Su gestión ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Diversos sectores lo acusan de utilizar su posición para proteger a figuras políticas vinculadas al poder y de emprender acciones legales contra fiscales, jueces, periodistas y opositores que han investigado casos de corrupción. Estas acciones han generado preocupación sobre la independencia del sistema judicial en Guatemala y han sido señaladas como intentos de socavar la democracia en el país.[7][8]
En 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Curruchiche en la Lista Engel, que identifica a actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica, acusándolo de obstruir investigaciones sobre corrupción y de presentar denuncias infundadas. Además, en 2025, el Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones similares, prohibiéndole la entrada a sus territorios y señalándolo como una figura que ha socavado la democracia en Guatemala.[9][5]
En años recientes, Curruchiche ha estado en el centro de la controversia por solicitar órdenes de captura contra el exministro de Defensa colombiano Iván Velásquez Gómez y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, acusándolos de delitos relacionados con su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Estas acciones han sido ampliamente criticadas por la comunidad internacional, que las considera represalias políticas contra quienes lucharon contra la corrupción en Guatemala.[10] La ONU aclaró que Velásquez como los otros juristas internacionales que participaron en la CICIG gozan de inmunidad diplomática por lo que la orden de captura carece de respaldo jurídico.[11]
El 2 de junio de 2025, el presidente de Colombia Gustavo Petro, durante un consejo de Ministros, ordenó que se emitiera la prohibición nacional de entrada a cualquier lugar de Colombia a la fiscal de Guatemala Consuelo Porras y los que llamó «sus amigos mafiosos» por el acto de exigir una orden de captura «espuria y sin fundamento legal» contra ex comisionados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que actualmente poseen respaldo y inmunidad internacional ante la ONU y la Corte Internacional de Justicia.[12]