Grupo de Lima
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El Grupo de Lima (abreviado en ocasiones como GL), fue una instancia multilateral, que se estableció tras la denominada Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en la capital homónima, donde se reunieron representantes de catorce países con el objetivo de dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana para buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela.[1] Entre otras cuestiones, buscaba la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres, ofreciendo ayuda humanitaria y criticando la ruptura del orden institucional en el país sudamericano.[2]
Doce países americanos en un principio suscribieron la declaración: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Guyana, Haití y Santa Lucía se unieron posteriormente. Bolivia se sumó después de la crisis política de 2019 y durante la gestión de Jeanine Áñez.[1][3][4][5] También fue avalado por Barbados, Estados Unidos, Granada y Jamaica[6] que asistieron al encuentro; asimismo organismos como la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, además de la oposición venezolana, dieron su respaldo a dicho documento.[7][8]
En dicha reunión la instancia suscribió un documento en el que declaró:
- Se condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
- Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
- Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, democráticamente electa.
- Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
- Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.
- Su apoyo y solidaridad con la fiscal general y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.
- Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
- Su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano.
- Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
- Su apoyo a la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.
- Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.
- Su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.
- Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.
- Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países.
- Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.
