Caso David Sánchez
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El caso David Sánchez (también conocido como caso Azagra o caso Diputación de Badajoz)[1] fue una investigación judicial española iniciada en mayo de 2024 que involucra a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura. La causa se centra en presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez por la Diputación, así como en posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.[2]
| Caso David Sánchez | ||||
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| Partes | ||||
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| Delitos | Presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias | |||
| Jueces | Beatriz Biedma | |||
| Historial del caso | ||||
| Acciones relacionadas | Miguel Ángel Gallardo Miranda, Pedro Sánchez | |||
| Acusación popular | Partido Popular, Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oir, Iustitia Europa, Liberum Asociación | |||
Antecedentes
David Sánchez es conocido como director de orquesta con el nombre artístico de "David Azagra". Vivió varios años en San Petersburgo, y afirma haberse graduado allí con matrícula de honor en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky Korsakov,[3] aunque nunca ha enseñado el diploma original del supuesto título oficial y la acusación popular Liberum cuestionó que David Sánchez hubiese podido homologarlo en España en apenas seis días cuando la tramitación de este procedimiento suele tardar varios meses.[4][5] También ha realizado estudios musicales en Lucerna, Milán y Siena. Además, ha trabajado como director de orquesta en Toulouse y Tokio.[3]
En julio de 2017, David Sánchez fue contratado por la Diputación de Badajoz con el cargo de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, cargo configurado como un puesto de alta dirección, pese a que la memoria elaborada para justificarlo se centraba en tareas de coordinación de conciertos, grupos musicales y orquestas. El contrato fue firmado por el entonces diputado provincial y alcalde de Monesterio Antonio Garrote Ledesma, responsable del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz.[6] El nombramiento se rubricó con la firma del entonces presidente de la dicha diputación, Miguel Ángel Gallardo.[7] La jueza instructora del caso sostiene que esta plaza fue creada ad hoc para él, y que supuestamente incumplió los requisitos establecidos para el acceso a empleos públicos.[8]
En 2022, su puesto fue modificado y pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Con la propuesta de «cambio de nomenclatura» se «disfrazó» lo que en realidad era la creación de un «puesto nuevo totalmente distinto al anterior», sin informar de «las nuevas funciones» que desempeñaría el hermano del presidente. «Sin dichas funciones, todo el procedimiento administrativo de control posterior carece de sentido, pues no puede valorarse la procedencia ni emitirse informe de legalidad, ni que el Pleno conozca lo que realmente está aprobando si dicho acto se disfraza de un mero cambio de nomenclatura», recoge la sentencia.[9]
Por ambos puestos, David Sánchez percibió un total de 340.572,36 euros brutos de la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2025.[10]
Investigación judicial
La investigación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias. La jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, abrió diligencias por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó varios registros en la Diputación de Badajoz para recabar documentación relacionada con la contratación de David Sánchez.[11]
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del teniente coronel Antonio Balas Dávila, ha estado al frente de la investigación del caso.[12] En noviembre de 2024, la UCO presentó un informe en el que señalaba que la Diputación de Badajoz creó el puesto de trabajo de David Sánchez de una manera «urgente», pese a que desde el área de Cultura nunca se trasladó que hubiera necesidad de crearlo y que el propio presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, se había opuesto solo seis días antes a contratar más personal para esa área por considerar que el que ya tenía era excesivo.[13]
En marzo de 2025, la UCO reveló la existencia de un correo electrónico intercambiado entre los jefes de los conservatorios de la Diputación de Badajoz el día 19 de mayo de 2017, en el cual compartían un enlace con la publicación de las bases para la nueva plaza que sería ocupada por David Sánchez, algo que había tenido lugar ese mismo día. La UCO destacó que el asunto de ese correo llevaba por título explícito «El hermanísimo», reforzando los indicios de que ya entonces estaba predeterminado que la plaza iba a ser ocupada por el hermano de Pedro Sánchez.[14]
El 7 de febrero de 2025, David Sánchez presentó su renuncia unilateral al puesto de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, aludiendo al impacto emocional provocado por la presión mediática y política. La Diputación de Badajoz aceptó su renuncia.[8]
Procesamiento
En mayo de 2025, la Fiscalía Provincial de Badajoz emitió un informe en el que solicitaba el sobreseimiento de la causa, argumentando que la instrucción judicial no había hallado pruebas sólidas de los delitos denunciados y se basaba en «conjeturas» y en una «narrativa sospechosa», pero sin fundamento jurídico suficiente. Las acusaciones populares, representadas por el Partido Popular y el partido Vox, insistieron en mantener el procedimiento y pedir tres años de cárcel para David Sánchez y otros implicados, así como la devolución de los salarios cobrados desde su entrada en la Diputación.[8]
En mayo de 2025, la jueza Biedma decidió enviar a juicio a David Sánchez y a otras diez personas, incluido Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La acusación sostiene que se creó una plaza pública a medida para David Sánchez en la Diputación, basada en su relación familiar con el entonces secretario general del PSOE.[15]
En su auto de procesamiento, la jueza Biedma señala la «capacidad para influir» que Pedro Sánchez tenía en los cargos del PSOE involucrados en la creación del puesto de su hermano.[16][17] También constata que el procedimiento para la creación del puesto en la Diputación quedó paralizado después de que Sánchez dimitiera como secretario general del PSOE en octubre de 2016, y se reactivó cuando inició su campaña para recuperar el liderazgo del partido en mayo de 2017. La plaza se adjudicó a su hermano David Sánchez unos días después de que volviera a ser proclamado secretario general en junio de ese mismo año.[18][19]
Tras la apertura de juicio oral, Miguel Ángel Gallardo renunció a la presidencia de la Diputación de Badajoz y a su cargo como concejal en Villanueva de la Serena para asumir como diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura, obteniendo así la condición de aforado. Esta maniobra, legal pero controvertida, fue criticada por la oposición como una estrategia para evitar ser juzgado por un tribunal ordinario. Gallardo propuso posteriormente eliminar el aforamiento en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, aunque su propuesta fue vista por algunos como una forma de desviar la atención de su situación judicial.[20]
La juez Beatriz Biedma elevó el 9 de junio de 2025 la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, exponiendo que los movimientos de Gallardo para aforarse podían constituir un fraude de ley para adquirir el aforamiento y evitar la jurisdicción del tribunal de instrucción.[21] El 30 de junio de 2025 el TSJE dio la razón a la jueza, considerando que el diputado había adquirido esta condición para evitar el procesamiento, por lo que rechazó ser competente y devolvió el caso al tribunal inferior.[22]
En septiembre de 2025, la Audiencia Provincial de Badajoz rechazó los recursos de los acusados, autorizando el procesamiento de David Sánchez y las otras diez personas al considerar que la investigación de la jueza Beatriz Biedma había recabado indicios suficientes de que David Sánchez se había beneficiado de su relación de parentesco con el secretario general del PSOE para obtener de forma irregular el puesto en la Diputación de Badajoz.[23]
El 4 de junio de 2026, las acusaciones populares del PP, Vox, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum elevaron su solicitud de penas a seis años de prisión para David Sánchez por prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de tráfico de influencias. Para Gallardo incrementaron su solicitud de tres a cuatro años de prisión, además de 40 años de inhabilitación.[24]
Sentencia
El 14 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó por unanimidad a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal impuso una pena de 18 años de inhabilitación para Gallardo y de 9 años de inhabilitación para David Sánchez y el resto de los condenados.[25][26] Los otros condenados son el amigo personal de David Sánchez que era jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz, Luis María Carrero, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, el director del Área de Cultura, Deportes y Juventud Manuel Candalija, la concejala de Olivenza y jefa de Recursos Humanos en la Diputación de Badajoz Juana Cinta, la coordinadora en la Delegación de Igualdad Emilia Parejo, el alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura y Deporte Francisco Martos, la exdirectora del Área de Cultura Elisa Moriano, la concejala en Talavera la Real y exdelegada en el Área de Cultura Juventud y Bienestar Social Cristina Núñez y el jefe del Servicio Apoyo Jurídico e Inspección Félix González.[27]
La Audiencia Provincial declaró probado que entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz; la diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del área, Elisa Moriano, decidieron crear un puesto de trabajo con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez, que en aquel momento carecía de empleo estable una vez terminado un máster en Milán tras una estancia en San Petersburgo, de forma rápida mediante un proceso amañado. También declara probado que David Sánchez no prestó su trabajo de forma habitual en Badajoz, acudiendo a su puesto, que no estaba vinculado a un lugar físico concreto, solo de manera esporádica y sin desarrollar las funciones con las que se justificó la creación del mismo y que figuraban en su contrato, orientando su actividad a sus propias preferencias profesionales.[28][29]
Reacciones políticas
El caso ha generado una fuerte polémica política. Desde el PSOE se ha argumentado que se trata de una persecución política dirigida contra Pedro Sánchez y su entorno. José María Lassalle y Cristina Monge han señalado que estas acciones forman parte de una estrategia política para deteriorar la imagen del presidente del Gobierno.[30]
En junio de 2025, la Comisión Europea se pronunció sobre la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz dejando un mensaje generalista sobre que los Estados miembros de la UE deben respetar los derechos fundamentales en respuesta a una pregunta directa de la portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.[31]
Tras la condena por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz, desde el PP, Núñez Feijóo adujo que nadie estaba por encima de la ley y vinculó el caso con los de José Luis Ábalos y Álvaro García Ortiz, mientras Ester Muñoz instó al Presidente del Gobierno a dimitir.[32]José María Figaredo de Vox calificó a «estos tipos» de «chorizos, cacos y ladrones».[33] En el PSOE, Rebeca Torró defendió la inocencia de Sánchez y Gallardo y sostuvo que la sentencia es parte de una estrategia de desgaste al Gobierno y que la misma «no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia».[32] Rita Maestre de Más Madrid comparó el caso con el de la hermana de Moreno Bonilla y afirmó que «hay una Justicia que tira para un lado».[34] Maribel Vaquero, del PNV, alegó que la sentencia era «fuerte, importante»,[32] mientras Gabriel Rufián de ERC opinaba que la sentencia era una «sobrada» y que «adecentar el Poder Judicial debería ser prioritario».[35]
Opiniones sobre la sentencia
El Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo criticó la sentencia porque según su opinión, no demuestra que nadie ejerciera su influencia para que Sánchez obtuviera su puesto, incluyendo al propio Sánchez. Además opinó que el juicio no debería haberse realizado, porque de haber algún error o irregularidad, el cauce para estos casos sería la vía contencioso-administrativa y no la vía penal. Insistió en que al no ser Sánchez un funcionario público, no habría podido cometer un delito de prevaricación administrativa y afirmó que su caso no habría llegado a juicio de no haber sido el hermano del Presidente del Gobierno.[36] Sin embargo, la Audiencia condenó a David Sánchez como cooperador necesario de la prevaricación administrativa, señalando que para cometer esta figura delictiva no hace falta ser autoridad ni funcionario público.[37]
El magistrado Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, opinó en relación con la sentencia que es «muy profesional» y «muy garantista» señalando que, a pesar de que David Sánchez fue acusado por varios delitos, la Audiencia solo lo ha condenado por uno de prevaricación administrativa y a la pena mínima prevista en el Código Penal. Portillo valoró que la sentencia estuviera especialmente motivada y rechazó las opiniones de quienes afirman que Sánchez habría sido condenado sin pruebas de delito, diciendo: «Si es que hay numerosísimas pruebas. Cuando dicen que no hay pruebas será porque no han querido abrir los ojos y leer la sentencia».[38]
El magistrado Joaquim Bosch indicó que hay que diferenciar entre «un enchufe de toda la vida, de los que desgraciadamente en España puede haber a miles» de un delito de prevaricación, que implica «incumplimientos muy graves del ordenamiento jurídico» y señaló que la sentencia contiene elementos que pueden ser discutibles jurídicamente. Coincidió con la Audiencia en que no ha quedado probado que nadie influyera sobre los funcionarios, ni Sánchez, ni el Gobierno ni alguien de fuera de Badajoz.[39]
El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, calificó los casos de David Sánchez y de Begoña Gómez de «cacería» provocada por los resultados electorales del 23 de julio de 2023 y lo justificó alegando que Gómez llevaba en su Cátedra cuatro años y David Sánchez siete en su puesto de trabajo y a partir de esa fecha comenzaron los problemas judiciales para ambos. También circunscribió esa supuesta «cacería» a un sector determinado de la judicatura.[40]
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, defendió que la sentencia hacía una evaluación exhaustiva de los hechos y denunció como arbitrario que se utilizasen los párrafos de la misma en los que descarta la existencia de tráfico de influencias para negar la existencia de las pruebas por las que se condenó por prevaricación administrativa. También descartó que la sentencia se hubiese redactado para intentar derribar al Gobierno, defendiendo que el tribunal se había limitado a aplicar la ley tras haber valorado los hechos y las pruebas practicadas durante el juicio.[41]
