32.° Congreso del Perú

País Perú Perú

Tipo Bicameral

Inicio de sesiones 28 de julio de 1980

Fin de sesiones 7 de junio de 1985

32.° Congreso
Periodo parlamentario 1980-1985
Localización
País	Perú Perú
Información general
Tipo	Bicameral
Inicio de sesiones	28 de julio de 1980
Fin de sesiones	7 de junio de 1985
Cámara Alta	Senado de la República
Cámara Baja	Cámara de Diputados
Liderazgo
Presidente del Senado	Ó. Trelles (AP) J. Alva (AP) S. Mariátegui (AP) R. Monteagudo (AP) M. Ulloa (AP)
Presidente de la Cámara de Diputados	F. Belaúnde (AP) L. Pércovich (AP) V. Paniagua (AP) D. Láinez (AP) E. Mendoza (AP)
Composición
Miembros	60 senadores 180 diputados
Cámara de Diputados
Grupos representados	color #000000 AP: 98 escaños color #FF0000 APRA: 58 escaños color #008000 PPC: 10 escaños color #FFD700 FNTC: 4 escaños color #DC143C UDP: 3 escaños color #954535 PRT: 3 escaños color #49B848 UNIR: 2 escaños color #800000 UI: 2 escaños
Senado
Grupos representados	color #000000 AP: 26 escaños color #FF0000 APRA: 18 escaños color #008000 PPC: 6 escaños color #49B848 UNIR: 2 escaños color #954535 PRT: 2 escaños color #800000 UI: 2 escaños color #DC143C UDP: 2 escaños color #FFD700 FNTC: 1 escaño color #98E723 FOCEP: 1 escaño
Sucesión
Asamblea Constituyente Periodo parlamentario 1980-1985 33.° Congreso
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El 32.° Congreso del Perú fue la representación del Congreso de la República, la legislatura nacional del Perú, compuesta por el Senado y la Cámara de Diputados, elegida el 18 de mayo de 1980. Se instaló el 28 de julio de 1980 en el Palacio Legislativo de Lima y ejerció funciones hasta el 7 de junio de 1985.

En las elecciones, Acción Popular (AP) obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y quedó próxima a alcanzarla en el Senado, logrando además representación en todos los distritos electorales del país. Con el propósito de garantizar estabilidad legislativa y evitar las tensiones que habían caracterizado el primer gobierno accionpopulista, el oficialismo estableció una alianza con el Partido Popular Cristiano (PPC), lo que le permitió consolidar una mayoría funcional también en la cámara alta. La oposición estuvo conformada por el Partido Aprista Peruano (APRA) y los sectores de la izquierda, que pronto se unificarían en una coalición: la Izquierda Unida (IU).^[1]

La legislatura enfrentó como tarea central la consolidación del régimen democrático tras doce años de dictadura militar. No obstante, su actuación estuvo fuertemente condicionada por la crisis económica y por el inicio del conflicto armado interno, marcado por la irrupción de la violencia subversiva. En este contexto, la mayoría parlamentaria oficialista facilitó la aprobación de diversas iniciativas del Poder Ejecutivo, incluida la delegación de facultades legislativas bajo el argumento de agilizar la producción normativa. Esta práctica suscitó cuestionamientos de la oposición (especialmente del aprismo y la izquierda) que denunciaron un progresivo debilitamiento del debate y del control parlamentario.^[2]

El desempeño del Congreso se caracterizó por una dinámica reactiva y crecientemente polarizada. Desde el oficialismo se acusaba a la izquierda de mantener una presunta «simpatía subversiva», mientras que la oposición denunciaba excesos represivos y una insuficiente fiscalización de las acciones gubernamentales, lo que contribuyó a un escenario inicial de impunidad en el conflicto. En este marco, la legislatura aprobó la Ley N.° 24150, que reguló la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en estado de emergencia y reconoció la actuación de comandos político-militares con amplias atribuciones. La norma fue objeto de críticas por eventuales incompatibilidades con la Constitución, debido a la concentración de poder en el fuero militar y a la limitada participación de autoridades civiles.^[2]

En materia de control político, el Congreso conformó diversas comisiones investigadoras; sin embargo, en varios casos no se establecieron responsabilidades pese a evidencias de participación u omisión de funcionarios en hechos vinculados con violaciones de derechos humanos. Asimismo, la mayoría oficialista obstaculizó determinadas investigaciones relacionadas con decisiones del Ejecutivo o con la actuación de mandos de las Fuerzas Armadas. En términos generales, la supervisión parlamentaria sobre la estrategia antisubversiva y la protección de los derechos fundamentales resultó limitada, tanto por la polarización política como por la preeminencia de un enfoque predominantemente militar.^[2]

Con el objetivo de desmontar la estructura normativa heredada del régimen militar, el Congreso aprobó la Ley N.° 23230, mediante la cual delegó en el Ejecutivo la facultad de promulgar decretos legislativos destinados a derogar o modificar la legislación expedida desde el 3 de octubre de 1968. No obstante, esta habilitación fue empleada de manera extensiva, alcanzando incluso normas de periodos anteriores y dando lugar a disposiciones de amplio alcance en materia económica y social. Como consecuencia, la legislatura quedó principalmente abocada al tratamiento de iniciativas de menor relevancia política. Sin embargo, pese al respaldo parlamentario inicial, la política económica no logró una estabilización sostenida.^[3]

El gobierno adoptó medidas de austeridad y ajustes presupuestales que fueron duramente criticados por la oposición, la cual las calificó de «entreguistas» y alineadas con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. En los últimos años de la legislatura, incluso sectores del oficialismo mostraron resistencia a las políticas de austeridad, lo que derivó en la aprobación de un presupuesto más expansivo en 1985, con énfasis en obras públicas en los meses previos a las elecciones.^[3] En perspectiva, esta legislatura evidenció las dificultades de una democracia recientemente restaurada para enfrentar simultáneamente crisis económicas severas y violencia política, sentando así el escenario para los ensayos heterodoxos del gobierno siguiente.