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Masacre de Octubre

masacre en Bolivia From Wikipedia, the free encyclopedia

La Masacre de Octubre, también conocida como Octubre Negro o Guerra del gas[1]hace referencia a la violenta represión militar que tuvo lugar en Bolivia durante octubre de 2003. Se produjo en el marco de una serie de movilizaciones sociales y el descontento provocado tras el anuncio de diversas medidas económicas propuestas por el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El principal foco de conflicto fue el proyecto de exportación de gas natural hacia Estados Unidos y México a través de puertos chilenos, en un contexto en el que la cobertura de la red de gas en Bolivia era reducida.[2][3]

Blanco Civiles en protesta
Fecha Febrero y octubre de 2003
Ocurrió en la madrugada del domingo 12 de octubre de 2003 (UMT-4)
Muertos 40 (febrero)+67= 100
Datos rápidos Lugar, Blanco ...
Masacre de Octubre

Lugar La Paz, Bolivia
Blanco Civiles en protesta
Fecha Febrero y octubre de 2003
Ocurrió en la madrugada del domingo 12 de octubre de 2003 (UMT-4)
Muertos 40 (febrero)+67= 100
Heridos 400 (febrero)+600= 1000
Inductor
Perpetrador
Participante
Motivación Exportación de gas natural al extranjero mediante corrupción por parte del presidente y el ministro de obras públicas.
Acusado Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzain
Cerrar

La medida generó un rechazo masivo por parte de diversas organizaciones de campesinos, mineros, sindicatos y juntas vecinales, principalmente en El Alto y La Paz. Frente a la escalada de protestas civiles, el mandatario autorizó una intervención militar que terminó en una represión donde perdieron la vida al menos 100 personas, y culminaron con la renuncia de Sánchez de Lozada.[4]

La ciudad de El Alto fue uno de los principales escenarios de las protestas y de la intervención de las Fuerzas Armadas, autorizada mediante el Decreto Supremo n.º 27209 del 11 de octubre de 2003. Hechos relacionados con el conflicto también tuvieron lugar en la ciudad de La Paz y otras ciudades de Bolivia.[5]

Antecedentes

Gobiernos de Hugo Banzer y Jorge Quiroga

Durante los gobiernos de Hugo Banzer y Jorge Quiroga tuvo lugar la Guerra del Agua en Cochabamba a inicios del año 2000, a raíz de la privatización del servicio de agua. Además, durante el periodo de 1997-2002 hubo protestas y bloqueos de caminos que también versaron sobre la existencia de deudas pendientes que pasarían al siguiente gobierno.[6]

Elecciones de 2002

Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya candidatura por el MNR fue la más votada en las elecciones presidenciales celebradas el 30 de junio de ese mismo año, asumió la presidencia tras recibir el 22,5 % de los votos, mientras que el 20,94 % fue para Evo Morales, líder indígena del Movimiento al Socialismo —MAS—; el 20,91 % para Manfred Reyes Villa, candidato de Nueva Fuerza Republicana —NFR— y el 16,3 % para Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria —MIR—.

Sánchez de Lozada fue elegido presidente por el nuevo Congreso Nacional —cuyos miembros fueron elegidos ese mismo día— en la votación en que compitió con Morales. Logró su nombramiento gracias al voto de sus parlamentarios, así como de los procedentes de otros partidos, principalmente el MIR. Sánchez de Lozada y Paz Zamora sellaron el denominado Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional, un pacto de gobernabilidad entre ambas formaciones basado en una futura política que tuviera como eje principal la creación de empleo y riqueza.

Febrero Negro

El 9 de febrero de 2003, el presidente anunció una subida de impuestos mediante un comunicado televisivo, que la población boliviana rechazó al presumir que el gobierno la usaría para fines particulares antes que nacionales. Por eso, el 10 de febrero se iniciaron marchas violentas contra la subida de impuestos. Al día siguiente se contabilizaron más de un centenar de heridos y decenas de muertos tras las marchas. Las marchas partieron por la mañana desde el Colegio de La Paz Ayacucho, dirigiéndose hacia los edificios del gobierno en la plaza Murillo. Una vez allí, empezaron a lanzar piedras a las ventanas de los edificios. Esto hizo que acudiera un número indeterminado de francotiradores a uno de los edificios con el objetivo de asustar a los estudiantes. Este movimiento acabó provocando un intercambio de disparos entre militares y francotiradores que apoyaban al gobierno por un lado, y los policías que se oponían a él, partícipes de un motín policial, por el otro. Más tarde, en horas de la tarde, la población forzó la entrada en los edificios para destruir las sedes de los partidos de los candidatos. Al día siguiente, el gobierno anuló la ley. El resultado final se estimó en más de 30 muertos y 400 heridos, lo que se conoció como el Febrero Negro.

Crisis

El nuevo presidente anunció en febrero de 2003 una serie de medidas económicas con poco apoyo popular, entre ellas un nuevo impuesto sobre los salarios que generó protestas en todo el país. Sánchez de Lozada retiró su proyecto, pero la grave crisis suscitada, salpicada de violentos incidentes, motivó la dimisión de todos los miembros de su gobierno. En agosto, para intentar poner fin a la crisis que vivía el país, Sánchez de Lozada llegó a un acuerdo con la NFR —partido de oposición— que entró en el ejecutivo. El plan gubernamental de costear proyectos sanitarios y educativos con los beneficios de la exportación de gas natural generó nuevos descontentos, principalmente por la posibilidad de que el transporte de dicho producto se realizara a través de un puerto chileno. Bolivia y Chile se habían enfrentado en 1879 en la Guerra del Pacífico que Bolivia y Perú perdieron, lo que hizo que la exportación del gas boliviano por Chile no fuera vista con buenos ojos por la opinión pública boliviana. Gonzalo Sánchez de Lozada huyó del país en un avión, dejando un vídeo en el que confirmaba su renuncia a la presidencia.

Análisis de las FFAA

Tras asumir la presidencia, Gonzalo Sánchez de Lozada encargó un análisis de la situación del país a las Fuerzas Armadas. Estas ofrecieron un informe pesimista, señalando que no había garantías de que pudiera terminar su mandato 2002-2007, y que incluso se preveía que fuera destituido antes de cumplir dos años en el cargo.

Masacre de Octubre

Plan República

Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain, al no querer correr el mismo riesgo que sus antecesores, decidieron implementar varias medidas. La primera fue legalizar el uso de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas para reprimir a los movimientos sociales. La segunda —el Plan República— fue emitida el 11 de septiembre de 2003, a pocos días de que iniciara el conflicto. Gracias al Plan, el presidente podría enviar, mediante carta firmada, a las Fuerzas Armadas a cualquier lugar del país donde se sospechara que se estaba organizando algún evento subversivo contrario a los fines del Estado. Asimismo, se tipificaron como delito los bloqueos de carreteras, añadiéndolos a las penas ya existentes para quienes afectaran el transporte o el suministro de servicios a las ciudades.

Masacre de Warisata

El 14 de septiembre de 2003 se celebraba la fiesta patronal del Señor de la Columna en Sorata y, por tal motivo, muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros, visitaron el pueblo. Simultáneamente, en esos días se dio a conocer que se exportaría gas a Estados Unidos por los puertos chilenos. Pocos días después se desató un bloqueo de caminos que dejó a los turistas atrapados en la localidad. El gobierno se enteró de que entre los turistas había ciudadanos de Estados Unidos y de Nueva Zelanda y, aunque tenía otras prioridades, Gonzalo Sánchez de Lozada decidió ejecutar el Plan República tomando Sorata como primer ejemplo.

El 19 de septiembre, Carlos Sánchez Berzain decidió ir a sobrevolar la zona en helicóptero para identificar qué tramos de los caminos estaban bloqueados y cuánta gente los vigilaba. El objetivo era localizar los puntos débiles y atacar los bloqueos. Al día siguiente, las carreteras fueron despejadas por los militares aproximadamente a las 5 de la mañana, y se entró a varias casas para aprehender a cualquier persona considerada «revoltosa». Los detenidos denunciaron haber sido golpeados. Estas detenciones intentaban justificar la ejecución del Plan República.

Una vez en tierra, Sánchez Berzain pidió a los militares que vigilaran el helicóptero y se dirigió con sus guardaespaldas hacia la plaza principal de Sorata. Entró solo a la plaza tratando de pasar desapercibido, vistiendo un sombrero, lentes, una chamarra color café y vaqueros, y empuñando una pistola en su mano derecha. Posteriormente fue visto cerca del Banco Prodem. A pesar de sus esfuerzos, cada vez más gente empezó a reconocerlo. El rumor de que Sánchez Berzain estaba en Sorata y de que los militares habían despejado la carretera y militarizado la zona empezó a correr. Sánchez Berzain se presentó como el «salvador» de los turistas y se dirigió a los transportistas para pedirles que sacaran a todos los turistas de la zona a cambio de fajos de billetes.

Aprovechando que Sánchez Berzain estaba en Sorata, dos dirigentes locales vieron la oportunidad de pedirle que firmara un compromiso para el diálogo sobre el asfaltado de la carretera Sorata-Warisata. Una vez lo localizaron, le pidieron que firmara el documento, pero Sánchez Berzain decidió ignorarlos y continuar con el desalojo de los turistas.

La situación empezó a ser ampliamente conocida; otros tres dirigentes locales llegaron hasta Sánchez Berzain y comenzaron a rodearlo, seguidos de más gente que se aproximaba al lugar. Sánchez Berzain observó con binoculares una muchedumbre que se acercaba y declaró: «Estos son bloqueadores, y bloquear está en contra de las leyes de este país; los vamos a agarrar a todos y nos los vamos a llevar a la cárcel», marcando el inicio de la masacre.

Las pocas personas presentes que aún respaldaban al gobierno se volvieron contra él, uniéndose a las decenas de personas enardecidas. Sánchez Berzain intentó escapar a pie para evitar ser capturado por los dirigentes locales. Uno de ellos le golpeó la cara, provocando la caída de su sombrero, lentes y teléfono móvil. Una vez que Sánchez Berzain y sus guardaespaldas alcanzaron el helicóptero, se empezaron a escuchar los primeros disparos: el helicóptero disparó su ametralladora contra la muchedumbre. Sánchez Berzain consiguió huir en él y recibió una llamada de un militar no identificado que le indicó: «Ministro, han interceptado a los convoyes con los turistas».

A continuación se produjo un enfrentamiento entre los campesinos defensores del bloqueo y las Fuerzas Armadas, que intentaban controlar la zona para que el convoy pudiera continuar hacia La Paz. Ante la falta de material antidisturbios (balas de goma), algunos testigos afirman haber visto que desde el helicóptero se hacían llegar armas de guerra en bolsas negras mediante cuerdas. Del otro lado, los defensores del bloqueo intentaron defenderse con piedras, dinamita y armamento que conservaban desde la Guerra del Chaco.

En el posterior enfrentamiento, la poca experiencia hizo que los defensores del bloqueo dispararan indiscriminadamente. Los militares de las Fuerzas Armadas —miembros casi todos de las Fuerzas de Élite—, a diferencia de los que se encontraban al mando de Hugo Banzer y que eran menos violentos, abrieron fuego a discreción por órdenes de Sánchez Berzain, contra cualquier cosa que se moviera. Esto provocó la muerte de personas y animales que se encontraban en la zona, independientemente de si eran o no parte de los defensores del bloqueo.

Los militares que protegían los convoyes gritaron a los turistas que pusieran a los niños en el suelo y los cubrieran con mantas. Una turista declaró haber oído a Sánchez Berzain ordenar a un militar: «Coronel, dispare, siga disparando».

Los defensores del bloqueo, en clara desventaja, contraatacaban dinamitando grandes piedras que había en los márgenes de la carretera intentando enviarlas hacia los convoyes, con el peligro de que alguna alcanzara un vehículo, volcándolo y provocando la muerte de todos sus ocupantes.

Durante todo el enfrentamiento, Sánchez Berzain estuvo en contacto con Gonzalo Sánchez de Lozada. También había un grupo de militares de refuerzo esperando en Achacachi. Los defensores del bloqueo intentaron aprovechar una oportunidad que se les presentó para detener el convoy en una curva de la carretera entre Sorata y Warisata. Lo consiguieron en primera instancia, pero los refuerzos llegaron y se recrudeció la lucha.

A estas alturas ya se había producido la primera muerte: don Demetrio Curaca, de 62 años. También se contaban entre los fallecidos la niña Marlene Rojas, de 9 años, que se encontraba con su madre (en plena recuperación de un parto reciente). La niña se asomó a la ventana, curiosa por haber oído los disparos. Una bala perdida le impactó en el pecho, causando su muerte de forma casi instantánea. Al menos otras tres muertes se habrían producido en este conflicto.

Durante el juicio de responsabilidades, un participante del operativo declaró haber escuchado a Carlos Sánchez Berzain decir: «No solamente disparen a lo que se mueva; disparen también a las casas y a las ventanas de las casas».

En el momento de recibir esta orden, los militares —conscientes de la gravedad de la situación— pidieron que los eximieran de responsabilidad. Esto se hizo mediante una carta firmada por Gonzalo Sánchez de Lozada autorizando la realización del operativo. Sánchez de Lozada habría firmado la carta cuando ya había al menos dos muertes. El motivo alegado fue que las Fuerzas Armadas habían descubierto un foco guerrillero en Sorata y Warisata. Las Fuerzas Armadas continuaron intentando hacer detenciones hasta casi la caída de la noche. Tras la puesta del sol, se replegaron al cuartel.

El balance final del día fue de seis muertos, así como varios heridos y desaparecidos. Al día siguiente, los lugareños incendiaron el hotel donde se habían alojado los turistas, diversas instituciones e incluso el Banco Prodem —pensando que había servido de cuartel general para Carlos Sánchez Berzain y que había sacado de ahí los fajos de billetes que luego usó para pagar a los transportistas—.

Los defensores del bloqueo declararon que ninguna institución del gobierno podría volver a entrar en las localidades. En los siguientes días se enterró a los seis muertos en la provincia Omasuyo. La noche después del enfrentamiento, el gobierno decidió cortar el suministro de luz y agua de las localidades. La ciudad de El Alto decidió entonces unirse en contra del gobierno, ya que muchos de sus vecinos se habían visto afectados al tener familiares en las localidades. Tiempo después, Felipe Quispe afirmó que el objetivo de los defensores del bloqueo era matar a Carlos Sánchez Berzain.

20 de septiembre - 11 de octubre

A inicios de septiembre, el presidente dio un comunicado televisivo anunciando la venta del gas natural a Estados Unidos en condiciones que la población consideró perjudiciales; asimismo, se extendió la percepción de que había corrupción en la venta de gas. Esto provocó que el 15 de septiembre hubiera enfrentamientos en los pueblos de Patacamaya y Warisata, causando la muerte de varios mineros. El 24 de septiembre se contabilizaban ya nueve muertos y catorce heridos, entre ellos una niña que realizaba tareas domésticas en su casa. El 9 de octubre la población empezó a movilizarse en la ciudad de El Alto, dejando un saldo de otros nueve muertos y dieciséis heridos en la zona de Ventilla. El 11 de octubre hubo diez muertos y doce heridos; entre ellos, un niño alcanzado en un cruce de disparos: una bala le entró por la boca y le salió por la nuca. Más tarde, el presidente anunció que esa misma noche llegaría gasolina, pero los ciudadanos, al enterarse, fueron a bloquear la entrada por donde llegaría la cisterna; el camión cisterna nunca llegó.

El domingo 12 de octubre de 2003, las fuerzas del orden actuaron contra la población. Ese mismo día se cancelaron los vuelos desde y hacia La Paz en horas de la mañana. Comenzaron las movilizaciones en la ciudad de La Paz; en las inmediaciones de la Lotería Nacional había francotiradores vestidos de civiles que atentaban contra la vida de la gente en el Prado. Más tarde, unas 7000 personas marcharon hacia la zona central de La Paz. Las cisternas estaban escoltadas por tanques militares y caravanas llenas de militares que, en la autopista, comenzaron a disparar a la ciudad. Más tarde hubo marchas violentas en la ciudad de Cochabamba; el balance del día fue de diecinueve muertos y varios heridos.

El 16 de octubre el presidente negó que fuera a dimitir, lo que provocó que más de 10 000 personas se concentraran en la plaza San Francisco. Por último, el 17 de octubre el presidente dejó su cargo y partió con su esposa y su ministro de Obras Públicas al Aeropuerto Internacional de El Alto, para luego volar a Santa Cruz de la Sierra, dado que el aeropuerto de La Paz estaba cerrado. A las 22:00, Carlos Mesa Gisbert asumió el cargo de presidente mediante sucesión constitucional.

Cronología

Septiembre

  • 15 - Campesinos de la zona del lago Titicaca bloquean carreteras en contra de la exportación de gas natural por Chile y para que se ponga en marcha un plan de desarrollo rural.
  • 20 - Un enfrentamiento entre fuerzas del orden y campesinos concluye con la muerte de un soldado y cuatro civiles en Warisata.
  • 25 - La COB convoca a una huelga para exigir la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y contra la exportación del gas.
  • 26 - El MAS se une a la protesta y el 28 llegan a La Paz 198 viajeros que llevaban dos semanas retenidos en el altiplano, después de la intervención de las fuerzas del orden en el bloqueo de caminos.
  • 29 - Comienza una huelga general indefinida.
  • 30 - Miles de personas participan en La Paz en una manifestación contra la exportación de gas por Chile.

Octubre

  • 3 - Cocaleros se suman a las protestas pero no paralizan la carretera debido a la fuerte presencia militar.
  • 8 - Comienza en El Alto un paro cívico indefinido.
  • 9 - En El Alto, tres personas mueren y dieciséis resultan heridas en enfrentamientos entre el Ejército contra la Policía Boliviana y los ciudadanos alteños.
  • 11 - El gobierno ordena la militarización de la urbe alteña amparados en el Decreto Supremo 27209.
  • 12 - Nuevos enfrentamientos entre el Ejército contra la Policía Boliviana y los ciudadanos dejan cerca de diecinueve muertos.
  • 13 - El Ejecutivo de Sánchez de Lozada decreta que no se venderá gas natural al exterior hasta que no se realice una consulta con la población, pero debido a las muertes y a la represión indiscriminada la huelga sigue, esta vez pidiendo la renuncia del Presidente; los enfrentamientos dejan un saldo de catorce muertos. El vicepresidente Carlos Mesa retira su apoyo al Presidente y el ministro de Desarrollo Económico Jorge Torres Obleas renuncia.
  • 14 - La OEA da su apoyo a Gonzalo Sánchez de Lozada.
  • 15 - Otros dos mineros mueren en Patacamaya en enfrentamientos con fuerzas del orden. Un grupo de intelectuales se declara en huelga solicitando la renuncia del Presidente.
  • 16 - El presidente ofrece referéndum para el gas y el llamado a una asamblea constituyente; pero dice que no renunciará. Las protestas continúan.
  • 17 - Renuncia Sánchez de Lozada y jura Carlos Mesa para luego dar un discurso de unidad nacional.

Desenlace

Ante esta situación, que produjo escisiones en el ejecutivo, Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre. Fue sustituido por su vicepresidente Carlos Mesa, quien formó un gabinete integrado por políticos no adscritos a partido alguno, con la intención de poner fin al conflicto y alcanzar la reconciliación nacional. Poco después de su investidura, Mesa se comprometió a convocar un referéndum en el que los bolivianos deberían pronunciarse sobre la cuestión de la exportación de gas natural.

Acción judicial

El 18 de mayo de 2009 la Corte Suprema de Justicia de Bolivia dio inicio al juicio contra Sánchez de Lozada,[7][8] quien fue acusado de genocidio. El juicio se llevó a cabo en Sucre, la capital del país y sede del Poder Judicial. Además del expresidente, fueron acusadas diecisiete personas, entre ellas once ministros y cinco exjefes militares.[9]

La Fiscalía presentó 328 testimonios y alrededor de 4900 pruebas durante las audiencias realizadas,[10][11][12] en la que junto a la Fiscalía, la Asociación de Derechos Humanos y la Asociación de víctimas se constituyeron en parte acusadora.

En 2011, tras un juicio en el que no se presentaron todos los acusados,[13] la Corte de Justicia halló culpables a los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, quienes habían permanecido en el país y se habían sometido al juicio. A diferencia de otros ministros y autoridades acusados, la pena fue establecida en tres años de reclusión.

También se determinó condena para cinco exjefes militares: Roberto Claros, Juan Véliz, Osvaldo Quiroga, Luis Aranda y Gonzalo Rocabado, con penas de entre diez y quince años de reclusión. Se determinó igualmente el pago de resarcimiento a las víctimas.[14][15] En 2014, dos de los militares acusados presentaron un alegato sobre el proceso y su desenlace a la ONU que fue desestimado.[16] Como parte del proceso se solicitó a Estados Unidos la extradición de Sánchez de Lozada, que fue rechazada en 2011. Una segunda petición fue aceptada en 2016.[17][18]

Víctimas

Los familiares de las víctimas de la masacre están organizadas como «Víctimas de octubre negro» y realizan actividades reivindicativas,[19][20][21] conmemorativas[22] y de seguimiento de los procesos judiciales contra los acusados.[23][24] Tras el fallo se determinó el pago de resarcimientos a las víctimas.[25]

Véase también

Referencias

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