Gobierno de Enrique Olaya Herrera

El 22 de enero de 1930, la candidatura de Olaya Herrera, fue inscrita por un grupo de amigos liberales y conservadores en Puerto Berrío (Antioquia). Dos días después Olaya hizo su entrada en Bogotá, donde fue recibido por el liberalismo. Su triunfo llegó el 9 de febrero de 1930, cuando las elecciones dieron el siguiente resultado: 369 962 votos por Enrique Olaya Herrera, 240 284 votos por Guillermo Valencia y 213 417 votos por Alfredo Vázquez Cobo. El sector de avanzada del conservatismo adhirió a la candidatura de Olaya Herrera, entre ellos especialmente los republicanos, encabezados por el expresidente Carlos Eugenio Restrepo.^[2][3] Su campaña fue innovadora por el uso del transporte aéreo y de la radio.^[4]

Su gobierno se conoció como de Concertación Nacional.

Promulgó la Ley 28 de 1932, de los derechos de la mujer, sobre su patrimonio y a la administración del mismo.^[5][6]

Estimuló la educación pública y, en especial, el progreso del magisterio. Por decreto 227 de 1933, se hicieron extensivas las reformas de la instrucción primaria y secundaria a la enseñanza femenina. Además se constituyó el Fondo Nacional de Educación Pública.^[7] Se creó la Facultad de Ciencias de la Educación para hombres en Tunja (Boyacá), como dependencia de la Escuela Normal de Institutores, parte de la actual Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.^[8] La creación de un Fondo para ciegos en la Ley 24 de 1931.^[9] Se propuso la creación de una Universidad Popular con la Ley 65 de 1931.^[10]

Durante su gobierno se presentaron hechos de violencia en Boyacá ( en Chiquinquirá, el occidente de Boyacá, y en el norte en la región de Guicán), Santander ( la provincia de García Rovira)^[11][12] y algunos municipios de Norte de Santander; en estas regiones la burocracia conservadora de la provincia defendía sus cargos públicos contra las nuevas autoridades liberales. Se crearon grupos armados que se enfrentaron a la nueva policía liberal.^[13] Se produjo la Masacre de Capitanejo (Santander), y se acrecentó con el proceso de cedulación obligatoria. También se presentaron debates acalorados en el Congreso de la República, entre congresistas como Jorge Eliécer Gaitán, entre otros.^[14] La prensa de la época también contribuyo al clima de violencia.^[15] La violencia interna cesó temporalmente con la guerra colombo-peruana.^[16]

Durante su gobierno sufrió una conspiración para derrocarlo, en la que estaba involucrado su ministro de guerra, Carlos Arango Vélez. Enterado Olaya de la situación destituyó a Arango y en su lugar nombró al General Carlos Uribe Gaviria (hijo del fallecido Rafael Uribe), y se presentó con éste en una guarnición militar para hacer público su nombramiento, todo ello en apenas 3 horas, el 23 de mayo de 1932.^[17]

Después de la crisis mundial generada por la Gran Depresión de 1929, se adoptó una política proteccionista que buscaba desarrollar las industrias nacionales y el mercado interno, además de reducir las importaciones.

Los precios del café en el mercado internacional descendieron.

Mediante el decreto 711 de 1932, fundó el Banco Central Hipotecario para la financiación de las viviendas de tipo medio.^[18] Se fundó la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, mediante el decreto 1998 de 1931,^[19] con el fin de ayudar a los pequeños agricultores.^[20]

Estimuló la producción de petróleo en la Región del Catatumbo (Norte de Santander). Se promulgó la Ley 37 de 1931, sobre el petróleo.^[21]

Su gobierno se interesó por las reformas laborales en beneficio de los trabajadores: con la Ley 83 de 1931, se reconoció el derecho de asociación sindical.^[22] Otras leyes sobre el descanso dominical (en la Ley 75 de 1931 y decreto 1278 de 1931), y las vacaciones remuneradas; los trabajadores tuvieron algunas conquistas: la inembargabilidad parcial de los salarios, la ampliación del seguro de vida obligatorio, la reglamentación de las sociedades cooperativas, el estímulo al empleo a través de obras públicas, accidentes de trabajo (Ley 133 de 1931), la jornada de ocho horas de trabajo (excluía de este beneficio a los empleados de trabajos intermitentes y discontinuos, de vigilancia, de dirección y confianza, las labores agrícolas y de los criados domésticos)^[23] y otras medidas a través del decreto 895 de 1934.^[24]

Los estudios realizados por su ministro de industrias, Francisco José Chaux, sirvieron de base para la ley de tierras de 1936, y las medidas intervencionistas que tomó para conjurar los problemas de la crisis, fueron un antecedente inmediato de las posiciones tomadas en la reforma constitucional del siguiente gobierno de Alfonso López Pumarejo.^[25]