Caso Leire Díez
política y periodista española
From Wikipedia, the free encyclopedia
El caso Leire Díez,[1][2][3] también conocido como caso Fontanera[4][5][6] o caso Cloacas del PSOE,[7][8][9] es una investigación judicial abierta en España en 2025 sobre una presunta trama de obtención de información reservada, tráfico de influencias y actuaciones destinadas a influir en procedimientos judiciales relacionados con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), miembros del Gobierno de España y personas de su entorno. La investigación está dirigida por el juez Santiago Pedraz y se basa en gran medida en informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO).
| Caso Leire Díez | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tribunal | Audiencia Nacional | |||
| Partes | ||||
| ||||
| Jueces | Santiago Pedraz | |||
| Historial del caso | ||||
| Acciones relacionadas | PSOE | |||
El caso recibe su nombre de Leire Díez, militante socialista hasta el 3 de junio de 2025, cuando solicitó la baja voluntaria como afiliada del PSOE, y antigua directiva de empresas públicas, a quien diversos medios de comunicación calificaron como «fontanera» del PSOE debido a sus actividades de intermediación política y a sus contactos con investigados, abogados, empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad y responsables institucionales.[10][11][12][13][14][15] Según la UCO, Díez habría desempeñado un papel ejecutivo dentro de una estructura presuntamente coordinada junto al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.[16]
Los investigadores sostienen que dicha estructura habría intentado obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales, promover actuaciones contra miembros de la UCO e influir en diversas causas judiciales mediante ofrecimientos de apoyo, ventajas procesales, contraprestaciones económicas o acceso a cargos públicos. Parte de estas conclusiones se apoyan en mensajes, grabaciones y documentación incorporados al sumario judicial.[16][17][18][19][20][21]
La investigación ha dado lugar a registros, incautaciones de documentación y análisis de la financiación de determinadas actividades atribuidas a la trama. Ha generado controversia política porque sus anotaciones contienen pagos realizados a dirigentes del Partido Socialista y del Partido Popular,[22] así como vinculación a miembros de la Administración y personas próximas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tanto el PSOE como el PP han rechazado las acusaciones y niegan la existencia de una organización destinada a interferir en investigaciones judiciales.[16][17][18][19][20][21][22][23]
Leire Díez
María Leire Díez Castro nació en Portugalete (Vizcaya) en 1975 y se licenció en Ciencias Sociales y de la Información, con especialidad en Periodismo, por la Universidad del País Vasco en 1997.[10]
Inició su trayectoria política en las listas electorales del PSOE, siendo elegida concejala en las elecciones municipales de España de 2011 y ocupando el cargo de teniente de alcalde en el municipio cántabro de Vega de Pas, entre 2011 y 2014, así como vicepresidenta de la Mancomunidad Valles Pasiegos,[11] aunque siempre ha vivido en Portugalete.[24]
Posteriormente, entre 2018 y 2021, fue jefa de Comunicación en ENUSA, empresa pública vinculada al sector nuclear, y entre 2022 y 2023 ocupó varios cargos en Correos, entre ellos la dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros.[25]
Revelación del caso
Filtración de grabaciones
En mayo de 2025, Leire Díez se situó en el centro de una polémica mediática tras la publicación de unos audios por parte de El Confidencial. En ellos se la vincula con una supuesta operación del PSOE para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Esta unidad dirige investigaciones sensibles, como el caso Koldo y otras causas que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez Pérez-Castejón, esposa y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.[26][12]
Según las grabaciones, Díez habría mantenido una videollamada en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en el pasado por fraude en la venta de combustible, en la que le solicitaba información comprometida sobre Balas. En la conversación también participaron el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones, y el abogado Jacobo Teijelo, conocido por haber defendido al yihadista Abu Dahdah. Durante la reunión, Díez habría ofrecido, en nombre del entorno socialista, un posible acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de esa información.[27][28][29]
En los audios se escucha a Díez solicitar «un papelito» que sirviera para cuestionar la imparcialidad de Balas. Sin embargo, Hamlyn rechazó la propuesta al no recibir garantías suficientes. Según diversas opiniones, el objetivo de la operación habría sido minar la credibilidad de la UCO y frenar el avance de investigaciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo.[12]
Reacciones políticas y mediáticas
En declaraciones del 27 de mayo de 2025, Leire Díez reconoció la autenticidad de la conversación, aunque aseguró que se trataba de una reunión enmarcada en una supuesta investigación periodística sobre la trama de los hidrocarburos con vistas a publicar un libro. Sin embargo, no consta que Díez haya trabajado en ningún medio de comunicación ni como periodista autónoma. En entrevistas concedidas a La Sexta y El Diario Montañés, afirmó que el audio fue publicado de forma parcial y fuera de contexto, negando actuar por encargo del PSOE ni de Santos Cerdán.[13][12] El Confidencial, en respuesta, publicó la grabación íntegra, de unos 53 minutos de duración.[14]
El PSOE se desvinculó públicamente de Díez. La portavoz del partido, Esther Peña, negó que tuviera relación laboral con la formación: «No ha estado nunca en nómina» y «no habla en nombre del partido». Por su parte, Santos Cerdán admitió conocerla desde hace años, pero dijo desconocer a qué se dedica en la actualidad.[26][12]
El 28 de mayo, El Confidencial reveló otro audio, grabado en septiembre de 2024, en el que Javier Pérez Dolset afirmaba que la operación para desacreditar a la UCO había sido impulsada directamente por Pedro Sánchez y Santos Cerdán, con la participación de Leire Díez: «Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán [...] y con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir».[30]
Pese a las negaciones oficiales, diversos medios han subrayado la cercanía de Díez con figuras relevantes del PSOE. En sus redes sociales ha compartido imágenes junto a Patxi López, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Además, según fuentes del PSOE cántabro citadas por El Diario Montañés, la propia Díez habría comentado en privado que colaboraba con Cerdán en tareas de «asesoramiento contra la desinformación».[26][12]
Ampliación de las acusaciones
El 28 de mayo, El Mundo y La Razón informaron de una nueva reunión entre Leire Díez y Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil implicado en el caso Koldo. Según estas fuentes, el objetivo habría sido recabar información sensible sobre la UCO y sobre Víctor de Aldama, además de evitar que este último revelara datos comprometedores en el marco de diversas investigaciones judiciales relacionadas con el Ejecutivo.[15][31] La Razón añadió que Díez también habría contactado con varios empresarios imputados por corrupción, instándoles a obtener información comprometedora sobre jueces y fiscales de Badajoz presuntamente vinculados al caso David Sánchez.[32]
En paralelo, también intentó desacreditar al fiscal anticorrupción José Grinda, implicado en investigaciones sensibles como el caso del 3% y la causa contra Carles Puigdemont, mediante la difusión de un vídeo de contenido sexual que, según ella, lo comprometía directamente. El material fue ofrecido a varios medios de comunicación, entre ellos El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, quien en 1997 fue víctima de una maniobra similar. El Español rechazó publicar el contenido, alegando que carecía de interés informativo, afectaba a la vida privada del fiscal y que su obtención podría constituir un delito.[33][34]
Además, se ha revelado que Leire Díez coordinó acciones para obtener información comprometedora sobre la jueza Beatriz Biedma, quien instruye el caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según informes de prensa, dos militantes del PSOE, identificados como colaboradores de Díez, viajaron a Badajoz para recopilar datos personales sobre la magistrada, con el objetivo de desacreditarla, aunque no encontraron elementos irregulares en su historial. Asimismo, se ha informado que Díez contactó con empresarios investigados por corrupción para obtener información sobre jueces y fiscales relacionados con el caso de David Sánchez. También mostró interés en contactar con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, quien había presentado recursos para recusar a la jueza Biedma por «enemistad manifiesta».[35][36]
Igualmente, El Español también publicó que Díez estuvo contratada entre junio y octubre de 2024 en una supuesta empresa fantasma dirigida por Gaspar Zarrías, quien había sido anteriormente condenado a nueve años de prisión por el Caso ERE en Andalucía hasta que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente la sentencia en julio de 2024, desde donde habría estado investigando para intentar desacreditar el caso.[37][38] Por su parte, elDiario.es informó que Díez presentó a Javier Pérez Dolset en la sede del PSOE en Ferraz afirmando haber obtenido supuestas pruebas que demostrarían un "complot político, judicial y policial" en torno a la investigación del caso, aunque el PSOE acabó desestimando la información recabada al no aportar novedad alguna respecto a lo ya conocido sobre el mismo.[39]
Repercusiones políticas
El 3 de junio, Díez solicitó su baja voluntaria del PSOE tras declarar durante dos horas ante los servicios jurídicos del partido en la sede de Ferraz. En ese encuentro, entregó un pendrive con más de 2000 documentos que, según afirmó, forman parte de una investigación periodística sobre supuestas tramas de corrupción ligadas a la llamada «policía patriótica», al sector de los hidrocarburos y a figuras próximas al Gobierno.[40][41]
Un día después, ofreció una rueda de prensa en Madrid para defender su versión. Negó actuar en nombre del PSOE y reiteró que todo formaba parte del trabajo de documentación para un libro. El acto fue interrumpido por Víctor de Aldama, quien la acusó públicamente de mentir. Díez abandonó la sala escoltada por Javier Pérez Dolset y anunció su intención de denunciar a Aldama por «actitud violenta».[42][43]
El 5 de junio, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, bloqueó la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja, pese a haber sido solicitada por PP, ERC y Podemos. Armengol decidió no incluirla en el orden del día de la Mesa, que se reunió telemáticamente esa tarde. Como consecuencia, su calificación quedó pospuesta al 10 de junio, y el debate en la Junta de Portavoces se aplazó hasta el día 17. La comparecencia del presidente quedaría así relegada a la última semana del mes, cuando estará fuera del país por la cumbre de la OTAN (24 y 25 de junio). En consecuencia, no regresará al Congreso hasta después del verano.[44]
Investigación judicial
La investigación judicial del caso comenzó en julio de 2025 en distintos juzgados de Madrid y adquirió una dimensión nacional en 2026 tras la intervención de la Audiencia Nacional. Las diligencias se centraron inicialmente en los audios protagonizados por Leire Díez, pero posteriormente se ampliaron a una presunta estructura organizada destinada a interferir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE.
Diligencias iniciales
El 16 de julio, el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Madrid acordó la apertura de diligencias para investigar a Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil.[45]
El 31 de julio, el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Madrid citó a declarar como imputada a Díez el 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, tras una denuncia interpuesta por la organización Hazte Oír y con el aval de la Fiscalía.[46]
El 10 de octubre, el juez instructor amplió su investigación y citó a declarar como imputado al empresario Javier Pérez Dolset el mismo día que Díez por presuntamente intentar sobornar a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda.[47]
El 7 de noviembre, el juez aplazó la declaración de Leire Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol (también imputado) al 17 de noviembre después de que el fiscal Ignacio Stampa comunicara que aportaría documentación adicional sobre el caso.[48]
Ampliación de la causa
Durante 2026, el caso adquirió una dimensión mucho mayor tras la apertura de nuevas líneas de investigación en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz comenzó a investigar una presunta estructura coordinada destinada a interferir en causas judiciales sensibles para el PSOE y el entorno del Gobierno, integrando en una misma investigación a Leire Díez, Javier Pérez Dolset, varios abogados, empresarios y antiguos cargos socialistas.[49][50]
Según los informes policiales y diversas resoluciones judiciales difundidas por la prensa, la investigación dejó de centrarse exclusivamente en los audios filtrados y pasó a analizar una posible red organizada de captación de información sensible, campañas de descrédito contra jueces, fiscales y miembros de la UCO, así como presuntos pagos encubiertos mediante facturación falsa.[51][52]
Entre los nuevos investigados figuraban Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; Ana María Fuentes, gerente del partido; el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías; y el abogado Ismael Oliver. Las diligencias apuntaban a que parte de las actividades atribuidas al grupo habrían sido financiadas indirectamente mediante estructuras vinculadas al partido.[53][54]
Registros y actuaciones de la UCO
La Guardia Civil documentó decenas de reuniones entre Leire Díez y dirigentes o intermediarios relacionados con el PSOE entre 2024 y 2025. Según distintas informaciones periodísticas, los investigadores analizaron registros de visitas a la sede del PSOE, documentación contable, correos electrónicos y sistemas internos de gastos del partido.[49][54]
El 27 de mayo de 2026, agentes de la UCO registraron durante más de doce horas la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz por orden judicial. Los investigadores solicitaron documentación económica, registros de visitas y acceso al sistema informático interno del partido en relación con la presunta financiación de operaciones dirigidas a desacreditar investigaciones judiciales.[50]
Presuntas presiones a fiscales
Las pesquisas también incorporaron presuntos intentos de soborno o presión a fiscales anticorrupción como José Grinda e Ignacio Stampa. Según la Fiscalía, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol habrían actuado de forma «coordinada» para obtener información sensible y neutralizar investigaciones que afectaban tanto a políticos como a empresarios.[55][56]
En distintos escritos judiciales y recursos de la Fiscalía se describió el supuesto objetivo de «anular o malbaratar» actuaciones de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción mediante la obtención de información comprometedora, filtraciones, campañas mediáticas y ofertas de favores procesales.[55][57]
Vinculación con el Partido Popular
Las actividades de Díez no se limitaron al ámbito del PSOE, sino que buscaron establecer puentes con actores del anterior gobierno del Partido Popular. La investigación ha revelado contactos y reuniones entre la principal investigada y Francisco Martínez Vázquez, quien fue Secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy (PP) y está acusado en el 'caso Kitchen' por un presunto espionaje a Luis Bárcenas. [58][59]Según los informes del sumario de la UCO, ambos se reunieron los días 15 y 24 de julio de 2024. Díez le ofreció a Martínez un acuerdo: le garantizaba un pacto con la Fiscalía a favor de Martínez a cambio de que él le proporcionara información sobre operaciones policiales y contactos en el ámbito de Villarejo y la llamada "policía patriótica" durante su etapa en el Ministerio del Interior. Martínez, aunque manifestó no tener relación con el excomisario Villarejo, se comprometió a intentar conseguir información para Díez.
Los cuadernos de Leire Díez vinculan en dos ocasiones a la "cúpula del PP" con "pagos a narcotraficantes". También vincula pagos a Pablo Vioque, fundador de Alianza Popular y destacado del narcotráfico español en la década de los noventa, quien planeó en 2003 el asesinato del entonces fiscal antidrogas de la Audiencia Nacional. [22]
