Ley de abastecimiento
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Argentina| Ley Nº 20.680 | ||
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| Extensión territorial |
Argentina | |
| Legislado por | Congreso de la Nación Argentina | |
| Historia | ||
| Aprobación | 20 de junio de 1974 | |
| Publicación | 25 de junio de 1974 | |
| Derogación | 20 de diciembre de 2023 | |
| Legislación relacionada | ||
| Derogada por | Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 | |
| Legislación derogada | ||
La Ley de abastecimiento fue una ley sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 20 de junio de 1974,[1][2] que regulaba “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios” “que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población”, así como las “penalidades para los infractores”.[1][2] El 20 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei anunció su derogación a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Antecedentes
Ya desde los inicios de la civilización se buscó el control de precios. En el siglo XVIII a. C. el Código de Hammurabi ya estableció precios y salarios máximos.
En el Imperio Romano del año 301, el Edicto de Diocleciano, también llamado Edicto sobre Precios Máximos, estableció precios máximos y la pena de muerte a quien "teniendo los bienes necesarios para alimento y uso, haya pensado después de esta disposición que deban ser retirados del mercado".[3]
En la Francia de 1793, la Ley del máximum general, estableció precios y salarios máximos y penalizaba a quien acaparase mercadería o vendiera por sobre dichos precios.
El primer antecedente de fijación de precios máximos por una ley en Argentina es en 1920, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuando el Congreso sancionó la Ley de Emergencia 11.157. En efecto congeló por el plazo de 2 años los precios de los alquileres fijándolos al valor del 1 de enero de 1920. En 1922 la Corte Suprema de Justicia la Nación confirmó la constitucionalidad de dicha ley. Sin embargo el presidente de la Corte, el Juez Antonio Bermejo, en minoría se expresó en estos términos:
Finalmente no sería aventurado prever que si se reconoce la facultad de los poderes públicos para fijar el alquiler, habría que reconocerles la de fijar el precio del trabajo y el de todas las cosas que son objeto de comercio entre los hombres, o, como lo expresaba esta Corte Suprema de Justicia en 1903: la vida económica de la Nación con las libertades que la fomentan, quedaría confiscada en mano de legislaturas o congresos que usurparían por ingeniosos reglamentos todos los derechos individuales, hasta caer en un socialismo de Estado en que los gobiernos serían regentes de la industria y el comercio y los árbitros del capital y de la industria privada.[4]
El 12 de febrero de 1964, bajo la presidencia de Arturo Umberto Illia, se promulga la Ley nacional 16 454 “Ley nacional de abastecimiento”, reglamentada por el decreto 987/64.[5][6] Dicha ley declara como objeto “promover el normal abastecimiento y distribución en condiciones de calidad y precio razonable, de todos los bienes y servicios económicos que afectan las condiciones de vida de la población, para la defensa del consumo y crecimiento efectivo de la producción”. Para esto se vale de varias herramientas, entre ellas:[5]
- eliminar intermediarios facilitando el acceso de productores al mercado y promoviendo las cooperativas;
- promover la educación de los consumidores;
- la creación una red nacional de mercados centrales;
- penando con prisión de 3 a 10 años quien provoca una “elevación artificiosa de los precios o escasez de mercadería”.
- faculta al Poder Ejecutivo para disponer allanamientos de locales o establecimientos comerciales e industriales sin orden de un juez.[4]
2012: Yerba mate
En 2012, por falta de abastecimiento en locales de venta y precios considerados "exorbitantes" (aumentos entre un 40 y un 150 %) de yerba mate (producto principalmente de consumo interno), el Poder Ejecutivo advirtió que podría aplicar esta ley,[7][8] tal como había pedido la Defensoría del Pueblo.[9] En 2014 se reformó la Ley de Abastecimiento, creándose un Observatorio de Precios y eliminando las penas de prisión.
