Fiscal general del Estado (España)

La fecha exacta de cuándo apareció por primera vez este cargo es incierta. En tiempos de Felipe V, en 1713^[5] se crea la figura del fiscal general —que recayó en Melchor Rafael de Macanaz— en el entonces máximo órgano jurisdiccional del Reino, el Consejo de Castilla, pero acaba desapareciendo por la resistencia del propio sistema.

Más tarde, con la Constitución de Cádiz, se promulgó el Decreto CLII de 17 de abril de 1812.^[6] Este decreto, además de suprimir los antiguos Consejos, creó el Tribunal Supremo y estableció dos fiscales, que más tarde serían tres^[7] —uno por cada sala— y, finalmente, por Real Decreto de 26 de abril de 1844, uno.^[8]

Este único fiscal del Tribunal Supremo es mencionado en el Reglamento provisional para la Administración de Justicia de 1835 y su figura es desarrollada en mayor profundidad en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870. Esta última ley, en su artículo 766, sitúa a un fiscal en la cúspide del Ministerio Fiscal llamado fiscal del Tribunal Supremo, quien en caso de no poder ejercer sus funciones, es sustituido por el teniente fiscal del Tribunal Supremo (art. 87).^[9] También establece a lo largo del texto haber ejercido este cargo como requisito para ocupar otros cargos como la Presidencia de una Sala del Tribunal Supremo o la Presidencia del Tribunal Supremo. El fiscal del Tribunal Supremo era el jefe del Ministerio Fiscal, que era único para toda la Monarquía; era nombrado y separado libremente por el Gobierno (art. 820) y dependía directamente del ministro de Gracia y Justicia (art. 870). Al igual que en la actualidad, era el fiscal del Tribunal Supremo el encargado de proponer los nombramientos y ceses pertinentes, así como dirigir la acción judicial del Ministerio Fiscal.

La ley de 1870, a pesar de estar pensada para ser provisional, se mantuvo vigente más de un siglo, hasta 1985. Durante todo este periodo, la estructura se mantuvo igual, con la única excepción de que en los tiempos de la Segunda República, se alteró la denominación de este fiscal pasando a llamarse fiscal general de la República.

Durante toda la dictadura de Francisco Franco se mantuvo la denominación original y, tras la restauración de la monarquía, se renombró como fiscal general del Reino, hasta que la Constitución de 1978 le dio la denominación actual, fiscal general del Estado. El fiscal general mantiene prácticamente intactas las funciones que le fueron encomendadas en 1870, si bien la estructura del Ministerio Fiscal sí ha variado.

Los miembros del Ministerio Fiscal actúan con imparcialidad e independencia, no pueden recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. El Gobierno podrá únicamente interesar de la Fiscalía General del Estado que se promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. La Fiscalía General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de la actuación interesada. Los órganos de Gobierno de las comunidades autónomas pueden dirigirse en similares términos al Ministerio Fiscal a través del fiscal superior de cada Comunidad.^[4]

Salvo que excepcionalmente, el presidente del Gobierno decida dirigirse directamente al Ministerio Fiscal, la comunicación entre este y el Gobierno se hará por conducto del ministro de Justicia a través del fiscal general del Estado.^[4]

La persona titular es nombrada y cesada por el rey de España a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.^[3] La elección debe recaer entre juristas de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.^[4] Tiene carácter de autoridad en todo el territorio español y está equiparado al presidente del Tribunal Supremo, recibiendo la misma retribución y honores que este (Art. 30 y 31.5. EOMF).

Además, desde 2024 se prohíbe la propuesta para fiscal general de aquellas personas que, en los cinco años anteriores, hayan desempeñado el cargo de ministro o secretario de Estado en el Gobierno de la Nación, consejero en un Gobierno autonómico, o quien haya sido presidente de una Corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una comunidad autónoma.^[10]

Lista de fiscales generales del Estado durnate la vigencia de la Constitución de 1978. Con anterioridad, las actuales funciones del fiscal general del Estado las ejercía el fiscal del Tribunal Supremo.

Línea temporal desde 1978

Conforme al artículo 13 de Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la organización de la Fiscalía General del Estado, dirigida por la fiscal general del Estado, consta de las siguientes órganos:^[25]

• Fiscalía Superior de España