Febrero Negro
período de disturbios civiles en Bolivia
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Febrero Negro es el nombre que recibe un período de conflictividad social en la sede de gobierno de Bolivia, La Paz, que tuvo lugar entre el 12 y el 13 de febrero de 2003. Los disturbios se desencadenaron por la imposición de un impuesto progresivo a los salarios, denominado el impuestazo, destinado a cumplir con el objetivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el déficit fiscal del país del 8,7 % del producto interno bruto (PIB) al 5,5 %. La medida movilizó a una amplia diversidad de sectores en contra de la propuesta, entre ellos grupos empresariales, sindicatos y estudiantes universitarios.
| Febrero Negro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | 12-13 de febrero de 2003 | |||
| Lugar | Bolivia | |||
| Coordenadas | 16°29′45″S 68°08′00″O | |||
| Acción | Huelgas laborales y policiales, protestas, manifestaciones y disturbios | |||
| Causas | Propuesta de reforma fiscal del gobierno | |||
| Resultado | Retirada de la propuesta de reforma fiscal | |||
| Partes enfrentadas | ||||
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El punto culminante del descontento público se produjo cuando el Cuerpo Nacional de Policía se amotinó contra el gobierno, lo que dio lugar a enfrentamientos armados violentos entre la policía y el Ejército. En el segundo día de disturbios, el gobierno y la policía alcanzaron un acuerdo, y las fuerzas del orden sofocaron la violencia. Para entonces, grupos de manifestantes habían apedreado el Palacio Quemado, incendiado la Vicepresidencia y el Ministerio de Hacienda, y atacado otros edificios públicos y municipales. El saldo oficial fue de treinta y un muertos y 268 heridos, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) atribuyó la responsabilidad de la convulsión social a la Policía Nacional. Un total de diecinueve personas fueron imputadas por las muertes ocasionadas, y el juicio fue instalado en 2008. Sin embargo, el proceso judicial se encuentra paralizado y, hasta 2026, el juicio no ha sido iniciado.
Antecedentes
A partir de 1998, la economía boliviana, caracterizada por un período de crecimiento lento desde 1986, entró en una fase de desaceleración provocada por factores externos: el deterioro de los términos de intercambio y la reversión de los flujos de capital.[1] Al finalizar 2002, Bolivia, que ingresaba en su quinto año de recesión, enfrentaba una grave crisis financiera: el desempleo alcanzaba el 7,7 %, el crecimiento del PIB fue de apenas 2,5 % (muy por debajo del 8 % proyectado) y la deuda externa había llegado al 54,2 % del PIB.[2] De manera particularmente urgente, el déficit fiscal se había disparado del 3,3 % del ingreso nacional en 1997 al 8,7 % en 2002. Este último factor llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a exigir que el gobierno boliviano redujera el déficit al 5,5 % del PIB. Para ello se requería un recorte de 250 millones de dólares estadounidenses, equivalentes al 8 % del presupuesto nacional. El incumplimiento habría significado la retirada del acuerdo de financiamiento a largo plazo del FMI. Sin ese acuerdo, el gobierno boliviano enfrentaba la pérdida no solo de préstamos del Fondo, sino también de millones de dólares en ayuda externa provenientes de Dinamarca, Alemania y Suecia.[3]
Tras los sucesos de febrero, el FMI sostuvo que el gobierno boliviano había aceptado plenamente la meta del 5,5 %. Sin embargo, Carlos Mesa (entonces vicepresidente) afirmó que el gobierno había advertido a funcionarios del FMI que los recortes presupuestarios necesarios para cumplir esa meta eran demasiado drásticos. Aun así, según el director nacional de Presupuesto, Edwin Aldunate, el FMI se mantuvo firme en el 5,5 %, rechazando la contrapropuesta boliviana de fijar la meta en 6,5 %, pese a haber sido advertido de los “serios problemas sociales” que podían generar las políticas requeridas para alcanzar el objetivo del organismo.[3]
Para cumplir las exigencias del FMI, el gobierno inicialmente apuntó a las petroleras extranjeras, elaborando un plan tributario que habría generado hasta 160 millones de dólares anuales. No obstante, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada descartó pronto esa idea, al temer que dañara la capacidad del país de proyectar una imagen estable ante los inversores extranjeros. En su lugar, el presidente y sus asesores acordaron una segunda propuesta: un impuesto progresivo a los ingresos dirigido al 4 % más rico de la población, con una recaudación estimada de 20 millones de dólares anuales. Dado el bajo monto de ingresos, se decidió ampliar el impuesto a todas las personas que percibieran el doble del salario mínimo nacional.[4] En un discurso a la nación la noche del 9 de febrero de 2003, Sánchez de Lozada presentó al Congreso su propuesta de austeridad fiscal en el marco del Presupuesto General del Estado de 2003. La iniciativa proyectaba un aumento del 25 % de la inversión pública (unos 1 000 millones de dólares), un incremento del salario mínimo del 2,45 % (de 430 a 440,5 Bs), y una reducción del 0,5 % en los impuestos al consumo y a las transacciones financieras. Además, proponía una reducción del 10 % de los gastos burocráticos del Estado: del gobierno central, el legislativo y el judicial. Con ello, Sánchez de Lozada esperaba liberar 280 millones de bolivianos hacia la economía.[5][6] La controversia surgió por la imposición de un impuesto a los salarios para quienes ganaran más de 880 bolivianos mensuales, con una tasa progresiva que alcanzaría el 12,5 %.[5] Según Los Tiempos, la medida habría afectado a 500 000 trabajadores, alrededor del 5 % de la población y aproximadamente el 25 % de la población asalariada.[6][7] Para los sectores de menores ingresos (como enfermeras, policías y maestros), el alza equivalía a dos dólares mensuales adicionales o lo suficiente para comprar alimentos para tres días.[8]
Febrero Negro
Huelgas generales
El anuncio del impuesto fue rechazado casi de manera unánime por la población. Empresarios, partidos de oposición y sindicatos amenazaron con movilizarse contra el impuestazo.[9] El diputado Evo Morales (líder de la oposición y dirigente de los sindicatos cocaleros) calificó la propuesta como un intento de “descargar la crisis económica sobre las espaldas del pueblo”.[10] El Estado Mayor del Pueblo (un conglomerado de organizaciones sociales opositoras al gobierno del que Morales era miembro) anunció movilizaciones en Cochabamba contra el impuesto. También lo hizo la Central Obrera Boliviana (COB), que rompió las negociaciones sobre seguridad social que mantenía con el gobierno y declaró una huelga general de 24 horas. Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) propuso una “rebelión” abierta contra el gobierno, en coordinación con otras organizaciones sindicales.[9]
El sector empresarial también se opuso al proyecto, al considerarlo perjudicial para la economía por reducir el consumo, aumentar el desempleo y promover la economía informal, que evade el pago de impuestos. En una reunión de emergencia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó una reunión urgente con Sánchez de Lozada para negociar la reversión del proyecto tributario.[5][9] Sánchez de Lozada se mantuvo firme, sosteniendo que cualquier otro plan presupuestario sería inviable sin “poner en peligro la estabilidad de nuestra economía ... Si no se aprueba un presupuesto como éste, [Bolivia] va ir a un colapso económico”.[11]
El impuesto también se discutía entre oficiales de base de la Policía Nacional (PN), ya que sus salarios de 880 bolivianos se verían directamente afectados.[12] La fuerza policial, mayoritariamente aimara y caracterizada por el respeto a formas de toma de decisiones comunitaria, resolvió oponerse a la reforma tributaria del gobierno.[13] En el centro de estas discusiones se encontraba el Grupo Especial de Seguridad (GES)[15] bajo el mando del mayor Vargas tenía antecedentes de participación en actos considerados “sediciosos” por el gobierno, pues había intervenido en la llamada Guerra del agua en Cochabamba menos de tres años antes, aunque no enfrentó repercusiones legales.[16] El GES exigía un aumento del 40 % en los salarios policiales.[17] Además, pedía modificar el proyecto para que solo se aplicara a los sectores más acomodados, con ingresos equivalentes a 660 dólares mensuales. Si se cumplían sus demandas, los efectivos se comprometían a cesar las protestas. Aunque el ministro de Gobierno Alberto Gasser había declarado públicamente que el impuesto era “no negociable”, se reunió al día siguiente con el alto mando policial.[13]
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Motín policial
Gasser llegó a la sede del GES a las 6:00 de la mañana del 12 de febrero, donde comunicó a Vargas y a otros oficiales superiores que el impuesto no podía retirarse debido al compromiso del gobierno con el FMI.[13] Para entonces, policías uniformados y de civil de distintas unidades ya se congregaban alrededor de la sede, ubicada a media cuadra de la Plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio Quemado (palacio presidencial) y otras instituciones gubernamentales. Durante la mañana, policías de La Paz y sus alrededores abandonaron sus puestos y se reunieron en las inmediaciones de la plaza y del GES, armados con armas policiales y equipos antidisturbios. Se les unieron cadetes trasladados desde la Academia Nacional de Policías, así como bomberos y algunos jubilados. Algunos efectivos se ubicaron en el techo del GES y desde allí se desplazaron al edificio adyacente de la Cancillería.[18][14]
A las 10:00, alrededor de 100 policías comenzaron a marchar por la plaza, gritando sus demandas hacia las ventanas del Palacio Quemado, donde el presidente Sánchez de Lozada, el vicepresidente Mesa y el gabinete se habían reunido en una sesión de emergencia una hora antes.[19][13] Tras deliberar, se decidió no ceder a las demandas de la PN y, en su lugar, intentar negociar con Vargas y los amotinados. Sánchez de Lozada delegó esta tarea a sus ministros de Presidencia, Gobierno y Defensa: Alberto Gasser y Freddy Teodovich, respectivamente.[20] Poco después de las 10:30, el presidente contactó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, John W. Snow, para solicitar 120 millones de dólares en ayuda, con el fin de contar con margen para eventuales modificaciones al proyecto impositivo. Snow ofreció 15 millones de dólares, cifra que Sánchez de Lozada consideró insultante e inaceptable. Según Mesa, el presidente respondió, en perfecto inglés, que con eso “ni siquiera podía pagar los cigarros que fumaba”, y colgó.[7] Poco después, el jefe de seguridad del palacio ordenó que todos se trasladaran al tercer piso. De acuerdo con el relato de Mesa, la conversación giró hacia la macroeconomía con una intención implícita de “separarse de la realidad dramática”.[7]
Protestas estudiantiles
Fuera del Palacio Quemado, la situación se deterioraba rápidamente. Entre las 10:00 y las 11:00, estudiantes del Colegio Ayacucho abandonaron su establecimiento para sumarse a las protestas en la plaza, pero fueron repelidos en la esquina de las calles Ayacucho y Comercio por unidades de control de multitudes de la Academia de Policías, que emplearon gas lacrimógeno para dispersarlos. Posteriormente, los estudiantes se reagruparon y avanzaron hacia el Palacio Quemado, obligando a los policías a replegarse hacia el Palacio Legislativo. Un pequeño contingente de soldados intentó dispersar a los estudiantes, pero recibió gas lacrimógeno por parte de efectivos de la PN. Al no contar con máscaras antigás, los soldados se retiraron al interior del palacio, dejando el exterior sin resguardo. Ante la falta de seguridad, los estudiantes comenzaron a apedrear la fachada del palacio, rompiendo ventanas desde la planta baja hasta el segundo piso.[14] Para proteger el edificio, los guardias del palacio lanzaron gas lacrimógeno contra los estudiantes. Según Vargas, el gas llegó hasta la sede policial y fue interpretado como una provocación, por lo que la policía respondió. En ese momento, un contingente del ejército de alrededor de mil efectivos ingresó a la plaza, iniciándose un enfrentamiento entre militares y policías.[13]
Estallido de las hostilidades
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Unidades del ejército tomaron posiciones en la Plaza Murillo y alrededor del Palacio Quemado, manteniendo formación frente a una multitud creciente de policías y civiles que protestaban con gritos, insultos y gas lacrimógeno. En otros sectores, el ejército ocupó la esquina de las calles Comercio y Socabaya y avanzó hacia el norte por la calle Bolívar hacia la calle Ballivián, donde se reunía otro grupo de manifestantes. La policía respondió lanzando gas lacrimógeno, lo que obligó al ejército a replegarse hacia el sur y adoptar posiciones defensivas alrededor del Palacio Legislativo. En un momento, un bombero de la PN de 17 años, Julián Huáscar Sánchez, recibió un disparo de bala de goma en o cerca del ojo. Aunque sobrevivió al impacto inicial, murió después por las lesiones, convirtiéndose en una de las primeras víctimas mortales de los hechos.[14][21]
Posteriormente, el mayor Vargas informó a medios locales que la PN ejecutaría el “Plan Rojo” y advirtió a la población que permaneciera en sus hogares. En privado, reanudó el diálogo con el general de brigada Hugo Tellería y el ministro de Defensa Freddy Teodovich, en una reunión mediada por Sacha Llorenti de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Se alcanzó un breve cese del fuego para facilitar nuevas negociaciones. El ejército aceptó retirar sus fuerzas del centro de la plaza y, a cambio, la policía detendría sus manifestaciones.[14]
Durante la retirada militar, alrededor de las 14:00, la situación escaló y se intercambiaron disparos con munición real entre militares y policías. No está claro quién disparó primero; la policía sostuvo que fue el ejército.[13] El informe oficial atribuyó el inicio a la policía, señalando que un contingente de efectivos llegó a la calle Comercio blandiendo armas al descender de vehículos. Cuando los soldados se replegaron a la calle Ayacucho, arrojaron gas lacrimógeno y comenzó el tiroteo.[14] La socióloga Natalia Camacho Balderrama relató que, “por un día, el centro de la ciudad de La Paz, sede de gobierno, funcionó como un ‘campo de batalla’, con fuego cruzado indiscriminado”.[22] Desde el techo de la Cancillería, unidades policiales dispararon gas y munición contra los soldados, que respondieron de la misma forma. Un policía fue herido de bala en la pierna y otro recibió un disparo en la cabeza, muriendo en el acto. El Grupo de Acción Inmediata (GAI) de la PN llegó a la sede del GES con cajas alargadas, presuntamente con rifles de francotirador, que ingresaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La policía también ocupó el edificio donde funcionaba Radio Nueva América, tomando departamentos y oficinas entre el sexto y el décimo piso, desde donde dispararon contra unidades militares en la calle. Un capitán de infantería que se encontraba en el techo del Palacio Quemado fue abatido, y un soldado que intentó auxiliarlo también murió.[14]
Desde el interior del palacio, Mesa afirmó que “lo que vi fue el infierno” y comparó los hechos con los disturbios violentos que culminaron con el linchamiento del presidente Gualberto Villarroel en 1946. Alrededor de las 13:30, Tellería informó al presidente que el ejército ya no estaba seguro de poder protegerlo dentro del edificio y solicitó su evacuación.[23] En los días siguientes, varios medios informaron que el presidente habría sido sacado en una ambulancia.[12][24] Mesa calificó esa versión como falsa y sostuvo que Sánchez de Lozada salió en el automóvil oficial presidencial, como parte de una caravana de una docena de vehículos.[25] El presidente, el vicepresidente y el gabinete pasaron el resto del día en la residencia privada de Sánchez de Lozada en Obrajes.[25]
Anarquía en La Paz
A las 15:30, la defensora del Pueblo Ana María Romero llamó al vicepresidente Mesa para pedirle que transmitiera al presidente su solicitud de retirar el aumento tributario y evitar una catástrofe mayor en el país. Sánchez de Lozada aceptó y, una hora después, en un mensaje televisado a la nación, anunció la suspensión del plan impositivo y el retiro del proyecto del Congreso.[26] También ordenó el retiro de las fuerzas militares y pidió a la población que pusiera fin a la violencia.[12] Para entonces, según Mesa, ya se asumía que “la ciudad, sin gobierno y sin policía, estaba abandonada a su suerte”.[25] En ausencia de un Estado de derecho operativo, La Paz cayó en la anarquía, con una ola de saqueos, disturbios y vandalismo.[27]
Los ataques se dirigieron contra múltiples edificios públicos, con instituciones gubernamentales y municipales como los principales blancos. Siete edificios fueron incendiados y, dada la ausencia de bomberos, continuaron ardiendo durante la noche. Destacó el incendio de la Vicepresidencia alrededor de las 17:00. Mientras el edificio ardía, el equipo de seguridad del vicepresidente intentó resguardar los archivos de la Biblioteca del Congreso. Otros inmuebles gravemente dañados incluyeron el Ministerio de Hacienda, saqueado e incendiado, y la Alcaldía de El Alto, que sufrió un asalto de gran magnitud. También se atacaron sedes de los principales partidos políticos del país: se destruyeron las oficinas del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Sánchez de Lozada y las del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, su principal socio de coalición. El edificio del MNR, una construcción antigua de inicios del siglo XX, quedó tan dañado que colapsó y solo permanecieron en pie sus muros exteriores.[12][26][28]
Las protestas y disturbios en La Paz y El Alto continuaron durante la tarde del 13 de febrero. Guardias de la Aduana Nacional fueron sobrepasados y se robaron camiones con mercadería importada. En El Alto, saqueadores irrumpieron en la planta local de Coca-Cola, derribando muros y superando a la seguridad y a empleados que intentaban resistir. Para entonces, el ejército había sido desplegado para contener la situación. En la planta, tropas de la Fuerza Aérea Boliviana dispararon contra los saqueadores, causando cuatro muertos y varios heridos.[29] Después del mediodía, Ronald Collanqui, un obrero de 28 años, fue visto en el techo de un edificio y recibió un disparo desde la vereda opuesta por un francotirador policial que lo confundió con un combatiente enemigo. A las 13:20, Ana Colque, estudiante de enfermería de 24 años, fue baleada en el pecho mientras intentaba auxiliar a Collanqui; ambos murieron por sus heridas.[27]
En La Paz y en otras partes del país, se registraron protestas que exigían la renuncia de Sánchez de Lozada. Hubo grandes movilizaciones en Cochabamba, Oruro y Santa Cruz de la Sierra.[27] Estas fueron respaldadas por la CEPB y la COB, que declaró al presidente “arrogante” e “incapaz” y exigió su renuncia, convocando a movilizaciones en las nueve capitales departamentales. En respuesta, Sánchez de Lozada afirmó que no pensaba renunciar y llamó a una conferencia pública con los principales partidos políticos y organizaciones de movimientos sociales.[30]
Al finalizar la jornada, el gobierno logró un acuerdo con la PN que, entre otros puntos, contempló el pago de bonos del Estado, compensaciones a las familias de policías muertos o heridos, y la asignación de fondos para la compra de equipos y uniformes. Salvo algunos focos de resistencia (como unos 2000 efectivos que se amotinaron en la cárcel de Palmasola exigiendo un aumento del 40 %), el acuerdo permitió que alrededor de 22 000 agentes retornaran a las calles. Con el regreso de la policía, los disturbios disminuyeron rápidamente.[30] Treinta y una personas (entre civiles, policías y soldados) murieron y 268 resultaron heridas.[21] En ese momento, fue el período de violencia más grave desde la transición democrática de 1982.[24]
Consecuencias
Tres días después de que cesaran los disturbios, en una columna publicada por Opinión, el columnista Lorgio Orellana sostuvo que se había infligido “la herida más grave” a la legitimidad del régimen social vigente, del cual costaría años recuperarse, si es que antes no era barrido por una insurrección popular.[31] Los sucesos conocidos como “Febrero Negro” fueron un antecedente del prolongado descontento público contra el gobierno de Sánchez de Lozada. En menos de ocho meses, el presidente renunció y abandonó el país ante una nueva ola de violencia.[32]
El FMI también fue cuestionado por su papel en la promoción de políticas públicas que derivaron en una crisis social. El economista Carlos Villegas sostuvo que, además de la tozudez del gobierno, la responsabilidad recaía en el FMI, que impone políticas económicas. Morales, por su parte, criticó al Fondo y sostuvo que este “provoca hechos de sangre” y “confrontación”.[33] El 14 de febrero, el FMI emitió un comunicado público en el que lamentó los hechos y negó responsabilidad en la violencia, comprometiéndose a continuar negociaciones con el gobierno. Para 2005, ambas partes aún no lograban consenso sobre un acuerdo de financiamiento de largo plazo. En su análisis de los hechos, Jim Shultz y Lily Whitesell señalaron que, cuando la realidad no se ajusta a sus teorías, los funcionarios del FMI y el Banco Mundial suelen culpar a la mala implementación de gobiernos pobres, sin reconocer que las opciones disponibles para esos gobiernos son más difíciles de lo que el FMI admite.[27]
Informe de la OEA
Un día después de que se controlaran los disturbios, el 14 de febrero, el canciller es transmitió una solicitud urgente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que realizara una investigación imparcial sobre “actos de terrorismo que afectan la seguridad de la población y el propio Estado de derecho”. En respuesta, ese mismo día, el Consejo Permanente de la OEA adoptó la Resolución CP/RES. 838 (1355/03), que estableció:[34][35]
- Expresar su pleno y decidido apoyo al gobierno constitucional del presidente de la República de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y a las instituciones democráticas.
- Condenar el uso de la violencia y otros actos antidemocráticos que perturben la democracia y la gobernabilidad en Bolivia.
- Reafirmar que la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida, y el respeto al Estado de derecho por parte de todas las instituciones y sectores de la sociedad, son elementos esenciales de la democracia.
- Reafirmar la firme decisión de los Estados miembros de aplicar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana para preservar la democracia.
- Exhortar a todos los sectores de la sociedad boliviana a fortalecer los canales de diálogo y tolerancia y a abstenerse de promover la violencia política.
- Reiterar que la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales están inherentemente vinculadas al desarrollo integral, al crecimiento económico equitativo y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.
- Apoyar los esfuerzos del gobierno de la República de Bolivia para alcanzar, con la debida urgencia, acuerdos con las instituciones financieras internacionales que contribuyan a la estabilidad democrática, social y financiera del país.
El secretario general de la OEA, César Gaviria, se reunió el 6 de marzo con el presidente Sánchez de Lozada. La OEA acordó colaborar con el Ministerio Público en la investigación, brindando cooperación técnica y expertos internacionales en investigación criminal. En cumplimiento de la solicitud del gobierno boliviano, la OEA publicó un informe completo sobre los hechos del 12 y 13 de febrero, con conclusiones y recomendaciones para prevenir su repetición.[36] El informe atribuyó la responsabilidad de los hechos a la PN, calificando lo ocurrido como una “insubordinación de miembros de la policía contra la Constitución y las leyes bolivianas”. Asimismo, señaló que, aunque la vida del presidente estuvo en riesgo, “por el momento no hay pruebas suficientes para afirmar categóricamente que los disparos [contra el Palacio Quemado] respondieron a un plan preestablecido para asesinar al presidente de la República de Bolivia”.[37]
Proceso penal
Diecinueve personas (nueve policías, seis civiles y cuatro soldados) fueron imputadas por las muertes ocurridas. El juicio fue instalado en 2008, pero diversas impugnaciones y obstáculos legales derivaron en la suspensión o postergación de más de veinte audiencias. El 24 de agosto de 2021, el Octavo Tribunal de Sentencia Penal de La Paz realizó una audiencia para viabilizar el inicio del juicio, pero, hasta 2026, no se ha iniciado.[21]
