Anexo:Gobernadores de la provincia de Buenos Aires encargados de las relaciones exteriores de la Argentina

Tras la disolución del Directorio y del Congreso Nacional, y luego del rechazo de la Constitución de 1819, el país vivió un período caótico en el cual los gobernadores se alternaban en períodos de paz y guerra. El Cabildo de Buenos Aires perdía poder y las antiguas intendencias indianas, heredadas de la época colonial, se organizaron en Estados republicanos independientes, aunque reconociendo nominalmente un vínculo nacional.

Tras la caída del gobierno central, derrotado por los caudillos federales en la primera batalla de Cepeda, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes sellaron una serie de pactos (Tratado del Pilar, Tratado de Benegas y el Tratado del Cuadrilátero), que establecieron la unidad nacional y la forma federativa de gobierno. Poco a poco todas las provincias adhirieron a esos tratados, que preveían la realización de un congreso constituyente, el cual finalmente se reunirá en 1824. Mientras tanto, entre 1820 y 1824, las provincias emergieron y se consolidaron como Estados autónomos y soberanos. No existió un gobierno unificado, ciertas funciones fueron atendidas en la práctica por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Esta situación fue legalizada por la Ley Fundamental, dictada por el Congreso General Constituyente, que delegaba en el Gobierno de Buenos Aires las relaciones exteriores del país. Esta ley, promulgada en enero de 1825, fue una de las más significativas en cuanto a sus determinaciones en materia de organización política interior y exterior de las provincias. Su articulado había sido materia de debate en las últimas semanas del año previo. Finalmente, la atribución de relaciones exteriores se definió de manera provisoria en un solo artículo (el 7°):

"Por ahora y hasta la elección del Poder Ejecutivo Nacional, queda provisoriamente encomendado al Gobierno de Buenos Aires, con las facultades siguientes:

1- Desempeñar todo lo concerniente a Negocios Extranjeros, nombramiento y recepción de ministros y autorización de los nombrados.

2- Celebrar tratados, los que no podrá ratificar sin obtener previamente especial autorización del congreso.”^[1]

El carácter de provisorio del manejo de lo externo quedaba claro: aunque Buenos Aires podía llevar adelante los asuntos externos, el Congreso Constituyente, compuesto por representantes provinciales, debía autorizar los tratados internacionales. Ante el inicio de la guerra con el Brasil, dicho congreso juzgó necesario la creación de un poder ejecutivo nacional para llevar adelante el esfuerzo bélico. El 6 de febrero de 1826 el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata sancionó la ley de Presidencia creando el Poder Ejecutivo Nacional. Bernardino Rivadavia asumió ese cargo el 8 de febrero.

Tras el rechazo de las provincias a la constitución de 1826, el Congreso restableció la vigencia de la Ley Fundamental y convocó a una Convención para la reforma de la constitución, tras lo cual se declaró disuelto a comienzos de 1827. Con el restablecimiento de la vigencia de la Ley Fundamental, el gobierno de Buenos Aires volvía a conducir el manejo de lo externo. La tarea era significativa, especialmente porque el gobernador federal Manuel Dorrego tenía que llevar adelante las negociaciones de paz con el Imperio Brasilero para concluir el conflicto bélico.