Petróleo de conflicto
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El petróleo de conflicto es un tipo de recurso de conflicto, los cuales se definen como recursos naturales cuya explotación y comercio sistemáticos en un contexto de conflicto contribuyen, se benefician o resultan en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos, violaciones del derecho internacional humanitario o violaciones que constituyen crímenes en el derecho internacional. Esta definición, elaborada por la organización Global Witness en 2007, es también utilizada por la ONU y otros organismos internacionales. El petróleo de conflicto puede referirse tanto petróleo crudo como a derivados como el fueloil y la gasolina, y en ocasiones se incluyen otros hidrocarburos como el gas natural o el metano. Los beneficios se obtienen mediante procesos globales de exploración, extracción, refinación, transporte (frecuentemente a través de buques petroleros y oleoductos) y mercadotecnia de productos del petróleo.[1][2][3][4]
El petróleo y el gas son dos de los recursos naturales que con mayor frecuencia están involucrados en conflictos civiles, junto con los diamantes de sangre (y otras piedras preciosas), las drogas y la madera de conflicto.[5][6]
El hecho de que sean recursos de conflicto no necesariamente implica que su comercio sea ilegal, por ejemplo los gobiernos de Angola y Sudán han utilizado los ingresos del petróleo para alimentar guerras civiles prolongadas y, en países del golfo de Guinea, para apuntalar regímenes antidemocráticos y autoritarios.[7]El comercio con grupos rebeldes se considera legal bajo la legislación internacional a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU haya impuesto sanciones específicas.[8][9]
El petróleo y el gas son recursos de conflicto que requieren una inversión económica y tecnológica y una formación profesional más altas que las necesarias para la explotación de otros recursos de conflicto como la madera o los diamantes, que puedan extraerse y comercializarse con relativa rapidez y a bajo coste. Su coste alto hace que en general haya sido explotado mayormente por Estados que por beligerantes no estatales para financiar sus campañas. [8][9]Los conflictos en regiones con acceso a yacimientos de hidrocarburos tienden a escalar hacia situaciones de guerra civil en países con yacimientos terrestres, y no tanto en los países con yacimientos en alta mar. Los yacimientos terrestres pueden facilitar el acceso de los grupos rebeldes a fuentes de financiación más accesibles contribuyendo a que los conflictos se expandan a otras regiones circundantes, y los países con yacimientos de petróleo de alta mar a menudo han proporcionado recursos y mayor estabilidad a gobiernos opresivos como en el Congo, Angola o Guinea Ecuatorial. [10]
La dependencia y la abundancia del petróleo en un territorio correlacionan con el riesgo de guerra, aumentando el riesgo de guerra en los Estados más débiles y reduciéndolo en los más fuertes. La producción de petróleo tiene más riesgo de provocar un conflicto que el descubrimiento de nuevos yacimientos, y los niveles medios de dependencia y abundancia presentan un riesgo mayor que una mayor abundancia. La superposición de áreas de conflicto y petróleo se asocia con conflictos gubernamentales más prolongados (sobre el gobierno central), pero no con conflictos territoriales (secesionistas).[11] La presencia de petróleo en áreas de conflicto también aumenta el número de muertes resultantes directamente de las hostilidades, y no lo hace en cambio la presencia de petróleo regiones de dentro del país pero fuera de la zona del conflicto.[1]
El control de regiones productoras de petróleo o gas a su vez puede cambiar los objetivos militares y el curso de la guerra para establecer control sobre estos recursos, necesarios para la financiación de la guerra y la generación de combustible. El control del petróleo o es el único motivo por el cual se inicia un conflicto pero puede exacerbar tensiones históricas o ampliar el conflicto a regiones que no lo estaban, ya sea por el control económico de la región o por el aumento de la capacidad de las facciones involucradas en el conflicto de ampliar o mejorar sus actividades. [12][13][9]El control del petróleo puede llevar al inicio de las hostilidades conflictos a través de una variedad de mecanismos que pueden agruparse en los motivados por temas de agravio o de financiamiento. La hipótesis del agravio es que los procesos relacionados con la exploración, extracción y distribución de petróleo pueden crear agravios especialmente graves entre segmentos de la población, motivándolos a rebelarse. En países con sistemas de gobernanza poco desarrollados, los ingresos petroleros a menudo se distribuyen de manera ineficaz o inequitativa, generando una desigualdad económica y política significativa (real o percibida). Los ingresos petroleros tienen un efecto adicional: reducen la probabilidad de derrocar el régimen, lo que a su vez reduce el potencial de democratización, lo que significa que los rebeldes tienen una menor probabilidad de derrocar al gobierno en los petro-Estados que en los no petro-Estados.[14]
Consecuencias
La extracción de petróleo y su transporte tiene numerosos efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas que se encuentran en las zonas dónde se extrae el crudo o dónde se derrama. Estas consecuencias son más acuciadas en las situaciones de conflicto, ya que los Estados son más débiles o corruptos y pierden la capacidad de ejercer un control efectivo sobre las compañías encargadas de extraer y transportar el petróleo y el gas. Estos procesos contaminantes se dan tanto en la extracción como en el transporte, con derrames de petróleo en tierra, ríos y mar, o en los procesos de fabricación de subproductos como las emisiones de las refinerías. La devastación ambiental es una parte estándar de la extracción de combustibles fósiles, desde la región carbonífera de los Apalaches hasta el delta del Níger en Nigeria.[15]
Las instituciones débiles que a menudo se encuentran en los petro-Estados facilitan que se den sistemas con una corrupción generalizada y que a su vez llevan hacia una gobernanza disfuncional. Las dinámicas de los Estados corruptos, a la vez que limitan las capacidades de los Estados para gestionar los efectos medioambientales o el control de las tasas e impuestos generados durante todo el proceso (que por tanto pueden ser dirigidos hacia la perpetuación de los conflictos o hacia el enriquecimiento personal), a la larga limitan las capacidades del Estado y las comunidades locales para formar acuerdos efectivos y legítimos para gestionar disputas y asignar derechos sobre propiedades y recursos.[14]
Las poblaciones locales habitantes de las regiones que contienen yacimientos son expuestas a dificultades significativas, incluyendo el desplazamiento forzado de sus tierras, la expropiación de tierras la exposición a peligros ambientales y de salud y a la degradación de las tierras o fuentes fértiles de alimentos como ríos y costas.[14]
