Juan Grabois

Formación académica

Juan Grabois es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes (2009) y en Derecho, abogado, por la de Buenos Aires (2010), institución donde se desempeña como docente. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Godspell de San Isidro.^[5]

Familia

Está casado y tiene tres hijos, reside en localidad de Boulogne, Provincia de Buenos Aires.^[6]

Delegaciones de solidaridad latinoamericana

A partir de la crisis en Bolivia, en noviembre de 2019 Grabois impulsa la creación de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos para denunciar la violencia represiva que se desarrolla en el país. La Delegación viajó a Bolivia los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2019 y recibió amenazas del ministro Arturo Murillo quien amenazó a la delegación argentina quien posteriormente sería procesado por la muerte de 20 manifestantes.^[15] Sería uno de los primeros en denunciar el caso de contrabando de armas hacia Bolivia ocurrido en 2019^[16] La Misión viajó con los mismos fines a Ecuador, Colombia y a Perú.

En 2024 denunció y advirtió sobre la entrada de sicarios desde Paraguay por la falta de gendarmes en la frontera. En enero de ese año llamó la atención en una entrevista sobre el hecho de que Patricia Bullrich estaba utilizando a los gendarmes que debían controlar las fronteras para sofocar las protestas ciudadanas contra el gobierno de Javier Milei. "Si los gendarmes no están custodiando las fronteras, los narcotraficantes bailan" señaló.^[17]

Caso Etchevehere

En octubre de 2020, junto a trabajadores e integrantes de proyectos sociales, Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, puso en marcha el Proyecto Artigas en la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz en la provincia de Entre Ríos. En 2019 Dolores Etchevehere, quien había alegado derechos hereditarios sobre el campo, cedió el 40% de ellos al Proyecto Artigas ubicado en Santa Elena, Entre Ríos.^[18]

El hecho, que tuvo un alto impacto en la agenda pública, hizo que comenzaran a avanzar causas judiciales que permanecían quietas en la justicia. El 24 de noviembre de 2022, la jueza de Garantías de Entre Ríos Carola Bacaluzzo dictó el procesamiento de Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos Juan Diego Etchevehere y Sebastián Etchevehere, y su madre Leonor Barbero Marcial por el vaciamiento de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), empresa propietaria de El Diario de Paraná, lo cual fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de la justicia provincial.^[19] El 13 de mayo de 2021, ya habían sido condenados y multados en la misma causa por desviar para uso personal créditos a tasa subsidiada por el Estado para producción de soja.

Actualmente, sigue en litigio en la justicia civil la causa por la sucesión de Luis Félix Etchevehere, en la que en los últimos años hubo medidas cautelares a favor del planteo de Dolores Etchevehere.^[20] Además, la justicia federal de Buenos Aires, emitió un dictamen en el que prueban la violencia económica sufrida por la denunciante.

Precandidatura a presidente

En marzo del 2023 Grabois lanzó oficialmente su candidatura a presidente bajo la consigna "Argentina Humana".^[21] La intención de Grabois, según manifestó, es que hubiera un candidato o candidata que expresara las ideas de justicia social y soberanía nacional dentro de las PASO del Frente de Todos. Previo al cierre de listas, apoyó a Wado de Pedro en lo que era una probable candidatura presidencial, como también la de Axel Kicillof -que se mantuvo en renovar su banca de Gobernador-. Finalmente, el exmilitante de HIJOS, aprobó la fórmula de Sergio Massa - Agustín Rossi; y cumplió así con su objetivo de aspirar a una representación de carácter "nacional y popular", ya que se postuló -en lo que fue un arduo trabajo para la militancia de Frente Patria Grande- para una interna en la lista oficialista de Unión por la Patria, en función tal de competir ante el dirigente de Tigre, con quien mantiene distancia.

Grabois eligió como compañera de fórmula a la licenciada en Sociología, Paula Abal Medina^[22] su lista logró sacar 1.441.504 votos (21,45% dentro de la primaria de Unión por la Patria) contra 5.277.538 (78,55%) de la fórmula Massa-Rossi.

Imputación y desestimación

En 2024, el Gobierno de Javier Milei decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) ^[23][24] al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana y del FISU, con el objetivo principal de garantizar para los más de 4400 barrios populares del país el acceso a la red de agua, cloacas y electricidad y regularizar la tenencia de la tierra en favor de los vecinos. Pero también avanzar en el acceso a la salud, el transporte público, la recolección de residuos y, sobre todo, el trabajo.^[25]

El 23 de febrero el subsecretario de Integración Socio Urbana de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, en diálogo con El Observador 107.9, desmintió las falsas denuncias y destacó la política de urbanización llevada adelante por la SISU, a cargo de Fernanda Miño en la gestión previa. Afirmó que los fondos del FISU «tienen varios controles» estatales y externos al estado como colegios de abogados y arquitectos provinciales, y que esta política es promovida como ejemplo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), agregando que, según sus palabras la de Integración urbana «Si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo»^[26] Al mismo tiempo a pesar de ser crítico con Grabois el funcionario de Milei aportó pruebas que desmentía la nota de Clarín y recordó que el BID había destacado el trabajo de la secretaria.^[27][28]

Finalmente, el actual titular del área, Sebastián Pareja, desestimó la denuncia por no hallar irregularidades en la utilización de los fondos.^[29][30][31]

Retención de alimentos por parte del Gobierno de Milei

El gobierno de Milei ni compró ni distribuyó paquetes de comida que se encontraban almacenadas en un lugar desde la asunción al poder el 10 de diciembre de 2023.^[32] Grabois denunció en febrero judicialmente a la ministra Sandra Pettovello por "incumplimiento de los deberes de funcionario" y "violar normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza".^[33][34] En mayo, coincidiendo con las protestas de la Iglesia por no repartir los 5 millones de kilos de comida que el Gobierno de Milei tenía almacenada,^[35][36][37] un juez ordenó el 27 de mayo el reparto de éstos en menos de 72 horas.^[32]

Ante esta situación, Manuel Adorni, vocero presidencial, reconoció la existencia de esa cantidad de alimentos .^[38] Sin embargo, Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, afirmó que esos alimentos estaban almacenados para usarse en una eventual emergencia y que se según él se trata de un stock de reserva.^[38]

Ante la pasividad del Gobierno en el reparto de los alimentos, diferentes jueces de distintas provincias dictaron órdenes de allanamiento por parte de la Gendarmería de diferentes galpones durante el primero de junio pues aún el Gobierno no había empezado el reparto.^[34][39][40]

En marzo de 2025 realizó una ampliación de la denuncia junto a Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP a Pettovello tras encontrar "útiles escolares y nuevos alimentos en 13 depósitos gubernamentales.^[41]

Denuncia a Milei por el "Criptogate"

En febrero de 2025, el presidente Javier Milei difundió desde sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, lo que provocó un fuerte aumento y posterior desplome de su valor, con pérdidas para numerosos inversores. Grabois presentó una denuncia penal por presunto uso indebido del cargo para beneficiar un negocio privado.

El 20 de marzo de 2025, la Cámara Federal habilitó como querellantes a tres damnificados representados por Grabois; los intentos posteriores de la defensa del Milei por excluir esa querella fueron rechazados por la Cámara de Casación a fines de abril y mayo. Desde entonces, la parte querellante accedió al expediente e impulsó medidas de prueba; en paralelo, la fiscalía pidió levantamientos de secreto y pericias de trazabilidad sobre transferencias vinculadas al creador del token, y se ordenó el congelamiento de criptoactivos relacionados con la investigación