Enfrentamiento de Curuguaty
enfrentamiento que terminó en la principal causa del juicio político al presidente Lugo (2012)
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El enfrentamiento de Curuguaty, también conocido como masacre de Curuguaty o caso Curuguaty, fue un episodio de violencia ocurrido el 15 de junio de 2012 en la comunidad rural de Marina Cué, que resultó en la muerte de campesinos y policías. Este hecho fue el desencadenante de la crisis política de Paraguay en 2012, por la cual el expresidente Fernando Lugo fue destituido, mediante un juicio parlamentario.[1]
- Fallecimiento de 17 personas (6 policías y 11 campesinos)
- Más de 80 heridos y 60 detenidos
- Destitución del Ministerio del Interior
- Destitución del Comandante de la Policía Nacional
- Una de las causas de la Crisis política en Paraguay de 2012 y posterior destitución del presidente de la República Fernando Lugo
| Enfrentamiento de Curuguaty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crisis política en Paraguay de 2012 | ||||
| Fecha | 15 de junio de 2012 | |||
| Lugar | Finca Campos Morumbí, Curuguaty, departamento de Canindeyú (Paraguay) | |||
| Causas | Altercado violento entre campesinos e integrantes de la policía por una orden de desalojo en tierras malhabidas | |||
| Resultado |
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| Consecuencias | Destitución de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay | |||
| Partes enfrentadas | ||||
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| Saldo | ||||
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La zona se encuentra a unos 280 kilómetros de Asunción, en la colonia Yvyra Pytã, perteneciente a la ciudad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, en el centro-este de la Región Oriental del Paraguay.[2]
La comunidad rural es una organización de base campesina que desde 2004 reivindica la propiedad de unas 2000 hectáreas de tierra conocidas como Marina Cué, consideradas tierras malhabidas en manos de la empresa Campos Morombí, perteneciente al exsenador y empresario Blas Riquelme.[3][4][5]
Los enfrentamientos se produjeron durante un operativo de desalojo ordenado por el Ministerio del Interior. Al llegar al campamento, la policía inició un diálogo con los líderes campesinos, pero la discusión derivó rápidamente en una balacera. Hasta el momento no se ha podido determinar con certeza quién efectuó los primeros disparos.[6] Los agentes continuaron abriendo fuego durante cerca de tres horas, mientras numerosos campesinos huían hacia el monte y otros hacia la ruta.[7]
El saldo del enfrentamiento fue de 17 muertos (6 policías y 11 campesinos), además de cerca de 80 personas heridas o sometidas a torturas, y 63 detenidos.[7] El hecho desencadenó una grave crisis política que culminó con el enjuiciamiento y la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.
Desarrollo
En mayo de 2012, la finca Campos Morombí, de más de 2000 hectáreas, ubicada en la localidad de Curuguaty —a 240 km al noreste de Asunción y a 1600 m de la Ruta Nacional 10 «Las Residentas», a la altura del km 282—, en litigio entre el exsenador Blas Riquelme (expresidente del Partido Colorado) y el Estado paraguayo, fue ocupada por alrededor de 150 campesinos en protesta por la escasez de tierras agrícolas en el departamento de Canindeyú.[8]
Tras tres semanas de ocupación, el 15 de junio de 2012 el Ministerio del Interior ordenó el desalojo de la propiedad, lo que derivó en enfrentamientos violentos entre los ocupantes y la Policía Nacional. Desde el inicio del gobierno de Fernando Lugo se venía aplicando un procedimiento de desalojo pacífico, mediante una avanzada policial sin armas que proponía el traslado de los campesinos hacia otros asentamientos donde el Estado les asignaría tierras. Sin embargo, en este caso los agentes enviados habrían sido emboscados y atacados, lo que motivó una fuerte respuesta del grupo de apoyo policial. El enfrentamiento dejó un saldo de 17 muertos (11 campesinos y 6 policías), además de más de 80 personas heridas o sometidas a torturas y más de 60 detenidos.
Este suceso generó fuertes críticas en el país y derivó en la dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, así como del comandante de la Policía, Paulino Rojas. Fuentes policiales señalaron que los efectivos fueron emboscados cuando intentaban iniciar tratativas,[9] y se sospechó que miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo podrían haberse infiltrado entre los campesinos.[7] Otras fuentes consideran que este trágico episodio fue en realidad un montaje que sirviera de pretexto para pedir la destitución de Lugo.[10][11] Otras versiones sostienen que el episodio fue en realidad un montaje destinado a servir de pretexto para promover la destitución del presidente Lugo. Seis meses después de la masacre, el dirigente campesino Vidal Vega —quien llevaba adelante una investigación paralela— fue asesinado por sicarios enmascarados. Según su testimonio previo, habrían sido «infiltrados» quienes desencadenaron el tiroteo, disparando tanto contra los campesinos como contra la policía. En la misma línea, Hugo Richer, exministro de Acción Social, afirmó que «el episodio pudo haber sido preparado para contar con un motivo perfecto para destituir al presidente. Y, a pesar de la presión ciudadana, el procurador solo ha investigado en una única dirección: según él, los campesinos tendieron una emboscada a los policías».[12]
Lugo no expresó un respaldo explícito a las fuerzas de seguridad, pero sí presentó sus condolencias a los familiares de los policías fallecidos. Tras los incidentes, ordenó que las Fuerzas Armadas se sumaran a la Policía Nacional para apoyar el operativo en curso.[13] El sábado 16 de junio, se designó como nuevo ministro del Interior al exfiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, en reemplazo de Filizzola, quien había renunciado la noche del viernes 15. Asimismo, el mandatario sustituyó al comandante de la Policía Nacional[14] y anunció la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en Curuguaty, con apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).[8]
Los policías no tenían orden de desalojar a los campesinos —que habían ocupado el terreno reclamando su inclusión en la reforma agraria—, sino de realizar un cateo destinado a sustraer de manera pacífica las posibles armas en posesión de los ocupantes. Según diversos medios, el predio estaba ocupado de forma irregular por la familia Riquelme, vinculada al Partido Colorado.[15]
Días después se inició el juicio político a Lugo, aun cuando el propio Parlamento reconoció posteriormente que en el caso de Curuguaty se había producido una ruptura en la cadena de mando. La investigación estuvo marcada por múltiples irregularidades. Un helicóptero de la policía sobrevoló la zona durante los acontecimientos, pero la grabación realizada desde el aire desapareció. Tampoco se efectuaron peritajes ni investigaciones balísticas para determinar la autoría de las muertes de los seis policías. Asimismo, un fusil Maverick calibre 12, robado a un exmilitar días después de la masacre y sin relación con el tiroteo, fue incorporado al conjunto de elementos presentados como prueba de la culpabilidad de los «sin tierra». El 20 de marzo de 2014, la bancada del Partido Demócrata Progresista (PDP) presentó en el Senado una serie de fotografías que mostraban a campesinos muertos y esposados, presuntas víctimas de ejecuciones sumarias.[12]
