Banco Latino

Orígenes y fundación (1939-1950)

Los antecedentes de la institución se remontan a 1939, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. El empresario ítalo-venezolano Pompeo D’Ambrosio mantenía desde Venezuela una intensa actividad de intercambio comercial con firmas italianas como Fiat y la Perugina. Durante un viaje a Italia, D'Ambrosio consolidó una profunda amistad con Giovanni Serventi, representante de la Banca Commerciale Italiana. Juntos sostuvieron reuniones con altos directivos de dicha corporación, a quienes sugirieron la viabilidad de fundar un banco comercial en Venezuela, fundamentados en las extraordinarias proyecciones de crecimiento económico derivadas de la naciente explotación minera y petrolera de la nación.

La Banca Commerciale Italiana era la principal accionista de la Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud con sede en París, consorcio financiero que ya controlaba las instituciones bancarias más influyentes en Argentina, Colombia, Brasil y Perú. Serventi, quien residía en Bogotá como presidente de la filial colombiana del grupo, asumió la coordinación del proyecto y realizó frecuentes viajes a Caracas. Aunque el estallido del conflicto bélico mundial paralizó los planes, estos se reactivaron inmediatamente al culminar la guerra debido al masivo flujo migratorio europeo —particularmente italiano— hacia territorio venezolano.

La casa matriz de París encomendó a Serventi y a D’Ambrosio la tarea de agrupar a un destacado núcleo de empresarios locales para dar forma legal a la institución. Reflejando la composición multinacional de sus promotores, la primera Junta Directiva combinó elementos franceses, italianos e ítalo-venezolanos, quedando integrada por Rafael Pizani, Armando Palenzona, Alfredo D’Ambrosio, Nicolás Dominici, Enrique Benedetti, Frederick D’Orgeval, Giovanni Serventi, José P. Paparoni, Elbano Adriani, Raymond Vis, Enrique Tejera París, René Bouillette y Antonio De Stéfano. El renombrado jurista y académico Dr. Rafael Pizani fue seleccionado para asumir la presidencia de la Junta tras redactar los estatutos y guiar la constitución legal de la empresa.

El objeto social inscrito formalmente en el Registro de Comercio el viernes 17 de febrero de 1950 definió a la entidad para «todas las operaciones y negocios bancarios tales como préstamos, depósitos, cambio, transferencias de fondos, descuento, compra y venta de oro y otros metales preciosos», bajo la denominación de Banco Francés e Italiano para la América del Sur, C.A.^[1] El capital social inicial se fijó en Bs. 3.750.000 (equivalentes a 1.119.403 dólares estadounidenses de la época, a la tasa de cambio de 3,35 Bs./$3), enterándose en caja el 20% obligatorio (Bs. 750.000). La Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud suscribió el 61,4% del paquete accionario (4.605 acciones), asegurando el control absoluto del banco por parte del grupo financiero extranjero, mientras que Armando Palenzona adquirió el 6,7% y el resto de los socios minoritarios se repartieron el remanente.^[2]

Primeros años y expansión comercial (1950-1959)

El banco inició formalmente sus operaciones comerciales el 31 de agosto de 1950 en el Edificio Sucre, situado entre las esquinas de Traposos y Chorro, en el casco central e histórico de Caracas. La zona constituía el corazón financiero de la capital, donde coexistían firmas tradicionales como la Casa Boulton, el Banco de Venezuela, el Banco Mercantil y Agrícola, el Banco de Maracaibo y el Royal Bank.

Bajo la administración inicial del funcionario europeo Walter Donati, el banco se erigió como una respuesta directa a las necesidades financieras de la pujante colonia de inmigrantes italianos. Este grupo social, caracterizado por una alta disciplina de ahorro, requería una institución bancaria que comprendiera su idioma y facilitara el envío de remesas a sus familiares en Europa, así como el financiamiento para establecer sus propios negocios. El crecimiento de la entidad estuvo íntimamente ligado al auge de la industria de la construcción y al desarrollo de grandes obras públicas durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Para atender la demanda, el banco inició la apertura de sus primeras agencias en el interior y la capital: Maracaibo, Sabana Grande y Quinta Crespo fueron fundadas en ese orden conceptual hacia 1953.

El crecimiento sostenido obligó a la institución a expandir sus espacios físicos, llegando a mudar su Oficina Principal el 3 de mayo de 1956 a una imponente y moderna sede propia: el Edificio Sudameris, ubicado en la Avenida Urdaneta.

Al finalizar la década de 1950, el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 impuso un severo reto financiero al banco. La Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal demoró el reconocimiento de las deudas contraídas por el régimen depuesto con contratistas y constructores privados, la mayoría de ellos clientes de origen italiano fuertemente expuestos con el banco. El clima de incertidumbre provocó quiebras masivas y retrasos generalizados en los pagos. Solamente la Sucursal del Este de la institución acumuló obligaciones demoradas por Bs. 14 millones, una cifra crítica considerando que el capital del banco ascendía a Bs. 31 millones. El Banco Francés e Italiano logró superar este bache gracias al auxilio financiero directo inyectado por su casa matriz de París. Para el 31 de diciembre de 1959, la entidad mostraba una sólida recuperación, reflejando Bs. 172 millones en depósitos, Bs. 157 millones en créditos y ganancias netas por Bs. 1.229.738, operando una red de 17 agencias interconectadas mediante sistemas de teletipo y radiotelefonía.

Pionero en innovación y tecnología bancaria

A partir de la década de 1960 y durante las etapas subsiguientes de los años 70 y 80, la institución (que posteriormente adoptaría el nombre comercial de Banco Latino) centró su estrategia corporativa en la diferenciación mediante la vanguardia tecnológica y la flexibilización de los servicios tradicionales de la banca comercial venezolana. La entidad se posicionó de manera consistente como pionera en la introducción de productos de consumo masivo y corporativo, entre los cuales destacaron:

• Horario corrido y servicios extendidos: Fue la primera institución en romper el esquema rígido de taquilla de la época, introduciendo el horario corrido de atención al público y extendiendo sus servicios comerciales a los días sábados y domingos.

• Automatización y cajeros electrónicos: Lideró la instalación de redes de cajeros automáticos a nivel nacional, facilitando el acceso a efectivo fuera del horario bancario habitual.

• Oficinas interconectadas en tiempo real: Desarrolló plataformas informáticas avanzadas que permitieron la actualización instantánea de cuentas y transacciones desde cualquier agencia del país.

• Banca virtual corporativa: Introdujo sistemas de conexión vía módem directamente con los departamentos de tesorería de las empresas, optimizando el manejo de nóminas, transferencias y saldos comerciales.

Captación de fideicomisos institucionales y petroleros

Durante las administraciones de los presidentes Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, el Banco Latino desarrolló una de las divisiones de fideicomisos más robustas y lucrativas del mercado financiero nacional. La reputación técnica de la entidad le permitió adjudicarse la custodia y administración de los fondos de prestaciones sociales, cajas de ahorro y fondos de jubilación de los sectores más estratégicos del país.

Contrario a los señalamientos posteriores de sus detractores, ninguna de las contrataciones fiduciarias de la industria petrolera nacional se firmó durante la posterior gestión pública de Pedro R. Tinoco hijo en el Banco Central de Venezuela. Todos los contratos se formalizaron durante su ejercicio en la actividad privada dentro del Banco Latino, bajo rigurosos parámetros de licitación y competencia comercial. Las fechas ciertas de protocolización de los principales fideicomisos petroleros e institucionales del grupo incluyeron:

• Corpoven: 30 de julio de 1982.

• Maraven: 11 de agosto de 1984.

• Lagoven: 5 de noviembre de 1985.

• Intevep: 30 de enero de 1986.

• Petróleos de Venezuela (PDVSA): 6 de enero de 1986.

• Cepet: 31 de agosto de 1987.

• Pequiven: 3 de mayo de 1988.

• Palmaven: 6 de julio de 1988.

Asimismo, los fondos de previsión social de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado fueron captados con amplia anterioridad al año 1989, destacando los fideicomisos de la Policía Técnica Judicial (PTJ), firmado el 14 de abril de 1983, y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), formalizado el 5 de julio de 1986. Para el cierre de 1993, la División de Fideicomisos del Banco Latino administraba una masa de recursos que ascendía a Bs. 130.870 millones, superando el volumen total de depósitos en cuentas corrientes y de ahorro de la propia institución, y consolidando al banco como el principal acreedor fiduciario del Estado y del sector laboral transable.

La era de Pedro R. Tinoco y Gustavo Gómez López

En 1989, con el inicio del segundo mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez, el sistema financiero venezolano entró en una fase de liberalización y desregulación de las tasas de interés y los mercados de capitales. Pedro R. Tinoco, quien venía desempeñándose como el principal estratega y jefe del Grupo Latino, fue designado presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Debido a la obvia inhabilitación institucional de Tinoco para ejercer funciones gremiales, la conducción del holding financiero privado y la presidencia del Banco Latino fueron asumidas por Gustavo Gómez López, quien simultáneamente pasó a ocupar la primera vicepresidencia del Consejo Bancario Nacional y la representación del sector bancario ante el directorio del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). Bajo la dirección de Gómez López, y con Siro Febres-Cordero integrando el Comité de Crédito y la Junta Directiva, el Banco Latino experimentó un crecimiento acelerado e inusitado, ascendiendo vertiginosamente en el escalafón financiero hasta consolidarse de manera indiscutible en la segunda posición del ranking bancario nacional en volumen de activos, captaciones y depósitos del sector público.

La batalla por el control del Banco de Venezuela

Entre 1991 y 1993, el liderazgo y la representación gremial del sector financiero venezolano se dividieron de forma irreconciliable en dos grandes bloques de influencia económica. Por un lado, el grupo coordinado por José Álvarez Stelling y Gustavo Gómez López, que agrupaba las capacidades financieras del Banco Consolidado y el Banco Latino; por el otro, la alianza tradicional capitaneada por Carlos Alberto Bernárdez y José María Nogueroles, representantes destacados del Banco de Venezuela y Provincial (este último vinculado al Grupo Polar). Un tercer bloque, integrado por la banca extranjera y las entidades regionales del interior, fluctuaba entre ambas facciones según las coyunturas del mercado bursátil.

El conflicto se desató formalmente en 1991, cuando el empresario cubano-venezolano Orlando Castro, presidente del Grupo Latinoamericana de Seguros y bajo el asesoramiento técnico de sus jóvenes ejecutivos Juan Carlos Escotet y José Luis Lagoa, detectó una imperfección en el mercado bursátil caraqueño y procedió a adquirir de manera masiva un importante paquete accionario del histórico y centenario Banco de Venezuela, cuyas acciones cotizaban muy por debajo de su valor patrimonial real. El plan inicial contemplaba una operación de arbitraje a corto plazo, pero ante la negativa de los accionistas tradicionales en comando de recomprar los títulos a un precio mayor, Castro se vio obligado a inmovilizar sus recursos en las acciones y solicitó un puesto en el Directorio del banco.

Carlos Alberto Bernárdez, presidente del Banco de Venezuela, rechazó con vehemencia la entrada de Orlando Castro y su grupo al tren directivo, implementando una serie de maniobras de autocrédito y transacciones extra-balance —con el apoyo financiero de Fivenez y el Banco Provincial— para adquirir acciones propias en tesorería y retener el control de la asamblea en rebeldía contra la mayoría evidente de los accionistas. La intransigencia corporativa polarizó al sistema financiero y llevó el pleito ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Nacional de Valores.

Hacia 1993, el conflicto escaló a niveles críticos cuando José Álvarez Stelling intervino directamente en la contienda, comprando los paquetes accionarios de Orlando Castro y del Grupo Mendoza en el Banco de Venezuela, aliándose formalmente con el Banco Latino. El objetivo estratégico de esta alianza era forzar la fusión del Banco Consolidado y el Banco de Venezuela para dar nacimiento a un mega-banco sin precedentes en la historia económica del país.

Polarización institucional, mediática y política

La guerra por el control del Banco de Venezuela fracturó el pacto tradicional de alternancia gremial. En 1992, en lugar de permitir la asunción estatutaria de Carlos Bernárdez a la presidencia del Consejo Bancario Nacional, Álvarez Stelling y Gómez López utilizaron su mayoría de votos para reelegir a Gustavo Marturet (Banco Mercantil) y, posteriormente en 1993, designar a José Bouza Izquierdo a la cabeza del Consejo y a Juan Tomás Santana en la Asociación Bancaria, todos ellos ejecutivos vinculados a su esfera de influencia corporativa.

El enfrentamiento dividió igualmente a las autoridades financieras del Estado. La Superintendencia de Bancos, liderada por Víctor Saúl Gutiérrez, emitió un informe contundente donde denunciaba las maniobras heterodoxas de Bernárdez, el ocultamiento de obligaciones contingentes y la alteración de balances mediante operaciones trianguladas extra-balance entre el Banco de Venezuela, Fivenez y el Provincial destinadas a inflar artificialmente el valor de las acciones, por lo que recomendó la intervención inmediata de la entidad centenaria. Por su parte, la presidenta del BCV, Ruth de Krivoy, se opuso firmemente a la intervención, respaldando la postura de Bernárdez y Nogueroles y sugiriendo la imposición de multas administrativas menores. Ante esta evidente parcialización política, el presidente Carlos Andrés Pérez destituyó a Víctor Saúl Gutiérrez en marzo de 1992, designando en su lugar al Dr. Roger Urbina Marte con la misión de reconducir la normalidad institucional. Urbina ajustó el informe de su antecesor y emitió la resolución Nº 383.92 el 6 de noviembre de 1992, multando al Banco de Venezuela con la cantidad de Bs. 1.170.000 por infracciones reiteradas al Código de Comercio y a la Ley General de Bancos, evitando la intervención pero dejando expuestas las debilidades regulatorias del sistema.

Las rencillas financieras tocaron las estructuras de los dos grupos de comunicación más poderosos e influyentes de la República. El Grupo Cisneros, accionista relevante del Banco Latino y aliado histórico del Dr. Pedro R. Tinoco (quien falleció el 30 de marzo de 1993), utilizó la planta televisiva Venevisión para respaldar las posturas de Álvarez Stelling y Orlando Castro. En contraposición, Marcel Granier y Peter Bottome, directivos de las empresas del Grupo 1B (Radio Caracas Televisión y El Diario de Caracas) se alinearon editorialmente a favor del bloque de Carlos A. Bernárdez, Julio Sosa Rodríguez, Gustavo Roosen y Francisco Palma, advirtiendo sobre supuestas operaciones irregulares y lavado de activos en el Centro Financiero Latino.

Finalmente, el conflicto se trasladó al terreno político en medio de la campaña para las elecciones presidenciales de diciembre de 1993. Los grupos Latino y Consolidado financiaron de forma abierta las candidaturas de los partidos tradicionales que competían contra el exmandatario Rafael Caldera, mientras que Orlando Castro respaldó económicamente a la Causa R. En la acera opuesta, Carlos Bernárdez y Julio Sosa Rodríguez apostaron fuertemente por la plataforma política de Rafael Caldera.

El 27 de abril de 1993, tras un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia, se celebró la asamblea de accionistas del Banco de Venezuela, consumándose la derrota definitiva de Carlos Bernárdez, quien fue removido de la presidencia y reemplazado por José Bouza Izquierdo e Ignacio Andrade Arcaya. Tras la victoria, Orlando Castro proclamó ante la prensa la célebre frase: «Perdono, pero no olvido». Los desplazados de la directiva del Banco de Venezuela pasaron a integrar el tren ministerial y el comité asesor del candidato triunfante Rafael Caldera tras los comicios del 5 de diciembre de 1993, sembrando las bases de las retaliaciones institucionales que estallarían en enero de 1994.

El contexto de restricción monetaria

A lo largo de 1993, el Banco Central de Venezuela, buscando defender las reservas internacionales y frenar la depreciación del bolívar frente al dólar en medio de la inestabilidad política que siguió a la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez, implementó una política monetaria fuertemente restrictiva basada en la emisión masiva de Bonos Cero Cupón. El instituto emisor secuestró la liquidez del mercado y elevó las tasas de interés activas de la banca comercial a niveles exorbitantes que oscilaron entre el 70% y el 85,57% nominal anual.

Este entorno de altísimas tasas de interés paralizó el aparato productivo nacional y sumió a las pequeñas y medianas industrias en una ruina transaccional, elevando la cartera inmovilizada y morosa de la totalidad de la banca comercial a la astronómica cifra de Bs. 92.286 millones para el tercer trimestre de 1993. Para competir por los escasos recursos líquidos del público, las instituciones financieras desataron una feroz «guerra de depósitos», pagando rendimientos pasivos insostenibles que superaban en muchos casos las tasas activas que cobraban por los préstamos a sus propios clientes.

La corrida masiva contra el Centro Financiero Latino

Aprovechando las vulnerabilidades sistémicas y la altísima sensibilidad del mercado tras el proceso electoral de diciembre de 1993, los adversarios corporativos del Grupo Cisneros activaron una despiadada y sistemática campaña de rumores orientada específicamente a minar la confianza pública en el Banco Latino. La campaña de desprestigio se extendió por más de 90 días a través de panfletos anónimos, encartes de prensa financiados por el Partido Laboral Venezolano y matrices de opinión en programas de televisión controlados por el grupo de Radio Caracas Televisión.

La consecuencia fue una corrida de depósitos brutal y prolongada, inédita en los anales financieros de la región. Entre octubre de 1993 y los primeros días de enero de 1994, el Banco Latino honró y pagó retiros en taquilla y compensación por un monto superior a los cien mil millones de bolívares (Bs. 100.000.000.000), una cifra que representaba el drenaje de más del 35% del total de sus depósitos y captaciones pasivas. A pesar del descomunal vaciamiento de sus bóvedas, la institución cumplió estrictamente con todas sus obligaciones frente a depositantes, acreedores y corresponsales extranjeros, sin recurrir a la suspensión de operaciones.^[3] Ante el recrudecimiento de la crisis de confianza, el Dr. Gustavo Gómez López presentó voluntariamente su renuncia irrevocable a la presidencia de la Junta Directiva del Banco Latino el 14 de diciembre de 1993, siendo una decisión destinada a despolitizar la institución y frenar los ataques mediáticos contra el banco, fue reemplazado interinamente por el presidente ejecutivo Giácomo León.

El rol del sector gubernamental y el fax de Aeropostal

El vaciamiento definitivo de la tesorería del banco fue precipitado por actuaciones directas provenientes del sector público. El miércoles 4 de enero de 1994, Andrés Duarte Vivas, presidente de la aerolínea estatal Línea Aeropostal Venezolana (y de manera concomitante miembro principal de la Junta Directiva de Soficrédito Banco de Inversión, entidad perteneciente al competidor Grupo Venezolano de Crédito), emitió una orden instructiva de carácter perentorio transmitida vía fax a todas las oficinas y taquillas de recaudación de la empresa pública, prohibiendo terminantemente la aceptación de cheques a cargo del Banco Latino. El aviso fue colgado físicamente en las puertas de las agencias de viajes de la aerolínea, desatando de manera inmediata un pánico generalizado entre los ahorristas institucionales y las familias, quienes se agolparon masivamente a retirar sus fondos ante la evidencia del rechazo estatal.

Las horas críticas en el directorio del BCV

El martes 11 y el miércoles 12 de enero de 1994, la iliquidez de la tesorería del Banco Latino alcanzó niveles terminales tras agotarse sus reservas secundarias de moneda extranjera en el exterior. El banco reportó saldos fuertemente adversos en las compensaciones diarias de cheques. Para cubrir la compensación del miércoles 12 de enero, el Banco Latino requería un saldo de liquidez de Bs. 3.000 millones.

La institución poseía un activo líquido legítimo e insospechado: un certificado provisional representativo de Bonos de la Deuda Pública Nacional (BDPN) por un valor superior a los Bs. 8.000 millones, entregado formalmente al banco por el Centro Simón Bolívar (CSB) —ente político e inmobiliario del Estado— en dación de pago por la cancelación de una vieja acreencia acumulada desde la década de 1980 por el desarrollo del complejo de Parque Central. El físico de dichos títulos valores se encontraba depositado y custodiado en las propias bóvedas del Banco Central de Venezuela desde el 10 de septiembre de 1993, contando con la aprobación legal del Congreso y la publicación en Gaceta Oficial. Sin embargo, para que el BCV procesara el redescuento de los papeles e inyectara los Bs. 3.000 millones en la cuenta de depósito del Latino, se requería una carta administrativa de formalización emitida por el presidente del CSB, César Rodríguez.

La negativa de prórroga y el desalojo de la Cámara

El jueves 13 de enero de 1994, los principales banqueros del país se reunieron de emergencia en el salón «Herradura» del BCV junto a los miembros del Directorio del instituto emisor: Ruth de Krivoy, Omar Bello, Hernán Anzola, Carlos Hernández Delfino y el superintendente Roger Urbina. En una sala contigua, la directiva del Latino esperaba la llegada de los pagarés definitivos firmados ante notaría por el presidente del CSB, César Rodríguez, cuya tarea de ajuste administrativo demoró la entrega de la correspondencia.

A las 4:10 de la tarde, César Rodríguez ingresó físicamente al edificio del BCV con los documentos de reestructuración debidamente notariados y listos para el endoso.^[4] No obstante, por instrucciones expresas de la presidenta del BCV, Ruth de Krivoy, se le impidió el acceso al directorio y se le confinó a esperar en una oficina lateral. A pesar de que el Reglamento de la Cámara de Compensación había sido modificado de manera expresa el 6 de enero de 1994 para otorgar a la Presidencia del BCV la facultad discrecional de prorrogar la hora de cierre ante situaciones de «urgencia» que amenazaran la estabilidad del sistema de pagos, Krivoy se negó a conceder un margen de 15 minutos.

A las 4:30 de la tarde, el Directorio del BCV ejecutó la exclusión definitiva del Banco Latino de la Cámara de Compensación. Los accionistas principales del banco (Ricardo Cisneros Rendiles, Gustavo Planchart Manrique y Alfredo Travieso) ofrecieron formalmente la entrega de avales personales, la convocatoria inmediata de asambleas para modificar la directiva, la venta del control total del grupo financiero a la banca privada por el precio simbólico de un bolívar o el traspaso voluntario de la entidad a FOGADE para una administración a puertas abiertas bajo el amparo del artículo 314 de la Ley de Bancos.^[5] Todas las fórmulas de concertación técnica fueron rechazadas categóricamente por las autoridades monetarias.

El Decreto de intervención a puertas cerradas

El viernes 14 de enero de 1994, acatando las regulaciones derivadas de su expulsión del sistema de pagos, la Junta Directiva del Banco Latino ordenó el cierre preventivo de sus oficinas en todo el territorio nacional. El domingo 16 de enero de 1994 a medianoche, tras una reunión extraordinaria del Consejo Superior de la Superintendencia de Bancos presidida por el Ministro de Hacienda, Carlos Rafael Silva, se dictó la resolución Nº 019-94, decretando la intervención a puertas cerradas del Banco Latino, S.A.C.A.^[6]

La decisión, aplaudida políticamente por el presidente electo Rafael Caldera bajo la premisa de castigar a las cúpulas financieras vinculadas al «gomezlopedismo», congeló de manera inmediata más de Bs. 400.000 millones en depósitos del público, Bs. 30.000 millones de fondos interbancarios, los fideicomisos de prestaciones de la industria petrolera y las cuentas corrientes de miles de empresas comerciales.^[7] La intervención a puertas cerradas destruyó la confianza de la ciudadanía en la seguridad jurídica del sistema bancario, desatando una corrida generalizada e incontenible contra el resto de las instituciones del país.

Las Juntas Interventoras y el maquillaje de balances

Tras decretarse la medida de fuerza, el Estado venezolano asumió el control monopólico de las acciones y activos del holding financiero a través de FOGADE, nombrando sucesivas Juntas Interventoras integradas por banqueros competidores de la plaza y coordinadas por el Dr. Gustavo Roosen (expresidente de PDVSA y miembro del tren directivo del grupo Polar-Provincial), Germán García Velutini (directivo alterno del Banco Venezolano de Crédito), Francisco Palma (socio internacional de Baker & McKenzie), Celso Domínguez y Edgar Dao (Banco del Caribe).^[8]

El 30 de marzo de 1994, el Directorio de FOGADE, amparado en un informe preliminar de auditoría elaborado por la firma KPMG bajo criterios de liquidación y severidad inusuales, aprobó una inyección líquida de recursos públicos por la astronomía suma de Bs. 142.000 millones (Bs. 132.000 millones destinados a la «reposición de pérdidas» artificialmente sobredimensionadas y Bs. 10.000 millones para la restitución del capital social), tomando control del 100% de las acciones y entregando a los funcionarios gubernamentales un banco técnicamente saneado y libre de deudas, equivalente a una institución «cero kilómetros».

A pesar de contar con el amparo ilimitado del Banco Central y el flujo continuo de caja, la gestión operativa de los administradores públicos deterioró de forma expedita la viabilidad financiera de la entidad. Hacia enero de 1995, la Junta de Emergencia Financiera del gobierno de Rafael Caldera ordenó la ejecución de las denominadas «migraciones de depósitos», un mecanismo administrativo mediante el cual se le transfirieron al Banco Latino los pasivos exigibles y onerosos (cuentas de ahorristas y depósitos de terceros) de los bancos Progreso, Principal y Profesional, los cuales ya habían colapsado. De manera irregular, los administradores públicos aceptaron la transferencia de los pasivos sin recibir en contrapartida ninguna partida de activos líquidos o realizables de la banca caída.

Para ocultar el Margen Financiero Negativo de Bs. 15.958 millones y la Capacidad Financiera Neta Negativa de Bs. 178.727 millones que esta operación causó al Latino, se le permitió a la directiva pública —coincidencialmente en la fecha de cierre de balance del 30 de junio— contabilizar en el lado del activo una simple «carta compromiso» o promesa de pago emitida por FOGADE por un monto de Bs. 128.555 millones en bonos al portador de realización incierta en el mercado, incurriendo en prácticas de maquillaje financiero severamente criticadas en los informes de inspección interna de la propia Superintendencia coordinada por Francisco Debera en diciembre de 1995.

Destrucción de las reservas internacionales de divisas

Una de las pérdidas patrimoniales más graves ejecutadas bajo la conducción estatal de Gustavo Roosen y Germán García Velutini fue la pasividad e impericia manifiesta ante las reservas secundarias de divisas depositadas en el exterior. Al momento de la intervención, el holding del Latino controlaba, a través del Fondo Latino de Activos Financieros y el Consorcio Inversionista Latino, aproximadamente 700 millones de dólares estadounidenses en Bonos de la Deuda Pública Nacional (BDPN/Bonos Brady) emitidos por la República de Venezuela. Estos títulos habían sido dados en garantía a consorcios de la banca internacional para la obtención de líneas de crédito destinadas a inyectar liquidez durante la corrida de rumores, financiando el 50% de su valor facial en dólares.

El primer interventor y exsuperintendente, Roger Urbina Marte, recomendó enfáticamente ante la Comisión de Contraloría del Congreso destinar una porción menor de los auxilios en efectivo entregados por FOGADE (Bs. 40.000 millones) para cancelar los préstamos extranjeros a corto plazo y rescatar la totalidad de los 700 millones de dólares en Bonos Brady corporativos. Los interventores estatales ignoraron la recomendación técnica y permitieron de forma negligente que los bancos extranjeros y el propio BCV ejecutaran de inmediato las garantías a precios de descuento por debajo del mercado. Con las devaluaciones sucesivas de la moneda venezolana que ocurrieron entre 1994 y 1996, el rescate oportuno de esos títulos denominados en divisas hubiese generado utilidades y plusvalías líquidas para el patrimonio del banco superiores a los Bs. 350.000 millones, mitigando la totalidad del siniestro financiero.

Traspaso heterodoxo de fideicomisos agrícolas y petroleros

Bajo la premisa de la «inviabilidad operativa» sobrevenida del banco en manos públicas, las sucesivas Juntas Directivas estatales procedieron a desmantelar la División de Fideicomisos, despojando al Latino de sus contratos más lucrativos sin recibir contraprestación económica alguna. A partir de 1996, la directiva fiduciaria del Latino remitió correspondencias oficiales a sus clientes corporativos declarando la incapacidad técnica de la plataforma tecnológica del banco para administrar los recursos. Los codiciados contratos de fideicomiso de prestaciones de las mayores operadoras petroleras nacionales, Lagoven (por un monto inicial de Bs. 2.825 millones en efectivo y Bs. 2.723 millones en carteras de préstamos transferidos) y Maraven, fueron traspasados en bloque directamente al Banco Venezolano de Crédito, institución privada copropiedad del propio interventor estatal Germán García Velutini y presidida por su hermano Oscar García Mendoza. Lo que la institución tradicional no había logrado captar en décadas de libre competencia en el mercado fiduciario, lo obtuvo mediante asignaciones administrativas durante el régimen de intervención estatal.

Recuperaciones de activos y el Decreto definitivo de liquidación

Las tesis oficiales que justificaron el cierre del banco fundamentadas en un fraude generalizado o un vaciamiento patrimonial del Latino por parte de los administradores privados se derrumbaron con las cifras de recaudación final auditadas entre 1997 y 2000. Los procesos de auditoría externa llevados a cabo por la firma Acuña & Asociados sobre los 500 principales deudores comerciales de la era privada demostraron que en un lapso de cuatro años estos redujeron sus deudas de forma voluntaria en Bs. 71.431 millones. El saldo pendiente de cobro de los mayores deudores presentaba una cobertura del 142% (87% en provisiones contables y 56% en garantías reales inmobiliarias e industriales a satisfacción).

En diciembre de 1997, la presidenta de FOGADE, Esther de Margulis, y el Procurador General de la República, Juan Nepomuceno Garrido, confirmaron ante la prensa la firma de una transacción extrajudicial homologada por una Corte Federal estadounidense con el empresario Arturo Malavé, logrando la dación en pago del complejo turístico y hotelero Maremares de Puerto La Cruz, lo que permitió recuperar de manera limpia más de 50 millones de dólares americanos a favor de la República de Venezuela,^[9] demostrando que los créditos otorgados por la gerencia de Gómez López para desarrollos inmobiliarios y turísticos eran legítimos, recuperables y plenamente garantizados.

Las recuperaciones totales en efectivo obtenidas por FOGADE y las directivas públicas sobre los activos originados en la era privada superaron la cifra de los Bs. 600 mil millones, desglosados en:

• Activos No Bancarios (bienes raíces, acciones y daciones): Bs. 171.000 millones.

• Cobros efectivos de cartera comercial: Bs. 71.000 millones.

• Venta de oficinas, redes petroleras y agencias: Bs. 38.500 millones.

• Venta de las acciones del 40% del Banco de Occidente: Bs. 21.900 millones.

• Cobros de colocaciones de Fideicomisos: Bs. 25.000 millones.

• Cobros por Mesa de Dinero: Bs. 30.000 millones.

• Venta de la cartera de clientes de Tarjetas Visa Latino (al Banco Unión): Bs. 8.900 millones.

• Venta de Latino de Seguros: Bs. 4.500 millones.

El volumen total de recursos líquidos recaudados por el Estado sobrepasó con creces los Bs. 323.766 millones invertidos inicialmente por FOGADE para la reposición de pérdidas de 1994. El colapso definitivo del banco no fue una consecuencia de la calidad de sus activos privados, sino del despilfarro y las pérdidas operativas milmillonarias acumuladas por las directivas públicas e interventoras en el pago de suntuosos honorarios de abogados extranjeros y el mantenimiento de las migraciones de pasivos. Finalmente, tras desmantelar y trocear la red nacional de agencias comerciales en cinco paquetes licitados de manera individual en el mercado financiero, la Junta de Regulación Financiera emitió la resolución Nº 265, publicada en Gaceta Oficial el 1 de septiembre de 2000, decretando la liquidación definitiva y el cese de la existencia legal del Banco Latino, S.A.C.A.

Banco Latino International (Miami)

El Banco Latino International (BLI) fue una corporación bancaria constituida en la ciudad de Miami, Estado de Florida, de conformidad con las regulaciones de la Ley Edge Act federal de los Estados Unidos de América. Para enero de 1994, el paquete accionario del BLI pertenecía en un 76,3% al Banco Latino S.A.C.A. (Caracas) y en un 23,7% al Banco Latino N.V. de Curazao. Dirigido en su fase privada por una Junta Directiva presidida por el Dr. Gustavo Gómez López, la institución operaba de forma sólida y rentable en el mercado estadounidense de depósitos para nacionales extranjeros. Conforme a las actas del Directorio del 12 de marzo de 1993, la gerencia general a cargo de Edelmiro Hernández presentó informes financieros impecables que cumplían con la totalidad de los parámetros, límites y provisiones exigidos por el Banco de la Reserva Federal (FED) y las autoridades de control bancario del Estado de Florida, acumulando utilidades retenidas por el orden de los 10,9 millones de dólares americanos y manteniendo provisiones para contingencias de cartera superiores a los 2,5 millones de dólares.

A raíz de la intervención a puertas cerradas de la casa matriz en Caracas el 16 de enero de 1994, los depositantes extranjeros entraron en pánico y desataron una corrida masiva de fondos contra las oficinas de Miami. Debido a la improvisación de las Juntas Interventoras públicas venezolanas de Gustavo Roosen, que omitieron asumir el control societario de la filial estadounidense ni enviar directrices operativas a tiempo, el BLI se vio forzado a acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal de los Estados Unidos el 19 de enero de 1994 ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Florida, bajo el expediente Caso Nº 94-10202-BKC-AJC.

El 3 de mayo de 1994, el Juez federal Jay Cristol procedió a remover a la directiva provisional designada por el Estado venezolano y nombró a un fiduciario independiente (Chapter 11 Trustee), el funcionario Jeffery H. Beck, tras dictaminar en una sentencia contundente que la administración interina enviada por FOGADE era inepta, poco hábil y carente de la confiabilidad requerida para gerenciar la corporación («...the Court concludes that the Debtor in Possession is inept and not sufficiently skilful or reliable to operate the Debtor in Possession...»). Bajo la conducción independiente del fiduciario Beck, y fundamentado de manera exclusiva en la extraordinaria calidad y liquidez de los activos y créditos otorgados por la administración privada de Gómez López, el Banco Latino International se convirtió en un caso único e histórico en los anales judiciales del Estado de Florida al pagar el 100% de la totalidad de las acreencias y reclamaciones de los depositantes con intereses post-contingencia acumulados, logrando emerger exitosamente del Capítulo 11 y entregando a su accionista FOGADE un excedente remanente en efectivo superior a los 5,5 millones de dólares americanos tras concluir el proceso de liquidación formal en abril de 2006.

Post-confirmación del plan de liquidación, la directiva estatal de Gustavo Roosen inició una agresiva, costosa y temeraria acción judicial de carácter civil ante los tribunales del Distrito Sur de Florida (Caso Nº 95-1300-CIV-HIGHSMITH), acusando a los antiguos directores privados Gustavo Gómez López, Pedro Gilly, Giácomo León y María Teresa Pulgar de un presunto fraude masivo y violaciones a la Ley civil RICO,^[10] contratando al bufete estadounidense Ginsburg, Feldman & Bress y pagando honorarios y gastos de agencias de detectives como Pinkerton por más de 7 millones de dólares americanos. Tras cinco años de litigio, el 20 de abril de 2000 el tribunal de Distrito desestimó en su totalidad y de manera sumaria la demanda estatal por considerarla enteramente frívola y carente de base fáctica o probatoria real.

Amparados en las leyes de corporaciones de Florida y los estatutos del banco, los exdirectores privados demandaron al BLI por persecución maliciosa (Malicious Prosecution) y solicitaron la indemnización total de sus costos de defensa.^[11] El 23 de enero de 2003, el Juez Jay Cristol dictó una sentencia definitiva ordenando al banco intervenido el pago de 2 millones de dólares americanos por concepto de indemnización a favor de Gustavo Gómez López y los restantes directores privados, sancionando las actuaciones judiciales de las autoridades venezolanas de FOGADE.