Madera de conflicto
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La madera de conflicto es toda aquella madera que ha sido comercializada o gravada en algún punto de la cadena de custodia por grupos armados, ya sean facciones rebeldes o ejércitos estatales, o por una administración civil involucrada en un conflicto armado para financiar hostilidades o perpetuar el conflicto de otra manera, o aprovechar situaciones de conflicto para beneficio personal. La explotación de la madera puede ser en sí misma una causa directa de conflicto. La madera procedente de zonas conflictivas no es necesariamente ilegal. Esta definición es la utilizada por organismos internacionales como el Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal o Global Witness.[1][2][3]La madera de conflicto es un tipo de recurso de conflicto.
La madera de conflicto se puede clasificar en dos tipos: el tipo I aquella madera que es recolectada específicamente para financiar conflictos armados, y el tipo II aquella madera que por su valor o extensión crea reclamaciones rivales de propiedad o control sobre los recursos forestales, lo que resulta en conflictos. [4][5]
Consecuencias
Aunque la madera de conflicto comparte muchas de las características con la tala ilegal, se distingue de esta por su papel en la financiación y perpetuación de los conflictos armados y los problemas sociopolíticos. En este sentido el comercio de la madera de conflicto puede ser legal en muchos países. Tanto la madera de conflicto como la tala ilegal son más prominentes donde la gobernanza es débil, los controles financieros son insuficientes y la participación de la sociedad civil en la gestión de recursos es limitada. [3]La demarcación ambigua sobre la tenencia de la tierra en áreas forestales aumenta la posibilidad de que se den incidentes relacionados con la madera en conflicto.[5]
La gobernanza pobre es la característica más común en los países en los que se produce la madera de conflicto, y está casi siempre acompañada de la complicidad o la implicación del gobierno a través de las fuerzas militares u otras fuerzas de seguridad.[5] Está relacionada también con altos niveles de corrupción, falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios militares y estatales, un sistema legal inefectivo o arbitrario y una capacidad limitada de control por parte de la sociedad civil, lo que conlleva que las concesiones, impuestos y regulaciones relacionadas con la explotación de los bosques se ejecuten sin control y los beneficios puedan ser desviados del erario público. En el contexto de un conflicto armado estos fondos se desvían para poder continuar el conflicto financiando la operatividad de los grupos armados, milicias privadas, gobiernos y aparatos militares estatales, compra de armamento, poder político y como fuente de riqueza personal. [6]La Unión Europea define las “zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo” en la propuesta de reglamento de la UE sobre Minerales de Conflicto como “zonas en estado de conflicto armado, situaciones frágiles de posconflicto y zonas con una gobernanza y seguridad débil o inexistente, así como Estados fallidos, o con violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional, incluyendo abusos de los derechos humanos."[7]
La intervención dirigida a obtener control y financiación puede ocurrir en cualquier etapa de la cadena de suministro, durante la extracción, la molienda, el transporte, la comercialización o el lavado de dinero. Los madereros locales suelen ser los que extraen la madera de alto valor y abastecen a los grupos traficantes, ya que sus operaciones son más informales y tienen regulaciones y supervisión más livianas que las de los madereros comerciales. Las fronteras porosas ayudan a los traficantes a blanquear madera ilegal a través de fronteras donde declaran los troncos o productos bajo otra jurisdicción, introduciéndola en el mercado legal.[8]
Aunque no suele ser la única fuente de ingresos la baja inversión de capital y la poca formación requerida para realizar operaciones de venta de madera lo convierten en una forma relativamente rápida de obtener financiamiento. Pese a esto es más probable que las organizaciones alineadas con el Estado o controladas por él, con mayor frecuencia fuerzas de seguridad estatales o empresas madereras respaldadas por el gobierno, estén involucradas en el comercio de madera en conflicto que los grupos rebeldes.[3]
Las consecuencias sociales y económicas asociadas a la madera de conflicto suelen ser la expropiación de tierras utilizadas u ocupadas por grupos indígenas y otras poblaciones locales, lo que resulta en la pérdida de ingresos y potencial de ganancias tanto para las comunidades como para los gobiernos locales, la quiebra de las empresas forestales legítimas al distorsionar los precios del mercado y competir injustamente con la madera producida en bosques bien gestionados o la prevención de un desarrollo económico sostenible. Las redes comerciales en tiempos de guerra y la tala por parte de facciones armadas pueden persistir en el período de posguerra, especialmente cuando los conflictos tienen un final confuso como en el caso de Colombia.[9]
Por otro lado a nivel ecológico está asociada a la degradación de los bosques y a la destrucción de los hábitats de la fauna salvaje, a la pérdida de especies en peligro de extinción, al empeoramiento del ciclo hidrológico y a la reducción de la capacidad productiva del bosque. Tanto los conflictos como los periodos posteriores a un conflicto provocan una reducción o suspensión de las actividades de conservación debido a preocupaciones de seguridad y desvío de recursos de ayuda internacional para el mantenimiento de la paz.[10][11]
Iniciativas
En los últimos 60 años, al menos un 40% de todos los conflictos intraestatales guardaban relación con los recursos naturales, y en los casos en los que existió esa relación se duplicó el riesgo de reanudación del conflicto durante los primeros cinco años. Según las Naciones Unidas desde 1990 al menos 18 conflictos violentos han estado impulsados por la explotación de recursos naturales; ya fueran recursos de «gran valor» como la madera, los diamantes, el oro, los minerales y el petróleo, o de escaso valor como las tierras fértiles y el agua.[12]
Un estudio de 2016 realizado entre la Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente concluyó que en el ámbito de los delitos ecológicos, el comercio de madera ilegal es el que genera mayor movimiento económico, y se estima que representa entre 51 y 152 mil millones de dólares anuales a nivel global. [13][14]
Iniciativas internacionales
A nivel internacional se han tomado algunas medidas para controlar este tipo de financiamiento a partir de la madera. La Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó la resolución UNEP/EA.2/Res.15, en la que reconoce que unos ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible contribuyen a reducir el riesgo de los conflictos armados. También promovió el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. [15]
Las Naciones Unidas o la Unión Europea pueden implementar sanciones de forma autónoma, como ocurrió en Liberia, la República Democrática del Congo o Birmania entre 2007 y 2013.
La Unión Europea inició en 2003 el plan de acción para el Comercio, la Gobernanza y la Aplicación de las Leyes Forestales o FLEGT, y posteriormente el Programa de Gobernanza y Aplicación de las Leyes Forestales o FLEG iniciado en 2008, que incluye el Reglamento de la madera de la Unión Europea (EUTR), directrices que abordan el comercio de la tala ilegal en la Unión. El plan FLEGT promueve la creación de Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA), que son acuerdos bilaterales entre la UE y países productores de madera propensos a conflictos. [16] [17][18]En 2020 la Comisión Europea amplió el reglamento con un documento guía llamado Obligaciones clave y aspectos prácticos de la aplicación de la EUTR - 2019 mediante el cual se mejoró el marco legal de aplicación de la EUTR.[19]Pese a estas medidas desde 2010 el volumen total de importaciones de productos madereros procedentes de países en conflicto a la UE ha ido incrementando, siendo Italia el que más ha crecido con un 29%, seguido por Francia con un 16%, España con un 15%, Bélgica con un 9%, y Alemania con un 6%.[20]Las leyes EUTR, suiza y la australiana Illegal Logging Prohibition Act son las únicas leyes del mundo que hacen referencia explícita a los riesgos asociados con la compra de madera procedente de situaciones frágiles o afectadas por conflictos.[21]
El G8 puso en marcha en 2002 un plan dirigido a mitigar el impacto de los conflictos militares en África llamado Plan de Acción de África, en el cual se incluyó el apartado 1.5-Trabajar con los gobiernos africanos, la sociedad civil y otros actores para abordar el vínculo entre los conflictos armados y la explotación de los recursos naturales.[22][23]
Iniciativas privadas
Existen diversas certificaciones internacionales para regular la madera como el Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal mediante la certificación PEFC, el Consejo de Administración Forestal mediante el certificado FSC o la Iniciativa de Silvicultura Sostenible mediante el certificado SFI.[24][25][26]
En el mercado también existen estándares o sistemas de verificación como el estándar del Gobierno británico Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), el LegalSource de Preferred by Nature, el OLB (Origine et Légalité des Bois) de Bureau Veritas, el TLV (Timber Legality Verification) de Control Union, y el Legal Harvest de SCS Global Servicies.[27][28]
Iniciativas nacionales
A nivel mundial los mayores importadores de productos madereros procedentes de países en conflicto en 2018 fueron por este orden la China, la Unión Europea y la EFTA, Vietnam e India. China, Vietnam e India, que en 2020 no tenían regulaciones vigentes para detener la importación de madera aprovechada ilegalmente, dedican gran parte de esta madera importada para manufacturar productos como papel, muebles o tableros de madera que posteriormente se destinan a la exportación. [29]
- Australia dispone de una ley que criminaliza la importación de la madera y productos derivados llamada Ley de Prohibición de la Tala Ilegal, similar a la EUTR europea. Las leyes australiana, suiza y EUTR son las únicas que hacen referencia explícita a la madera de conflicto.[21]
- Corea del Sur que dispone de la legislación obligatoria mediante la Ley de Uso Sostenible de la Madera que prohíbe la importación, distribución, producción o venta de madera ilegal, aplicada a través del Instituto de Promoción Forestal y del Servicio de Bosques de Corea.[21]
- Indonesia opera a través de los Acuerdos Voluntarios de Asociación con la Unión Europea, que implica generar un sistema de verificación propio. El sistema indonesio se llama Sistem Verificasi Legalitas Kayu (SVLK).[21]
- Japón opera mediante la aplicación de la Ley de la Madera Limpia como medida voluntaria mediante la promoción de la madera verificada a través del sistema estatal de verificación.[21]
- Malasia opera a través de los Acuerdos Voluntarios de Asociación con la Unión Europea, y ha desarrollado el sistema MY TLAS (Peninsular Malaysia Timber Legality Assurance System).[27]
- Reino Unido cuenta con la UK Timber Regulation para regular el comercio de madera, y ha impuesto sanciones a la importación de madera de Birmania.[30]
- Suiza cuenta con la ordenanza Holzhandelsverordnung – HHV/L’ordonnance sur le commerce du bois – OCBo/La nuova ordinanza sul commercio di legno – OCoL, efectiva desde el 1 de enero de 2022, equivalente a la EUTR.[31]
