De facto
locución latina que indica realidad práctica más que teórica
From Wikipedia, the free encyclopedia
De facto es una locución latina que significa literalmente ‘de hecho’,[1] esto es, por la fuerza de los hechos, aunque carezca de reconocimiento jurídico.[2] Se opone a de iure, que significa ‘de derecho’.[3]
Jurisprudencia y derecho de facto
En jurisprudencia, una ley de facto (también conocida como reglamento de facto) es una ley o reglamento que se sigue pero "no está específicamente enumerado por una ley".[4] Por definición, de facto 'contrasta' con de iure que significa "según lo definido por la ley" o "como una cuestión de derecho".[5][6] Por ejemplo, si una ley particular existe en una jurisdicción, pero se sigue en otra donde no tiene efecto legal (como en otro país), entonces la ley podría considerarse una regulación de facto (una regulación de facto" no es una clasificación legal prescrita oficialmente para un tipo de ley en una jurisdicción particular, sino que es un concepto sobre la(s) ley(es).[7][8][5]
Una regulación de facto "puede" ser seguida por una organización como resultado del tamaño del mercado de la "jurisdicción que impone la regulación" como proporción del mercado general; donde la participación de mercado es tan grande que resulta en que la organización elija cumplir implementando un estándar de negocios con respecto a la ley "de facto" dada en lugar de alterar los estándares entre diferentes jurisdicciones y mercados (por ejemplo, protección de datos, fabricación, etc.).[9][10][11][12] La decisión de cumplir voluntariamente puede ser el resultado de: un deseo de simplificar los procesos de fabricación y la rentabilidad, la demanda y las expectativas de los consumidores u otros factores conocidos solo por quien cumple.[ejemplo requerido]
En penas de prisión, el término cadena perpetua de facto (también conocida como cadena perpetua "virtual") se utiliza para describir una "cadena no perpetua" que es lo suficientemente larga como para terminar después de que la persona condenada probablemente hubiera muerto debido a la vejez, o lo suficientemente larga como para hacer que la persona condenada "viva la mayor parte de su vida en prisión antes de su liberación".[13][14]
Gobierno y cultura
Idiomas nacionales
Diversos Estados, entre ellos Australia, Japón, México, el Reino Unido, los Estados Unidos y Chile, poseen una lengua nacional de facto, sin contar con un idioma oficial reconocido de iure.
Algunos países presentan una coexistencia entre un idioma oficial y otro de carácter de facto. En el Líbano y Marruecos, el árabe constituye la lengua oficial del Estado (junto al amazig en el caso marroquí), mientras que el francés mantiene un estatus operativo y cultural de facto. En Nueva Zelanda, los idiomas oficiales son el maorí y el lenguaje de señas neozelandés, aunque el inglés funciona como tercera lengua nacional de facto debido a su predominio en la administración, la educación y los medios de comunicación.
El ruso desempeñó el rol de idioma oficial de facto tanto del gobierno central como de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética, sin haber sido declarado formalmente idioma estatal de iure hasta 1990. Una disposición legal promulgada el 24 de abril de ese año instituyó al ruso como único idioma oficial de iure de la Unión, antes de su disolución en 1991.[15]
Gobernanza y soberanía
Un gobierno de facto se configura cuando la totalidad de los atributos de la soberanía son transferidos, mediante mecanismos de usurpación, desde las autoridades legítimamente investidas hacia otras, que, sostenidas por una estructura de poder extralegal, asumen la función y el ejercicio efectivo de la autoridad estatal.[16]
En el ámbito político, un líder de facto es aquel que detenta el poder real sobre un Estado o región, independientemente de la legalidad o legitimidad de los medios por los cuales accedió al mando. Este término suele aplicarse a individuos que consolidan su autoridad mediante vías no constitucionales, frecuentemente tras el derrocamiento o debilitamiento de un régimen legítimo. Dichos líderes pueden carecer de cargo constitucional y ejercer su influencia a través de mecanismos informales de control político o militar.
No todos los dictadores son necesariamente gobernantes de facto. Por ejemplo, Augusto Pinochet en Chile asumió inicialmente como presidente de una junta militar, lo que lo convirtió en líder de facto del país; sin embargo, al modificar la Constitución y autoproclamarse presidente, adquirió el rango de gobernante de iure. De manera similar, el dominio político de Sadam Huseín en Irak se consolidó antes de su elección formal en 1979, cuando, desde la vicepresidencia, ejercía una autoridad sustantiva sobre el anciano presidente Ahmed Hasán al Bakr.
En Argentina, los sucesivos golpes militares que interrumpieron el orden constitucional establecieron gobiernos de facto en 1930-1932, 1943-1946, 1955-1958, 1966-1973 y 1976-1983, siendo este último el que concentró los poderes del Congreso Nacional en la figura presidencial. El análisis jurídico derivado de tales procesos dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto, un principio jurisprudencial que reconocía la validez transitoria de los actos de dichos gobiernos, aun careciendo de legitimidad formal, hasta su derogación o sustitución por un régimen legítimo posterior.
Dicha doctrina fue derogada por la reforma constitucional de 1994. El artículo 36 dispone:
- (1) Esta Constitución mantendrá su vigencia incluso si su observancia es interrumpida por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Tales actos serán irreparablemente nulos.
- (2) Sus autores serán penados conforme al artículo 29, inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones públicas y excluidos de beneficios de indulto o conmutación de pena.
- (3) Quienes, como consecuencia de estos actos, asuman funciones previstas por la Constitución nacional o provinciales, serán castigados con igual severidad, respondiendo civil y penalmente por sus actos.
- (4) Los ciudadanos tendrán el derecho de oponer resistencia a quienes incurran en tales actos de fuerza.
- (5) El que, buscando enriquecimiento personal, cometa delitos graves de fraude contra la Nación, incurrirá también en subversión del sistema democrático, quedando inhabilitado para ejercer cargos públicos por el periodo que establezca la ley.
- (6) El Congreso dictará una ley de ética pública aplicable al ejercicio de las funciones gubernamentales.
Ejemplos paradigmáticos de líderes de facto incluyen a Deng Xiaoping en la República Popular China, quien ejerció el liderazgo real del Estado entre 1978 y 1992 pese a no ocupar formalmente el cargo de jefe de Estado,[17][18] y al general Manuel Noriega en Panamá,[19][20] quienes ejercieron poder efectivo sobre sus respectivos Estados sin poseer autoridad constitucional formal.
Un ejemplo contemporáneo de líder de facto es Ahmed al-Charaa, quien asumió el control político de Siria tras el colapso del régimen de Asad.[21]
Asimismo, existen casos en los cuales la autoridad de facto se ejerce indirectamente, mediante la influencia determinante sobre el gobernante legítimo, fenómeno frecuente en las monarquías. Ejemplos históricos de tales figuras son la emperatriz viuda Cixí de la China,[22][23] el príncipe Aleksandr Ménshikov (por su relación con la emperatriz Catalina I de Rusia), el cardenal Richelieu de Francia (por Luis XIII), la reina Isabel Farnesio (por Felipe V) y la reina María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (por Fernando I de las Dos Sicilias).
