Martín Vizcarra

Presidente regional de Moquegua

En las elecciones regionales del 2010, Martín Vizcarra fue elegido presidente de la Región de Moquegua para el periodo 2011-2014, en representación del movimiento regional Integración Regional por Ti. Su gestión se centró en la educación, con las escuelas primarias y secundarias de la región ocupando el primer lugar durante tres años consecutivos en la evaluación censal de estudiantes realizada por el Ministerio de Educación.^[21][26] Como reconocimiento, recibió la Orden de las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta en 2014.^[27][28]

En el sector minero, concilió un conflicto entre la empresa minera Anglo American plc y los residentes locales preocupados por la posible contaminación del agua potable de una mina de cobre en proyecto.^[27] y negoció importantes contribuciones y regalías financieras de las empresas mineras Quellaveco y Southern, asegurando 1000 millones de soles y 108 millones de soles, respectivamente. También obtuvo más de 720 millones de soles del gobierno del presidente Ollanta Humala para proyectos de infraestructura pública en la región.^[29]

Concluyó su mandato como gobernador de Moquegua en 2014, con una serie de mejoras educativas y económicas que fue destacada por The Washington Post.^[21]

Primeros meses

Martín Vizcarra asumió la presidencia del Perú el 23 de marzo de 2018 tras la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski.^[36][37] El escritor Mario Vargas Llosa comentó que los antecedentes políticos de Vizcarra «eran prometedores», señalando que, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Vizcarra había actuado dentro de los límites de la ley y también predijo que, si su popularidad aumentaba significativamente, la oposición de los fujimoristas en el Congreso podría intensificarse, y podrían dejar de lado sus divisiones internas para desafiar su liderazgo.^[38]

Vizcarra se dirigió al Palacio de Torre Tagle, en donde se le otorgó la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Gran Cruz Especial por su labor como embajador del Perú en Canadá.^[39] En su discurso frente al Congreso, definió las líneas políticas de su gobierno: el enfoque en la educación, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.^[40] Vizcarra anunció la renovación total del Consejo de Ministros.^[41]

Durante los primeros meses de su gobierno, Vizcarra actuó de manera cautelosa y evitó cualquier disputa con el Congreso. Tras el estallido del escándalo de CNM Audios en ese mismo mes de julio y el anuncio de la realización de un referéndum para agilizar la reforma judicial, el gobierno empezó a recuperar el apoyo de la población, lo que se reflejó en una subida de su aprobación en las encuestas, que en diciembre de 2018 llegó a su pico más alto: 66 %. La población vio también con simpatía que el presidente Vizcarra apoyara abiertamente la lucha contra la corrupción y la labor del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato.

Luego de poner en camino la reforma judicial, Vizcarra se enfocó en llevar adelante la reforma política; sus críticos, sin embargo, consideraron que solo buscaba confrontar al Congreso.^[42] Pasado el entusiasmo de la lucha contra la corrupción política y judicial, la ciudadanía empezó a exigir al gobierno que se enfocara en otros temas que consideraban que estaban descuidados, como la cuestión socioeconómica y la inseguridad ciudadana.^[43]

Relación con el Congreso

Fuerza Popular, que dominaba el parlamento en mayoría de escaños,^[44] tuvo al APRA como aliado en el Congreso, lo que explicaba que los dos hubieran compartido la Mesa Directiva en dos legislaturas seguidas, y que coincidieran en las votaciones del pleno y de las comisiones. Ello dio origen al término «fujiaprismo».^[45]

Si bien al principio Vizcarra evitó confrontaciones con el Congreso, la reforma judicial que impulsó a partir de julio de 2018, y la reforma política que puso en marcha en abril de 2019, marcaron un punto de quiebre en su relación con el parlamento. El Congreso empezaba a perder fuerza cuando Keiko Fujimori y otros dirigentes de su partido fueron puestos en prisión preventiva al estar presuntamente implicados en el caso Odebrecht por haber recibido dinero ilícito para sus campañas electorales del 2011 y 2016. Fuerza Popular sufrió una crisis interna y varios miembros de su bancada en el Congreso renunciaron a la misma, de tal modo que de los 73 miembros que tuvo en un principio, se redujeran a 55.^[46][47] Otro golpe para el fujimorismo fue la anulación del indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, el 4 de octubre de 2018.^[48]

Disolución del Congreso

Según la Constitución peruana, el poder ejecutivo está facultado para disolver el Congreso tras dos votos de censura o negaciones de confianza a los ministros. El primer voto se produjo el 15 de septiembre de 2017 durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, lo que provocó el colapso de su gabinete. Este voto marcó el primer acto de censura del órgano del Congreso.

El 29 de mayo de 2019, el presidente Martín Vizcarra inició un proceso constitucional, advirtiendo al Congreso que convocaría un voto de confianza si continuaban obstruyendo sus medidas anticorrupción propuestas. Durante los meses siguientes, el Congreso retrasó la acción sobre estas iniciativas y pospuso las elecciones generales propuestas por Vizcarra. El 27 de septiembre de 2019, Vizcarra pidió oficialmente un voto de confianza, afirmando que «está en peligro la democracia de nuestro país». Él y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron al Congreso por bloquear sus reformas propuestas mientras que simultáneamente se movía rápidamente para nombrar nuevos miembros del Tribunal Constitucional de Perú sin investigar a fondo los antecedentes de los nominados. Vizcarra argumentó que la reforma del proceso de nombramiento del Tribunal Constitucional era crucial, y la respuesta del Congreso a esta propuesta se consideró una medida de confianza en su administración.

El 30 de septiembre de 2019, el Congreso nombró a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional, desoyendo la propuesta de reforma de Vizcarra. Vizcarra consideró este nombramiento como el segundo voto de negación de confianza de facto, lo que le otorgó autoridad constitucional para disolver el Congreso. Citando meses de obstrucción a las reformas anticorrupción, Vizcarra anunció la disolución del Congreso ese mismo día, declarando: «Pueblo peruano, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos».

En respuesta, el Congreso se negó a reconocer las acciones de Vizcarra, declarándolo suspendido de la presidencia y nombrando a la vicepresidenta Mercedes Aráoz nueva presidenta de Perú. Sin embargo, los funcionarios del gobierno afirmaron que las declaraciones del Congreso eran nulas, ya que el órgano legislativo ya se había disuelto oficialmente. Las protestas públicas estallaron frente al Palacio Legislativo, con manifestantes que exigían la destitución de los legisladores. Los jefes de las Fuerzas Armadas de Perú afirmaron su apoyo a Vizcarra, reconociéndolo como presidente legítimo y comandante en jefe.

Referéndum constitucional en Perú en 2018

El 28 de julio de 2018, Vizcarra propuso un referéndum nacional destinado a reformar el sistema político. El referéndum pretendía prohibir la financiación privada de las campañas políticas, prohibir la reelección de legisladores e introducir una segunda cámara legislativa.^[64]

The Washington Post describió la iniciativa de Vizcarra como una «respuesta decisiva a un escándalo de corrupción que envuelve a las más altas instancias del poder judicial» y afirmó que ofrecía una rara oportunidad de restaurar la integridad de las instituciones públicas.^[65]

A pesar del apoyo generalizado, surgió oposición política tras la detención temporal de la líder opositora Keiko Fujimori. El 11 de octubre de 2018, miembros de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y de Fuerza Popular, liderada por el fujimorismo, presentaron un proyecto de ley para modificar o eliminar las propuestas de Vizcarra.^[66] Sin embargo, el 9 de diciembre de 2018, los peruanos votaron a favor de tres de las cuatro reformas propuestas, rechazando únicamente la creación de un congreso bicameral. Vizcarra retiró su apoyo a esta propuesta después de que el Congreso, dominado por los fujimoristas, alterara su contenido de una manera que habría disminuido los poderes presidenciales.^[67]

Reforma judicial

El 7 de julio de 2018, el portal IDL-Reporteros difundió una serie de audios que revelaban presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias dentro del sistema judicial peruano. El escándalo, conocido como CNM Audios o Los Cuellos Blancos del Puerto, involucró a jueces supremos, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y otras altas autoridades. Entre los principales implicados se encontraban César Hinostroza, Walter Ríos e Iván Noguera,^[68] quienes aparecían negociando favores y utilizando influencias para beneficio personal.

Ante la gravedad de los hechos, el presidente Martín Vizcarra anunció el 11 de julio de 2018 la creación de una comisión para reformar el Poder Judicial, presidida por Allan Wagner.^[69] Posteriormente, en su mensaje por Fiestas Patrias, propuso un referéndum para aprobar cuatro reformas constitucionales relacionadas con la reforma judicial y política, entre ellas la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura y la prohibición de la reelección parlamentaria.^[70]

Durante los meses siguientes surgieron tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, dominado por el fujimorismo, debido a la demora en aprobar las reformas.^[71] Vizcarra incluso planteó una cuestión de confianza para presionar al Parlamento. Finalmente, el Congreso aprobó los proyectos y el referéndum se realizó el 8 de diciembre de 2018, donde la ciudadanía respaldó tres de las cuatro reformas planteadas, incluyendo la reforma judicial, mientras que la bicameralidad fue rechazada.^[72][73]

Como resultado de estas reformas, se creó la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que reemplazó oficialmente al Consejo Nacional de la Magistratura mediante la Ley N.º 30916 promulgada en febrero de 2019.^[74] En cuanto a los involucrados en el caso, César Hinostroza huyó a España y fue detenido para enfrentar un proceso de extradición, Walter Ríos quedó en prisión preventiva y Pedro Chávarry fue removido del cargo de fiscal de la Nación, aunque continuó como fiscal supremo.

Gestión anticorrupción: Odebrecht y OAS

Vizcarra apoyó públicamente al Equipo Especial de Fiscales de Lava Jato, el primer caso en mostrar un gran avance fue el de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, por haber recibido presuntamente dinero ilícito de parte de la empresa Odebrecht durante las campañas electorales de 2011 y 2016 (caso Cócteles). El juez Richard Concepción Carhuancho hizo suya la tesis del fiscal y ordenó detención preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular, en octubre de 2018.^[75]

Cuando en vísperas del Año Nuevo de 2019 el cuestionado fiscal de la nación Pedro Gonzalo Chávarry removió de sus cargos a los fiscales del Equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, la ciudadanía reaccionó indignada y realizó masivas protestas en Lima y provincias. El mismo presidente Vizcarra, que estaba en viaje a Brasil, regresó al Perú, e hizo una caminata al Congreso llevando una propuesta de un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público.^[76]

El 15 de febrero de 2019, el Equipo de Fiscales de Lava Jato y la empresa Odebrecht, firmaron el acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios en Sao Paulo, Brasil. El monto de la reparación civil acordado fue de S/610 millones, más los intereses legales, que ascenderán a S/150 millones. El dinero será pagado en un plazo de 15 años. La empresa brasileña se comprometía a brindar información con respecto a cuatro proyectos en las que había admitido haber dado coimas: Corredor Vial Interocéanico Sur (tramos 2 y 3); Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2); Vía Evitamiento del Cusco; y Proyecto Vía Costa Verde-tramo Callao.^[77] Hubo críticos en el Perú, encabezados por la congresista Yeni Vilcatoma, que rechazaron el acuerdo por considerar que beneficiaba más a la empresa que al Estado; se promovió incluso una interpelación al ministro de Justicia Vicente Zeballos. Las delaciones premiadas permitieron el avance de los casos, como el de Alan García, investigado por el caso del Metro de Lima y de la Interoceánica Sur. En abril de 2019, el fiscal José Domingo Pérez amplió dicha investigación a Luis Nava Guibert y a Miguel Atala (hombres del entorno íntimo de García), así como a sus hijos, por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht, dinero que en realidad habría estado destinado a Alan García.^[78] El 16 de abril de 2019, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por diez días de Alan García, junto con otras ocho personas, todos los cuales fueron sindicados de integrar una organización criminal para recepcionar dineros ilícitos, cuya cabeza sería el expresidente.^[79] En la mañana del 17 de abril de 2019, cuando un fiscal y un grupo de agentes de la policía llegaron a la casa de Alan García para cumplir la orden judicial, el expresidente se encerró en su habitación y se disparó un tiro en la cabeza, falleciendo horas después en la sala de urgencias del Hospital Casimiro Ulloa.^[80] Poco después, Miguel Atala confesó que el dinero que recibió de Odebrecht era en realidad para Alan García, al que fue transfiriendo en partes fraccionadas entre el 2010 y 2018.^[81]

El 7 de mayo de 2019, se formalizó la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal, al ser ambos sindicados de haber recibido de Odebrecht US$ 3 millones para su campaña electoral del 2011. Este caso está a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, quien pidió 20 años de prisión efectiva para Ollanta y 26 años para Nadine. Se incluyó también en la acusación a amigos y allegados a la pareja.^[82]

Otro caso importante, dentro del caso Lava Jato, es el que involucra a otra empresa brasileña, OAS, que habría también pagado coimas por obras públicas y financiado de manera ilícita campañas electorales presidenciales y municipales en el Perú. El acuerdo de colaboración entre OAS y la Fiscalía se inició el 13 de marzo de 2019.^[83]

Reforma política

El 21 de diciembre de 2018, el gobierno oficializó la conformación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Estaba integrada por el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla como coordinador, y los académicos Paula Valeria Muñoz Chirinos, Milagros Campos Ramos, Jessica Violeta Bensa Morales y Ricardo Martin Tanaka Dongo.^[84] Basándose en el informe que dio dicha Comisión, el gobierno presentó doce propuestas de reforma política ante el Congreso (11 de abril de 2019). Excluyó, sin embargo, el tema de la bicameralidad, por haber sido recientemente rechazado en el referéndum.^[85]

Entre los proyectos de reforma constitucional se encontraban:

• La modificación de los impedimentos para ser candidato a cualquier cargo de elección popular, a fin de mejorar la idoneidad de los postulantes;
• La ampliación del mandato regional y municipal a cinco años, para que coincidan con las elecciones generales.^[85]
• La elección de los congresistas se realice en la segunda vuelta presidencial;
• La eliminación del voto preferencial y la paridad y alternancia en la lista de candidatos.
• Para los partidos políticos, se buscaba promover las elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias organizadas por la ONPE.
• El levantamiento de la inmunidad parlamentaria no sea competencia del Congreso, sino de la Corte Suprema de Justicia.^[85]

En el Congreso, el fujimorismo y sus aliados demoraron la revisión de las reformas políticas planteadas por el Ejecutivo. La Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, que es la primera instancia donde deben verse los proyectos de reforma constitucional y legislativa, aprobó su propio cronograma para revisar todos los proyectos pendientes, sin priorizar los del Ejecutivo.^[86] Se temía que, a ese paso, las reformas políticas planteadas por el Ejecutivo no lograrían estar expeditas para las elecciones generales de 2021, ya que los plazos se vencerían. Una reunión realizada el 15 de mayo de 2019 en Palacio de Gobierno entre los representantes del Ejecutivo y el Legislativo, acordó un cronograma alternativo para priorizar los proyectos de reforma.^[87] Sin embargo, al día siguiente, la Comisión de Constitución, luego de un corto debate, mandó al archivo el proyecto que proponía que el levantamiento de inmunidad parlamentaria fuera decisión de la Corte Suprema y no del mismo Congreso, argumentando que defendían los fueros del Congreso.^[88]

El 28 de mayo de 2019, la Comisión Permanente del Congreso, dominada también por Fuerza Popular, mandó al archivo las denuncias constitucionales que pesaban sobre los fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, sindicados de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.^[89] La prensa dijo que la alianza partidaria Fuerza Popular-APRA seguía «blindando» a funcionarios involucrados en corrupción, aunque ellos negaron tal intención.^[90]

El 29 de mayo de 2019, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, en el que anunció su decisión de plantear la cuestión de confianza ante el Congreso en respaldo a la reforma política y la lucha contra la corrupción, luego del blindaje que el Congreso había hecho del fiscal Chávarry, así como por el archivamiento del proyecto que buscaba reformar la inmunidad parlamentaria, convertida en un instrumento para que los congresistas involucrados en delitos comunes evadan la justicia. El presidente, acompañado por los miembros de su gabinete ministerial y los gobernadores regionales, manifestó que la cuestión de confianza se sustentará en la aprobación de los proyectos de reforma «sin vulnerar la esencia».:^[91]

El 4 de junio de 2019, Salvador del Solar se presentó en el Pleno del Congreso para exponer y solicitar la cuestión de confianza. Terminada su exposición, se inició el debate parlamentario, que tuvo que ser extendido hasta el día siguiente. Finalmente, al mediodía del 5 de junio de 2019 se realizó la votación. La cuestión fue aprobada con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.^[92]

Rosa Bartra anunció un nuevo cronograma para priorizar los proyectos de reforma política. El nuevo cronograma comenzaría a implementarse el 7 de junio.:^[93] La comisión debatió los dictámenes entre el 7 de junio y el 20 de julio. El fujimorismo y sus aliados hicieron una serie de cambios en los proyectos, y sobre el levantamiento de inmunidad de los parlamentarios. Se rechazó la propuesta del Ejecutivo de que sea la Corte Suprema la encargada de levantar la inmunidad a los congresistas, disponiendo que el Congreso siga conservando esa prerrogativa. La única variante era que proponía plazos definidos para que el Congreso levantase la inmunidad una vez que el Poder Judicial hiciera el pedido respectivo. Además, se planteaba que el pedido se dé solo cuando exista sentencia firme.^[94]

Sometidos los seis proyectos al pleno del Congreso, se aprobaron entre el 22 y el 25 de julio, incluyendo más modificaciones a los proyectos originales del Ejecutivo, sobre todo en lo que tenía que ver con la democracia interna y la inmunidad parlamentaria. El 27 de agosto de 2019, el gobierno promulgó las autógrafas que convierten en leyes cuatro de dichas reformas (inscripción de organizaciones políticas; financiamiento de los partidos; democracia interna; y paridad y alternancia en las listas). Las otras dos reformas pendientes (que, a saber, son sobre la inmunidad parlamentaria y el impedimento para ejercer cargos públicos), por ser reformas de tipo constitucional, continuaron en manos del Congreso, pues necesitan de otra legislatura para su aprobación.^[95]

Conflictos sociales

Oleoducto Norperuano El 27 de noviembre de 2018, miembros de la comunidad nativa de Mayuriaga, en el distrito de Morona, provincia del Datem del Marañón en el departamento de Loreto, sabotearon el oleoducto Norperuano a la altura del km 193 en el ramal norte. Acto seguido, bloquearon la zona y no dejaron reparar la rotura del ducto, produciéndose un derrame cuantioso de petróleo, ocasionando millones de soles en pérdidas, así como un atentado al medio ambiente. Luego de 90 días, aceptaron finalmente un acuerdo con el gobierno, representado por el primer ministro César Villanueva, comprometiéndose los mismos pobladores en reparar el ducto, mientras que el gobierno se comprometía a mejorar las condiciones de la comunidad en salud, educación y otros rubros (26 de febrero de 2019).^[96] Para algunos analistas, este episodio resultó un mal precedente y una prueba más de la claudicación del gobierno frente al chantaje camuflado bajo reclamo social.^[97]

Las Bambas

El 4 de febrero de 2019, pobladores de la comunidad de Nueva Fuerabamba (Challhuahuacho, Cotabambas, Apurímac) empezaron a bloquear un tramo del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, que conduce hacia la mina Las Bambas, interrumpiendo así el traslado del mineral de cobre al puerto de Matarani. Los comuneros exigían a la empresa minera MMG Las Bambas el pago de 100 millones de soles por el uso de la vía, la cual pasaba por un predio de su propiedad.

El 21 de marzo de 2019 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno, los representantes de la empresa minera y los dirigentes de la comunidad.^[98] Estando en ello, el 23 de marzo, el presidente de la comunidad Gregorio Rojas Paniura y cuatro abogados, que estaban entre los negociadores, fueron apresados y detenidos preliminarmente, acusados de crimen organizado y extorsión en agravio de la empresa minera, sobre un proceso iniciado de oficio en 2017.^[99] Los comuneros de Fuerabamba condicionaron el reinicio del diálogo a la liberación de su presidente y de sus asesores legales. El gobierno respondió que era un tema judicial en el que no podía intervenir.^[100]

El 11 de abril de 2019 se realizó la mesa de diálogo en Challhuahuacho, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar y tres ministros de Estado, y la participación de representantes de las 38 comunidades del distrito.^[101] Los diálogos continúan hasta la fecha.

Tía María

El 9 de julio de 2019, el Ministerio de Energía y Minas confirmó el otorgamiento de la licencia de construcción a la empresa Southern Perú Copper Corporation para el desarrollo del proyecto minero Tía María, que contempla la explotación de dos grandes minas de cobre en la provincia de Islay del departamento de Arequipa. Sin embargo, una parte de la población arequipeña, respaldada por sus autoridades regionales, se opuso al proyecto.^{204 205} La población de Arequipa inició un paro indefinido, además del bloqueo de carreteras que unen a la región con el centro y el sur del país.^[102] El 9 de agosto el gobierno comunicó la suspensión de la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern Peru Copper Corporation para la ejecución del proyecto tras una resolución del Consejo Nacional de Minería. Al día siguiente, distintos medios de prensa difundieron un audio grabado el día 24 de julio de una reunión del presidente con el gobernador regional de Arequipa y diversas autoridades. En la grabación, el presidente les explica que el recurso de revisión, presentado por el Gobierno Regional de Arequipa al Ministerio de Energía y Minas para anular la licencia, no podía ser respondido de forma inmediata. De la misma manera, el presidente expresó que la licencia no se puede revocar inmediatamente y que prepararía un argumento para la cancelación.^[103][104] A los pocos días, medios de comunicación difundieron más partes de las grabaciones en las cuales el jefe de Estado plantea que el gobierno no quiere imponer proyectos mineros y lo que se debe hacer es revertir la licencia de construcción administrativamente, incluso se compromete a dar soporte junto a personal técnico y también dice a las autoridades regionales que si en el plazo de un mes no cumple, se tomen medidas radicales.^{[105][106][107]}

Yo no podría ahorita salir y decir voy a cancelar, ¿bajo qué argumento?, tengo que preparar el argumento. [...] Quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo
(...)Si en un mes ven que yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo (…) Lo que hay que hacer es revertir, pero revertirlo administrativamente, ¿con qué?: con las medidas que presenta el gobernador (...)
(...) No queremos imponer proyectos mineros, queremos hacer el proceso para que finalmente la posición que ustedes tienen se revierta y finalmente se caiga [la licencia de construcción]
(...) Yo mismo, con los técnicos, les vamos a dar el soporte (...) El gobernador ha presentado unas consideraciones técnicas y legales. Perfecto, comencemos, démosle contenido a esa posición. (...) Yo me pongo con ustedes a buscar contenido a esa justificación y solitos vamos a encontrar la justificación (...)

Martín Vizcarra en conversación con autoridades de Arequipa

Pandemia de COVID-19

El gobierno de Vizcarra respondió rápidamente a la pandemia de COVID-19, aplicando medidas de confinamiento cinco días después del primer caso confirmado en Perú.^[108] Estas medidas incluían intervenciones económicas para ayudar a los ciudadanos más pobres del país durante la cuarentena. Sin embargo, la numerosa mano de obra informal y el limitado sistema de seguridad social de Perú plantearon dificultades, ya que muchos ciudadanos no podían permitirse dejar de trabajar.^[109]

Antes de la pandemia, la infraestructura sanitaria de Perú estaba en déficit.^[109] Desde 2024, el país registraba uno de los mayores números de casos de COVID-19 por millón en todo el mundo, con aproximadamente 6.482 muertes.^[110] Los expertos en salud atribuyeron la gravedad del brote a las condiciones socioeconómicas existentes y al estado de la sanidad pública.^[109] Las condiciones de hacinamiento afectaban a casi un tercio de la población, mientras que el 72 % de los trabajadores tenían empleos informales, lo que hacía del trabajo diario una necesidad. Además, muchos peruanos se vieron obligados a visitar con frecuencia los mercados y los bancos también se abarrotaron, ya que los ciudadanos sin cuenta cobraban los estímulos en persona.^[109]

Para frenar la propagación del virus, el gobierno puso en marcha un confinamiento nacional a partir del 15 de marzo de 2020, cerrando todos los negocios excepto los servicios esenciales, como farmacias, vendedores de alimentos, instituciones financieras y centros de salud. Sin embargo, el sector sanitario privado de Perú fue criticado por su falta de regulación, ya que las empresas privadas controlaban los seguros, los servicios sanitarios y la venta de suministros médicos, a menudo sin control de precios.^[109] La escasez de oxígeno médico agravó la crisis, derivada de una práctica arraigada de producir oxígeno a una concentración superior a las normas internacionales, una política que había beneficiado principalmente a los fabricantes privados. Esta norma sólo se anuló durante la crisis del oxígeno.^[109]

La pandemia tuvo graves consecuencias económicas para Perú. En el segundo trimestre de 2020, el producto interior bruto (PIB) del país disminuyó un 30,2 %, la caída más pronunciada entre las principales economías mundiales. Las pequeñas empresas de servicios, una parte importante de la economía peruana, quebraron, y el desempleo aumentó un 40 %. En respuesta, el gobierno aprobó 128.000 millones de PEN (35.800 millones de USD) en desgravaciones fiscales y préstamos a bajo interés para mitigar un mayor declive económico.

Procesos de destitución

Los procesos de destitución del presidente Vizcarra habrían sido impulsados por Antauro Humala, líder del partido Unión por el Perú (UPP).^[111][112] Humala, que cumplía una condena de 19 años de prisión por su participación en el levantamiento de Andahuaylazo de 2005 contra el presidente Alejandro Toledo, habría dirigido el proceso de destitución desde la cárcel. El levantamiento, que pretendía derrocar a Toledo, se saldó con la muerte de varios policías.^[111]

La influencia de Humala se ejerció principalmente a través del congresista de UPP Édgar Alarcón, que encabezó ambos procesos de destitución. Alarcón, estrecho aliado de Humala, presentó las acusaciones que iniciaron los procesos. A pesar de enfrentarse a acusaciones de malversación y ganancias monetarias ilícitas, que conllevaban una posible pena de prisión de 17 años, Alarcón estaba protegido por la inmunidad parlamentaria, lo que le permitió evitar ser procesado mientras lideraba los procesos de destitución.^[111]

Acciones diversas

• Llevó a cabo una serie de acciones para garantizar los derechos de las poblaciones indígenas y afroperuanas, como la certificación de servidores públicos bilingües en diversas regiones y la presencia de programas de radio y televisión hablados en las tres importantes lenguas originarias del Perú: quechua, aimara y ashaninka.

• El 17 de abril de 2018, firmó la Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley n.º 30.754), cuyo objetivo era mejorar la capacidad del gobierno para hacer frente al cambio climático.^[127] La ley dispuso un mayor financiamiento al Ministerio del Ambiente (MINAM) para mejorar los esfuerzos de monitoreo y mitigación relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero. También estableció un marco para la cooperación interministerial en cuestiones relacionadas con el clima.^[128] Con la aprobación de esta legislación, Perú se convirtió en el primer país de Sudamérica en promulgar una ley climática.^{[127][127][128]}
• En noviembre de 2018 se lanzó la campaña «Amor de Hierro» para combatir la anemia infantil, que según un estudio se había incrementado en el país.^[129]
• El 19 de diciembre de 2018 se promulgó la ley de plásticos, que regula los plásticos de un solo uso, así como los recipientes o envases descartables. Su propósito es poner fin, de manera gradual, a la utilización desmedida de los plásticos de un solo uso en el Perú.^[130]
• Se insistió en mantener el enfoque de género en el currículo nacional de educación, al considerarse que se trataba de una herramienta para igualar en oportunidades a hombres y mujeres, pese a los reclamos del colectivo Con mis hijos no te metas.
• En el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños y Adolescentes, se estableció que todos los alimentos industrializados que se vendan en el Perú estarán obligados a partir del 17 de junio de 2019 a llevar octógonos de advertencia que informen que su contenido excede los parámetros establecidos para el sodio, azúcar, grasas saturadas o grasas trans.^[131]
• Ante el reclamo de la ciudadanía por los actos delictivos y antisociales provocados por los inmigrantes venezolanos, anunció que desde el 15 de junio de 2019, solo entrarían con pasaporte y visa debidamente reglamentados, aunque se exoneró a la población vulnerable (niños, ancianos y mujeres embarazadas) de dicho requisito.^[132] También se emprendió la política de Migración segura, consistente en identificar a los inmigrantes con antecedentes policiales y que ingresaron al Perú falseando información migratoria. En abril de 2019, un primer grupo de 50 venezolanos fueron identificados y expulsados del país.^[133]

Gabinetes ministeriales

Gabinete Villanueva

El 2 de abril de 2018 juramentó el primer gabinete ministerial de Vizcarra, presidido por César Villanueva, congresista de Alianza para el Progreso y exministro de Ollanta Humala. Villanueva fue uno de los promotores del segundo pedido de vacancia contra Kuczynski.^[134] Ello motivo algunas críticas de quienes vieron que de esa manera Vizcarra recompensaba políticamente al congresista y buscaba el apoyo de la mayoría fujimorista del Congreso para el voto de confianza del gabinete. La misma bancada de gobierno tuvo constantes roces con Vizcarra, pese a ser la bancada oficialista.^[135]

No obstante, un mes después, el flamante gabinete ministerial obtuvo el voto de confianza del Congreso. Días antes, el gabinete sufrió su primera baja: Daniel Córdova Cayo dejó la cartera de Producción, después de ofrecer la salida de un viceministro a cambio del cese de una huelga del sector pesquero.^[135] Fue reemplazado por Raúl Pérez-Reyes.

El 4 de junio de 2018, el ministro de Economía David Tuesta Cárdenas, se vio obligado a renunciar ante la tensión ocasionada por el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a combustibles gasóleos y el posterior descarte del Impuesto a la Renta (IR).^[135] Fue reemplazado por Carlos Oliva. Del mismo modo, el 13 de julio de 2018 renunció el ministro de Justicia Salvador Heresi, al ser mencionado en uno de los audios del escándalo judicial CNM Audios. Le reemplazó el congresista Vicente Zeballos.^[136] El 17 de octubre de 2018 también renunció el ministro del Interior Mauro Medina, a consecuencia de la huida a España del juez César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, que tenía impedimento de salida del país.^[137] Fue reemplazado por el general PNP (r) Carlos Morán Soto.

El 30 de noviembre de 2018 renunció la ministra de Cultura Patricia Balbuena, a raíz de una denuncia de actos de corrupción ocurridos en su sector, que involucraba a uno de sus allegados.^[138] El 8 de diciembre de 2018 se anunció la renuncia del ministro de Trabajo Christian Sánchez Reyes, al parecer, debido a su discrepancia con la reforma laboral planteada por el Gobierno.^[139]

El 18 de diciembre de 2018 se dieron tres cambios ministeriales: Sylvia Cáceres juró como ministra de Trabajo; Rogers Valencia, hasta entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pasó a ser del Ministerio de Cultura; y Édgar Vásquez Vela, hasta entonces viceministro de Comercio Exterior, pasó a encabezar el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.^[140]

El 3 de enero de 2019, la ministra de Salud Silvia Pessah presentó su carta de renuncia, aduciendo motivos personales. En su reemplazo juró como nueva ministra de Salud Zulema Tomás Gonzáles.^[141] El 6 de marzo de 2019, el premier César Villanueva presentó su carta de renuncia. Al ser interrogado sobre la razón de su renuncia, Villanueva dijo que simplemente ya había cumplido un ciclo, luego de casi un año en el cargo.^[142]

Gabinete Del Solar

El 11 de marzo de 2019 se realizó la juramentación del segundo gabinete ministerial. Como presidente del mismo apareció Salvador del Solar Labarthe, el abogado y actor que había sido ministro de Cultura en el gobierno de Kuczynski. Diez ministros del gabinete anterior permanecieron en su cargo; Fabiola Muñoz dejó Ambiente y pasó a Agricultura; y juraron 7 nuevos ministros: Flor Pablo Medina (Educación), Rocío Barrios (Producción), Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Gloria Montenegro Figueroa (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Lucía Ruiz Ostoic (Ambiente), Ulla Holmquist (Cultura) y Paola Bustamante (Desarrollo e Inclusión Social).^[143] Un hecho destacado es que, por segunda vez en la historia republicana, se conformaría un gabinete de igual número de hombres y de mujeres (9 hombres y 9 mujeres, sin contar al primer ministro); la primera vez había ocurrido en el 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala (gabinete Jiménez).^[144]

El 14 de abril de 2019, Del Solar anunció las renuncias de los ministros Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Edmer Trujillo (Transporte y Comunicaciones).^[145] Fueron reemplazados por Miguel Estrada Mendoza y María Jara Risco, respectivamente, que juraron el 26 de abril de 2019.^[146] Con el nombramiento de María Jara, fue la primera vez que un gabinete ministerial en el Perú tuvo más ministras que ministros (10 a 8).^[147]

Postulación al Congreso de la República

El 27 de noviembre de 2020, el expresidente Martín Vizcarra anunció su candidatura a un escaño en las elecciones parlamentarias peruanas de 2021, alineándose con el partido Somos Perú.^[154] Esta decisión se produjo pocas semanas después de que el partido votara a favor de su destitución de la presidencia. Daniel Salaverry, candidato presidencial del partido, apoyó públicamente el ingreso de Vizcarra al partido.^[154]

De haber sido elegido al Congreso, Vizcarra habría obtenido inmunidad parlamentaria, lo que podría haberlo protegido de las investigaciones en curso que contribuyeron a su destitución. Ante la preocupación de que su candidatura estuviera motivada por el deseo de evitar ser procesado, Vizcarra subrayó su compromiso con la reforma de la inmunidad parlamentaria. Afirmó: «Una de las banderas que yo voy a llevar en este proceso electoral, a ser cumplidas en el Congreso de ser electo, es precisamente reformar totalmente el concepto de inmunidad parlamentaria. No puede ser que el Congreso de la República haya usado la inmunidad parlamentaria como impunidad parlamentaria».^[155]

Vizcarra ganó las elecciones al Congreso y se convirtió en el candidato más votado a escala nacional.^[156] Sin embargo, a pesar de su éxito electoral, posteriormente fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por decisión del Congreso peruano.

Vacunagate

En febrero de 2021 estalló el escándalo conocido como «vacunagate», en el que se reveló que en octubre de 2020 Vizcarra, junto a su familia y amigos, fue vacunado con la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm antes de que esta pudiera llegar al público peruano.^[157] La revelación desató polémica, pues en ese momento el gobierno de Vizcarra dijo que aún no había negociaciones respecto a la vacuna contra la COVID-19. El 16 de abril de 2021, el Congreso de Perú decidió, por 86 votos a favor y 0 en contra, inhabilitar a Vizcarra para ejercer cargos públicos durante un periodo de diez años. Fue declarado culpable de tráfico de influencias, colusión y declaraciones falsas.^[158]

Inhabilitación por el Congreso

Tras el escándalo del Vacunagate diversos congresistas formularon denuncias constitucionales contra el expresidente Vizcarra por Infracciones a la Constitución y por diversos delitos en los que habría incurrido. Así, el día 16 de abril de 2021, se llevó a cabo la sesión del Pleno del Congreso de la República. La defensa de Martín Vizcarra pidió la reprogramación del debate para otra fecha; sin embargo, la Mesa Directiva y el Pleno del Congreso calificaron la inasistencia como injustificada. El Pleno del Congreso, sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente, inhabilitó al expresidente de la República Martín Vizcarra por 10 años. La decisión obtuvo 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

En 2024, el Poder Judicial ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años que le impuso el Congreso a Vizcarra;^{[159][160][161]} en respuesta, el expresidente anunció que acudirá al Tribunal Constitucional o a la CIDH para buscar revertir la inhabilitación, por ser arbitraria y sin tener pruebas sustanciales.^{[162][163][164][165][166]}

Casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

En diciembre de 2019, el diario El Comercio reveló que la Contraloría General había encontrado indicios de responsabilidad de 14 funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua por la construcción de un Hospital cuando Vizcarra era gobernador. El informe periodístico resaltó que el actual ministro Edmer Trujillo autorizó un pago irregular de 41 millones de soles como adelanto a favor del consorcio ICGSA-Incot cuando era Gerente General del Gobierno Regional.^[169] El pago se dio el último día de gestión (31 de diciembre) y en 133 comprobantes de pago.^[170] El ministro señaló que el pago se dio por el Hospital de Contingencia; sin embargo, un informe del programa Cuarto poder reveló que el pago se hace para elaborar el expediente técnico del nuevo hospital de Moquegua.^[171] 3 de los 14 funcionarios investigados laboraban en el gobierno de Vizcarra al momento del reportaje, específicamente en dependencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del cual Edmer Trujillo era titular. En 2020, el dueño de la empresa ICGSA, Fernando Castillo, se acogió a la colaboración eficaz y manifestó al Ministerio Público que le habría pagado 5 millones de soles a Martín Vizcarra a través de Carlos Estremadoyro, ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Vizcarra.^[172]

El 11 de octubre de 2020, un informe del diario El Comercio reveló que los colaboradores eficaces Elard Tejeda y Rafael Granados, gerentes de empresas corruptas del Club de la construcción manifestaron que la empresa Obrainsa y su socia Astaldi hicieron un pago ilícito de 1 300 000 S/ (un millón de soles) a Martín Vizcarra a cambio de que se les otorgue la buena pro de la obra Lomas de Ilo, cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.^[127] En el informe también se revela que, cuando el consorcio ya había ganado la obra, Martín Vizcarra solicitó una avioneta para transportar a personas que se reunirían con él. El aspirante a colaborador eficaz adjuntó los correos en los cuales coordina con Martín Vizcarra sobre el alquiler de la avioneta de la empresa ATSA por más de 35 mil soles.^{[127][128][173]}

«En enero (de 2014) es que él (Martín Vizcarra) me llama y me pide que se le dé un primer pago. En ese momento, hice todos los trámites internos para poderle atender un pago, que fue de S/ 400 mil. (Con respecto al resto del dinero) es la misma tónica: Martín Vizcarra me llama, hago el trámite interno y se cobra el cheque el 4 o 5 de abril (de 2014)»^[174]

El 12 de marzo de 2021, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó prisión preventiva por 18 meses para Vizcarra; por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.^[175] La audiencia fue programada para el día 17 de marzo,^[176] donde la jueza María de los Ángeles Álvarez rechazó el pedido de prisión preventiva y se impuso comparecencia con restricciones.^[177][178] El 16 de diciembre del mismo año, la Fiscalía de Perú solicitó 15 años de prisión.^[179] El juicio inició en octubre de 2024, y la fiscalía se reafirmó en el pedido de 15 años de prisión efectiva.^[14]

Gestión presidencial

Tras la toma de posesión de Martín Vizcarra como presidente, algunos peruanos protestaron contra el gobierno, pidiendo la destitución de todos los políticos.^[291] Sin embargo, una encuesta de Ipsos en abril de 2018 informó que Vizcarra tenía un índice de aprobación del 57 %, con un 13 % de desaprobación y alrededor del 30 % de los encuestados indecisos.^[292] En mayo de 2018, su índice de aprobación había disminuido a 52 %, según otra encuesta de Ipsos.^[293]

En septiembre de 2018, después de que Vizcarra convocara un referéndum nacional, miles de peruanos se manifestaron en apoyo de su propuesta y en oposición al Congreso.^[294] Posteriormente, su índice de aprobación alcanzó un máximo del 66 % en diciembre de 2018, según informó Ipsos. Sin embargo, su popularidad comenzó a disminuir en 2019, con su índice de aprobación cayendo al 44 % en abril de 2019, mientras que el 45 % de los encuestados desaprobaba su presidencia. Las encuestas indicaron que la aprobación de Vizcarra fue mayor entre los encuestados de ingresos altos en comparación con los de ingresos más bajos.

La decisión de Vizcarra de disolver el Congreso en septiembre de 2019 impulsó significativamente su popularidad.^[295]The Washington Post lo describió como «un presidente inesperadamente popular», ya que emprendió esfuerzos para abordar la corrupción generalizada en el país. Tras la disolución, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mostró que su índice de aprobación subió de aproximadamente 40 % a 75 %, con 76 % de los encuestados reconociéndolo como el presidente constitucional de Perú.^[296] Otra encuesta de CPI informó de que el 85,1 % aprobaba a Vizcarra, y el 89,1 % lo reconocía como jefe de Estado legítimo.^[297]

Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, los índices de aprobación de Vizcarra aumentaron aún más, alcanzando el 87 % en marzo de 2020, aunque descendieron gradualmente en los meses siguientes.^[298]

Destitución

En noviembre de 2020, tras el segundo proceso de destitución y remoción del presidente Martín Vizcarra, una encuesta realizada por Ipsos reveló que el 88 % de los peruanos desaprobaba su destitución, mientras que sólo el 11 % expresaba su aprobación.^[299] En el mes anterior de octubre de 2020, Ipsos informó que el 54 % de los encuestados aprobaba la presidencia de Vizcarra, mientras que el 41 % la desaprobaba.^[300]

«Mi bebito fiu fiu» y el «Lagarto»

En mayo de 2022, tras una filtración de mensajes de texto de infidelidad que Vizcarra negó públicamente,^[301] se liberó la canción «Mi bebito fiu fiu», perteneciente al productor peruano Tito Silva Music. Esta parodia musical fue tendencia a nivel nacional e internacional,^[302][303] y elemento recurrente en programas humorísticos.^[304] En 2024, aceptó el apelativo de «bebito fiu fiu», en lo que analistas políticos han destacado como una hábil estrategia política para acercarse a los jóvenes.^[305]

Vizcarra también hizo suya la imagen del «Lagarto» luego de que el periodista Carlos Paredes le confiriera dicho apodo en su libro El perfil del lagarto.^[306]

Aprobación como candidato presidencial en 2026

En mayo de este año, la encuestadora CPI publicó un sondeo en el que Vizcarra figuraba como favorito en una eventual elección presidencial. El estudio mostraba el liderazgo de Vizcarra con un 15,1 % de intención de voto. La segunda favorita –con 10,3 %– era Keiko Fujimori.^[307]