Nacido en Villanueva de la Serena, es diplomado en Educación Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), además de técnico especialista en Educación Infantil y Mantenimiento Electrónico.[6]
Antes de iniciar su carrera política, trabajó como operario de producción en la empresa extremeña Impralsa ubicada en Miajadas, entre 1999 y 2003. En 1995, se había afiliado a Juventudes Socialistas de su municipio natal, cuando el PSOE perdió las elecciones municipales. Se convirtió en Secretario General de Juventudes Socialistas locales al año siguiente, cargo que ostentó hasta el año 2003, cuando se presentó como candidato a la alcaldía de Villanueva de la Serena.[7]
En las elecciones municipales de 2003, la lista que lideraba se alzó con 11 de los 21 concejales del pleno villanovense, devolviéndole el Gobierno local a su partido tras ocho años en la oposición.
En 2007 consiguió su segunda victoria electoral, obteniendo los mejores resultados desde 1979 al conseguir 16 de los 21 ediles, un triunfo que repitió en 2011 con 13 concejales en unos comicios en los que el PSOE sufrió una debacle en las demás ciudades mayores de 20.000 habitantes.
En las elecciones municipales de 2015 consiguió su segundo mejor resultado, con 15 ediles, y aunque bajó en un concejal mantuvo la mayoría absoluta en los comicios de 2019, resultado que revalidó en 2023. El 20 de marzo de 2024 dejó la alcaldía en manos de la vicealcaldesa, Ana Belén Fernández.[5]
Miguel Ángel Gallardo fue uno de los principales impulsores del proceso de fusión entre su localidad y Don Benito.[8][9]Junto con José Luis Quintana, alcalde de dicho municipio hasta 2023, Gallardo impulsó en 2021 la fusión logrando que la Corporación municipal apoyara por unanimidad el proyecto, respaldado por el 91% de los villanovenses en el referéndum celebrado. Mientras, en Don Benito este proyecto de fusión obtuvo el 66,27% del apoyo ciudadano, superando de esta forma el 66% de respaldo acordado por ambas corporaciones por unanimidad para continuar con la unión. Esta hubiese formado una ciudad de 63.000 habitantes que hubiese sido la tercera más grande de la región después de Badajoz y Cáceres.[9] Tras las elecciones municipales de 2023, el plan quedó paralizado cuando el partido localista Siempre Don Benito, opuesto a la fusión, ganó la alcaldía de Don Benito con el apoyo del Partido Popular.
Ocupó la vicepresidencia de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) entre los años 2011 y 2013.
Tras las elecciones municipales de 2015, fue propuesto para ser presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, cargo que revalidó tras los comicios locales celebrados en 2019 y 2023, convirtiéndose así en el primer presidente de esta institución provincial en ocupar la Presidencia durante más de dos legislaturas.
Al frente de ésta, además, ha puesto en marcha iniciativas pioneras que han sido replicadas en otras provincias del país, como la instalación de cajeros automáticos en aquellas pequeñas poblaciones que se quedaron sin entidad bancaria o la puesta en marcha del Plan MOVEM, mediante el cual se entregó un vehículo eléctrico a cada uno de los municipios y entidades locales de la provincia y se creó la primera Red Provincial de Electrolineras de la península ibérica, por la que ha recibido diversos galardones a nivel nacional.[9]
En octubre de 2025, el Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que detectaba irregularidades en la adjudicación por parte de la Diputación de Badajoz de subvenciones por valor de 31,6 millones de euros durante el ejercicio 2023, cuando ésta era presidida por Gallardo. Entre las deficiencias detectadas, el órgano fiscalizador menciona la no elaboración de planes preceptivos para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas, falta de verificaciones o seguimientos de tales actividades, falta de auténticos mecanismos de planificación y gestión de la actividad de las subvenciones, y deficiencias en la motivación de los informes de valoración de las solicitudes de subvención.[10][11]
Gallardo firmó el contrato de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como personal de alta dirección sin que pudiera justificar el cambio en la nomenclatura del puesto de "coordinador de actividades de los conservatorios" a "jefe de la Oficina de Artes Escénicas". La juez Beatriz Biedma le requirió en diversas ocasiones una serie de correos electrónicos que nunca fueron aportados.[12] La juez señaló que el impulsor del cambio de denominación, y por tanto de la nueva configuración de la plaza, creada ad hoc para el hermano del presidente del Gobierno.[13]
El 16 de mayo del 2025 y, envuelto en un caso de prevaricación y tráfico de influencias junto con David Sánchez, Gallardo pasó a ser diputado de la Asamblea de Extremadura. La dimisión de un diputado socialista, así como la renuncia de cuatro candidatos que concurrieron por delante de Gallardo en las listas del PSOE, le permitieron acceder al cargo. Con el ejercicio de dicho cargo, Gallardo pasó a ser aforado, debido a lo cual para procesarlo el caso tendría que pasar por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE).[14]
La juez Biedma elevó el 9 de junio de 2025 la causa al Tribunal Superior de Justicia, exponiendo que los movimientos de Gallardo para aforarse podían constituir un fraude de ley para evitar la jurisdicción del tribunal de instrucción.[15] El 30 de junio de 2025 el TSJE dio la razón a la jueza, considerando que el diputado había adquirido esta condición para evitar el procesamiento, por lo que rechazó ser competente y devolvió el caso al tribunal inferior.[16] La Audiencia Provincial de Badajoz anunció el 7 de noviembre de 2025 que Gallardo sería juzgado, junto con David Sánchez y otras diez personas, entre el 9 y el 14 de febrero de 2026, cincuenta días después de las elecciones autonómicas a las que concurrirá como candidato, a pesar de las resistencias de parte de la militancia de su propio partido.[17][18] Anteriormente la Fiscalía había recurrido su procesamiento, lo que fue rechazado por la Audiencia, mientras que las acusaciones populares piden hasta tres años de prisión, entre doce y quince años de inhabilitación, y varias multas.[19]
