Durante el período del IVC no se desarrollaron los grandes barrios ni conjuntos de edificios que fueron abundantes entre las décadas de 1940, 1950 y 1980 cuando el Estado financiaba edificios de departamentos dentro del tejido urbano de la ciudad, y financiación de proyectos cooperativos o sindicales.
En los 80 el avance en la vivienda pública en Buenos Aires se frenó notablemente, siguiendo la tendencia que se arrastraba desde la década de 1990.
En 2008 el organismo estuvo en el centro de la polémica tras internas y denuncias. Ese año debió renunciar a Claudio Niño integra la corriente radical que se sumó al macrism, gracias a ellos llegó al IVC avalado el jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Con anterioridad, Niño había sido funcionario de la gestión capitalina de Fernando De la Rúa, desempeñándose en el área de habilitaciones. Las denuncias de irregularidades contra Niño abarcaban también a Roberto Zago y Martín Ocampo.[1]
En la actualidad, su plan es el Programa Casa Amarilla, un conjunto de edificios en Casa Amarilla. Esto desató un escándalo ya que el Estado porteño tercerizó la adjudicación con la Asociación Civil Casa Amarilla 2005, que preside Diego Basualdo, un dirigente vinculado a la barrabrava de Boca Juniors,[2] en la lista de adjudicatarios aparecieron personas vinculadas a la barrabrava de Boca Juniors, club propiedad del Jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, además personas de una misma familia que recibían más de una vivienda, entre otras irregularidades. Sólo un 20 por ciento eran habitantes de La Boca. El gerente general del IVC y legislador del PRO Ivan Kerr, se negó a dar a conocer la lista de adjudicatarios.[3] A estas irregularidades se suma que varios de los beneficiarios usaron el mismo domicilio, Irala 170. Entre los adjudicatarios se encontró gran cantidad de barrabravas del club Boca Juniors y familiares de funcionarios porteños del PRO.[2][4]En 2019 el entonces titular del Ivc el legislador del PRO Carlos Pedrini era accionista de la empresa Lcdth SRL, que recibía compras por parte del gobierno de la Ciudad. Por este motivo fue investigado por la Oficina Anticorrupción, por una denuncia de sobreprecios y retornos a cambio de licitaciones causa en la que también fue imputada Carolina Stanley.[5]Vílchez, una ciudadana peruana y delegada gremial del macrismo de la Villa 31 Bis, fue arrestada en Ezeiza por la Policía de Seguridad Aeroportuaria mientras intentaba tomar un vuelo con una suma cercana a los cincuenta mil dólares ocultos en un bolso. Campo fue condenada en 2021 por el delito de tentativa de contrabando de divisas y la justicia señala en el fallo su "estrecha relación" con Carlos Pedrini, con quien mantenía lazos societarios.[5]
Buenos Aires