Caso González Amador

En 2024, la Fiscalía presentó una denuncia contra Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal, uno por el ejercicio de 2020 y otro por el de 2021, tras una inspección de la Agencia Tributaria sobre el impuesto de sociedades de sus empresas. Posteriormente también se añadió la sospecha de un delito de falsedad documental, por haber emitido una serie de facturas, consideradas falsas o simuladas, para deducirse gastos que no correspondían a servicios reales y reducir así artificialmente los beneficios declarados, pagando menos impuestos de los que le correspondían. La cantidad supuestamente defraudada ascendía a 350 951 euros, repartidos entre dos ejercicios fiscales, superando en ambos casos el umbral de 120 000 euros que convierte el fraude tributario en delito.^[2]

Lo que hizo estallar políticamente el asunto fue la filtración de un correo enviado el 2 de febrero de 2024 por su abogado, Carlos Neira, al fiscal encargado del caso, en el que proponía que González Amador admitiera los hechos, pagara más de 380 000 euros de deuda tributaria e intereses, y aceptara la sanción penal, para beneficiarse de los atenuantes de reparación del daño y conformidad para evitar el ingreso efectivo en prisión. González Amador sostuvo que él no había autorizado concretamente ese correo, aunque en el procedimiento del Tribunal Supremo reconoció que su abogado le había explicado que pactar con la Fiscalía implicaba necesariamente reconocer los delitos. Por su parte, el propio abogado declaró que actuó con el visto bueno de su cliente para iniciar la vía del acuerdo.^[2] Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del Fiscal General del Estado estipuló que dicho correo no podía ser utilizado como prueba contra González Amador al haber sido filtrado de forma ilegal.^[3]

Cuando el 13 de marzo de 2024, el diario El Mundo publicó una noticia informando de que la Fiscalía había ofrecido el día anterior un pacto de conformidad a González Amador a través de un correo en el que le decía a su abogado que «aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible», el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz inició una actividad frenética para recabar toda la información sobre las negociaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía para que esta difundiera una nota explicando la cronología de los hechos y aclarando que la iniciativa del acuerdo había partido de la defensa del empresario, filtrándola además al periódico El País. La publicación de esos detalles desencadenó una enorme controversia política y jurídica sobre si se había vulnerado el deber de confidencialidad de las comunicaciones entre defensa y Fiscalía, terminando en la condena de García Ortiz por un delito de revelación de secretos.^[4][5]

El 19 de febrero de 2026, la defensa de González Amador presentó un escrito de defensa solicitando la nulidad de su causa por supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad documental en base a la sentencia condenatoria de García Ortiz, argumentando que el procedimiento penal «fue precedido, antes de existir, por la actuación delictiva del fiscal general del Estado» y que la misma vulneró sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia. Además, la defensa niega que González Amador haya cometido delito fiscal y sostiene que las facturas que la acusación considera falsas responden a servicios realmente prestados.^[6]

La Unidad Central Operativa (UCO) y la Agencia Tributaria están analizando si el incremento de ingresos y patrimonio de González Amador —especialmente a partir de 2021— podría estar relacionado no solo con su actividad empresarial, sino también con el hecho de haber pasado a tener una relación personal con Isabel Díaz Ayuso. Lo que observan los investigadores es que sus ingresos con el Grupo Hospitalario Quirón aumentan mucho en ese periodo, pasando a varios millones de euros anuales, y que además se producen operaciones societarias llamativas, como la compra de una empresa llamada Círculo de Belleza S.L., dedicada originalmente a tratamientos estéticos, que González Amador compró a finales de 2020 por unos 500 000 euros a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Tras la adquisición, la sociedad pasó a llamarse Masterman & Whitaker.^[7][8]

Según la UCO de la Guardia Civil, esa empresa carecía de estructura y medios para prestar los servicios de consultoría sanitaria por los que posteriormente facturó importantes cantidades a Quirón: no tenía empleados, solo contaba con un ordenador portátil y tres instrumentos de depilación, y su actividad previa, de estética, no guardaba relación con ese tipo de trabajos. Por ello, los investigadores dudan de que los servicios facturados respondieran a una actividad real en los términos declarados. El juez considera que existe la posibilidad de que el elevado precio pagado por la compra de la sociedad no se correspondiera con su valor real y que la operación tuviera como finalidad satisfacer una comisión encubierta al entorno del directivo de Quirón. La hipótesis es que la empresa habría servido como vehículo para canalizar pagos injustificados vinculados a la relación comercial entre González Amador y Quirón.^[1][9] Por su parte, González Amador defiende que el precio pagado por la compra de la sociedad estaba justificado por la red de contratos de distribución que tenía y porque dicho precio también incluía una serie de prestaciones accesorias y obligaciones que asumía la parte vendedora, negando que la operación fuese una comisión encubierta.^[10][11] Además, González Amador también ha aportado al juzgado diversa documentación para acreditar que realizó los servicios por los que facturó a Quirón Prevención.^[12]

Antes de la relación con Isabel Díaz Ayuso (aproximadamente hasta 2020), las sociedades de González Amador tenían una actividad relativamente modesta. Sus ingresos fueron de 357 000 en 2019, su mejor año, con beneficios empresariales que en algunos ejercicios eran incluso muy bajos, de decenas de miles de euros.^[13] A partir de 2021, coincidiendo con el inicio de su relación con la presidenta madrileña, sus ingresos con el grupo Quirón cambian de escala. Según la Agencia Tributaria, sus dos sociedades pasan a facturar alrededor de 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023. Desglosado por años: unos 1,08 millones en 2021, cerca de 1,95 millones en 2022 y alrededor de 1,4 millones en 2023.^[14] Fuentes del sector empresarial atribuyen este aumento al crecimiento progresivo del volumen de negocios de la empresa a la que ambas sociedades facturaban, Quirón Prevención, desde los inicios de esta compañía en 2017, antes de que González Amador empezara su relación con Ayuso.^[15]

La Fiscalía inició el caso tras un informe de Hacienda en el que se intuían dos delitos de fraude fiscal, en 2020 y 2021, al que luego se añadiría el de falsedad documental.^[16]

La acusación popular, formada por el PSOE y Más Madrid, ha tenido un papel muy activo impulsando la investigación. Fueron ellos quienes solicitaron, entre otras cosas, que se abriera una pieza separada sobre los negocios con Quirón, que se investigara el patrimonio de González Amador y que se citara como investigados a Gloria Carrasco y Fernando Camino.^[17]

Según publicó elDiario.es, González Amador operaría en la intranet de Quirón con un nombre inventado, «Alberto Burnet González», basado en el nombre de una sociedad que montó en Florida, Burnet & Brown Investments, y dispondría de correo corporativo del Grupo Quirón Salud, cuando este siempre alegó que era un proveedor externo. Un portavoz oficial del grupo explicó a elDiario.es que se había cambiado el nombre de González Amador dos años antes por la gran cantidad de correos que recibía la cuenta anterior tras hacerse pública su relación con la presidenta madrileña en 2021, y que el personal externo de empresas colaboradoras también podía disponer de correos corporativos del grupo. Por otra parte, se indica que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), habría tenido en su teléfono el contacto de Alberto González Amador guardado como «Alberto Quirón».^[18]

El PSOE y Más Madrid denuncian también que la Comunidad de Madrid ha aumentado de forma significativa los pagos al Grupo Hospitalario Quirón y al conjunto de la sanidad privada desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia. Según la Cámara de Cuentas de Madrid y datos presupuestarios, el gasto en conciertos sanitarios (donde entra Quirón) supera los 1900 millones anuales en total sanitario concertado en 2024. Entre 2019 y 2024, se habrían destinado más de 5000 millones de euros a hospitales del Grupo Quirón.^[19][20] Por su parte, la Comunidad de Madrid defiende que sus contratos con Quirón se firmaron en 2006 y 2010, antes de que comenzase la relación de González Amador con Ayuso, y que sus cuentas con el grupo «están auditadas, son limpias y transparentes».^[21]