Tierras malhabidas

Las tierras malhabidas (o, alternativamente, tierras mal habidas) es el nombre con el que se conoce a las tierras que fueron apropiadas ilegalmente en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner y en la época posterior a la dictadura. La Comisión de Verdad y Justicia estimó un total de 7.851.295 hectáreas (o casi un 20% del territorio nacional) de tierras malhabidas.^[1] Paraguay es uno de los países con una de las distribuciones más desiguales de la tierra,^[2] donde aproximadamente menos del 3% de la población es dueño del 85% de las tierras cultivables.^[3] Hay aproximadamente 300.000 familias campesinas e indígenas que no tienen acceso a la tierra.^[4]

Las tierras malhabidas eran tierras que debían distribuirse a familias campesinas, colonias agrícolas y comunidades indígenas bajo el Estatuto Agrario de 1940. Este estatuto tenía como uno de sus objetivos la reforma agraria y buscaba consolidar mecanismos para que los campesinos tuvieran acceso a la tierra para desarrollar sus medios de vida, y establecía criterios claros mediante los cuales se podía acceder a la titularidad de la tierra. Además, se establecía un límite máximo de hectáreas que podían ser adjudicadas en función del Estatuto Agrario. Esta ley permaneció vigente hasta que se introdujeron nuevos decretos hacia la década de 1960 que cambiaron los mecanismos de acceso a la tierra y los órganos regulatorios.^[5]

El informe de la Comisión de Verdad y Justicia encontró la existencia de un esquema de asignación de tierras que favorecía a las autoridades políticas, judiciales, militares y policiales, y otros colaboradores del régimen dictatorial.^[6][5] En algunos casos, llegaron a apropiarse hasta 4.000 hectáreas mediante mecanismos espurios, incluyendo tierras adjudicadas a Alfredo Stroessner, Blas N. Riquelme, y el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, con más de 8.000 hectáreas.^[3]

Las tierras malhabidas siguen en posesión de los adjudicatarios ilícitos, a pesar de que ha habido intentos de reforma legislativa e intentos de recuperación por la vía judicial.^[7][3] Desde el año 2007, el Estado paraguayo promovió treinta y tres casos judiciales para la recuperación de tierras malhabidas, de los cuales a diciembre de 2022 el Poder Judicial rechazó veintiocho.^[8] Sin embargo, el Poder Ejecutivo considera que por su carácter legal, estos son delitos de carácter imprescriptible.