de que los recursos públicos de Ceuta no podían asumir el ritmo creciente de llegadas. Según Vivas, los centros de acogida de menores se encontraban ampliamente por encima de su capacidad y el número de migrantes que permanecían fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes superaba al de las personas alojadas en su interior.[138]
Ante el agravamiento de la crisis, Vivas solicitó al Gobierno de España la declaración de una «emergencia nacional», la creación de un mando único y el envío inmediato de efectivos policiales, militares y recursos humanitarios. El presidente ceutí sostuvo que la presión migratoria había adquirido una dimensión que excedía las capacidades ordinarias de la ciudad autónoma y reclamó una respuesta coordinada de todas las administraciones.[138][139]
El Ministerio del Interior rechazó formalmente la petición de declarar una emergencia nacional al considerar que la legislación española sobre protección civil no contempla las crisis migratorias entre los supuestos que permiten activar esa figura. No obstante, el Gobierno central reforzó los dispositivos policiales y militares y estableció mecanismos de coordinación entre los ministerios de Interior, Inclusión, Política Territorial y Juventud e Infancia.[140]
Tras reunirse con Pedro Sánchez el 31 de julio, Vivas reiteró que Ceuta necesitaba una respuesta estructural y no únicamente medidas de emergencia. Aunque agradeció el refuerzo de medios, lamentó que la reacción estatal hubiera llegado cuando los servicios de la ciudad ya se encontraban colapsados y reclamó garantías para evitar que una situación similar volviera a repetirse.[141]
El 12 de agosto, Vivas afirmó que la reivindicación marroquí sobre la ciudad carecía de fundamento y defendió que Ceuta forma parte de España, apelando a la historia, el derecho y la voluntad de sus ciudadanos. Asimismo, señaló que la entrada masiva no debía considerarse únicamente una crisis migratoria, sino también una «vulneración y un ataque a la integridad española».[142]
Gobierno de España
El Gobierno de España ordenó el despliegue de unidades del Ejército de Tierra en apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de reforzar los servicios de acogida, identificación y asistencia humanitaria. El Ejecutivo afirmó que mantuvo una comunicación continua con las autoridades marroquíes para contener nuevas salidas y facilitar el retorno de quienes no tuvieran derecho a permanecer en España.[143]
El 31 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajaron a Ceuta. Ambos visitaron el paso fronterizo de El Tarajal y participaron en una reunión de coordinación con Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno, los responsables territoriales de la Guardia Civil y la Policía Nacional y representantes de los servicios de acogida y de Cruz Roja.[144]
También el 31 de julio la general Loreto Gutiérrez Hurtado, cesó a la jefa de prensa del Departamento de Seguridad Nacional, por actualizar la página del Departamento. En dicha actualización se daba cuenta de la entrada ilegal de 49.000 marroquíes en Ceuta y de otros datos relacionados que no fueron posteriormente desmentidos por el Gobierno.[145][146][147]
Sánchez calificó la entrada masiva como un «ataque» y una «violación de la integridad territorial de España» y aseguró que el Estado emplearía todos los medios disponibles para restablecer el control fronterizo. El presidente atribuyó la movilización de los migrantes a redes de tráfico de personas que habrían difundido una interpretación interesada de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de quienes accedieran por vía marítima.[141][148][149]
Al mismo tiempo, el Gobierno defendió la cooperación mantenida con Marruecos y evitó responsabilizar directamente al Ejecutivo marroquí de haber facilitado deliberadamente los cruces. Sánchez sostuvo que la comunicación con Rabat había sido fluida, agradeció la colaboración de las autoridades marroquíes para contener la situación y señaló que estas habían intervenido posteriormente para frenar nuevas concentraciones junto a Ceuta y Melilla.[141][143][149]
Paralelamente, el Gobierno trasladó la crisis al ámbito de la Unión Europea. Pedro Sánchez remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que defendió la actuación de España durante la crisis, criticó que algunos gobiernos europeos hubieran planteado la exclusión temporal de Ceuta del espacio Schengen y solicitó a la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea la convocatoria urgente de una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior. En la misiva sostuvo además que la protección de las fronteras exteriores constituía una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros de la Unión Europea y pidió una respuesta coordinada ante este tipo de situaciones.[150][151][152]
El Ejecutivo anunció reformas legales para adaptar la gestión de las entradas marítimas a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo e inició la instalación de nuevas barreras de contención en los espigones fronterizos. También se habilitaron instalaciones provisionales destinadas a identificar a los recién llegados, prestar asistencia a los solicitantes de protección y agilizar la devolución de quienes no reunieran los requisitos legales para permanecer en España.[141][143][153]
El 11 de agosto, durante su visita a Ceuta, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reafirmó el compromiso del Gobierno con la soberanía y la integridad territorial de España. También afirmó que la integridad territorial española «ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie».[154][155]
El 12 de agosto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó Ceuta y se reunió con su presidente, Juan Jesús Vivas, para analizar la evolución de la crisis. Robles afirmó que el Ejército permanecería en la ciudad en labores de «presencia y disuasión» y aseguró que lo ocurrido el 30 de julio «no puede volver a ocurrir». Asimismo, afirmó que cualquier agresión contra Ceuta o Melilla constituiría una agresión contra España.[156][157]
El 16 de agosto, la ministra de Sanidad, Mónica García, se reunió en Ceuta con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para abordar la situación sanitaria. García afirmó que el sistema sanitario ceutí estaba «tensionado», pero no en situación de «colapso», tras haber atendido a 5800 migrantes durante los quince días anteriores, 3500 en atención primaria y 2300 en el hospital. Según la ministra, 101 personas habían sido hospitalizadas y 28 permanecían ingresadas, mientras que la capacidad hospitalaria se había ampliado de 175 a 212 plazas. García reconoció tensiones especialmente en urgencias, medicina interna y atención primaria, así como el sobreesfuerzo del personal sanitario, pero señaló que no se habían suspendido consultas ni asistencias para la población local. Asimismo, reclamó la habilitación de espacios salubres para atender a las personas migrantes que permanecían en asentamientos y señaló que el principal riesgo para la salud pública derivaba de las condiciones de hacinamiento.[158][159][160]
El 17 de agosto, el Gobierno anunció la habilitación de cuatro espacios de acogida temporal en Ceuta, con una capacidad inicial conjunta de unas 1500 plazas. Tres de los emplazamientos eran de titularidad estatal y uno había sido cedido por la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los dispositivos se situaban en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano.[161][162][163]
El 19 de agosto, el Gobierno anunció asimismo un plan para trasladar a la península a unos 500 menores migrantes vulnerables de Ceuta, la mayoría niñas, mientras continuaba la preparación de los dispositivos de acogida temporal para las personas que permanecían en la ciudad.[164][165][166]
El 20 de agosto comenzó el traslado de unos 1700 migrantes que permanecían en la playa del Trampolín hacia dos de los espacios temporales habilitados para su acogida. Las personas de origen subsahariano fueron dirigidas a Loma Margarita, mientras que las de origen magrebí continuaron a pie hasta el área de Embolsamiento de Loma Colmenar, próxima a la frontera del Tarajal. Los dispositivos estaban gestionados por Accem y la Asociación Engloba.[167][168][169]
El 24 de agosto, el Gobierno anunció la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta y la creación de un mando único para coordinar la respuesta de las distintas administraciones y organismos implicados.[170][171] El 25 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó ambas medidas y designó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como responsable del mando único, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional se reunió para analizar la situación en la ciudad y coordinar las medidas de respuesta.[172][173]
El 28 de agosto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una ampliación de crédito que elevaba hasta 44,51 millones de euros los fondos destinados a reforzar la atención humanitaria en Ceuta ante la situación extraordinaria provocada por la entrada masiva de personas migrantes. La ampliación partía de los 6,43 millones aprobados inicialmente.[174][175][176]
Ese mismo día, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitó a la Comisión Europea el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) para reforzar el dispositivo de triaje y la posterior tramitación de los expedientes de las personas migrantes que permanecían en Ceuta en situación irregular. También solicitó diez agentes adicionales de Frontex y asistencia de la EUAA para la realización de entrevistas y la provisión de intérpretes.[177][178][179]
El 31 de agosto, el Gobierno había ampliado las plazas de atención temporal para migrantes adultos de 1800 a más de 3300 y anunció su intención de alcanzar las 6000 en las semanas siguientes.[180][181] Ese mismo día, Sánchez descartó trasladar a la península a los adultos que permanecían en Ceuta mientras se tramitaran sus expedientes, al considerar suficiente la capacidad prevista. La decisión provocó discrepancias dentro del Gobierno: Sira Rego volvió a defender el traslado de los menores no acompañados y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamó repartir también a los adultos entre las comunidades autónomas.[182][183]
El 1 de septiembre. el Gobierno anunció una serie de medidas de carácter económico y social para dinamizar la economía ceutí, contando con 309 millones de euros hasta fin de año. El plan de actuación comprendería fortalecer la seguridad, los servicios públicos y el sistema de acogida de personas migrantes, así como una dotación de ayudas a las empresas y trabajadores de la ciudad. La cuantía destinada a estas medidas supondría el 16% del PIB ceutí.[184]
El 5 de septiembre, el Ministerio de Transportes autorizó la utilización temporal de unos 16 000 m² del Puerto de Ceuta, en el Muelle de Poniente, para instalar un espacio de acogida con capacidad para más de 1000 migrantes. La decisión se produjo después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazara la instalación solicitada por la Secretaría de Estado de Migraciones. Ese mismo día comenzaron los trabajos de acondicionamiento de la explanada.[185][186]
El 13 de septiembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a Ángel Víctor Torres y con la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dirigió la reubicación de 864 personas migrantes que vivían a la intemperie a unas nuevas instalaciones temporales de acogida situadas en el Barrio de Los Rosales. La parcela es propiedad de la empresa pública SEPES y fue cedida por el Ministerio de Vivienda. Con este traslado, se elevaron a 4 300 las plazas disponibles en la ciudad para atender a las personas migrantes en situación de calle.[187][188]
Avisos previos e informe policial
La actuación de los servicios de información antes de la entrada masiva generó una controversia dentro del Gobierno.[189][190] El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que no había recibido ningún informe ni aviso que permitiera anticipar una entrada de la magnitud de la ocurrida,[191][192] mientras que fuentes del CNI citadas por la Cadena SER sostuvieron que se habían enviado varios avisos a Interior.[193] La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió el trabajo del CNI, aunque no confirmó ni desmintió la existencia de esos avisos.[189][194] La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó posteriormente que no hubo ningún informe que advirtiera de la magnitud de la crisis.[195][196]El 5 de agosto, la Audiencia Nacional solicitó a la Guardia Civil que informara de si había recibido algún indicio o información en los días previos que pudiera haber alertado de la entrada masiva.[197][198]
El 25 de agosto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó en el Congreso que el CNI había informado a la Delegación del Gobierno en Ceuta el 29 de julio de una convocatoria para entrar a nado en la ciudad al día siguiente. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no había recibido ningún informe que permitiera prever una entrada masiva como la ocurrida el 30 de julio. La Delegación del Gobierno en Ceuta también negó haber recibido un informe que advirtiera de lo sucedido, aunque reconoció haber recibido desde finales de julio datos diarios sobre el aumento de las entradas por vía marítima.[199][200]
La entrega del informe policial a la Audiencia Nacional provocó además un conflicto entre la jueza instructora y el Ministerio del Interior. La magistrada María Tardón había solicitado a los investigadores mantener la reserva sobre el documento, mientras que el ministro Fernando Grande-Marlaska cuestionó que no hubiera sido informado de su contenido. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional respaldó por unanimidad la actuación de la magistrada y sostuvo que su actuación no había interferido en la seguridad nacional.[201][202]
La Corona
Desde el comienzo de la crisis, el rey Felipe VI mantuvo contactos con distintas autoridades para seguir su evolución. El 31 de julio, la Casa Real informó de que el monarca había conversado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y posteriormente con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.[203][204] Al día siguiente, Felipe VI expresó su «gran preocupación e indignación» por los acontecimientos ocurridos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla, sostuvo que el Estado debía velar por la seguridad de ambas ciudades y reclamó medidas para evitar que hechos similares volvieran a repetirse. La Casa Real señaló asimismo que había mantenido contactos con Sánchez, Vivas, Imbroda y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.[205][206]
El 6 de agosto, Felipe VI recibió a Vivas en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, para analizar la situación de la ciudad. Tras el encuentro, el presidente ceutí afirmó que el monarca se había comprometido a visitar Ceuta, aunque no se había fijado una fecha, y aseguró que lo haría «manteniendo el papel constitucional que le corresponde».[207][208] Al día siguiente, el Gobierno confirmó que la visita tendría lugar «cuando sea oportuno» y en «coordinación absoluta» con la Casa Real.[209] La organización del viaje adquirió relevancia política debido a que una visita oficial del jefe del Estado debía coordinarse con el Ejecutivo en el marco del sistema constitucional de refrendo de los actos del rey.[210]
El 21 de agosto, El País informó de que el Gobierno había sondeado a la Casa Real sobre la conveniencia de que Felipe VI telefoneara al rey Mohamed VI para abordar la crisis. La llamada no llegó a producirse y la Casa Real consideraba que tanto esta como una eventual visita a Ceuta debían realizarse únicamente cuando fueran «útiles y razonables» y de acuerdo con el Gobierno. Según el mismo medio, durante las semanas anteriores también se había planteado la posibilidad de una visita rápida del monarca a la ciudad, aunque las versiones del Ejecutivo y de la Casa Real diferían sobre el origen de esa propuesta.[211]
El 31 de agosto, a su regreso de las vacaciones estivales, Sánchez afirmó que «en 20 años» ningún jefe del Estado había visitado Ceuta y Melilla y contrapuso esa ausencia a sus propias visitas a las ciudades autónomas como presidente del Gobierno. La última visita de un monarca a Ceuta había sido la de Juan Carlos I y la reina Sofía en noviembre de 2007, mientras que Felipe VI no había visitado oficialmente ninguna de las dos ciudades desde su proclamación en 2014. Sánchez sostuvo que existían «argumentos y razones suficientes» para que el rey acudiera a ambas ciudades y aseguró que la visita se produciría «cuando se den las condiciones», en coordinación entre el Gobierno y la Zarzuela.[212][213]
Las declaraciones generaron una polémica política al ser interpretadas por dirigentes del Partido Popular como un reproche al monarca y suscitaron críticas sobre el «tono» empleado por Sánchez.[214] El Gobierno negó que Sánchez hubiera reprochado al rey su ausencia de Ceuta y rechazó asimismo que hubiera vetado anteriormente un viaje del monarca. La ministra portavoz, Elma Saiz, sostuvo que el presidente se había limitado a «constatar una realidad» y aseguró que las relaciones entre el Ejecutivo y la Zarzuela eran «buenas».[215][216]
Ese mismo 31 de agosto, Sánchez y Felipe VI mantuvieron en el Palacio de la Zarzuela un despacho de cerca de tres horas. Fuentes de Moncloa y de la Casa Real señalaron que se trataba de uno de sus encuentros habituales y que había sido programado desde antes del verano, sin precisar públicamente si la crisis de Ceuta o el futuro viaje del monarca habían formado parte de la conversación.[217][212]
El 2 de septiembre, con motivo del Día de Ceuta, la Casa Real publicó un mensaje en el que afirmó: «La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro». Felipe VI habló además por teléfono con Vivas, a quien trasladó el apoyo de toda España a la ciudad y su reconocimiento a los servidores públicos, voluntarios, asociaciones, gremios y representantes de las distintas confesiones que habían participado en la gestión de la crisis.[218][219]
El 7 de septiembre, Felipe VI se reunió en el Palacio de la Zarzuela con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, el comandante general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, y otros mandos operativos para examinar la situación de la ciudad «desde el punto de vista de la defensa». La Casa Real hizo público el encuentro al día siguiente mediante una fotografía de la reunión.[220][221] La Casa Real y el Gobierno continuaban entonces preparando la visita de Felipe VI a Ceuta, todavía sin fecha concreta.[220]
Fiscalía
El 20 de agosto, la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, rechazó la propuesta del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de devolver inmediatamente a Marruecos a los menores migrantes llegados a Ceuta y afirmó que «no tiene sentido». Gisbert señaló que la devolución de menores es posible, pero que no puede realizarse de forma inmediata o directa, sino que requiere valorar individualmente sus circunstancias y el interés superior del menor, de acuerdo con la legislación española y europea y el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, en vigor desde el 12 de junio. Añadió que los menores entrevistados por la Fiscalía no habían manifestado su voluntad de regresar a Marruecos, sino de trasladarse a la península, y que las comunidades autónomas están obligadas a colaborar en su acogida.[222][223][224]
Gobierno de Marruecos
Las autoridades marroquíes reforzaron el despliegue policial en los alrededores de Castillejos y Beni Enzar y utilizaron material antidisturbios para disolver concentraciones y evitar nuevos intentos de entrada. El embajador de Marruecos en España manifestó su pesar por los acontecimientos y afirmó que su país defendía una migración legal y ordenada.[148]
El Gobierno marroquí negó haber promovido o tolerado deliberadamente la entrada masiva y atribuyó los acontecimientos a la actuación de redes de tráfico de personas, a la difusión de rumores sobre una supuesta apertura de la frontera y a la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo español. Asimismo, sostuvo que había advertido previamente a las autoridades españolas sobre las posibles repercusiones de dicha resolución judicial y defendió la actuación de sus fuerzas de seguridad para contener los cruces y evitar nuevos intentos de entrada.[225] El 3 de agosto, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, pidió a Marruecos que investigara «hasta el final» lo sucedido y determinara si los movimientos fronterizos habían sido consentidos o tolerados.[226][227]
El 12 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, responsabilizó parcialmente a España de la crisis y criticó la regularización extraordinaria de migrantes y la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones. Señaló que Marruecos no podía impedir las salidas mientras España aceptaba y regularizaba a quienes llegaban a su territorio, y reclamó una mayor coordinación entre ambos países en materia migratoria. Asimismo, afirmó que Marruecos no quería actuar como «gendarme» de Europa y defendió una cooperación basada en la igualdad.[228][229]
En el mismo día, Ouahbi declaró en una entrevista con la Agencia EFE que el Ministerio de Justicia marroquí estudiaba la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España y reclamó «seriedad» al Gobierno español.[230][228][231]
Unión Europea
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de «inaceptables» las imágenes procedentes de Ceuta, expresó el apoyo de la Comisión a España y reclamó el cese inmediato de los cruces irregulares. La Comisión ofreció asistencia operativa y financiera y señaló que se encontraba en contacto con las autoridades españolas y marroquíes.[148][232]
El comisario europeo de Migración y Asuntos de Interior, Magnus Brunner, manifestó que la frontera de Ceuta era también una frontera exterior de la Unión Europea y ofreció el apoyo de Frontex para reforzar la vigilancia, registrar a los migrantes y colaborar en las operaciones de retorno. La Comisión recordó, no obstante, que Ceuta y Melilla tienen un régimen particular dentro del espacio Schengen y que la entrada en las ciudades autónomas no concede automáticamente acceso al territorio continental europeo.[232]
Von der Leyen instó a España a recuperar plenamente el control de la frontera y a garantizar procedimientos rápidos de identificación, asilo y devolución, respetando al mismo tiempo el derecho europeo y la protección especial de los menores.[148][232]Posteriormente, elogió la eficacia de la gestión de los gobiernos español y marroquí y pidió dar una respuesta europea común, unida y solidaria.[233]
El 4 de agosto se celebró una videoconferencia con todos los Ministros de Interior de la UE para abordar los incidentes. La UE felicitó a España por lo que calificó como «rápida respuesta» y expresó sus condolencias por los migrantes fallecidos. En la reunión hubo consenso para luchar contra las redes de tráfico de personas, reforzar las devoluciones, fortalecer las fronteras de la UE, afianzar las relaciones con terceros países y mejorar la previsión.[234]
Consecuencias
Actuaciones judiciales
Las autoridades españolas procedieron a la expulsión de migrantes detenidos por la comisión de delitos durante su estancia en Ceuta. El 28 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en más de un centenar las expulsiones efectuadas por este motivo. Tres días después, el ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis, Ángel Víctor Torres, elevó la cifra a más de 200.[235][236] Entre los delitos registrados durante la crisis se encontraban delitos contra el patrimonio y atentados o resistencia a agentes de la autoridad. En diversos procedimientos por atentado contra agentes, las penas de prisión impuestas fueron sustituidas por la autoridad judicial por la expulsión de España y la prohibición de entrada durante cinco años.[237]
Las expulsiones incluyeron también casos relacionados con antecedentes previos. Según el Ministerio del Interior, tres de los expulsados tenían antecedentes por delitos vinculados con el yihadismo.[235] El 29 de agosto, la Guardia Civil localizó en el puerto de Ceuta y expulsó a Marruecos a un ciudadano marroquí que había accedido a la ciudad durante la entrada masiva pese a tener prohibida la entrada en España por una condena de 2023 por un delito de adoctrinamiento terrorista. Según fuentes policiales, había permanecido en Ceuta desde su entrada hasta ser identificado durante un control.[238][239]
Tras los incidentes, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió diligencias para esclarecer las circunstancias de la entrada masiva en Ceuta, a raíz de una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa. Entre otras actuaciones, solicitó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil informes para determinar si los hechos habían constituido una acción concertada o dirigida por algún grupo criminal u otro actor y si las autoridades españolas disponían de información previa sobre la entrada masiva.[240][241][242]
La Policía Nacional remitió a la magistrada un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que planteó la posible participación de agentes marroquíes en la organización y desarrollo de la entrada masiva. El documento fue trasladado a la Fiscalía para que se pronunciara sobre la competencia de la Audiencia Nacional y la eventual continuación de las diligencias.[243]
El 3 de septiembre, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, asumió personalmente la elaboración del informe de la Fiscalía sobre la competencia y la posible admisión a trámite de la querella, debido a la trascendencia del caso. La Fiscalía debía pronunciarse después de recibir también el informe solicitado a la Guardia Civil.[244][245]
El 4 de septiembre, la Guardia Civil entregó a Tardón el informe solicitado sobre las informaciones o alertas recibidas en los días previos a la entrada masiva. El documento también abordaba otras cuestiones planteadas por la magistrada, entre ellas los efectivos desplegados, las operaciones de salvamento y los fallecimientos registrados durante los hechos.[242][246]
En los días posteriores a los incidentes, las autoridades marroquíes iniciaron procedimientos judiciales contra personas presuntamente implicadas en los cruces irregulares hacia Ceuta y Melilla. La Fiscalía de Tetuán procesó a 34 personas, entre ellas cinco menores, por delitos relacionados con la organización de cruces irregulares, el transporte de pasajeros sin autorización, la violencia contra las fuerzas de seguridad, la desobediencia y los daños a bienes e instalaciones públicas. Paralelamente, los tribunales de Nador procesaron a otras 52 personas por su presunta participación en los incidentes registrados durante los intentos de entrada en Melilla. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, ambas causas afectaban en conjunto a 86 personas. En Tetuán, once de los procesados fueron condenados a penas de entre tres y seis meses de prisión.[247][248][249]
El 7 de septiembre, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón asumió la investigación y señaló en su auto una «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos. La magistrada consideró que agentes marroquíes habían realizado un «guiado activo» de las personas que cruzaban la frontera, mediante indicaciones para superar los obstáculos y dirigirlas hacia la zona de la playa de Castillejos.[250][251]
El 8 de septiembre, la jueza María Tardón admitió a la Ciudad Autónoma de Ceuta como acusación particular en la causa, al considerar que concurría su condición de perjudicada por los hechos.[252]
Identificación de víctimas y desaparecidos
Ante el elevado número de fallecidos y desaparecidos, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España reforzó los servicios de medicina legal en Ceuta mediante el desplazamiento de médicos forenses y personal especializado para colaborar en las autopsias y en la identificación de las víctimas.[253] Paralelamente, la Guardia Civil habilitó una oficina en el paso fronterizo de El Tarajal para centralizar las denuncias de desaparición y facilitar la identificación de las víctimas, recabando fotografías, descripciones físicas, muestras de ADN y otros datos aportados por los familiares.[254]
El 21 de agosto comenzaron los enterramientos de las víctimas de la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Ese día fueron sepultados 18 cuerpos en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, mientras que solo nueve de las 82 personas fallecidas habían sido identificadas. Marruecos rechazó recibir los cuerpos identificados, por lo que las autoridades ceutíes procedieron a los enterramientos en la ciudad.[255] El 23 de agosto, alrededor de 30 de los 88 cadáveres recogidos habían sido enterrados y solo nueve habían sido identificados. Las autoridades ceutíes ampliaron una zona del cementerio para realizar los enterramientos.[256]
Acogida y situación de los migrantes
La llegada de un elevado número de menores extranjeros no acompañados desbordó la capacidad del sistema de protección de Ceuta. Una semana después de los incidentes, centenares de menores permanecían en las calles o en recursos de acogida provisionales mientras continuaban las labores de identificación y puesta bajo tutela de la ciudad autónoma.[257][258]
La mayoría de las personas de origen marroquí regresó a Marruecos, mientras que muchos de quienes permanecían en Ceuta procedían del África subsahariana y el Sahel.[259][260]El País señaló asimismo que entre las personas que permanecían en la playa del Trampolín predominaban los migrantes subsaharianos.[261]
El 10 de agosto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró en alrededor de 1400 los menores registrados y señaló que se estaba priorizando su reagrupamiento familiar.[262]La situación dio lugar al debate sobre su redistribución entre las comunidades autónomas y generó discrepancias políticas acerca de la aplicación de los mecanismos de acogida previstos por la legislación.[257][258]
Ante el desbordamiento del sistema, el Gobierno anunció el 4 de agosto una partida extraordinaria de 25 millones de euros para financiar la atención de los menores no acompañados en Ceuta. Asimismo, se habilitaron dos centros educativos de la ciudad para atender a los menores, especialmente a las niñas.[263][264]
La saturación de los recursos de acogida también llevó a vecinos de Ceuta a habilitar campamentos improvisados para mujeres, niñas y sus familias. En la barriada de Sidi Embarek, alrededor de 200 personas permanecían en una pista polideportiva acondicionada por los residentes, que se encargaban de proporcionarles alimentos, atender sus necesidades básicas y organizar turnos de vigilancia. Los vecinos denunciaron las precarias condiciones sanitarias y reclamaron a las autoridades su reubicación en instalaciones adecuadas.[265]
En Melilla, la presión sobre los recursos de acogida también provocó episodios de saturación. Algunos menores abandonaron los centros de acogida y regresaron a nado a Marruecos, mientras las autoridades reforzaban las medidas de seguridad en el entorno del Dique Sur para prevenir nuevos accesos por vía marítima.[266]
En ese contexto, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, reclamó un «gesto de solidaridad» a las comunidades autónomas y defendió el cumplimiento del real decreto que regula el reparto de menores cuando una comunidad supera su capacidad de acogida.[267]
La saturación de los recursos de acogida afectó especialmente a los menores no acompañados. El 13 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en unas 5000 las personas que permanecían en Ceuta. Hasta entonces habían sido identificados 1898 menores y más de 500 expedientes de protección internacional habían sido resueltos, la mayoría de ellos desestimados.[268][269][270] Según Save the Children, el 13 de agosto alrededor de 1500 niños, niñas y adolescentes se encontraban dentro del sistema de protección, mientras que distintas entidades sociales y vecinales estimaban que otros 4000 permanecían fuera de este, pendientes de ser identificados, localizados y derivados a recursos seguros.[271][272][273]
La tramitación de las solicitudes de protección internacional estaba sujeta a los procedimientos y garantías previstos en la legislación española y en el Derecho de la Unión Europea.[274] En particular, el derecho de asilo está reconocido por el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,[275] mientras que su artículo 19 prohíbe las expulsiones colectivas y establece garantías frente a la devolución, expulsión o extradición en determinados supuestos.[276] El Reglamento (UE) 2024/1348 establece, asimismo, el procedimiento común para el examen de las solicitudes de protección internacional.[277]
El 20 de agosto, unos 4000 migrantes fueron desalojados del campamento improvisado de la playa del Trampolín, donde habían permanecido desde su llegada a Ceuta, y trasladados a los nuevos espacios de acogida habilitados por las autoridades. Las personas de origen subsahariano fueron dirigidas hacia Loma Margarita, mientras que las de origen magrebí continuaron a pie hasta el área de Embolsamiento de Loma Colmenar, próxima a la frontera del Tarajal.[278][168][279]El 21 de agosto, algunos de los migrantes trasladados regresaron a la playa del Trampolín. El Gobierno de Ceuta cuestionó que el traslado a otros puntos de la ciudad resolviera la situación.[280][279]
El 26 de agosto, los consejeros de Vox responsables de Infancia de Castilla y León, Aragón y Extremadura —Carlos Pollán, Óscar Fernández y Alejandro Nolasco, respectivamente— rechazaron el traslado de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta y anunciaron que impugnarían judicialmente los expedientes correspondientes. Asimismo, reclamaron que la situación de cada menor se resolviera individualmente mediante reunificación familiar o retorno a Marruecos cuando procediera. Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia acusó de racismo a los presidentes de las tres comunidades por oponerse al traslado de menores y a la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta, y sostuvo que el retorno indiscriminado de los menores vulneraría el derecho internacional y la legislación española.[281][282][283]
El 31 de agosto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cifró en 1478 los menores que permanecían en el sistema de protección de Ceuta, de los que 760 eran niñas, y estimó que otros 1200 menores estaban pendientes de filiación. El Gobierno mantenía la propuesta de trasladar a la península a 500 niñas en situación de especial vulnerabilidad, cuya aplicación dependía del consentimiento del Gobierno de Ceuta.[284][285] A 5 de septiembre, el traslado seguía sin concretarse, mientras el Ministerio estudiaba alternativas para llevarlo a cabo ante la falta de acuerdo entre las administraciones implicadas.[286]
A 8 de septiembre, miles de migrantes continuaban alojados de forma improvisada en distintos puntos de Ceuta, mientras decenas de menores varones permanecían en situación de calle a la espera de ser derivados a recursos de acogida. Las autoridades habían comenzado a habilitar un nuevo campamento en las inmediaciones del puerto, con capacidad prevista para unas 1000 personas, mientras persistían personas sin una alternativa de alojamiento.[287]
Cooperación y vigilancia fronteriza
Tras los incidentes, España mantuvo un dispositivo reforzado de vigilancia en Ceuta y estrechó la coordinación con las autoridades marroquíes ante la difusión en redes sociales de nuevos llamamientos para organizar cruces irregulares previstos para mediados de agosto. El Gobierno español consideró creíbles estas convocatorias, aunque estimó poco probable que pudiera repetirse un episodio de la magnitud del registrado los días 30 y 31 de julio debido al refuerzo del control fronterizo y a la pérdida del factor sorpresa.[288]
El Gobierno español atribuyó la rápida disminución del número de personas presentes en Ceuta a la cooperación con Marruecos, al refuerzo de los dispositivos fronterizos y al retorno de quienes habían comprobado que no podían continuar hacia la península. Aunque la actividad comercial y la circulación comenzaron a recuperarse parcialmente, las fuerzas de seguridad mantuvieron un dispositivo reforzado y los servicios de acogida continuaron atendiendo a quienes permanecían en la ciudad, especialmente menores no acompañados y personas que habían solicitado protección internacional.[70][69]
El 14 de agosto, la Guardia Civil comenzó a instalar una nueva barrera marítima en el Dique Sur de Melilla, similar a la colocada días antes en el espigón de El Tarajal de Ceuta. Según la Comandancia de la Guardia Civil, se trata de un elemento de contención temporal y provisional destinado a reforzar el control de la frontera marítima y proporcionar seguridad jurídica a las actuaciones del Servicio Marítimo en los rechazos en frontera.[289][290]
Desde el 30 de julio, Interior había incrementado en 270 los agentes de la Policía Nacional y en 200 los efectivos de la Guardia Civil desplegados en Ceuta. Además, se acordó un refuerzo adicional de 45 policías y 20 agentes de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para agilizar los expedientes de protección internacional y los procedimientos de expulsión hacia Marruecos.[268][269][270]
Impacto en la ciudad
El 31 de julio, las autoridades locales suspendieron la Feria de Ceuta, prevista entre el 1 y el 8 de agosto, ante la situación de emergencia provocada por la crisis migratoria. La Asamblea de Ceuta también suspendió una sesión plenaria para concentrar los recursos institucionales en la gestión de la emergencia.[291][292]
El 1 de septiembre, el Gobierno de Ceuta decidió posponer hasta el 28 de septiembre el inicio de la actividad lectiva con alumnado en las escuelas infantiles municipales Nuestra Señora de África y Juan Carlos I, en el contexto de la situación derivada de la entrada masiva. La Consejería de Educación, Cultura y Juventud justificó la medida en la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad, calidad y normalidad.[293]
La saturación de los centros de acogida, el cierre de numerosos comercios y la dificultad para obtener productos básicos agravaron la situación. Algunos migrantes también denunciaron actitudes hostiles y episodios de maltrato por parte de residentes, aunque varias de estas acusaciones no habían podido ser verificadas de manera independiente.[70][294]
La crisis también tuvo un impacto significativo sobre la actividad económica de Ceuta. El 24 de agosto, la Cámara de Comercio estimó inicialmente en 27,76 millones de euros las pérdidas ocasionadas por el cierre o reducción de la actividad de numerosos negocios, la cancelación de las fiestas patronales y el descenso del turismo y del consumo.[295] El 31 de agosto, la Cámara elevó la estimación de pérdidas directas a 33 millones de euros. La entidad señaló además que el 74 % de las empresas había introducido cambios en sus plantillas, como reducciones de jornada, reorganización de turnos, aplazamiento de contrataciones o vacantes sin cubrir.[296][297]
La llegada masiva también tuvo efectos sobre la vida cotidiana y la percepción de seguridad de algunos vecinos. A comienzos de septiembre, RTVE recogió testimonios de miedo y malestar, mientras que un representante del Colegio Oficial de la Psicología de Ceuta señaló una situación de vulnerabilidad entre la población.[298] El País informó asimismo de la preocupación de vecinos de barrios periféricos por la concentración de recursos de acogida y de movilizaciones contra nuevas instalaciones.[299]
Reacciones
España
Reacciones de la población de Ceuta
Protestas y movilizaciones
La visita de Sánchez y Grande-Marlaska el 31 de julio estuvo acompañada de protestas de ciudadanos en las inmediaciones del helipuerto y del Palacio de la Asamblea, donde se corearon consignas como «Sánchez, dimisión» y «Ceuta no se vende».[300][301] En ese momento, numerosos comercios, bares y restaurantes permanecían cerrados y se había desplegado un dispositivo policial y militar. Poco antes de la llegada de Sánchez, un grupo de ciudadanos increpó a varios inmigrantes que permanecían en las inmediaciones del Ayuntamiento, lo que obligó a intervenir a la Policía Local para evitar que la situación derivara en enfrentamientos físicos.[302]
Algunos personajes y organizaciones vinculados con la extrema derecha como Alvise Pérez, Vito Quiles, Santiago Abascal, Iker Jiménez y Núcleo Nacional viajaron a Ceuta tras los incidentes. Grupos de ceutíes protestaron en contra de su presencia en la ciudad con gritos como «perseguís a los débiles» o «aprovecháis la situación para sembrar odio», motivo por el cual tuvieron que ser escoltados por la policía.[303][304][305]
El 9 de agosto, miles de personas participaron en una manifestación convocada por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú de Ceuta bajo el lema «Basta ya. Ceuta no se rinde». La concentración reivindicó la unidad y convivencia de la ciudad, defendió su españolidad y reclamó una respuesta de las autoridades ante la crisis.[306][307]
Una crónica publicada por El País el 24 de agosto describió un clima de indignación y cansancio entre parte de la población ceutí, aunque constató que algunas zonas de la ciudad habían comenzado a recuperar parte de su actividad habitual. Vecinos y comerciantes expresaron preocupación por el impacto de la crisis sobre los negocios, los espacios públicos y el inicio del curso escolar, mientras que en los barrios periféricos persistía una mayor presión derivada de la presencia de migrantes.[308]
El 26 de agosto, unas 400 personas se manifestaron en la playa del Trampolín contra la gestión de la crisis migratoria y la presencia de migrantes en la ciudad.[102][103]Al día siguiente, un grupo de manifestantes volvió a concentrarse en la zona y expresó su rechazo a la permanencia de los migrantes, a la gestión de la crisis y a Cruz Roja, mientras portaba banderas de España y Ceuta.[102][104][105]
En los días posteriores continuaron las protestas de parte de la población ceutí contra la gestión de la crisis. El 28 de agosto, alrededor de un centenar de personas recorrieron durante casi tres horas las calles de la ciudad con banderas de España y Ceuta, silbatos y consignas como «invasores, expulsión». La marcha no registró los episodios violentos de la jornada anterior, aunque se produjeron momentos de tensión y gritos contra los migrantes.[309][310] El 29 de agosto, los organizadores de las protestas cancelaron una manifestación nocturna prevista para ese día ante la posible llegada de grupos ultraderechistas, según indicaron, para evitar que la movilización fuera aprovechada por personas que alentasen la violencia.[311][312]
El 31 de agosto, cientos de personas participaron en una concentración convocada por los bomberos de Ceuta en la plaza de los Reyes, a la que se sumaron trabajadores de los servicios esenciales. El acto comenzó con un minuto de silencio por las personas fallecidas durante la entrada masiva. Los asistentes reclamaron mayor seguridad, medios y protección fronteriza y dirigieron parte de sus críticas al delegado del Gobierno, al que reprocharon su gestión de la crisis con cánticos como «delegado, dimisión». Durante la protesta se corearon también consignas como «Ceuta es España», «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», «yo soy español, español, español» y «un caballa nunca se rinde». El manifiesto reclamó responsabilidades políticas y, al mismo tiempo, hizo un llamamiento a la unidad y rechazó la violencia y el señalamiento de personas por su origen, nacionalidad o religión.[313][314]
Ese mismo día, por la tarde, decenas de vecinos de la colonia militar de Otero, acompañados por la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, se concentraron contra la prevista utilización de una antigua fábrica de harina situada junto a sus viviendas como espacio de acogida de migrantes. Los asistentes reclamaron mayor información y garantías de seguridad, dirigieron críticas contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, y corearon consignas como «Ceuta no es un CETI», «delegado, dimisión» y «un caballa nunca se rinde». Los convocantes señalaron que su protesta reclamaba «seguridad, planificación y cumplimiento de la ley», rechazando el odio y el enfrentamiento.[315]
Confusión entre migrantes y población local
Desde la entrada masiva se denunciaron episodios en los que personas no migrantes fueron confundidas con migrantes y objeto de insultos o acoso. Entre los casos documentados se encontraban el de un joven negro de nacionalidad inglesa y el de una adolescente ceutí de 13 años, que fue acosada por manifestantes que la confundieron con una menor migrante.[316][317] RTVE también recogió testimonios de ceutíes musulmanes que denunciaron haber sufrido hostigamiento al ser confundidos con migrantes.[318]
Agresiones y hostigamiento a periodistas
El 15 de agosto, las autoridades marroquíes ordenaron abandonar Castillejos a los periodistas españoles de RTVE y de la Agencia EFE que cubrían los acontecimientos, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. Los periodistas se encontraban cubriendo la carga de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar a decenas de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que intentaban llegar a la frontera. El Gobierno español defendió la libertad de prensa e indicó que la Embajada de España en Marruecos se había mantenido en contacto con los periodistas afectados para tratar de resolver la situación. El presidente de RTVE, José Pablo López Sánchez, calificó la expulsión de «arbitraria» y de «obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información».[319][320][321] La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid condenaron la expulsión de los periodistas por parte del Gobierno marroquí e instaron al Gobierno de España a exigir a las autoridades marroquíes garantías de que no se repetiría.[322]La Ministra de Sanidad, Mónica García, también condenó la expulsión y expresó su solidaridad con los periodistas afectados.[323][324][325]
El 17 de agosto, durante una concentración ante el Palacio de la Asamblea de Ceuta con motivo de la visita de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, un manifestante agredió a un periodista de El Pueblo de Ceuta al confundirlo con uno de los migrantes llegados desde Marruecos y le espetó «Vete a tu país». El periodista, natural de Ceuta, respondió que era de allí. La Asociación de la Prensa de Ceuta condenó la agresión y señaló que el periodista había sido atacado por su condición de musulmán.[326][327][328]
Las agresiones y hostigamientos a periodistas se intensificaron durante las protestas de los días 26 y 27 de agosto. Un grupo de manifestantes increpó y acosó a periodistas que cubrían las movilizaciones; un reportero de La Sexta fue arrinconado, escupido y tuvo que ser protegido por agentes de la Policía Nacional, mientras otros periodistas fueron empujados o increpados durante su trabajo.[329][330][331] El 26 de agosto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condenó las agresiones y expresó su solidaridad con los profesionales que cubrían la crisis.[332]El 2 de septiembre, varios periodistas de RTVE fueron también increpados y agredidos durante las concentraciones relacionadas con la crisis migratoria en Madrid, Barcelona y Ceuta. La FAPE condenó las agresiones y reclamó mayor seguridad para los periodistas.[333][334][335] El 8 de septiembre, El País informó de nuevos episodios de agresiones, insultos e intimidaciones contra periodistas que cubrían las protestas en Ceuta y señaló que estos incidentes se habían repetido durante las semanas anteriores. Reporteros Sin Fronteras y el Sindicato de Periodistas de Andalucía en Ceuta y Melilla denunciaron la situación.[336]
Solidaridad y apoyo a los migrantes
La crisis también generó iniciativas de solidaridad entre parte de la población ceutí. Centenares de personas colaboraron en la atención de migrantes que permanecían en situación precaria, especialmente menores, mujeres y familias con niños. Vecinos y asociaciones habilitaron espacios de acogida y proporcionaron alimentos, agua, ropa y otros bienes básicos.[337][338][339]
En la barriada de Sidi Embarek, los vecinos habilitaron una pista polideportiva para acoger a mujeres, niñas y sus familias. Alrededor de 200 personas llegaron a permanecer en el campamento, mientras los residentes proporcionaban alimentos, atendían sus necesidades básicas y organizaban turnos de vigilancia.[265][340] La saturación del espacio y sus precarias condiciones sanitarias llevaron a los vecinos a reclamar a las autoridades su reubicación en instalaciones adecuadas.[265]
También surgieron iniciativas individuales de ayuda. Una vecina de la barriada de Los Rosales convirtió su vivienda en un punto de atención humanitaria desde el que atendía diariamente a unos 400 migrantes, proporcionándoles comida, agua, ropa y acceso a duchas con la ayuda de voluntarias y donaciones de otros vecinos.[341]
La ayuda vecinal y de las organizaciones sociales se mantuvo durante las semanas posteriores a la entrada masiva. Asociaciones de distintos barrios continuaron atendiendo a mujeres, menores y otras personas vulnerables, mediante alojamiento, alimentación y otras formas de asistencia. La ONG Luna Blanca mantuvo a finales de agosto el reparto de unas 3000 comidas diarias y denunció insultos, amenazas y presiones por prestar ayuda a los migrantes.[342][343][344]
Reacciones en el resto de España
Coincidiendo con el Día de Ceuta, para el 2 de septiembre se convocaron concentraciones simultáneas de apoyo a Ceuta en numerosos municipios españoles. La iniciativa fue impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuya presidenta, María José García-Pelayo, había realizado el llamamiento durante una visita a Ceuta el 25 de agosto. Los actos fueron convocados para las 20:00 horas frente a los ayuntamientos de los municipios y contaron con la adhesión de más de 260.[345][346]
Además de las concentraciones de la FEMP, en Madrid se celebraron otras movilizaciones de distinto signo. En la plaza de Callao se celebró otra manifestación contra el racismo y el fascismo, bajo el lema «Paremos los pies al racismo», convocada por la Asamblea Internacionalista de Madrid junto con otros colectivos sociales y organizaciones de la izquierda alternativa. La protesta reunió a varios cientos de personas y contó con el apoyo de formaciones de izquierda como Izquierda Unida y Podemos. También participó la eurodiputada Irene Montero, quien criticó al Gobierno por su respaldo a Marruecos y reivindicó la condición de seres humanos de las personas migrantes que permanecían en una playa de Ceuta.[347][348]
Por otro lado, en Madrid se celebró una concentración frente al Congreso de los Diputados, convocada por ciudadanos ceutíes residentes en la capital bajo el lema «Ceuta nos une». En ella participaron también grupos de extrema derecha como Núcleo Nacional y una organización juvenil vinculada a Vox. Los vecinos asistentes se desvincularon de estos grupos, que corearon consignas racistas. La concentración terminó con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional que respondió con material antidisturbios al lanzamiento de objetos. Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, fueron detenidas y cuatro agentes resultaron heridos.[348][349]
El Partido Popular anunció la participación de su dirección en las concentraciones, mientras que el PSOE y otras formaciones criticaron que la presidenta de la FEMP hubiera promovido los actos sin consenso previo entre los grupos representados en la federación. Algunos municipios gobernados por PSOE e Izquierda Unida convocaron actos alternativos de solidaridad con Ceuta.[346][350]
Reacciones políticas
Gobierno
Desde el Gobierno se rechazó que el procedimiento extraordinario de regularización de extranjeros hubiera provocado las entradas. El Ejecutivo señaló que dicho proceso exigía acreditar una residencia previa en España y sostuvo que no ofrecía ningún beneficio inmediato a quienes acababan de acceder a Ceuta.[143]
Por su parte, el Movimiento Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, se distanció de la postura mantenida por Sánchez y señaló al gobierno marroquí, calificando el incidente de «decisión política de una dictadura que ha puesto en riesgo, deliberadamente, la vida de miles de personas». También comparó los acontecimientos de Ceuta con la Marcha Verde sobre el Sáhara Occidental de 1975.[351] El 5 de agosto, Sumar presentó una proposición no de ley para que España promoviera una revisión del modelo de organización del Mundial de 2030, incluida la posibilidad de excluir a Marruecos como país anfitrión, en respuesta a la crisis de Ceuta.[352][353] Vox anunció que votaría a favor de la propuesta y Podemos manifestó también su apoyo.[354] Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Galego se mostraron favorables a la iniciativa, aunque el BNG la consideró una medida simbólica y reclamó otras actuaciones, entre ellas un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental.[355]
El 6 de agosto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, calificó de «propagandístico y electoral» el uso que, a su juicio, el Partido Popular y Vox estaban haciendo de la crisis de Ceuta y defendió el traslado de los menores no acompañados a otras comunidades autónomas.[356][357]
El 7 de agosto, Rego cifró en 1342 los menores registrados en el sistema de acogida de Ceuta y reclamó acelerar su derivación a otras comunidades. En los días siguientes, el Ministerio anunció medidas para agilizar la identificación y acogida de los menores y habilitar nuevos espacios, así como el desplazamiento de un equipo técnico a Ceuta. Rego señaló que la prioridad sería la reagrupación familiar, con un análisis individualizado de cada caso, y anunció un crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender la situación.[358][359][360]
El 11 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó que todas las personas que habían entrado irregularmente los días 30 y 31 de julio serían devueltas y destacó la disposición de Marruecos a colaborar en los retornos. Asimismo, pidió a la Unión Europea reforzar su apoyo a Ceuta.[361][362]
El 13 de agosto, Rego volvió a criticar la actuación del PP y Vox ante la situación de los menores. Acusó al PP de negarse a debatir sobre su situación y criticó la ausencia de Vox en la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Afirmó que «bloquear el debate» era «un síntoma de falta de argumentos» y defendió la colaboración de las comunidades autónomas en la atención de los menores mediante vías como la reunificación familiar, el acogimiento institucional y el acogimiento familiar.[363][364][365]
El 29 de agosto, el PSOE comunicó a sus cargos públicos que no participarían en las concentraciones ante los ayuntamientos españoles en apoyo a Ceuta, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el 2 de septiembre, fiesta de la ciudad. El partido gobernante consideró que la convocatoria había sido asumida unilateralmente por la FEMP y estaba siendo utilizada políticamente por el PP.[366]
El 31 de agosto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuyó lo ocurrido a la tergiversación de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, unido a la propagación de bulos y desinformación por parte de redes rusas e israelíes, y a una «internacional ultraderechista» que «utilizan siempre la migración, no solamente para atacar a España sino también a Europa». Además aseguró que no hay «ninguna información» que apunte a Marruecos como origen de la crisis migratoria. También anunció que el rey de España, Felipe VI, visitará Ceuta «cuando se den las condiciones para ello».[367]
El 8 de septiembre, el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestionó la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y señaló su anterior vinculación con el Partido Popular. El Gobierno respaldó sus declaraciones y criticó la filtración del auto judicial, mientras que el PSOE también puso en duda la imparcialidad de la magistrada.[368][369]
Oposición
El Partido Popular responsabilizó al Gobierno de haber reaccionado tarde y vinculó la crisis con la política migratoria del Ejecutivo y con el deterioro de las relaciones con Marruecos. Sus dirigentes exigieron una mayor presión diplomática sobre Rabat, el refuerzo permanente de las fronteras de Ceuta y Melilla y una revisión de las políticas de regularización de extranjeros.[148] Vox describió los acontecimientos como una «invasión» y reclamó el cierre total de la frontera, la devolución inmediata de quienes hubieran entrado irregularmente y la movilización de las Fuerzas Armadas.[148]
El 13 de agosto, las comunidades gobernadas por el PP rechazaron incluir en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto específico sobre la atención a los menores migrantes no acompañados que permanecían en Ceuta. Las comunidades de Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde las competencias de infancia estaban en manos de Vox, no acudieron a la reunión preparatoria.[365][364][363]
Desde el propio PSOE de Ceuta, el diputado de la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo, Melchor León, pidió el 15 de agosto la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, al que reprochó su actuación durante la crisis.[370][371]
El 23 de agosto, Feijóo pidió al Gobierno que estudiara la posibilidad de decretar un confinamiento en Ceuta por motivos de salud pública, alegando la existencia de enfermedades infectocontagiosas entre las personas llegadas durante la crisis.[372][373] La ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó la propuesta por considerarla injustificada y potencialmente contraproducente, negó que existiera un riesgo sanitario general por tuberculosis o sarna y señaló que los casos de tuberculosis detectados entre los migrantes no eran contagiosos.[374][375]
El 29 de agosto, el portavoz de Ceuta Ya, Mohamed Mustafa, denunció ante la Policía una amenaza de muerte recibida a través de las redes sociales. Anteriormente, otros miembros de la formación también habían denunciado amenazas e incidentes.[376]El 2 de septiembre, Mustafa alertó sobre el aumento de la tensión social en la ciudad y criticó el uso del término «invasores» para referirse a las personas migrantes, al considerar que contribuía a su deshumanización y podía favorecer la justificación de actos violentos.[377]
Internacionales
Tensiones entre España e Italia
La crisis provocó tensiones diplomáticas entre España e Italia. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que la llegada masiva constituía una amenaza para la seguridad europea y, el 31 de julio, anunció el restablecimiento temporal de controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas con España, con entrada en vigor el 1 de agosto y una duración inicial de un mes. Según el Gobierno italiano, los controles afectarían a ciudadanos de terceros países procedentes de España. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, vinculó además la situación con las políticas españolas de regularización de migrantes.[378][379][380][381][382]
El Gobierno español rechazó las medidas italianas y convocó al embajador de Italia en Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó los controles de «injustos e injustificables» y sostuvo que los movimientos secundarios de migrantes desde España hacia Italia eran prácticamente inexistentes. Tras la negativa italiana a retirarlos, España anunció el 7 de agosto el restablecimiento temporal de controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas con Italia, que comenzaron a aplicarse al día siguiente y fueron inicialmente establecidos hasta el 7 de septiembre.[383][384][385]
Los controles españoles se limitaron a vuelos y enlaces marítimos de pasajeros cuyo último punto de salida se encontrara en Italia y se justificaron oficialmente por la presión migratoria y los riesgos asociados a los movimientos migratorios irregulares y la delincuencia transfronteriza.[384]
El 31 de agosto, Italia prorrogó otros quince días los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España, por lo que la medida se mantendría hasta mediados de septiembre.[386] El 5 de septiembre, España prorrogó asimismo sus controles a los viajeros procedentes de Italia hasta el 22 de septiembre.[387]
Las medidas anunciadas no supusieron la expulsión de España del espacio Schengen. El Código de fronteras Schengen permite a los Estados restablecer temporalmente controles en sus fronteras interiores por razones de orden público o seguridad, pero no contempla que un país pueda suspender unilateralmente la pertenencia de otro Estado miembro. Por ello, las declaraciones sobre una posible «expulsión» o «suspensión de España» fueron interpretadas principalmente como propuestas políticas para introducir controles fronterizos temporales.[388]
Reacciones de otros Estados europeos
El 31 de julio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad con Pedro Sánchez y España, ofreciendo el apoyo francés y europeo, incluida la asistencia de Frontex, al tiempo que subrayó la necesidad de proteger las fronteras exteriores de la UE. Macron también anunció el refuerzo de los controles fronterizos franceses con España y elogió la cooperación con Marruecos en materia de retornos.[389]
El canciller alemán, Friedrich Merz, reclamó la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y pidió a Marruecos que readmitiera a los migrantes que habían entrado irregularmente en Ceuta.[232]
El 1 de agosto, los Gobiernos de 22 Estados miembros de la Unión Europea[390] reclamaron una reunión extraordinaria de los ministros del Interior para evaluar la crisis y acordar una respuesta europea coordinada. En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea y a la presidencia de turno del Consejo, los firmantes pidieron reforzar las fronteras exteriores de la Unión, movilizar los instrumentos europeos disponibles y aumentar el apoyo de Frontex y la cooperación con Marruecos. También advirtieron de que determinadas políticas migratorias podían actuar como «factores de atracción» y se mostraron dispuestos a reforzar o restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores ante el riesgo de movimientos secundarios.[391][392]
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de «bastante asimétrica» la reacción de los gobiernos europeos ante la crisis. En una carta dirigida a los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo y a la presidencia de turno del Consejo, señaló que mientras la mayoría de los Estados había mostrado su apoyo, solidaridad y ofrecido ayuda, otros habían optado por «atacar a España» y plantear su exclusión temporal del espacio Schengen. Sánchez atribuyó estas posiciones a posibles «prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos» y las consideró contrarias al Derecho europeo, al Derecho humanitario y al principio de solidaridad. Asimismo, solicitó una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la Unión Europea para acordar una respuesta común ante situaciones similares.[393][394][395] El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó estas posiciones de «egoístas, insolidarias y poco responsables».[396]
Organizaciones humanitarias y de derechos humanos
Diversas organizaciones humanitarias y derechos humanos reclamaron que las medidas de control fronterizo respetaran el derecho de asilo y el principio de no devolución.[397] UNICEF manifestó especial preocupación por el elevado número de menores no acompañados y solicitó que fueran identificados y alojados en instalaciones adecuadas, separados de los adultos y protegidos frente a posibles situaciones de trata o explotación.[148]
El 30 de julio, el director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, advirtió de que la devolución de todas las personas que habían accedido a Ceuta podía «socavar» el derecho de asilo. Valiente afirmó que Marruecos no era un país seguro y reclamó que la situación de cada persona fuera examinada individualmente, especialmente en el caso de quienes pudieran necesitar protección internacional. Asimismo, reclamó una derivación rápida hacia la península para descongestionar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que se encontraba desbordado.[398][399][400]
El 13 de agosto, Amnistía Internacional solicitó al Gobierno español información sobre su respuesta a la llegada masiva y expresó su preocupación por informes de posibles devoluciones forzosas, sumarias e ilegales hacia Marruecos. La organización señaló que las personas que hubieran cruzado la frontera debían ser objeto de una evaluación individualizada, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, y tener la posibilidad de formalizar solicitudes de asilo.[401][402]
El 18 de agosto, CEAR consideró insuficientes las 1500 plazas previstas en los nuevos espacios de acogida y reclamó que se garantizara la identificación individual, la detección de situaciones de vulnerabilidad y el acceso al procedimiento de asilo, además de una derivación a la península.[403]
Otras reacciones internacionales
El Gobierno alemán expresó su solidaridad con España y defendió una respuesta europea coordinada. Francia manifestó su preocupación por el control de las fronteras exteriores y justificó el refuerzo de sus controles terrestres como una medida preventiva. Otros gobiernos europeos reclamaron una mayor cooperación con Marruecos y la intervención de Frontex.[143][232]
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, criticó la gestión española de la crisis migratoria y opinó que España debía explicar «por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África», en referencia a Ceuta y Melilla. Sus declaraciones suscitaron una respuesta del ministro español Óscar Puente, quien las interpretó como un cuestionamiento de la soberanía española sobre ambas ciudades.[404]
Durante la crisis también reaparecieron en redes sociales unos mensajes publicados en 2019 por Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en los que animaba a «liberar» Ceuta y Melilla. La propia información recordaba que, tras aquella polémica, la Embajada de Israel en España reiteró que dichos mensajes no representaban la posición oficial del Estado de Israel respecto a la soberanía de las ciudades autónomas.[404] El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, se burló de España en X, felicitando sarcásticamente al presidente del Gobierno, Sánchez, y a España por su «profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la "diversidad humana"».[405] Ben-Gvir también instó a España a acoger a los gazatíes que soliciten asilo en España, vinculando al gobierno español con una supuesta simpatía hacia Hamás.[406] Israel y Marruecos han mantenido estrechas relaciones políticas, económicas y militares, siendo Israel uno de los pocos países que reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.[407]
El 31 de julio, El Gobierno chino expresó su oposición a «cualquier forma de inmigración ilegal» y pidió reforzar la coordinación entre las partes para abordar la crisis.[408] Nigel Farage, líder de Reform UK, criticó las políticas migratorias de España, argumentando que fomentaban la migración ilegal y advirtiendo que situaciones similares podrían extenderse al Reino Unido y Europa, pidiendo controles fronterizos más estrictos y describiendo la crisis como un desafío más amplio para la seguridad y la gobernanza europeas.[409] El 2 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabilizó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de la crisis migratoria de Ceuta y vinculó los acontecimientos con la relación entre Marruecos e Israel.[410]
El 6 de agosto, el diario El Mundo publicó que la posibilidad de que la llegada masiva de migrantes a Ceuta formara parte de una operación de inteligencia impulsada por Marruecos e Israel para desestabilizar a España se había planteado en algunos círculos académicos y de inteligencia chinos. Según el diario, funcionarios y diplomáticos chinos también se preguntaban si el asalto a Ceuta podía guardar relación con el deterioro de las relaciones entre España e Israel.[411] El 11 de agosto, la politóloga Nadia Helmy abordó esta cuestión en un artículo publicado en Modern Diplomacy. En él relacionó la crisis de Ceuta con el papel de Marruecos en la configuración de una nueva arquitectura de seguridad en Oriente Medio. No obstante, Helmy afirmó que no existían pruebas públicas de una relación causal entre ambos acontecimientos ni de una operación coordinada entre Marruecos, Estados Unidos e Israel.[412]
Desinformación
La crisis estuvo acompañada por la difusión de numerosos contenidos falsos o descontextualizados en redes sociales. RTVE Verifica, Newtral y Maldita.es desmintieron la circulación de vídeos antiguos atribuidos erróneamente a los incidentes, imágenes grabadas en otros países, cifras incorrectas sobre el número de personas implicadas y otras publicaciones virales relacionadas con la actuación de las autoridades españolas y marroquíes. Asimismo, circularon afirmaciones falsas o engañosas sobre el estatus de Ceuta y Melilla, presentadas como «colonias» españolas.[413][414][415][416] Diversos medios señalaron asimismo la existencia de campañas de desinformación relacionadas con la crisis y de mensajes destinados a reforzar distintas narrativas sobre la inmigración y la gestión de los acontecimientos.[417][418]
Contenidos falsos y engañosos
Una investigación de VerificaRTVE publicada el 6 de agosto analizó casi 6000 mensajes difundidos en grupos y comunidades de WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok y documentó la circulación de informaciones falsas o engañosas relacionadas con la sentencia del Tribunal Supremo y con las condiciones de acogida en España. Entre otros contenidos, se difundió la idea de que las personas que entraran en Ceuta serían trasladadas a la península y acogidas por las autoridades. La investigación también constató la difusión de nuevos llamamientos para una posible entrada masiva en Ceuta y Melilla y señaló que la Guardia Civil investigaba su alcance.[260]
El 26 de agosto, varios integrantes del Partido Popular, entre ellos el diputado Rafael Hernando, difundieron en redes sociales una fotografía de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra como si correspondiera a esos días. La imagen, sin embargo, había sido tomada durante una visita privada realizada el 31 de agosto de 2024.[419][420] La difusión de la fotografía se produjo después de que ABC publicase que Sánchez tenía previsto viajar a Andorra entre el 27 y el 30 de agosto para concluir sus vacaciones,[421][422] lo fue desmentido por el Gobierno.[420] A finales de agosto también circularon en redes sociales acusaciones falsas contra organizaciones humanitarias. En particular, se difundieron vídeos que afirmaban que miembros de la ONG No Name Kitchen repartían aerosoles de pimienta entre los migrantes para que los utilizaran contra ciudadanos y miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, la verificación no encontró pruebas de ese supuesto reparto y las imágenes difundidas no mostraban dicha acción. La organización negó las acusaciones y afirmó que algunos de sus miembros habían recibido amenazas de muerte a raíz de ellas.[423]Asimismo, se difundió un bulo sobre que una cadena de supermercados denunció la compra en su centro en Ceuta de grandes cantidades de material para fabricar explosivos por parte de migrantes y de miembros de No Name Kitchen. Tanto la empresa de supermercados como la organización desmintieron el bulo. Esta última explicó a Verifica RTVE que normalmente compran papel de aluminio para el reparto de alimentos, así como productos disolventes destinados a limpieza, pero «no cantidades ingentes para explosivos». El Ministerio de Interior también negó que la Policía o la Guardia Civil estuvieran investigando a «ninguna ONG» por facilitar a migrantes productos para fabricar explosivos. El principal propagador del bulo fue el periódico digital La Gaceta de la Iberosfera, vinculado a Vox.[424][425][426]
La falta de información sobre el paradero de algunas de las personas desaparecidas tras la entrada masiva también propició posibles estafas dirigidas a sus familiares. Newtral documentó casos de la denominada «estafa de la prueba de vida», en la que los estafadores ofrecen supuesta información sobre el paradero de una persona desaparecida o elementos personales que permitirían acreditar que sigue con vida a cambio de dinero. El analista Marcelino Madrigal identificó indicios de este tipo de fraude entre familiares de personas desaparecidas en Ceuta.[427][428]
Discurso de odio en redes sociales
La difusión de contenidos falsos o engañosos estuvo acompañada asimismo de un incremento del discurso de odio en redes sociales. Según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), el sistema de monitorización FARO detectó 57 406 contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias durante julio, frente a 40 800 en junio. Los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la entrada masiva en Ceuta, se registraron 9590 contenidos, lo que supuso un pico de los mensajes de odio. Las personas procedentes del norte de África fueron el principal grupo diana, al concentrar el 68 % de los contenidos analizados.[429][430]
Injerencia extranjera
A partir del 1 de agosto, después de la entrada masiva, cuentas vinculadas a Rusia difundieron y amplificaron narrativas de extrema derecha sobre la crisis de Ceuta. Un análisis del grupo 411, especializado en desinformación, identificó cuentas vinculadas a la operación rusa Pravda que amplificaron mensajes que presentaban la entrada masiva como un «asalto» deliberadamente coordinado y difundían teorías conspirativas de carácter islamófobo y antisemita. Según el análisis, estas narrativas alcanzaron más de 720 000 visualizaciones en seis horas el 1 de agosto.[431][432]
El 31 de agosto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que Rusia e Israel habían desempeñado un papel en la difusión de desinformación relacionada con la crisis y señaló como fuente informes del Servicio Europeo de Acción Exterior que no habían sido publicados. Israel y Rusia rechazaron las acusaciones. Posteriormente, el 3 de septiembre, Sánchez precisó en el Congreso que no se había probado la implicación de los Estados de Marruecos, Rusia o Israel en la entrada masiva, sino la actuación de redes prorrusas e israelíes. La Comisión Europea confirmó que había detectado intentos de Rusia de aprovechar la crisis en internet, aunque señaló que no existían pruebas concluyentes de que la crisis hubiera sido provocada por actores estatales extranjeros.[433][431][434]
Teorías conspirativas sobre el origen de la crisis
También se difundieron en redes sociales teorías que atribuían la crisis a una supuesta operación de Israel y Marruecos contra el Gobierno español. ABC informó de su amplia difusión y la calificó de «teoría conspirativa».[435] Associated Press señaló que no existían pruebas que respaldaran las afirmaciones que vinculaban a Israel o Estados Unidos con la organización de las entradas masivas.[436]
EFE Verifica y France 24 informaron de la difusión de una cuenta de X que se hacía pasar por el Mosad y que atribuía a dicho servicio de inteligencia la autoría de la crisis. La cuenta no era oficial y fue suspendida tras la viralización del mensaje.[437][438] El Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo identificó 119 cuentas de personas influyentes a las que atribuyó 173 publicaciones que difundían una «conspiración antisemita global» relacionada con la crisis de Ceuta. Según el mismo análisis, estas publicaciones superaron los 57 millones de visualizaciones y alcanzaron potencialmente a 103 millones de personas durante los dos primeros días de la crisis.[439]
Varios miembros de la comunidad judía de Ceuta rechazaron las teorías que atribuían a Israel y Estados Unidos un papel en la organización de la entrada masiva y las calificaron de conspirativas y sin fundamento.[440]
Véase también
- Incidente fronterizo entre España y Marruecos de 2021
- Tragedia de la valla de Melilla
- Crisis migratoria en Europa de 2015
- Conflicto diplomático entre España y Marruecos de 2007
- Incidente de la isla de Perejil
- Crisis migratoria entre Bielorrusia y la Unión Europea de 2021-2022 (situación similar en el que una de las partes fue acusada de utilizar la inmigración como arma de presión)
