Zona Franca Colonia

Los antecedentes del régimen de zonas francas en Uruguay se remontan a la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez (1903-1907), período en el cual se promovieron iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura portuaria y fortalecer la inserción del país en el comercio internacional.

En ese contexto, el gobierno dispuso el envío de misiones técnicas a Europa y Estados Unidos con el objetivo de estudiar los regímenes portuarios y las experiencias vinculadas a zonas francas.

A partir de estos estudios surgieron propuestas para establecer zonas francas en distintos puntos estratégicos del país, entre ellos Montevideo, Colonia y Nueva Palmira, con el propósito de fomentar la instalación de empresas comerciales e industriales.

Estas iniciativas se basaban en el principio de extraterritorialidad aduanera y en la exoneración de tributos para los usuarios, como mecanismos para incentivar la actividad económica y el comercio internacional. El régimen fue finalmente establecido por ley el 20 de junio de 1923, que dispuso la creación de las zonas francas de Colonia del Sacramento y Nueva Palmira. En este marco, la Zona Franca Colonia fue inaugurada en 1925, convirtiéndose en la primera zona franca del país.^[1]

Su emplazamiento se definió sobre la costa del Río de la Plata, en las proximidades del puerto de la ciudad y con conexión a la red ferroviaria, lo que le permitía articular el transporte fluvial y terrestre. Esta localización estratégica respondía a su función como plataforma logística para el almacenamiento, tránsito y redistribución de mercaderías en el ámbito regional.

Posteriormente, el régimen de zonas francas en Uruguay fue reformulado a partir de la aprobación de una nueva ley en 1987, que actualizó el marco normativo con el objetivo de adaptarlo a las transformaciones del comercio internacional y promover la atracción de inversiones.

En este contexto, durante la década de 1990 la Zona Franca Colonia fue objeto de un proceso de privatización de su gestión, en línea con políticas de modernización y apertura económica implementadas en el país. A partir de entonces, su administración pasó a manos de operadores privados bajo régimen de concesión. En 2026, la zona franca es administrada y operada por el Grupo Continental.