Segundo gobierno de Óscar R. Benavides

Gobierno de Luis M. Sánchez Cerro

Luis Miguel Sánchez Cerro juramentó como presidente del Perú el 8 de diciembre de 1931. Su principal oponente en las elecciones generales realizadas en octubre de ese mismo año, fue el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, quien el mismo día de la toma de mando cuestionó la legitimidad del nuevo mandatario. Desde el comienzo adujo que el proceso electoral había sido manipulado.^[1]

Desde ese momento, se inició una relación tensa y conflictiva entre el presidente Sánchez Cerro y el partido aprista peruano. Esta relación se manifestó de principio en el congreso, como una oposición férrea. Pero progresivamente se fue convirtiendo en un enfrentamiento directo y violento. El mismo que se inició con un atentado contra el presidente en la Iglesia Matriz de Miraflores en marzo de 1932, y tuvo su punto más álgido en la Revolución de Trujillo (1932), realizada por obreros, campesinos y estudiantes de esa ciudad del norte del Perú, en la cual resultaron miles de civiles fusilados extrajudicialmente. Este violento episodio anticipó el último tramo del gobierno de Sánchez Cerro.^[2][3]

El gobierno de Sánchez Cerro se vio también marcado por el conflicto con Colombia, a raíz del llamado incidente de Leticia, cuando un grupo de peruanos, en un arranque nacionalista, tomaron Leticia, el poblado ubicado en el Trapecio amazónico cedido por el Perú a Colombia según el Tratado Salomón-Lozano de 1922.^[4] Sánchez Cerro, al principio, consideró este episodio como una maniobra de los apristas y comunistas para minar su gobierno, pero después, ante la ola de reacción patriótica en todo el país, decidió apoyar a los peruanos de Leticia.^[5] Colombia protestó ante el Perú y exigió el cumplimiento de los tratados internacionales. Se iniciaron los enfrentamientos armados en la frontera. Fue entonces cuando fue convocado el general Óscar R. Benavides para ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas, al ser considerado el más idóneo para colaborar en la solución del conflicto.^[6]

Sánchez Cerro fue finalmente asesinado por un militante aprista llamado Abelardo Mendoza Leyva, al mediodía del 30 de abril de 1933, precisamente cuando se hallaba pasando revista a miles de movilizables que iban a ser enviados a la guerra contra Colombia.^[7] Esto provocó un escenario de considerable inestabilidad nacional, debido a la ausencia de una autoridad pero también debido a la inminente escalada del conflicto con Colombia.

Momentáneamente, el Consejo de Ministros se encargó del Ejecutivo, y acto seguido declaró el estado de sitio y suspendió las garantías constitucionales. Fue en ese escenario cuando las autoridades decidieron convocar de manera inmediata una reunión extraordinaria del Congreso para que se decidiera la elección del nuevo presidente.^[8]

Elección del general Benavides

La elección del presidente de la República, fue pues, decidida por el Congreso, quien realizó la votación en la tarde del mismo día del asesinato de Sánchez Cerro, es decir, el 30 de abril de 1933. La votación se distribuyó de la siguiente manera de un total de 88 votos: 81 votos fueron para el general Óscar R. Benavides, 4 votos para el ingeniero Carlos López Albújar (todos ellos provenientes de los representantes del partido socialista), 1 para Manuel Bustamante de la Fuente y 2 viciados. Uno de esos votos viciados fue para Víctor Raúl Haya de la Torre y lo hizo, según propio reconocimiento, el representante Toribio Sierra.^[8] Esta elección quedó consagrada por Ley N.º 7747.^[9]

Fue así como Óscar R. Benavides fue designado como presidente constitucional en reemplazo de Luis M. Sánchez Cerro, cuyo frustrado periodo presidencial debía concluir en 1936. Es cierto que su elección como presidente no se sujetaba a la Constitución, pues en esta se estipulaba que no podían ser elegidos para la suprema magistratura los militares en actividad. En esos momentos, Benavides se hallaba al mando de las fuerzas armadas. Sin embargo, se invocó la situación excepcional en que se hallaba la República, que no sólo enfrentaba una guerra exterior (con Colombia), sino que en su interior sufría la amenaza de una guerra civil, a consecuencia de los enfrentamientos entre apristas y urristas (miembros del partido del presidente Sánchez Cerro). El mismo ejército respaldó la elección.^[10][11]

Los ejes principales de la política de Benavides al iniciar su gobierno fueron: buscar el fin del conflicto con Colombia, calmar la agitación política interna y superar la crisis económica.

Óscar R. Benavides

Benavides era ya una figura muy conocida en la política peruana, habiendo sido sucesivamente presidente de la Junta de Gobierno y presidente provisorio en lo que fuera su primer gobierno (1914-1915), también por elección del Congreso. Como militar, se había destacado en el conflicto de La Pedrera de 1911, en la frontera con Colombia. Durante el Oncenio de Leguía (1919-1930) se había dedicado a conspirar contra dicho régimen, por lo que fue deportado. El gobierno militar de Sánchez Cerro lo nombró embajador en España. Regresó al Perú en 1931, durante el proceso eleccionario que elevó a Sánchez Cerro a la presidencia constitucional. Después de un breve paso como ministro plenipotenciario en Inglaterra, regresó al Perú en 1933 para ponerse al frente de las fuerzas armadas durante un nuevo conflicto con Colombia.^[12][13][14]

Primer gabinete ministerial

El inicio del gobierno de Benavides se dio a poco tiempo de haberse promulgado la Constitución de 1933, que reemplazó a la de carta de 1920. Esta nueva Constitución constituyó así en el marco jurídico del nuevo régimen.

El primer gabinete ministerial de Benavides, presidido por José Matías Manzanilla (que fuera jefe del último gabinete de Sánchez Cerro), juró el 5 de mayo de 1933. Lo integraban los ministros del anterior gabinete sanchecerrista: Julio Chávez Cabello (Gobierno y Policía), Wenceslao Delgado (Justicia e Instrucción), Ignacio A. Brandariz (Hacienda), el coronel Antonio Beingolea Balarezo (Guerra); más dos cambios: Pablo Ernesto Sánchez Cerro, hermano del presidente asesinado (Fomento) y Luis A. Flores, líder de la Unión Revolucionaria, el partido sanchecerrista (Marina y Aviación). Con este gabinete se daba a entender que se mantendría la política del anterior mandatario o tal vez era una estrategia para no entrar en disputa con los sanchecerristas, que todavía mantenían su influjo en la vida política.^[10]

Arreglo con Colombia

Benavides encaró el problema con Colombia de manera franca. El recién electo presidente colombiano, Alfonso López Pumarejo (amigo de Benavides desde los días en que ambos coincidieron en Londres desempeñando funciones diplomáticas), viajó hasta Lima para entrevistarse con el presidente peruano. Finalmente, se llegó a un acuerdo de paz en mayo de 1934, según se detallará más adelante, en la sección de aspecto internacional.^[15]

El juicio por el asesinato de Sánchez Cerro

Una corte marcial se hizo cargo del proceso por el asesinato del presidente Sánchez Cerro. Estaba presidida por el coronel Maximiliano Frías e integrada por los vocales: capitanes Humberto León Ravines, Manuel Marchena y Miguel San Román, y el teniente Pedro de la Torre Ugarte. Como fiscal estaba el mayor Julio Barrionuevo.^[16]

Se detuvo a varios sospechosos relacionados con el Apra, todos de extracción humilde. Estos denunciaron durante el proceso haber sido sometidos a torturas para arrancárseles confesiones.^[17] El fiscal señaló como único autor del crimen a Abelardo Mendoza, y como sus cómplices a los que habían sido cercanos a él; también incluyó a un grupo de encubridores. Pero iniciado el proceso, sorpresivamente retiró su acusación sobre los cómplices y la mayoría de los encubridores.^[18]

Finalmente, el fallo de la corte marcial, dado el 21 de junio de 1933, identificó como único autor del crimen a Abelardo Mendoza. Si bien admitió que había existido un complot, reconoció que no se podía probar que el resto de los acusados hubiesen sido cómplices, por falta de evidencia concreta. También se acusó de omisión a las autoridades políticas y policiales, por no haber dado el resguardo debido a la persona del presidente.^[19]

Luis A. Flores, el líder de la Unión Revolucionaria, que era entonces el ministro de Marina, anunció su renuncia a dicho cargo y pasó a ser opositor de Benavides, debido a la absolución de los presuntos autores y cómplices del asesinato de Sánchez Cerro, según él mismo ha referido.^[20][21] Una teoría muy recurrente entonces era que el asesinato de Sánchez Cerro había sido ordenado directamente por la dirigencia aprista, algo que nunca se pudo probar. También se especulaba una posible connivencia del mismo Benavides en el complot.

El 23 de junio de 1933 se votó favorablemente en el Congreso una ley para cortar los juicios iniciados contra las autoridades de la policía por los delitos de abuso de autoridad cometidos durante el proceso por el asesinato de Sánchez Cerro, y por negligencia en resguardar a este mismo mandatario el día del magnicidio. Esta ley fue considerada por muchos como un acto de despotismo. El historiador Basadre también considera que no debieron haberse cortado esos juicios.^[22]

La amnistía

Los problemas internos, originados por la tenaz campaña opositora de los seguidores de ideologías populistas o socialistas (apristas y socialistas), serían los más complicados de resolver.

El 26 de junio de 1933, a raíz de la polémica surgida por la ley que mandaba a cortar los juicios contra los policías, los miembros del gabinete ministerial presentaron renuncias de sus respectivos cargos ante el premier Manzanilla. Este a su vez, renunció de manera irrevocable ante el presidente Benavides.^[23][21]

Benavides, decidido ya a distanciarse de los sanchecerristas más conspicuos (entre ellos Luis A. Flores), nombró otro gabinete, presidido por Jorge Prado Ugarteche (como ministro de Gobierno y Policía) y que juró el 29 de junio de 1933. Lo completaban: Solón Polo (Relaciones Exteriores), Daniel Olaechea (Justicia, Instrucción, Beneficencia y Culto), Alfredo Solf y Muro (Hacienda y Comercio), el coronel Manuel E. Rodríguez (Guerra), Carlos Alayza y Roel (Fomento) y el capitán de navío Carlos Rotalde (Marina y Aviación).^[24][25]

Prado dio a conocer, ante el Congreso Constituyente, un programa llamado de «apaciguamiento y concordia», obteniendo abrumador voto de confianza. El 9 de agosto de 1933 se expidió una ley de amnistía, por la cual se amnistiaba a todas aquellas personas a las que se les seguía juicio político y se permitía el retorno de los deportados. Fue así como Haya de la Torre, el líder del APRA, preso desde enero de 1932, fue puesto en libertad. Retornaron también los desterrados apristas. ^[24][26][27]

Represión a apristas y comunistas

Pero la apertura política no duraría mucho tiempo. Tras cinco meses de funcionamiento, el gabinete Prado dimitió y el 25 de noviembre le sucedió el presidido por el célebre polígrafo José de la Riva Agüero y Osma (que asumió el ministerio de Justicia, Instrucción, Beneficencia y Culto). Los ministros Polo (Relaciones Exteriores), Rodríguez (Guerra) y Rotalde (Marina y Aviación) mantuvieron sus cargos; los demás cambios fueron: el teniente coronel Alfredo Henriod (Gobierno y Policía), Benjamín Roca García (Hacienda y Comercio) y Héctor Boza (Fomento).^[28]

Riva Agüero reinició la política de mano dura contra el APRA. Volvió a aplicar la Ley de Emergencia dada bajo Sánchez Cerro para reprimir a la oposición. Pero su ministerio no duró mucho tiempo, lo que tuvo que ver de manera indirecta con la solución del conflicto con Colombia.^[29] En efecto, la paz con dicho país no era bien vista por los sectores nacionalistas peruanos. Benavides buscó entonces el apoyo popular a través del APRA. Haya de la Torre puso como condición de que se expulsara del gobierno a Riva Agüero. La maniobra para lograr ello vino desde el Congreso, que promulgó las leyes que establecían el divorcio absoluto por el mero disenso mutuo. A Riva Agüero, católico reconvertido, por ser el ministro de Justicia le correspondía firma la ley, pero se negó a ello aduciendo que atentaba contra su fe religiosa. Presentó por tanto su renuncia a su cargo de ministro. Le acompañaron en esa decisión todos los ministros de su gabinete (18 de mayo de 1934).^[30]

El nuevo gabinete ministerial juró el 19 de mayo de 1934 y fue presidido por Alberto Rey de Castro, que propuso que permanecieron en sus cargos los ministros del gabinete anterior. Así se hizo. El partido aprista volvió a convivir en “paz y concordia” con el régimen, más aún confiado de la promesa de Benavides de convocar a elecciones para cubrir en el congreso las curules dejadas por los parlamentarios apristas expulsados en 1932, durante el gobierno de Sánchez Cerro. Pero esta paz sería efímera.^[31][32]

En noviembre de 1934, se realizaron una serie de levantamientos en el centro del país liderados por militantes apristas. Ello debido a que no se realizaron las elecciones para el parlamento prometidas por el gobierno. Esta era una demanda de la clase política en general, que fue aplazada constantemente por el presidente, quien aducía que no era el momento indicado pues no se había alcanzado el "orden" interno necesario. Los levantamientos se centraron en Huancavelica, Ayacucho y Huancayo.^[32]

En Lima, se produjo la llamada conspiración de El Agustino, de la cual Luis Alberto Sánchez ha dejado un relato reconociendo su participación.^[32][33] El plan, que abortó posiblemente por delación, el día 25 de noviembre de 1934, contemplaba provocar una rebelión militar en el cuartel de Santa Catalina.^[34]

El 25 de diciembre de 1934 asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros Carlos Arenas y Loayza. Se reinició la persecución antiaprista. Los principales líderes apristas, incluyendo Víctor Raúl Haya de la Torre, fueron perseguidos y pasaron a la clandestinidad, que se habría de prolongar por diez años. Los militantes apristas más exaltados respondieron con actos terroristas en todo el país. A ese periodo de su historia, los apristas lo conocen como “La Gran Clandestinidad” o “La Gran Persecución” (1934-1945).^[32]

El 15 de mayo de 1935 ocurrió el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada de la Guerra, y el de su esposa María Laos, a manos de Carlos Steer Lafont, por el acto aislado de un joven de 19 años, integrante de la Falange Aprista Juvenil. Antonio Miro Quesada había manifestado su constante oposición al APRA desde este diario.^[32][35] Las consecuencias de este suceso fueron, en primer lugar, la reanimación del discurso contra el APRA por parte del gobierno, al considerarlo un grupo violento, y el cambio del gabinete Arenas por otro presidido por el general Manuel E. Rodríguez.^[36]

El gobierno mantuvo la proscripción del APRA, aduciendo que era un partido internacional, lo que, según la Constitución de 1933, lo inhabilitaba para actuar. Por esa misma razón se reprimió al Partido Comunista,^[37] aunque los militantes de éste eran todavía una minoría, comparado con las masas que movilizaban los apristas. Las cárceles se llenaron de presos políticos, apristas y comunistas. Una novela del escritor indigenista José María Arguedas, El Sexto, está ambientada en dicha época.^[38]

Cambios ministeriales. Creación de nuevos ministerios

Al acercarse el fin de su período presidencial, programado para 1936, el presidente Benavides anunció su intención de convocar a elecciones generales. Con el fin de dar una apariencia de imparcialidad, decidió formar un nuevo gabinete conformado por personalidades ajenas a toda bandería e interés político.^[36]

La presidencia del Consejo de Ministros fue confiada al general Manuel E. Rodríguez, quien juramentó el 21 de mayo de 1935. Rodríguez asumió la cartera de Fomento; sus ministros que lo acompañaban eran los siguientes: Carlos Concha Cárdenas (Relaciones Exteriores), el coronel Antonio Rodríguez Ramírez (Gobierno y Policía), el coronel Ernesto Montagne Markholz (Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia), Fernando Tola (Hacienda), el coronel Federico Hurtado (Guerra) y el capitán de navío Héctor Mercado (Marina y Aviación).^[36]

Con motivo de la creación de los nuevos ministerios de Educación y de Salud Pública, en octubre de 1935 se reestructuró el gabinete. La cartera de Educación, (independizada del ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia), tuvo como primer titular al coronel Ernesto Montagne. El antiguo ministerio que quedó reducido a Justicia y Culto, fue asumido por Wenceslao Delgado. Y la nueva cartera de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, separada de la de Fomento, pasó a ser ocupada por el doctor Armando Montes de Peralta.^[36]

El 13 de abril de 1936, el coronel Ernesto Montagne Markholz (que era ministro de Educación) reemplazó a Rodríguez en la jefatura del gabinete. Los ministros militares del anterior gabinete fueron ratificados: Rodríguez (Gobierno y Policía); Hurtado (Guerra) y Mercado (Marina y Aviación). Los nuevos ministros eran civiles: Alberto Ulloa Sotomayor (Relaciones Exteriores), Diómedes Arias Schreiber (Justicia y Culto), Manuel Ugarteche (Hacienda), Fortunato Quesada (Salud Pública, Trabajo y Previsión Social) y Héctor Boza (Fomento). Fue este el gabinete bajo el cual se llevaron a cabo las elecciones de 1936. Con la inclusión de dos reputados juristas (Ulloa y Arias Schreiber), Benavides quiso dar prestigio a su gabinete.^[39]

Las frustradas elecciones de 1936

Para las elecciones de 1936, se perfilaba como candidato popular el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, pese a estar en la clandestinidad. Pero faltando veinte días para los comicios, el Jurado electoral tachó la inscripción de Haya, por considerar que su partido era una organización internacional, y como tal, inhabilitada constitucionalmente. Como candidatos se presentaron: Manuel Vicente Villarán, apoyado por algunos miembros del gobierno, como José de la Riva Agüero y Osma; Luis A. Flores, jefe de la Unión Revolucionaria, de tendencia fascista y acérrimo opositor del gobierno; el doctor Luis Antonio Eguiguren, notable jurista, expresidente del Congreso Constituyente; y Jorge Prado Ugarteche, exministro del gobierno, al que apoyaban partidos menores.^[40][41]

Aparentemente, era Jorge Prado quien gozaba de la simpatía oficialista. Pero el gobierno veía también con buenos ojos la candidatura de Villarán. Por su parte, el aprismo ofreció su apoyo a Luis Antonio Eguiguren, quien se perfiló así como seguro triunfador, al ser aquel un partido de masas. Al realizarse los escrutinios, la tendencia favorecía, efectivamente, a Eguiguren. Pero se presentaron sucesivos recursos pidiendo la anulación de las elecciones, bajo el absurdo argumento de que los votos de Eguiguren provenían de los apristas, y por tanto serían ilegales, como si se pudiese discernir la procedencia de los votos, que eran secretos. El Jurado electoral, al considerar que no tenía facultad para pronunciarse sobre el asunto, elevó esas solicitudes al Congreso y suspendió el conteo.^[42][43]

Al momento de esa suspensión (21 de octubre de 1936), así iban las cifras:^[42]

El Congreso, convocado extraordinariamente por el Poder Ejecutivo, declaró nulos los sufragios emitidos a favor de Eguiguren en las elecciones. Como el Estatuto Electoral establecía que en caso de que los votos declarados ilegales hicieran variar el resultado de la elección se debía anular la totalidad del proceso, el Jurado Electoral decidió aplicar esa norma. Las elecciones de 1936 fueron pues anuladas.^[42][44]

Ante la grave situación creada y en vista que se acercaba ya el final del periodo constitucional del ejecutivo y el legislativo, el Congreso, en su sesión del 13 de noviembre de 1936, amplió la ley N.º 7747, prorrogando por tres años más el mandato de Benavides, es decir, hasta el 8 de diciembre de 1939, y por añadidura le otorgó la facultad de legislar en materia económica, financiera y administrativa (Ley N.º 8463).^[45][44][46]

La sesión en el congreso terminó de manera violenta y se dice incluso que no llegó a culminar formalmente la votación de la ley de prórroga y de facultades extraordinarias. Pero el poder ya lo tenía Benavides de antemano y procedió a deportar a sus principales opositores.^[44]

Inestabilidad ministerial

La primera etapa del gobierno de Benavides claramente se desarrolló con marcados rasgos de inestabilidad y episodios de crisis. La máxima manifestación de ello, fueron los constantes cambios de ministros, que al finalizar este periodo fueron en total siete: José Matías Manzanilla (abril 1933- junio 1933), Jorge Prado Ugarteche (junio 1933-noviembre 1933), José de la Riva Agüero (noviembre 1933- mayo 1934), Alberto Rey de Castro (mayo 1934-diciembre 1934), Carlos Arenas y Loayza (diciembre 1934-mayo 1935), General Manuel E. Rodríguez (mayo 1935-abril 1936) y el coronel Ernesto Montagne (a partir de abril de 1936). Por el contrario, esta inestabilidad de la primera etapa, no se presentaría en la segunda y ello se manifestaría en que solo se daría un cambio del presidente del Consejo de Ministros, faltando pocos meses para el fin del gobierno (Manuel Ugarteche).

Las vicepresidencias

Uno de los primeros actos del gobierno, en uso de sus facultades legislativas, fue dar la ley N.º 8486 del 11 de diciembre de 1936, que establecía que la función de primer vicepresidente debía ser ejercida por el presidente del Consejo de Ministros, y la de segundo vicepresidente por el ministro de Guerra. Al momento de darse esa ley, el premier era Ernesto Montagne, y el ministro de Guerra Antonio Rodríguez.^[48]

Los gabinetes ministeriales

Continuó como presidente del Consejo de Ministros el coronel Ernesto Montagne Markholz, que ya desde el 23 de octubre de 1936 había renovado su personal, con presencia exclusivamente militar. Los miembros civiles fueron reemplazados por los siguientes militares: coronel César A. de la Fuente (Relaciones Exteriores), coronel Felipe de la Barra (Justicia y Culto), coronel Teófilo Iglesias (Hacienda), capitán de navío Roque A. Saldías (Salud Pública, Trabajo y Previsión Social) y coronel Federico Recavarren (Fomento). Continuaron: Rodríguez (Gobierno y Policía), Hurtado (Guerra) y Mercado (Marina y Aviación).^[49]

Un año después, el 28 de octubre de 1937, se renovó otra vez el gabinete ministerial, con la incorporación otra vez de destacadas figuras civiles. Montagne mantuvo la presidencia del Consejo de Ministros, como ministro de Educación. Los nuevos ministros (varios de ellos ya lo habían sido anteriormente) fueron los siguientes: Carlos Concha Cárdenas (Relaciones Exteriores), Diómedes Arias Schreiber (Justicia y Culto), Benjamín Roca García (Hacienda y Comercio), Rafael Escardó (Salud Pública, Trabajo y Previsión Social) y Héctor Boza (Fomento y Obras Públicas). Se mantuvieron los militares: Antonio Rodríguez (Gobierno y Policía) y Federico Hurtado (Guerra). Roque A. Saldías dejó Salud Pública y pasó a Marina y Aviación.^[50]

Hubo luego dos cambios de ministros: Manuel Ugarteche (Hacienda y Comercio) y Guillermo Almenara (Salud Pública, Trabajo y Previsión Social). Este gabinete se mantuvo así hasta marzo de 1939, cuando ocurrió la sublevación de uno de sus miembros, el general Antonio Rodríguez, según se verá más adelante.^[50]

Descontento popular

Benavides, en esta segunda etapa de su gobierno, continuó las líneas fundamentales de su administración, pero se hizo notorio el hastío de la población.

Como ya vimos, mediante la Ley N.° 8463, se le concedieron facultades legislativas al Poder Ejecutivo, lo cual provocó que desde el 8 de diciembre de 1936 hasta 1939 no existiera una división de poderes del Estado, al carecer de un congreso que fiscalizara y controlara las acciones del ejecutivo. Es esta característica la que ha generado que muchos autores decidan considerar este segundo periodo como una etapa autoritaria. Si bien es cierto esta fue una característica del gobierno de Benavides desde un principio, fue en este periodo que se acentuó más este rasgo.

No solo se mantuvo la persecución contra los apristas y comunistas, sino que se enfiló la represión hacia Luis A. Flores y otros líderes del urrismo, que fueron deportados. En febrero de 1937 fue asesinado el líder obrero aprista Manuel Arévalo, aduciéndose que había intentado fugar mientras era conducido preso a Lima, hecho que conmocionó a la clase trabajadora y a la opinión pública en general.^[51]

La intentona golpista del general Antonio Rodríguez

Por entonces, los líderes apristas, convencidos de que era imposible llegar al poder mediante una revolución popular, adoptaron otra táctica: decidieron captar a los miembros de las fuerzas armadas con el fin de usarlos como instrumentos para sus fines. Uno de los que cayeron en la red aprista fue el general Antonio Rodríguez Ramírez, ministro de Gobierno y segundo vicepresidente, uno de los hombres de confianza de Benavides. Rodríguez quedó convencido de que era el hombre providencial para salvar al país de la dictadura y organizó un golpe de Estado, en complicidad del general Cirilo Ortega. Haya de la Torre le prometió el apoyo total del “pueblo aprista” una vez que iniciara el movimiento.^[52]

Se ha dicho que fue a través del espiritismo que Rodríguez fue convencido para dirigir el golpe de Estado, pero esto parece ser solo una leyenda. Luis Alberto Sánchez describe la personalidad de Rodríguez como la de un hombre noble, sencillo, ingenuo y sobrio, sensible al despotismo y que, al comprobar que se cometían torturas en la represión antiaprista, quedó muy afectado y no tuvo entonces reparos en aceptar el apoyo de los apristas para su plan golpista.^[53] También la Unión Revolucionaria de Luis A. Flores le dio su respaldo.^[54][55]

El domingo 19 de febrero de 1939 fue el día señalado para el golpe de Estado, aprovechando que Benavides se hallaba de excursión hacia el puerto de Pisco, con motivo de los carnavales, que en ese entonces abarcaban domingo, lunes y martes. Acompañaban al presidente en ese viaje un grupo reducido de sus colaboradores, entre ellos los ministros Carlos Concha Cárdenas, Diómedes Arias-Schreiber, Héctor Boza y el capitán de navío Roque A. Saldías.^[56][57]

En la madrugada de ese día, Rodríguez se sublevó con algunos subalternos y ocupó el Palacio de Gobierno sin encontrar resistencia alguna. Acto seguido, anunció por Radio Nacional y envió a los diarios para su publicación el consabido Manifiesto a la Nación, pero ninguno de ellos lo publicó.^[57] Un piquete de la Guardia Republicana, confabulado con los rebeldes, fue enviado a la Penitenciaría de Lima, para que liberara a los presos políticos (la mayoría aprista).

Sin embargo, la intentona golpista culminaría de manera sorpresiva a las pocas horas. Los rebeldes cometieron el error de no comprometer a su favor a los destacamentos que custodiaban Palacio, cuyos jefes se vieron sorprendidos por los hechos; estos decidieron finalmente permanecer fieles a Benavides. El mayor de la Guardia Civil del Perú Luis Rizo Patrón Lembcke, primer jefe del Batallón de Asalto de la Guardia Civil, se puso de acuerdo con el capitán GC Alejandro Ismodes Romero, primer comandante de la Compañía de Ametralladoras de Palacio (emplazadas en las azoteas de Palacio), para debelar el movimiento. La hora fijada fue a las 8 de la mañana, en momentos en que se izaba la bandera en el patio de Palacio y se tocaba la Marcha de Banderas. Acordaron que la señal la daría Ismodes, la cual sería unas ráfagas de ametralladora disparada desde lo alto de Palacio. Llegada la hora y ante la señal convenida, Rizo Patrón avanzó sobre Palacio de Gobierno y apuntando con un mosquetón a Rodríguez, le intimó por tres veces a que se rindiera. Rodríguez increpó a Rizo Patrón de manera temeraria, recibiendo entonces una descarga, que lo dejó muerto en el acto. Cayeron además un alférez y un guardia del Batallón de Asalto. Los demás oficiales comprometidos con el golpe no atinaron a hacer nada y fueron detenidos.^[54][57]

La rebelión, que había contado al parecer con gran apoyo de diversos sectores, fracasó debido fundamentalmente a que los rebeldes no lograron comprometer a muchas de las unidades fundamentales del Ejército ni a jefes importantes.^[58] Tampoco hubo apoyo popular. El “pueblo aprista” no se hizo presente.

Enterado por vía cablegráfica de la intentona golpista, Benavides regresó de Pisco por vía terrestre y llegó a Lima seguido de una caravana de automóviles. Se había salvado esta vez, pero comprendió muy bien que era contraproducente mantenerse en el poder.^[59][60]

En reemplazo de Rodríguez fue nombrado como nuevo ministro de Gobierno Diómedes Arias-Schreiber, que era en ese momento ministro de Justicia y Culto. De esta cartera pasó a encargarse Guillermo Almenara, que era ministro de Salud (20 de marzo de 1939).^[50]

Este episodio hizo que Benavides tomara la decisión de convocar a elecciones generales y hacer el traspaso de poder, pues hasta entonces había pensado en prorrogarse en el poder por otros tres años. Pero antes de todo decidió llevar a cabo un plebiscito.

El plebiscito de 1939

El 25 de marzo de 1939, Benavides dirigió un mensaje a la Nación en el cual expuso la situación del país. Anunció la convocatoria a un plebiscito para el mes de junio, el cual buscaría la aprobación de una serie de reformas que otorgarían más facultades al poder Ejecutivo, enmendando así a la Constitución de 1933. que favorecía al Legislativo. Para el presidente era fundamental, por ejemplo, restablecer el “derecho a veto del presidente”, el cual le daba la potestad al mandatario de observar una ley, derecho que había sido anulado por la Constitución de 1933.

En este plebiscito, que se realizó el 18 de junio de 1939, se aprobaron importantes reformas constitucionales, como la ampliación del período presidencial de 5 a 6 años, el restablecimiento de los dos vicepresidentes y la disminución de las facultades legislativas del Congreso en materia económica que se restringieron solo a aprobar o rechazar las diferentes medidas tomadas por el poder ejecutivo. Como se ve, su intención era robustecer el Poder Ejecutivo en desmedro del Legislativo.^[61]

Víctor Andrés Belaunde condenó el plebiscito como una «flagrante violación constitucional, un verdadero golpe de Estado desde el punto de vista jurídico».^[58][55]

El último gabinete ministerial

El 20 de abril de 1939, tras la renuncia de Montagne, asumió como nuevo jefe del gabinete el ministro de Hacienda Manuel Ugarteche, con quien concluyó el gobierno de Benavides. En este nuevo gabinete solo dos de sus integrantes eran de las Fuerzas Armadas (De la Barra y Saldias), lo que manifestaba la desconfianza que Benavides adquirió después de la rebelión de Antonio Rodríguez.^[50]

Este fue el último gabinete ministerial de Benavides:^[50]

Elecciones generales de 1939

Para las elecciones generales de 1939, Benavides apoyó la candidatura presidencial de Manuel Prado Ugarteche, hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado y que por entonces ejercía la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú. Contra esta candidatura oficial, se alzó la de José Quesada Larrea, joven abogado, natural de Trujillo, quien para su campaña adquirió el diario La Prensa, desde donde se peleó por la libertad electoral, ante el propósito evidente del gobierno de manipular los resultados.^[62][63]

El partido aprista, que era el más importante del país, continuaba proscrito por ley. Otra importante fuerza política, la Unión Revolucionaria, quedó también anulada al estar desterrado su líder, Luis A. Flores; optó por respaldar a Quesada. Ante la coyuntura electoral, tanto Prado como Quesada solicitaron el apoyo de los apristas, pero estos decidieron no tomar partido. ^[64][55]

Las elecciones se realizaron el 22 de octubre de 1939, sin inconvenientes.^[65] Hechos los escrutinios, Manuel Prado resultó vencedor, con enorme ventaja. Se habló de fraude masivo,^[66][67] que se cambiaron las ánforas electorales (por entonces no se hacía el escrutinio de mesa y las ánforas eran llevadas a los jurados departamentales) y que treinta años después, se hallaron estas en una finca limeña, llenas con los votos de Quesada.^[68]

Este fue el resultado en cifras de las elecciones de 1939:^[65][67]

En momentos en que los organismos electorales verificaban los resultados, ocurrió en Trujillo un crimen horrendo. El 19 de noviembre de 1939, el teniente coronel Remigio Morales Bermúdez Sánchez, comandante de armas de la guarnición de Trujillo y primer jefe del batallón de Infantería N.º 19, fue asesinado a mansalva en su domicilio, hecho que se achacó a militantes apristas. Una corte marcial juzgó a trece acusados, dos de los cuales, Tomás Solano Bocanegra y Gregorio Zavaleta Díaz, fueron condenados a muerte, pena que se cumplió el 3 de diciembre del mismo año. Los demás fueron sentenciados a penas de prisión.^[69][70]

Remigio Morales Bermúdez Sánchez era hijo del militar del mismo nombre, que fuera presidente del Perú entre 1890 y 1894; fue además padre de Francisco Morales Bermúdez, que llegó a ser también militar y presidente del Perú, entre 1975 y 1980.

El 8 de diciembre de 1939 Benavides entregó el mando a Manuel Prado.^[71][67] El 19 de diciembre del mismo año, el presidente Prado honró a Benavides con el título de Mariscal.^[72]

Política económica y financiera

Fue uno de los principales ejes de la política durante el gobierno de Benavides, los objetivos en este espacio se plantearon con respecto a la regulación y estabilización de la economía.

Actividades Económicas

Política Social

Defensa Nacional

• Fue el eje central del gobierno del presidente Benavides.
• Acuerdo de una nueva escala de sueldos para los jefes y oficiales de los Institutos Armados.
• El gobierno proporcionó las disposiciones necesarias como normas racionales para la aplicación del Servicio Militar Obligatorio.
• Creación de nuevas unidades y el aumento de efectivos en los diversos cuerpos y servicios.
• La mejora de la instrucción del ejército se puso en evidencia en los exámenes de promoción y en las diversas maniobras y ejercicios realizados.
• El gobierno realizó un plan de construcción de nuevos cuarteles y edificios militares en las regiones, asimismo se construyeron y mejoraron los ya existentes.

1. Primera División: se construyeron los cuarteles de Tumbes (General Coloma), de Sullana (6 de agosto) y de Piura (Grau), para Zapadores, Caballería y Artillería, respectivamente.
2. Segunda División: los cuarteles Mariscal Cáceres, para Infantería; Comandante Espinar, para Zapadores; y Mariscal Castilla, para Unidades Motorizadas y Mecanizadas del Ejército.
3. Tercera División: se edificó el Cuartel General Salaverry en Arequipa, destinado a Infantería.
4. Cuarta División: se construyeron los cuarteles Brigadier Pumacahua, Mariscal San Román y Bolognesi, para unidades de Caballería, Infantería y Artillería, respectivamente.
5. Quinta División: se levantó el campamento militar Vargas Guerra en Iquitos y los cuarteles tipo Selva en Pijuayal, Cabo Pantoja, Arica y Gueppi.

• Realización de importantes reformas en la Escuela Militar y en los cuarteles de San Martín, Magdalena, Barbones, Las Palmas, Santa Catalina, Santa Ana, San Lázaro y La Pólvora; en el Arsenal del Callao y en los cuarteles de Puno y San Pedro.
• Establecimiento de consultorios de diversas especialidades en el Hospital Militar de San Bartolomé.
• Se reformaron: el Arsenal de Guerra, el edificio del Estado Mayor del Ejército, la Escuela de Transmisiones, la Escuela Superior de Guerra, la Inspección General del Ejército, el local de las guarniciones de Huancayo y otras importantes reparticiones militares.
• Construcción de un estadio militar en los terrenos de la zona del Polígono del Tiro.
• Se impulsó el desarrollo de la Marina de Guerra y Mercante a través de la adquisición de nuevos elementos.
• Ampliación, realización y modernización de los cruceros de verano, Almirante Grau y Coronel Bolognesi y el buque auxiliar Pariñas.
• Modernización de buques y de submarinos. La flotilla fluvial del Amazonas fue incrementada con las cañoneras Amazonas y Loreto y se modernizó la cañonera América.
• Ampliación de las instalaciones de la Escuela Naval del Perú.

1. Formación de las Escuelas de Especialización para los ramos de torpedos, máquinas, radio y submarinos.
2. Renovación del sistema de faros de la costa.
3. Desarrollo del Servicio Hidrográfico.

• Construcción del Hospital Naval para darle una mejor condición al personal.
• Impulsó al desarrollo de la Aviación, por medio de la adquisición de aviones de distintas especialidades, cazas, bombardeo, reconocimiento y pasajeros.
• Apoyo al desenvolvimiento de la aviación civil.

1. Organización del Comando de Aeronáutica.
2. Distribución de las fuerzas aéreas.
3. Formulación de los nuevos Cuadros Orgánicos.

• Creación de la Escuela de Suboficiales Especialistas.

Política internacional

Conflicto con Colombia: Leticia

Durante el gobierno de Benavides se adoptó una política conciliadora respecto al conflicto con Colombia. El presidente no consideraba que la disputa debía conllevar a una guerra por lo que aceptó la formación de una comisión mixta propuesta por la Liga de las naciones para que ocupará Leticia en nombre de Colombia. Perú y Colombia comenzaron negociaciones en Río de Janeiro para resolver los problemas en 1933 bajo la mediación de Afranio de Melo Franco. La delegación peruana propuso dos soluciones: la primera, fue recuperar la parte baja del Trapecio de Leticia al concederle compensaciones territoriales a Colombia en el Alto Putumayo, pero Colombia lo rechazó. Por consiguiente, la delegación del Perú pidió que ello se decida por arbitraje.

Colombia propuso enviar el pedido a la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya. Sin embargo, no se concretó ningún arreglo. Por ello, el Perú decidió establecer una solución que evitase la posibilidad de una modificación posterior de la frontera. Finalmente, ambos países aceptaron la propuesta de Melo Franco, la cual se constituiría en Río de Janeiro en abril de 1934; ella reivindicó la posición colombiana y se acordó que el tratado Salomón-Lozano no fuese alterado excepto por mutuo consentimiento o arbitraje internacional.

Asimismo, el Perú decidió pedir disculpas por haber ocupado Leticia, restableciendo nuevamente relaciones diplomáticas con Colombia. Por último, en junio de 1938 la comisión mixta creada con fines específicos se disolvió porque ya había cumplido su propósito: llegar a acuerdos sobre los temas de libre navegación, regulaciones aduaneras y tránsito fronterizo.

Relación con Ecuador, Chile y Bolivia

El gobierno de Óscar R. Benavides mantuvo negociaciones tanto con el gobierno del norte, Ecuador y con el gobierno del sur, Chile. Las discusiones con Ecuador consistieron en que se sintieron afectados en la disputa con Colombia por temas territoriales (hay que recordar las controversias limítrofes que tuvieron y firmaron el tratado con Colombia en 1922) y manifestaron que seguirían siendo una nación amazónica; por ello los invitaron a Lima para negociar, sin embargo, no se llevó a cabo nada. En 1936 llevaron la disputa a Washington para un arbitraje de jure, mas no total por parte de los Estados Unidos.

De la misma manera se negoció con Chile y acordaron erigir un monumento simbólico en el morro de Arica para conmemorar su amistad. En 1933 concluyeron dos acuerdos adicionales: el primero, que Chile le entregue a Tacna 2.5 millones de pesos chilenos en materiales de construcción para cumplir con los requisitos del acuerdo de 1929 que tuvieron relación con la infraestructura portuaria en la bahía de Arica, pero los peruanos no recibieron bien el acuerdo y Benavides lo retiró del congreso. Luego se estableció un tratado de comercio, el tratado Polo-Rivas Vicuña que fue modificado por el protocolo Concha-Subercaseaux que consistió en regular los bienes entre ambos países.

Por otro lado, Perú en 1936 firmó con Bolivia un pacto de no agresión que prohibió la intervención en los asuntos internos o externos de las partes. Asimismo, cabe mencionar que hacia finales de la década se modificaron las leyes que regían la adquisición de azúcar extranjera y asignaron al Perú una cuota de importación mayor. Además, el gobierno adoptó una política muy anti japonesa, restringió la inmigración y la actividad empresarial.

En junio de 1935 el Perú se suscribió junto con Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay al protocolo de Suspensión de Hostilidades a raíz de la Guerra del Chaco que fue entre Bolivia y Paraguay.

Un hecho importante sucedió en abril de 1939 cuando el Perú decidió salir de la Liga de las Naciones.

Obras Públicas

Gran impulso de obras públicas: edificios de ministerios, escuelas, irrigaciones y especialmente carreteras.

Ministros