Los Niños (congresistas de Perú)
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Se conoce como «Los Niños» a un grupo de congresistas peruanos del periodo parlamentario 2021-2026 involucrados en una presunta red de corrupción para obtener beneficios gubernamentales a cambio de votar en contra de los procesos de vacancia que fueron presentados contra el presidente Pedro Castillo, en contra de la censura a sus ministros y a favor de las cuestiones de confianza presentadas por el entonces mandatario.[1]
La existencia de los congresistas conocidos como «Los Niños» fue denunciada por la empresaria Karelim López en el año 2022 en declaración ante la fiscalía como colaboradora eficaz. De acuerdo con López, existía una red criminal instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que benefició a empresas ligadas a dichos congresistas, además de asegurar que dicha red estaba integrada por el presidente Castillo y el ministro de la cartera del MTC.[2] El nombre de «Los Niños» fue usado, según López, por Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, y el propio Castillo debido a que dichos congresistas «obedecen a todo lo que dice Pedro Castillo».[3][4] Aunque inicialmente se informó que López había acusado al congresista Carlos Zeballos de ser uno de los involucrados, posteriormente se supo que López acusó a los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara, de ser parte de dicha red.[5][6][7] Entre los acusados por colaboradores eficaces de ser operadores para captar congresistas estaban Auner Vásquez, Roberto Sánchez y Eder Vitón Burga.[8][9][10]
En julio de 2025, la fiscalía de la Nación liderada por Delia Espinoza presentó denuncia constitucional contra 24 congresistas involucrados en el caso además de a Juan Silva (ministro de transporte y comunicaciones), Jorge Luis Prado (ministro de la producción) y a Betssy Chávez (ministra de trabajo y promoción del empleo) a la par que acusó a Castillo de haber presuntamente «liderado la presunta organización criminal, integrada por los congresistas y ministros denunciados, con el fin de negociar votos congresales a cambio direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC); Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); y Producción; así como en organismos públicos descentralizados; Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos».[11]
