Caso Zapatero
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El denominado caso Zapatero[1][2] o caso Plus Ultra, es una investigación judicial iniciada en España[n. 1] centrada en una presunta trama de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y utilización de sociedades instrumentales vinculada a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas y a la concesión de un préstamo público durante la pandemia de COVID-19. La causa adquirió gran relevancia pública tras la citación como investigado del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para declarar ante la Audiencia Nacional en junio de 2026.[3][4]
| Caso Zapatero | ||||
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| Materia | Derecho penal | |||
| Tribunal | Audiencia Nacional de España | |||
| Partes | ||||
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| Delitos | Presunto tráfico de influencias; presunto blanqueo de capitales; presunta pertenencia a organización criminal; presunto delito contra la Hacienda Pública; presunto delito de contrabando | |||
| Transcripción | Auto de imputación del juez José Luis Calama | |||
| Jueces | José Luis Calama | |||
| Investigación previa | ||||
| Denuncia | Investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra por la SEPI | |||
| Delito | Presunto uso irregular de fondos públicos vinculados al rescate de Plus Ultra | |||
| Acusación popular |
Vox Partido Popular Ciudadanos HazteOir.org Manos Limpias Iustitia Europa Liberum Asociación | |||
La investigación sostiene la existencia de una estructura organizada dedicada presuntamente a influir en decisiones administrativas y financieras mediante una red de intermediarios, sociedades mercantiles y contactos políticos de alto nivel. Según el auto judicial, dicha red habría operado tanto en España como en el extranjero, especialmente en relación con Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y otros países.[5] Con posterioridad, la investigación se amplió mediante una pieza separada relativa a un conjunto de joyas y relojes intervenidos durante un registro, por la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando.[6]
El núcleo de la causa gira en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. La Audiencia Nacional investiga si parte de esos fondos fueron posteriormente canalizados mediante sociedades instrumentales, contratos presuntamente ficticios y estructuras financieras opacas. El caso se convirtió además en la primera investigación judicial en democracia en la que un expresidente del Gobierno español fue citado como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.[7][8]
A pesar de los indicios, inferencias y vínculos indirectos, algunos medios consideran que el sumario del caso no ofrece ninguna prueba directa contra José Luis Rodríguez Zapatero.[9][10]
Orígenes
Contexto
Durante la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de España aprobó diversas medidas de apoyo empresarial. Entre ellas destacó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), destinado a rescatar compañías consideradas estratégicas para la economía nacional.
La aerolínea Plus Ultra solicitó ayudas públicas y líneas de financiación avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), alegando graves dificultades financieras derivadas de la paralización del tráfico aéreo internacional.[11] El préstamo por parte del Estado a dicha aerolínea se enmarcó en el contexto de las ayudas que varios países europeos concedieron a sus compañías aéreas para paliar el impacto en la aviación de la pandemia de COVID-19.[12] Las investigaciones judiciales sostienen que, paralelamente a la tramitación formal de estas ayudas, se desarrolló una intensa actividad de contactos políticos y empresariales orientada a facilitar la concesión de financiación pública y acelerar los expedientes administrativos.
Controversia por el rescate de Plus Ultra
Tras la concesión del préstamo por parte del Estado de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en 2021,[13] diversas organizaciones y partidos políticos cuestionaron la legalidad y conveniencia del rescate aprobado por el Gobierno español mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Entre ellos, Manos Limpias, el Partido Popular y Vox presentaron querellas denunciando presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que la aerolínea no cumplía los requisitos para ser considerada estratégica para la economía española.[14]
A través de mensajes del celular de Rodolfo Reyes en abril de 2020 se expone que Martínez Sola escribió: "Acabo de hablar con Fajardo (...) Que me llama Zapatero", refiriéndose a Manuel Fajardo hijo del senador del PSOE Manuel Fajardo Palarea, en mayo de 2020, en otro mensaje, Fajardo le pasó a Martínez Sola el número de teléfono de Julio Martínez Martínez, en otro mensaje Fajaro recibió de Martínez Sola. Este respondió que estaban teniendo dificultades para acceder a un crédito ICO y le pidió ayuda: "Manuel, si podéis empujar el tema te lo agradezco". Estos mensajes ha usado inicialmente la fiscalía que involucran presuntamente a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.[15]
En 2023, el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Madrid archivó aquellas actuaciones al no apreciar indicios suficientes de delito.[16]
Investigación de la Fiscalía Anticorrupción
El 19 de septiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción recibió un sobre solicitando la cooperación judicial procedentes de Francia y Suiza relacionadas al brocker peruano Enrique Martín Baca Arbulú, radicado en Madrid, con posibles operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al préstamo a Plus Ultra y a movimientos financieros internacionales conectados con Venezuela. A raíz de estas comunicaciones, la Fiscalía presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional e impulsó nuevas diligencias de investigación bajo secreto de sumario.[7][17] Baca venía siendo investigado por la Autoridad de Mercado de Valores de Francia (AMF) desde octubre de 2022 por uso de información privilegiada y lavado de dinero quien operaba a través de una empresa registrada en Mauricio llamada Bluecap Corp con una filial en España de nombre Kaimana Capital, creada en 2019 que tenía como accionistas al francés Romain Jean Oscar Bruere y Enrique Baca posteriormente disuelta en diciembre de 2025.[18]
El 11 de diciembre de 2025 es detenido un empresario de nombre Julio Martínez Martínez, quien mantenía comunicaciones telefónica con José Luis Rodríguez Zapatero a través de móviles digitales desechables y sin conexión a internet, las tarjentas SIM tampoco estaban registradas a nombre de Zapatero ni del empresario Martínez. El informe incluye a las dos hijas de Zapatero y una empresa, What The Fav, la agencia de comunicación fundada por Alba y Laura Rodríguez Zapatero, quienes tenían como cliente a la empresa Análisis Relevante S.L., asociada a Martínez.[19]
En enero de 2026 durante la declaración de Julio Martínez de la presunta trama del préstamo a Plus Ultra Líneas Aéreas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la investigación, para la audiencia al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, afirmó que Zapatero viajaba a Republica Dominicana en vuelos comerciales y de ahí viajaba en aviones privados de Pdvsa a Venezuela, para no dejar rastro.[20]
En el marco de la cooperación internacional, la UDEF recibió en marzo de 2026 información procedente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos obtenida a partir del clonado del contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, presidente venezolano de Plus Ultra, que mostraba la estructura de la trama e incriminaba al expresidente Zapatero. El material pasó a formar parte de las actuaciones de investigación y, posteriormente, el juez José Luis Calama solicitó formalmente a los Estados Unidos autorización para incorporar dicho contenido al proceso penal como medio de prueba con plenos efectos procesales.[21][22]
El abogado del expresidente Zapatero ha solicitado al juez que aclare cómo se obtuvieron estas conversaciones,[23]dado que se desconoce si esos mensajes se han obtenido respetando los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y si se ha respetado la cadena de custodia, al haber pasado 5 años entre que se recopiló esa información hasta que se entregó a España.[24]
El 19 de mayo de 2026 se levantó parcialmente el secreto de las actuaciones y se hizo público un auto judicial del magistrado José Luis Calama en el que se citaba como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y se autorizaban registros en varias oficinas y sociedades vinculadas a su entorno. El auto sostenía que la investigación había permitido identificar «una estructura organizada y estable» dedicada presuntamente al ejercicio ilícito de influencias y a la obtención de ventajas económicas mediante contactos institucionales y societarios.[4]
Supuesta estructura de la trama
Según el auto dictado por el magistrado José Luis Calama, la investigación habría identificado una presunta estructura organizada dedicada al ejercicio ilícito de influencias, la intermediación en operaciones empresariales y la canalización de fondos mediante una red de sociedades mercantiles y colaboradores.[5]
La resolución judicial sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como una de las figuras centrales de la supuesta trama. Junto a él, la investigación atribuye un papel relevante al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, amigo personal y fundador de la consultora Análisis Relevante,[25] considerado por los investigadores como uno de los principales intermediarios en las relaciones entre empresas privadas, sociedades vinculadas al entorno del expresidente y distintas administraciones públicas.[26]
Según la investigación, la estructura habría contado con colaboradores encargados de diferentes funciones, entre ellas la captación de clientes, la elaboración de informes y contratos, la gestión de sociedades mercantiles, la canalización internacional de fondos y la formalización documental de operaciones económicas.[5]
La documentación incorporada al sumario menciona a Análisis Relevante como una de las sociedades con mayor presencia en las operaciones investigadas. Los informes policiales sostienen que la empresa mantuvo relaciones económicas con Plus Ultra y con diversas sociedades vinculadas al entorno de Zapatero, actuando presuntamente como vehículo para la prestación de servicios de consultoría e intermediación.[27]
El auto menciona además sociedades como Whathefav (gestionada por las hijas de Zapatero),[28] Sofgestor, Inteligencia Prospectiva,[29] Calefón Consultores, Voli Analítica e Idella Consulenza Strategica, entre otras. Según los investigadores, varias de estas entidades habrían sido utilizadas para canalizar pagos entre sociedades relacionadas, emitir facturas por servicios presuntamente no prestados y dificultar la trazabilidad de determinadas operaciones económicas.[5]
El auto muestra que Análisis Relevante pagó un total de 730 000 euros al expresidente y sus hijas por tareas de maquetación de informes de contenido insustancial y a partir de fuentes abiertas, con el objetivo de captar clientes.[30]
Los informes policiales también describen conexiones societarias y económicas entre varias de estas empresas, algunas de las cuales compartían administradores, apoderados, domicilios o relaciones contractuales. La investigación sostiene que esta estructura permitía redistribuir fondos procedentes de distintas actividades de consultoría e intermediación, aunque la existencia y finalidad de dicha red continúa siendo objeto de investigación judicial.[5]
En esas relaciones, Zapatero involucró a, al menos, seis de quienes en su día fueron sus ministros: Miguel Sebastián, José Bono, Miguel Ángel Moratinos, José Blanco López, Magdalena Álvarez y Beatriz Corredor.[31]
Relación con Plus Ultra
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Uno de los ejes centrales del procedimiento es la presunta influencia ejercida para facilitar ayudas públicas a Plus Ultra. La documentación judicial recoge múltiples conversaciones entre directivos de la aerolínea y distintos intermediarios en las que se hace referencia a la necesidad de “llegar” a responsables políticos o de activar contactos próximos a miembros del Gobierno.[5]
Las diligencias describen contactos con figuras vinculadas al Ministerio de Transportes y a la SEPI, así como conversaciones donde se menciona expresamente a Zapatero como intermediario político. Entre los elementos recogidos figuran:
- mensajes sobre la búsqueda de “puentes” políticos para acceder a ayudas públicas;
- referencias a conversaciones con ministros y altos cargos;
- intentos de acelerar expedientes en la SEPI;
- discusiones sobre posibles pagos a intermediarios;
- contratos de asesoría firmados entre Plus Ultra y sociedades vinculadas a la supuesta red.
Uno de los documentos citados en la investigación es una carta dirigida al Banco Santander en mayo de 2020 en la que se solicitaba apoyo financiero «por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero» para la obtención de créditos ICO por parte de Plus Ultra.[32][33]
Registros y diligencias
En mayo de 2026, la UDEF solicitó registros simultáneos en domicilios, oficinas y sedes sociales relacionadas con los investigados. El auto judicial autorizó numerosas medidas de investigación tecnológica y financiera, aunque la Fiscalía mostró inicialmente reservas respecto al registro del domicilio particular de José Luis Rodríguez Zapatero.[5]
Entre los registros más destacados figuró el de la oficina utilizada por el expresidente Zapatero en la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede central del PSOE. Según informaciones periodísticas posteriores, los agentes incautaron abundante documentación, agendas, dispositivos electrónicos y material informático. Entre los efectos intervenidos se encontraban diecisiete agendas, dieciocho carpetas con documentación empresarial y contractual, discos duros, teléfonos móviles y memorias USB. También se realizó la descarga de cuentas de correo electrónico y almacenamiento en la nube pertenecientes a colaboradoras del entorno del expresidente.[34]
Durante el registro fue localizada además una caja fuerte que contenía más de un centenar de piezas de joyería y relojes. La procedencia y relevancia penal de dichos objetos no quedó inicialmente determinada, aunque pasaron a formar parte de la documentación intervenida dentro del procedimiento.[34] Las diligencias también se extendieron a empresarios y presuntos intermediarios relacionados con la investigación. En algunos registros se hallaron relojes de lujo, lingotes de oro y otros activos de valor, cuya posible conexión con operaciones de blanqueo de capitales pasó a ser objeto de análisis policial y financiero.[34]
Posteriormente, una tasación preliminar cifró el valor de las joyas intervenidas en 1.323.915 euros.[35] A raíz de ello, el juez José Luis Calama acordó abrir una pieza separada para investigar su origen y la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando, al considerar que en ese momento no constaba documentación que acreditara su adquisición o correcta importación, sin perjuicio de las explicaciones y pruebas que pudiera aportar la defensa del investigado.[6]
Instrucción
Citaciones de Rodríguez Zapatero
Tras hacerse pública su imputación en mayo de 2026, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue citado a declarar ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El mismo día, el expresidente hizo público un video negando todos los hechos por los que se le investiga.[36]
Con vistas a su defensa en el procedimiento, Zapatero designó como abogado al catedrático de derecho procesal Víctor Moreno Catena, expresidente de la Unión Española de Abogados Penalistas y ex alto cargo del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Felipe González. Diversos medios señalaron que la estrategia de la defensa podría centrarse en cuestiones de naturaleza procesal y en la impugnación de determinadas diligencias de investigación.[37][38][39]
La comparecencia había sido fijada inicialmente para el 2 de junio de 2026,[5] aunque su defensa solicitó un aplazamiento alegando la complejidad y extensión del sumario. El magistrado José Luis Calama aceptó la petición y reprogramó la declaración para los días 17 y 18 de junio.[40] El 15 de junio, la defensa del expresidente presentó una segunda solicitud de aplazamiento, esta vez sobre su comparecencia en relación a la pieza separada de las joyas intervenidas en el registro de su despacho. Según la defensa, el objetivo de la solicitud era contar con tiempo para recopilar documentación sobre el origen de las mismas, pero fue rechazada porque según el juez no afectaba a su derecho de defensa.[41][42]
La comparecencia tuvo lugar finalmente el 17 de junio de 2026. Durante su declaración ante el juez, Zapatero negó haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y sostuvo que los pagos recibidos por trabajos de consultoría correspondían a actividades profesionales lícitas. En relación con la pieza separada sobre las joyas intervenidas en el registro de su despacho, se acogió a su derecho a no declarar en ese momento, quedando pendiente una futura comparecencia específica sobre dicha cuestión. También desvinculó a sus hijas de la investigación, declarando que su empresa cuenta con una cartera de clientes y con actividad propia.[43] Asimismo, presentó una autorización universal voluntaria para que el juez pueda acceder a todos sus activos.[44] Tras finalizar el interrogatorio, el magistrado rechazó la adopción de medidas cautelares personales al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, si bien consideró que la declaración no había desvirtuado los indicios que motivaron la investigación.[45][46] El mismo día, el expresidente publicó un comunicado en el que negaba haber cometido delitos y declaraba su intención de demostrarlo con el tiempo.[44]
Investigación por presuntas influencias en favor del Grupo Gloria en Bolivia
El 24 de junio de 2026, se dio a conocer un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que concluye que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente cobró 200.000 euros por influir a favor del conglomerado peruano Grupo Gloria ante el Gobierno de Bolivia. Según la UDEF, Zapatero habría mediado desde mayo de 2024 con el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y personas de su entorno para resolver un litigio judicial millonario y paralizar una multa por competencia desleal de aproximadamente 107 millones de dólares que afectaba a Soboce, la filial cementera del Grupo Gloria en Bolivia. Además, los investigadores sostienen que los pagos, realizados a través de una sociedad interpuesta llamada Focus Social Research SAC, se justificaron con «contratos de asesoría simulados» y servicios «no prestados».[47][48]
Tras conocerse el informe policial, el Consejo de la Magistratura, la entidad encargada de la administración y disciplina del sistema judicial en Bolivia, anunció el 26 de junio una revisión del fallo para determinar si hubo irregularidades en el proceso de resolución de una Sala Constitucional que liberó a la empresa Soboce de pagar 107 millones de dólares a la cementera boliviana Fancesa en un litigio por competencia desleal.[49] El 2 de julio, el Senado de Bolivia formó una comisión de investigación para indagar en las supuestas influencias que Zapatero habría ejercido en el país en favor del Grupo Gloria a cambio de 200.000 euros.[50] El 9 de julio, el Ministerio Público de Bolivia remitió a la Cancillería de Bolivia dos solicitudes de cooperación judicial internacional en materia penal dirigidas a España y Perú para requerirles información relacionada con la investigación a Zapatero.[51]
El 15 de julio de 2026, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, avaló la ampliación de la investigación de la UDEF sobre el presunto pago de 200.000 euros recibido por Zapatero a cambio de gestiones en favor del Grupo Gloria en Bolivia.[52]
Personación de la Agencia Tributaria
El 26 de junio de 2026, el magistrado José Luis Calama ofreció formalmente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la posibilidad de personarse como «potencial perjudicada» en la pieza separada que investiga posibles delitos fiscales y de contrabando relativos a las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al apreciar indicios de perjuicio patrimonial para la Hacienda pública.[53] El 2 de julio, la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria respondió al ofrecimiento del juez aceptando personarse en la causa.[54]
Tras personarse, la Agencia Tributaria comunicó al juez Calama que tenía abiertas desde el mes de junio inspecciones fiscales a José Luis Rodríguez Zapatero; a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa; a su esposa, María Sonsoles Espinosa, así como al empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente. En concreto, las comprobaciones de la AEAT abarcan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Patrimonio, el IVA y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Además, la Agencia Tributaria solicitó formalmente al magistrado instructor que determinase si debía suspender el procedimiento inspector al existir ya una causa judicial abierta contra los investigados.[55][56] El 30 de julio de 2026, el juez rechazó paralizar el procedimiento inspector señalando que, a excepción de lo relativo a las joyas halladas en la oficina del expresidente, no existía correspondencia entre los hechos investigados en la causa penal y los investigados en las inspecciones tributarias.[57]
Citaciones de otros investigados
El 18 de junio, el juez acordó citar como investigadas a las dos hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y a su secretaria Gertrudis Alcázar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. En su auto, aclaró que estas citaciones «no constituyen únicamente una diligencia orientada al esclarecimiento de los hechos, sino que representan, además, una garantía esencial del derecho de defensa».[58][59] El 24 de junio, el juez acordó citar también como investigado al empresario Julio Martínez Martínez el 21 de julio de ese mismo año.[60]
El 20 de julio, Julio Martínez Martínez remitió un escrito al juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional manifestando su disposición a colaborar con la investigación judicial. En el mismo, el empresario afirmaba que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, medió para conseguir rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra y cobró una comisión del 1% del rescate obtenido de la SEPI (unos 530.000 euros), además de un contrato de asesoramiento previo de 5.000 euros al mes.[61] Además, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y el exconsejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli también enviaron escritos en los que también decían que Zapatero habría intermediado en el rescate de Plus Ultra y que ambos abonaron facturas falsas a empresas de Julio Martínez Martínez para encubrir los pagos por las gestiones del expresidente.[62][63]
El 21 de julio, Julio Martínez Martínez declaró ante la Audiencia Nacional, ratificando que Zapatero intermedió para conseguir el rescate de Plus Ultra, aunque afirmó desconocer con qué persona habló para materializarlo. También se ratificó en que él y Zapatero cobraron de la aerolínea una comisión del 1% por haber logrado obtener el rescate público y que fue Zapatero quién fijó que los pagos de la comisión se canalizasen a través de la sociedad Análisis Relevante. Además, Martínez declaró que las hijas de Zapatero, a través de su empresa Whathefav, cobraron de Análisis Relevante una minuta de 3.000 euros mensuales sin realizar tareas laborales efectivas a partir del año 2022.[64][65]
El 24 de julio, el juez acordó citar como investigados al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y el exconsejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli los días 7 y 8 de septiembre.[66]
Notas
- En el marco de las diligencias previas 77/2024 del Tribunal Central de Instancia de Madrid.
