Políticas de movilidad

Se entiende como políticas de movilidad o transporte sostenible a aquellas actuaciones de las administraciones, que pueden tener su reflejo en diversos planes, para facilitar el acceso de los ciudadanos al trabajo, al estudio, a los servicios y al ocio mediante diversos modos de transporte: a pie, en bicicleta, en vehículos ecológicos, en transporte público y en automóviles de uso compartido.

La equidad (acceso universal sin discriminaciones), la reducción de la congestión y el respeto al medio ambiente han generalizado políticas denominadas de "movilidad sostenible" que intentan conjugar la máxima libertad de acceso con la estabilización o reducción del consumo de combustibles (para evitar el calentamiento global) o electricidad nuclear (para evitar el daño al medio ambiente provocado por la generación de electricidad) para impulsar la adopción de vehículos eléctricos.

Según Montezuma (2003)^[1], el concepto de movilidad urbana ofrece una perspectiva de los individuos en su realidad socioeconómica y espacial (edad, género, categoría sociolaboral) más amplia que el término transporte, el cual se limita a una relación de oferta y demanda expresada esquemáticamente en cantidad de infraestructuras por un lado, y en el número de desplazamientos por persona por el otro.

Las políticas modernas de movilidad abandonan el diseño centrado en el vehículo motorizado para enfocarse en las personas y la preservación de la vida. Para ello, se fundamentan en diversos conceptos de ingeniería civil y urbanismo:

• Pirámide de movilidad: Es la base de las políticas sostenibles. Invierte la prioridad tradicional de las vías, otorgando la máxima jerarquía a peatones y personas con movilidad reducida, seguidos por ciclistas y transporte público, dejando al vehículo privado motorizado en la base (menor prioridad).
• Calles completas: Paradigma de diseño que busca que las vías urbanas sean accesibles, seguras y directas para todos los usuarios, distribuyendo equitativamente el espacio público e incluyendo aceras amplias, ciclovías interconectadas y carriles exclusivos para transporte público.
• Visión Cero: Filosofía multinacional de seguridad vial que establece que ninguna pérdida de vida en el tránsito es aceptable. Se basa en que el error humano es inevitable, por lo que el sistema vial debe diseñarse para mitigar la fuerza de los impactos.
• Pacificación vial: Conjunto de estrategias geométricas y físicas (estrechamiento de carriles, pasos elevados, chicanes) que obligan a los conductores a reducir la velocidad de manera intuitiva, protegiendo a los usuarios vulnerables.

La adopción de estos paradigmas requiere un respaldo jurídico para garantizar presupuestos, rediseño de infraestructuras y fiscalización. Destacan las siguientes normativas e instrumentos:

• Las Zonas 30: Declaración de áreas urbanas donde la velocidad máxima permitida es de 30 km/h, límite a partir del cual la probabilidad de muerte de un peatón por atropello aumenta drásticamente.
• México: En 2022, se promulgó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que reconoce el derecho constitucional a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y equidad, estableciendo la Visión Cero y jerarquías de movilidad a nivel federal.^[4]
• España: Impulsa la Estrategia Estatal por la Bicicleta, que busca no solo fomentar su uso como modo de transporte limpio, sino integrarlo en el marco normativo y de infraestructuras para pacificar las ciudades.^[5]
• Colombia: Cuenta con la Ley 1811 de 2016 (Ley pro bici), que otorga incentivos a quienes utilicen la bicicleta (como medios días libres en el trabajo), complementada por el Plan Nacional de Seguridad Vial, enfocado en reducir la siniestralidad de los usuarios vulnerables.^[6]
• Brasil: Su Política Nacional de Mobilidade Urbana (Ley 12.587/2012) establece principios claros de prioridad para modos no motorizados y transporte colectivo público, promoviendo el desarrollo urbano sostenible.
• Chile: Implementó la Ley de Convivencia de Modos de Transporte en 2018, la cual define equiparar el espacio urbano, regular el uso de ciclovías y establecer reducciones de velocidad urbana a 50 km/h y Zonas 30, obligando a un trato igualitario entre ciclistas, peatones y automovilistas.

El geógrafo Màrius Navazo (2007^[7]) comparte en forma de decálogo su planteamiento acerca de las herramientas que propician un modelo de movilidad sustentable. Sostiene que los criterios contenidos en el decálogo pueden ayudar a los urbanistas y tomadores de decisiones en el proceso constructivo de las metrópolis

1. Las nuevas infraestructuras deben supeditarse al modelo territorial preestablecido.
2. Las ampliaciones de red vial no deben justificarse en términos de beneficios económicos.
3. La construcción de nuevas infraestructuras debe supeditarse al estudio previo de los servicios y de las medidas de gestión que optimicen las existentes.
4. Necesidad de estrategias push&pull para conseguir el cambio modal.
5. Una mayor oferta induce una mayor demanda.
6. Una menor oferta inhibe la demanda.
7. Para reducir la congestión vial se debe hacer correr al transporte colectivo.
8. La congestión expulsa usuarios, actuando este fenómeno primero en el vehículo privado.
9. Compensar la construcción de nuevas rondas y viales periféricos con la priorización de los transportes más sostenibles en las vías liberadas.
10. Planificar según la velocidades medias, no máximas.

• Cambio modal
• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
• Movilidad sostenible
• Derecho a la movilidad
• Transporte rural
• Tarifas de congestión