Legislación del cine peruano
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El siguiente artículo resume las leyes peruanas dictadas para promover y/o fomentar la cinematografía nacional.
Antecedentes
La primera incursión del estado peruano en la cinematografía se dio durante el Oncenio de Leguía, época en la que el régimen de Augusto Leguía mandaba a hacer registros fílmicos de actos oficiales y fiestas de gala con fines propagandísticos.[2][3] Leguía también instauro la censura cinematográfica mediante una norma legal promulgada el 11 de junio de 1926, la cual creaba una junta censora ante la "necesidad de asegurar el valor de los espectáculos cinematográficos y evitar los efectos perniciosos de las películas inmorales".[4]
La primera norma legal dictada para promover la producción cinematográfica fue dictada por el presidente Manuel Prado Ugarteche durante su primer gobierno el 14 de julio de 1944.[5] Dicha ley estableció el Servicio de Noticiarios Nacionales, el cual encargaba a empresas productoras la realización semanal de noticieros y documentales peruanos, obligando a su proyección en cines.[6] Dicho sistema se mantuvo hasta 1957.[3]
Ley N.º 13936
El 27 de enero de 1962 durante el segundo gobierno de Manuel Prado, el Congreso de la República dictó la ley "liberando de toda clase de impuestos y arbitrios, la exhibición de las películas nacionales, de largo metraje, producidos en el país por empresas nacionales".[7] Constando de solo 2 artículos, la Ley eximía de impuestos a las empresas productoras nacionales durante un plazo de 8 años.[8]
Debido a que la Ley era ambigua respecto a la nacionalidad de los beneficiarios, la legislación facilitó la realización de varias coproducciónes de países como México y Argentina en la década de los 60s.[9]
Ley N.º 19327
La Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica, promulgada durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado el 27 de marzo de 1972 y entrada en efecto al año siguiente, estableció la exhibición obligatoria de películas peruanas e incentivó la producción con devolución de impuestos.[10]
El artífice de la ley fue el cineasta Armando Robles Godoy, quien afirmó haber convencido personalmente a Velasco y, años antes, venía preparando con la Sociedad Peruana de Cinematografía una ley que fue presentada al congresista Alberto Arca Parró y que había llegado al senado antes del golpe de Estado de 1968.[11]
Dicha ley también estableció la Comisión de Promoción Cinematográfica (COPROCI), institución encargada de brindar certificados de exhibición obligatoria a las películas. Según Christian Wiener, la COPROCI devino en un ente censor –especialmente durante el régimen militar– conformado por burócratas. Sin embargo, la Ley fue una norma fundamental porque permitió la realización de más de mil cortos y 60 largometrajes, impulsando significativamente el cine local durante dos décadas.[12][13]
En diciembre de 1992, el Gobierno de Alberto Fujimori promulgó la Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos (Ley N.º 25988), la cual derogó los principales artículos del Decreto Ley N.º 19327 al contravenir la filosofía política y económica del régimen.[14]
Ley N.º 26370
Tras una campaña de parte de los cineastas exigiendo la restitución de la ley anterior, y usando la tesis de "excepción cultural" y la declaración de la UNESCO respecto a cinematografías locales,[12] el Congreso Constituyente Democrático promulgó el 18 de octubre de 1994 la Ley de la Cinematografía Peruana.
Dicha ley propuso iniciativas económicas para fomentar el cine e inauguró el Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine), organismo dependiente del Ministerio de Educación encargado de organizar concursos para obras cinematográficas dos veces al año, con premios de entre 155 y 270 UITs.[15]
Debido al incumplimiento del pago del presupuesto por parte del gobierno, el CONACINE empezó a operar en sus primeros 7 meses sin dinero hasta recibir un desembolso de S/.500,000 de Alberto Fujimori a mediados de 1996.[10] Pese a recibir S/.1 millón en 1999, el CONACINE no convocó concurso ese año para poder pagar el funcionamiento y las deudas de los ganadores del año pasado.[16]
