Intento de contragolpe de Estado en Perú de 1992

Tras el autogolpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril de 1992 por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el gobierno resultante, llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, disolvió o intervino las instituciones democráticas, alegando el bloqueo parlamentario, la ineficacia del Poder Judicial y la amenaza terrorista de los grupos subversivos Sendero Luminoso y MRTA. El autogolpe trajo consigo la presión internacional para el retorno a la democracia lo que derivó en la convocatoria del Congreso Constituyente Democrático (CCD) con participación de la oposición, fijándose la celebración de las elecciones para la asamblea constituyente para el 22 de noviembre de 1992.

Dentro de las Fuerzas Armadas, existía un descontento con respecto a la influencia de Vladimiro Montesinos en el gobierno con respecto a los ascensos de personal o las recolocaciones de los mismos. Para mediados de 1991, entre un 60-70% de los efectivos del ejército y un 90% de la marina estaban en contra de Montesinos. Sin embargo, para diciembre de dicho año año, con el nombramiento de Nicolás de Bari Hermoza en el cargo de Comandante General del Ejército (y posteriormente en la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en enero de 1992), su poder e influencia aumentó de manera considerable.^[1] Para lograr que Hermoza obtuviera el cargo de Comandante General del Ejército, Montesinos impulsó la destitución de Pedro Villanueva Valdivia luego que éste se negara a firmar 45 resoluciones de retiro en blanco. Luego, convocó a Hermoza para realizarle el ofrecimiento de sustituir a Villanueva en el puesto, aceptando. El primer ofrecimiento lo hizo en la casa de Jorge Whittembury Rebaza y el segundo, de manera más formal, en el Cuartel General del Ejército, a donde llegó Hermoza en la maletera de un auto. Una vez en el cargo, Hermoza firmó el cese de los cinco generales que podrían ocupar el cargo que él tenía en los próximos cinco años, siendo éstos: Jaime Salinas Sedó, Luis Palomino Rodríguez, Víctor Obando Salas, Luis Soriano Morgan y José Pastor Vives.^[2]

Los militares conjurados, capitaneados por los generales en retiro Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Víctor Obando Salas,^[3] planificaron una operación al amparo del derecho a la insurrección consagrado en la Constitución de 1979,^[4][5] que en su artículo 82 rezaba:

Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. Son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional.

Artículo 82. Constitución para la República del Perú de 1979

Jaime Salinas Sedó y sus aliados no pretendían tomar el poder, sino restaurar el orden democrático y entregar el mando de la nación a Máximo San Román, a la sazón presidente por sucesión constitucional pero no reconocido.^[6][5][7][8]

Desde junio de 1992, los conspiradores se organizaron, siendo parte de ellos Alberto Borea, presidente del senado disuelto.^[9] El plan era arrestar de madrugada a Alberto Fujimori, a Nicolás Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y al asesor presidencial Vladimiro Montesinos.^[10] Sin embargo, el plan empezó a revelarse el 10 de noviembre, luego que el mayor en retiro Salvador Carmona visitara a su amigo el coronel José Graham Ayllón, subdirector de la Escuela Militar de Chorrillos, para invitarlo a una reunión conspirativa con otros oficiales. Al saber de ello, Graham rechazó la invitación y, tras retirarse Carmona, dio aviso a Hermoza. Dos días después, el 12 de noviembre, el vicealmirante Augusto Vargas Prada buscó el apoyo del contralmirante José García Castaños. En dicha reunión, Vargas le dijo a García que estaba involucrado en un movimiento liderado por Salinas "para restituir la constitucionalidad en el país". Al saber de ello, García rechazó unirse a tal acto por lo que Vargas, al retirarse, le pidió a García que olvidara lo sucedido. Sin embargo, García se contactó con el contralmirante Javier Bravo Villarán y con Carlos Valdez de la Torre, comandante general de operaciones navales, donde le comunicó lo acontecido en una reunión llevada a cabo a las 11:30 de la noche. Valdez se comunicó con Alfredo Arnaiz, comandante general de la Marina, sin embargo, Arnaiz le dijo a Valdez que ya se encontraba enterado del asunto.^[11]

Paralelamente, aquel 12 de noviembre, Salinas salió a las 9 de la noche de su departamento, en el que se había refugiado durante tres días, ubicado en Camino Real 845 para dirigirse a un taller de mecánica regentado por Carmona en la avenida República de Panamá. Una hora antes, a dicho departamento llegó el empresario Julio Vera Gutiérrez, con su secretaria, una computadora, impresora y papel, además de Augusto Rázuri y dos militares (Luis Ávila y Carlos Mesa Angosto) con formación jurídica para redactar los decretos que se iban a proclamar al día siguiente. Luego que Salinas se retirara, Carmona cerró con llave el departamento en Camino Real para que las personas del interior no se comunicaran con alguna persona, disponiéndose que la puerta sería abierta luego de la instalación del nuevo gobierno. Sin embargo, cerca de la medianoche, el general Luis Alcántara, que debía tomar el mando formal de las acciones, no llegó. Ante ello, Salinas decidió aplazar la acción para unos días después. Para entonces, el gobierno delegó al general Luis Pérez Documet, jefe de la 1ra. División de Fuerzas Especiales, arrestar a los oficiales comprometidos en la conspiración. La trama había sido desvelada. Al cancelarse la acción, la mayoría de los asistentes al taller se retiraron quedándose Salinas, Soriano, Obando, Carmona y César Cáceres, además, llegó al lugar Jaime, el hijo de Salinas, y Jorge Polack Merel, otro de los conspiradores. Sin embargo, el lugar ya se encontraba rodeado. A las 3 de la mañana, cuando Salinas se retiraba se procedió a su captura desatándose una balacera. Salinas quedó herido y escapó con su chofer a la comandancia general del ejército, donde se entrego herido. En el taller, el comandante Manuel Guzmán Calderón apresó a Soriano, Obando, Cáceres, al suboficial Faustino Conde, al hijo de Salinas, Polack y al guardián Santos Álvarez. Posteriormente, fue capturado Carmona, que yacía escondido en unas llantas. Antes de su captura, Carmona llamó a Vera Gutiérrez avisándole de lo ocurrido. Al saberlo, Vera ordenó abrir las puertas de las personas en Camino Real y sacar los documentos que los comprometían. Rázuri escapó hacia Miami al igual que Eduardo Calmell  del Solar, director de Expreso y uno de los conspiradores. Vera se asiló en la embajada de Costa Rica al igual que Borea.^[5][11]

Fujimori, por su parte, buscó refugio en la embajada de Japón en Lima mientras que Hermoza ordenó la detención de los 25 conspiradores de alto rango, sin orden judicial. Los conspiradores fueron encarcelados en el Penal Miguel Castro Castro, que era destinado para terroristas. El general Alberto Arciniegas Huby, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, ordenó que los encarcelados sean trasladados a una cárcel militar ya que era inaceptable retenerlos en una cárcel para terroristas. Sin embargo, Hermoza rechazó la disposición de Arciniegas, lo retiró de su puesto y ordenó torturar a los sublevados.^{[2][5][11][12][13]}

Debido a que se realizó unos días antes de las elecciones constituyentes de 1992, el acto, junto a la captura de Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos, favoreció a Fujimori en el ámbito electoral. Además, Montesinos expulsó a la mayoría de sus críticos de la cúpula militar y logró el control casi total y una influencia mucho mayor dentro de las Fuerzas Armadas. En los rangos menores, no obstante, persistió el descontento hacia su figura.^[14]

En marzo de 1993, los veinticinco militares conjurados fueron condenados por un tribunal castrense a ocho años de prisión por delito de rebelión e intento de homicidio contra Fujimori. En mayo de ese año, once de ellos fueron indultados. Los que no fueron amnistiados cumplieron su sentencia primero en el penal de Castro Castro y luego fueron trasladados a la prisión de la Fortaleza del Real Felipe hasta que pudieron beneficiarse por la Ley de Amnistía de 1995.^[3][5]

El 15 de marzo del 2001, por la Ley №27.436, fueron reincorporados al servicio activo.^[6] Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la anulación de las sentencias, pero el Fuero Militar se negó y solo declaró extinguida la sentencia por prescripción en 2010.^[3][5]

En 2004 el Congreso de la República aprobó el dictamen del Ministerio de Defensa, en que ascendieron a 26 oficiales de las Fuerzas Armadas participantes del contragolpe.^[15] En diciembre de 2004, algunos otros oficiales participantes del contragolpe de 1992 y del Levantamiento de Locumba fueron invitados al retiro, lo que fue reclamado por Antauro Humala en el Andahuaylazo.

• Golpes de Estado de Perú
• Levantamiento de Locumba
• Intento de golpe de Estado en Perú de 2000