Ley antisoborno del Reino Unido de 2010

Antes de esta ley, la legislación británica antisoborno se basaba en la Ley de prácticas corruptas en organismos públicos de 1889, la Ley de prevención de la corrupción de 1906 y la Ley de prevención de la corrupción de 1916, un cuerpo legal descrito como «inconsistente, anacrónico e inadecuado». Tras el caso Poulson en 1972, el Comité Salmon sobre normas en la vida pública recomendó actualizar estas leyes y tipificar como delitos algunos comportamientos no previstos en ellas, pero el Gobierno de la época no tomó ninguna medida.

Sugerencias similares se plantearon en el primer informe del Comité sobre normas en la vida pública, establecido por John Major en 1994, y el Ministerio del Interior publicó un borrador de documento de consulta en 1997, en el que se analizaba la ampliación de la legislación antisoborno y anticorrupción.

A esto le siguió el informe de la Comisión de Derecho titulado Confección del Código Penal: corrupción en 1998. El documento de consulta y el informe coincidieron con las crecientes críticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que consideraba que, a pesar de la ratificación por parte del Reino Unido de la Convención antisoborno de la OCDE, sus leyes sobre el cohecho eran inadecuadas.

En el discurso de la Reina de 2002 se anunció un proyecto de ley antisoborno, pero fue rechazado por el comité conjunto que lo examinaba. En 2005 se publicó un segundo documento de consulta que examinaba las preocupaciones del Comité sobre normas en la vida pública, antes de que el Gobierno anunciara en marzo que «existía un amplio apoyo a la reforma de la ley vigente, pero no había consenso sobre cómo llevarla a cabo».

Tras un libro blanco en marzo de 2009, el proyecto de ley antisoborno, basado en el informe de 2008 de la Comisión de Derecho, «Reformando el soborno», se anunció en el discurso de la Reina.^[1] Inicialmente, recibió el apoyo de todos los partidos tras su presentación por Jack Straw en 2009, pero, según The Guardian, el proyecto de ley fue objeto de un intento de filibusterismo parlamentario por parte de los diputados del Partido Conservador. Esto se produjo tras la presión de la Confederación de la Industria Británica, que temía que el proyecto de ley, en su forma original, obstaculizara la competitividad de la industria británica.^[2]

El proyecto de ley recibió el consentimiento real el 8 de abril de 2010, convirtiéndose en la Ley antisoborno de 2010, y se esperaba que entrara en vigor inmediatamente. En su lugar, el gobierno optó por celebrar varias rondas de consultas públicas antes de anunciar que entraría en vigor en abril de 2011.^[3] Tras la publicación de directrices por parte del Ministerio de Justicia, la ley entró en vigor el 1 de julio de 2011.^[4]

El Ministerio de Justicia también publicó una Guía de inicio rápido,^[4] que destacaba algunos puntos clave de la ley. Esta guía sugiere a las empresas consultar a los organismos pertinentes, como el de promoción exterior —UK Trade and Investment— o el Portal Anticorrupción Empresarial impulsado por el Gobierno.^[4]

En octubre de 2011, Munir Patel, un empleado del Tribunal de Magistrados de Redbridge, se convirtió en la primera persona condenada en virtud de la Ley antisoborno, junto con mala conducta en un cargo público.^[5]

Summarize Timeline Top Qs Fact Check

Los artículos 1 a 5 de la ley abarcan los delitos generales de soborno. El artículo 1 describe el delito de soborno (cohecho activo) como el que se comete cuando una persona ofrece, otorga o promete otorgar una ventaja financiera o de otro tipo a otra persona a cambio de realizar indebidamente (improperly) una función o actividad relevante. El artículo 2 abarca el delito de ser sobornado (cohecho pasivo), que se define como solicitar, aceptar o acordar aceptar dicha ventaja a cambio de realizar indebidamente dicha función o actividad. La ley no define la «ventaja financiera o de otro tipo», pero, según Aisha Anwar y Gavin Deeprose en el Scots Law Times, podría abarcar elementos como contratos, obsequios no monetarios y ofertas de empleo. El elemento «función o actividad relevante» se explica en el artículo 3: abarca «cualquier función de carácter público; cualquier actividad relacionada con un negocio, oficio o profesión; cualquier actividad realizada en el ejercicio del empleo de la persona sobornada; o cualquier actividad realizada por o en nombre de un grupo de personas, ya sea corporativo o no».

Esto se aplica tanto al sector privado como al público, y abarca las actividades realizadas fuera del Reino Unido, incluso aquellas sin vínculo con el país. Las condiciones impuestas son que se pueda esperar que la persona que desempeña la función la realice de buena fe e imparcialmente, o que su función refleje un cierto grado de confianza.

Según el artículo 4, la actividad se considerará realizada de forma indebida cuando se haya incumplido la expectativa de buena fe o imparcialidad, o cuando la función se haya desempeñado de una manera no esperada de una persona en un puesto de confianza. El artículo 5 establece que el criterio para determinar qué se esperaría es lo que una persona razonable en el Reino Unido podría esperar de una persona en tal posición. Cuando el incumplimiento se haya producido en una jurisdicción fuera del Reino Unido, no se deben tener en cuenta las prácticas o costumbres locales al decidir esto, a menos que formen parte del Derecho escrito de la jurisdicción. Los delitos generales también abarcan situaciones en las que la mera aceptación de dicha ventaja constituiría un desempeño indebido de funciones o actividades relevantes.

El artículo 6, conforme a la Convención antisoborno de la OCDE, tipifica como delito sobornar a funcionarios públicos extranjeros. Una persona será culpable de este delito si promete, ofrece o concede una ventaja financiera o de otro tipo a un funcionario público extranjero, ya sea directamente o a través de un tercero, cuando dicha ventaja no sea legítimamente debida.

Un funcionario público (public official) extranjero se define, según el artículo 6(4), como «una persona que ocupe cargos legislativos, administrativos o judiciales o cualquier persona que desempeñe una función pública para un país extranjero o sus organismos públicos, o un funcionario o agente de una organización internacional pública». La inclusión de «a través de un tercero» pretende evitar el uso de intermediarios para evitar la comisión de un delito, aunque si la legislación del país del funcionario público extranjero permite o exige que este acepte la ventaja ofrecida, no se cometerá ningún delito.

A diferencia de los delitos generales de cohecho, no se exige demostrar que el funcionario público actuó indebidamente como resultado. Esto constituye una diferencia entre la Ley antisoborno del Reino Unido de 2010 y la Convención anticohecho de la OCDE. El delito tipificado en el artículo 6 solo se aplica al sobornador, y no al funcionario que recibe o acepta recibir dicho soborno.

El artículo 7 crea el «delito amplio e innovador» del fallo (failure) de las organizaciones comerciales en la prevención del soborno en su nombre. Esto se aplica a todas las empresas que operan en el Reino Unido.

A diferencia del homicidio corporativo (corporate manslaughter, una figura existente en algunas jurisdicciones a través de la cual se puede condenar a una empresa por la muerte de una persona), esto no solo se aplica a la propia organización; individuos y empleados también pueden ser declarados culpables.

El delito es de responsabilidad objetiva, sin necesidad de probar ningún tipo de intención o acción positiva. También es de responsabilidad indirecta: la organización comercial puede ser culpable del delito si el soborno es llevado a cabo por un empleado, un agente, una filial o un tercero, como se establece en el artículo 8. La ubicación del tercero es irrelevante para el procesamiento; según David Aaronberg y Nichola Higgins en Archbold Review, «por lo tanto, una empresa alemana con puntos de venta en el Reino Unido que pague un soborno en España podría, al menos en teoría, ser procesada en el Reino Unido».

Según el artículo 7(2), si la empresa puede demostrar que contaba con procedimientos adecuados para evitar que las personas asociadas con ella incurrieran en soborno, tiene derecho a alegarlo en su defensa. Según las notas explicativas de la ley, la carga de la prueba recae en la empresa, y el estándar de prueba se basa en la preponderancia de las probabilidades.

En 2018 la empresa londinense Skansen Interiors Ltd., admitió un incidente de soborno, pero alegó que contaba con procedimientos adecuados. Sin embargo, se determinó que no había implementado medidas suficientes para cumplir con los requisitos de la ley.^[6]

Tres meses antes de la entrada en vigor de la ley, el Secretario de Estado de Justicia publicó una guía^[7] (distinta de la guía de inicio rápido antes mencionada) que establece 6 principios para las empresas:

1. Procedimientos proporcionados
2. Compromiso de alto nivel
3. Evaluación de riesgos
4. Diligencia debida
5. Comunicación (incluida la formación)
6. Monitoreo y revisión

La única conclusión firme que se desprende de esta guía es que toda empresa a la que se le pueda aplicar la ley debe contar con un código de conducta que refleje adecuadamente esta guía y garantizar que su personal esté plenamente familiarizado con los riesgos y reciba la formación adecuada. Si se acusa a la empresa del delito de no prevenir el soborno, podrá alegar que cuenta con los procedimientos adecuados.

La sección 10 de la ley requiere la autorización de cualquier procesamiento por parte del director de la agencia de procesamiento apropiada antes de que un caso pueda seguir adelante; esto es un cambio respecto a la legislación anterior, que requería el consentimiento del Fiscal General de Inglaterra y Gales. La sección 11 recoge las sanciones para individuos y compañías encontrados culpables de cometer un delito. Si un individuo es hallado culpable de un delito de soborno considerado infracción administrativa (summary offence), puede ser encarcelado por hasta 12 meses y multado con hasta 5 000 libras esterlinas (£). Sin embargo, si es hallado culpable de un delito grave (indictment), se enfrenta a hasta 10 años de prisión y una multa ilimitada.

El delito de una organización comercial que no previene el soborno se castiga con una multa para la que la ley no establece límites (será el tribunal sentenciador el que fije la cuantía de acuerdo a la gravedad de los hechos). Además, un individuo u organización condenado puede recibir una orden de confiscación según la Ley de productos del delito de 2002, mientras que un directivo de una compañía que es condenado puede ser inhabilitado de acuerdo con la Ley de descalificación de directores de compañías de 1986.

El alcance de las disposiciones de esta ley se establece en el artículo 12. Para que a una persona se le pueda aplicar la ley, debe haber cometido un delito dentro del Reino Unido o haber actuado fuera del Reino Unido de una manera que habría constituido un delito de haber ocurrido en el Reino Unido. Para un procesamiento en este último caso, la persona debe tener una "conexión estrecha" con el Reino Unido, lo que incluye ser ciudadano británico, residente o persona protegida, una empresa constituida en el Reino Unido o una sociedad escocesa.

El artículo 13 establece el único eximente para los delitos generales de soborno: que la conducta fuera necesaria para el correcto funcionamiento de los servicios de inteligencia o, en caso de servicio activo, de las fuerzas armadas. Según el artículo 14, los altos directivos de una empresa que cometa un delito general de soborno también serán responsables a los efectos de esta ley. En el caso de un delito cometido por una sociedad de negocios (partnership), el artículo 15 establece que la acción penal debe iniciarse contra la sociedad, no contra alguno de los socios.

Según el artículo 16, la ley se aplica a los funcionarios de la corona, mientras que el artículo 17 deroga toda la anterior normativa relacionada con el soborno, reemplazándola con las disposiciones de la ley.

El artículo 18 establece que la ley se aplica a Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Si bien generalmente se requiere el consentimiento por separado del Parlamento Escocés en tales casos, como se aclara en el artículo 19, el 11 de febrero de 2010 se aprobó una moción de consentimiento legislativo, lo que permitió la aplicación de la ley 2010 c. 23 en Escocia.^[8]

La ley ha sido descrita como «la legislación anticorrupción más estricta del mundo», superando con creces el estándar establecido por la Ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos. A pesar de su «amplia redacción y amplio alcance, [y] en muchos sentidos una mejora respecto a la legislación anticorrupción anterior», se han suscitado importantes preocupaciones, principalmente en torno a la posibilidad de que la ley perjudique la competitividad de la industria británica en el mercado mundial.

David Aaronberg y Nichola Higgins, en Archbold Review, argumentan que el artículo 6 (soborno de funcionarios públicos), en particular, tiene el potencial de incluir acciones éticamente problemáticas, pero permitidas por la normativa de algunas jurisdicciones. Aisha Anwar y Gavin Deeprose, en Scots Law Times, adoptan una postura similar, destacando como áreas particularmente problemáticas la hospitalidad corporativa y los pagos de facilitación, descritos como «esencialmente una forma de extorsión al pagador y, aunque no son habituales en el Reino Unido, si son comunes en muchas jurisdicciones extranjeras», que la Ley 2010 c. 23 podría penar, a pesar de ser permisibles en el ámbito comercial.

La guía del Ministerio de Justicia explica el objetivo político detrás de que la ley no exceptúe estos pagos de facilitación: «Como la legislación anterior, la Ley antisoborno británica no proporciona ninguna excepción para estos pagos (al revés que la Ley anticorrupción estadounidense). La recomendación de 2009 de la OCDE reconoce el efecto corrosivo de los pagos de facilitación y pide a los países firmantes de la Convención antisoborno de la OCDE que disuadan a las empresas de tales prácticas. Las exenciones en este contexto crean distinciones artificiales que son difíciles de aplicar, minan los procedimientos empresariales contra el soborno, confunden la comunicación antisoborno con los empleados y otras personas asociadas a la empresa, perpetúan la "cultura" de la corrupción existente y tienen el potencial de que se abuse de estos pagos»

—Ministerio de Justicia del Reino Unido, Guía de la Ley antisoborno de 2010

En mayo de 2018, la Cámara de los Lores designó un comité selecto para informar sobre la ley.^[9] El comité analizó la cuestión de la hospitalidad corporativa (por ejemplo, comida y bebida que una empresa ofrece a clientes, invitaciones a eventos deportivos, etc.) y el desafío de operar en diferentes culturas. Descubrió que algunas empresas estaban tan nerviosas que les preocupaba ofrecer un simple almuerzo con sándwiches, y que la orientación proporcionada a las empresas reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera difería de la Guía del Ministerio de Justicia. Dado que no se había realizado ninguna interpretación judicial de la ley, el comité consideró que aún se requeriría discreción, dependiendo de las circunstancias de cada relación comercial, bajo el principio fundamental de que la intención es clave.^[10] Este comité se disolvió en marzo de 2019.

La corrupción en el Reino Unido, en el sector público, se define como el uso que los funcionarios públicos hacen de su cargo para obtener beneficios privados.^[11] La corrupción en el sector público en el Reino Unido se percibe como inhabitual, y Transparencia Internacional clasifica al Reino Unido en el puesto 11 de 180 en su Índice de Percepción de la Corrupción de 2020.^[12]

El Reino Unido cuenta actualmente con numerosas leyes que castigan a los funcionarios públicos por soborno y otras formas de corrupción, siendo la Ley antisoborno de 2010 la más relevante en la actualidad.^[13] Aunque el Reino Unido ha mantenido durante mucho tiempo una alta calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción, el descontento público y la insatisfacción han persistido, al igual que las críticas de los periódicos,^{[14] [15]} en gran medida por la salida del Reino Unido del top 10 de este índice. ^{[16] [17] [18]}