Elecciones al Parlamento de Cataluña de 2028
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Elecciones al Parlamento de 2028 Parlamento de Cataluña para su XV legislatura | |||||||||||
| Fecha | A más tardar el 11 de junio de 2028 | ||||||||||
| Tipo | Elecciones autonómicas | ||||||||||
| Lugar | Cataluña | ||||||||||
| Cargos a elegir | 135 diputados | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 8 100 000 (est.) | ||||||||||
| Hab. registrados | 5 850 000 (est.) | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
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PSC – Salvador Illa | ||||||||||
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Junts – Carles Puigdemont | ||||||||||
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ERC – Oriol Junqueras | ||||||||||
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PP – Alejandro Fernández | ||||||||||
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Vox – Ignacio Garriga | ||||||||||
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Comuns – Jéssica Albiach | ||||||||||
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CUP – Por determinar | ||||||||||
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Aliança.cat – Sílvia Orriols | ||||||||||
 Presidente de la Generalidad de Cataluña | |||||||||||
Las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2028 serán el proceso electoral destinado a renovar los 135 diputados del Parlamento de Cataluña. Actualmente, el gobierno se encuentra presidido por el socialista Salvador Illa, sustentado por los acuerdos de investidura con ERC y Comuns Sumar.
Acuerdo de investidura
Desde 2012, el Parlamento había estado dominado por mayorías independentistas, surgidas en el contexto del denominado procés soberanista. Sin embargo, esta dinámica comenzó a modificarse en la primera mitad de la década de 2020.[1]
En las elecciones autonómicas de 2024, el bloque independentista (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP) perdió por primera vez desde 2012 la mayoría absoluta en el Parlamento.[2] El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) fue la fuerza más votada y obtuvo una mayoría relativa, lo que marcó un cambio en el equilibrio parlamentario.[3]
Luego de las elecciones autonómicas de 2024, se comenzó a especular sobre un posible nuevo tripartito entre el PSC, ERC y los Comuns. El bloque independentista, que había sumado mayoría desde 2012, no logró revalidarla en estas elecciones.[4] La única posibilidad lógica de pacto parecía ser un tripartito para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalidad.[5]
Al principio, Esquerra Republicana se negó a colaborar en la investidura del líder socialista, lo cual quedó reflejado en el discurso del Coordinador Nacional de Esquerra Republicana y presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, quien afirmó que «ERC estará en la oposición y asumiré las responsabilidades del resultado».[6] Esto se vio agravado por varias crisis internas de ERC tras el "batacazo" electoral, que llevó a Oriol Junqueras, presidente del partido, a dimitir de todos sus cargos.[7] También el entonces presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, dimitió, lo que intensificó la crisis interna.[8] Esta situación empeoró cuando se descubrió que varios carteles sobre la posibilidad de que el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, sufriera Alzheimer, fueron financiados y colgados por militantes de la propia Esquerra.[9]
El liderazgo de ERC pasó a manos de la secretaria general, Marta Rovira, quien lideró las negociaciones tanto para la conformación de la mesa del parlamento de Cataluña como para la investidura del presidente de la Generalidad.[10] Este último debía pasar por una consulta a las bases de Esquerra. El pacto alcanzado el 29 de julio de 2024 ponía como prioridad la soberanía fiscal de Cataluña, para que la Agencia Tributaria de Cataluña recaudara el 100% de los impuestos de los catalanes.[11] También incluía otros temas, como la lengua catalana, que contemplaba la creación de una consejería propia de Política Lingüística, la permanencia de la consejería de Igualdad y Feminismos, un pacto nacional por la industria y la gratuidad de la educación infantil hasta los 2 años.[12]
El día 2 de agosto de 2024 la militancia de Esquerra Republicana estaba llamada a avalar el acuerdo con el PSC. Con una participación récord del 77% las bases avalaron el pacto con el 53% de los votos y una diferencia de únicamente 550 votos del no.[13]
Tras el pacto ERC-PSC, a Salvador Illa aún le quedaba convencer al tercer partido del tripartito, los Comuns, que fueron los que causaron la caída del gobierno de ERC al no apoyar sus presupuestos.[14] El día 3 de agosto, los socialistas llegaron a un acuerdo con los Comuns para la investidura. El pacto incluía que el proyecto del Hard Rock de Tarragona se parase, además de un aumento en la inversión para la construcción de vivienda pública, la reducción de las listas de espera y la contratación de más profesores.[15]
Luego de la votación de las bases de Esquerra y su visto bueno al pacto con los socialistas, la diputada de las juventudes de ERC, Mar Besses, dio a conocer que no votaría a favor de la investidura hasta que Jovent Republicà diera luz verde.[16] Por ello, las juventudes convocaron un consejo nacional extraordinario para discutir si la diputada apoyaba o no a Illa. El día 5 de agosto, el consejo nacional reunido avaló la investidura del líder de los socialistas catalanes, pero con un «sí crítico» al PSC.[17]
Sesión de Investidura
Luego de que las bases de ERC apoyaran el acuerdo con el PSC, el líder de los socialistas comunicó al presidente del parlamento, Josep Rull, que había conseguido los apoyos suficientes para ser investido presidente de la Generalidad, y este comunicó que iniciaría una ronda de consultas.[17]
El martes 6 de agosto, el presidente del Parlamento, Josep Rull, se reunió con los líderes de los grupos parlamentarios para conocer la posición de cada grupo respecto al apoyo al socialista Salvador Illa en una sesión de investidura.[18] Rull comenzó la ronda de contactos con Illa, continuó con ERC y su líder en el parlamento, Josep Maria Jové; la siguiente fue la líder de los Comuns, Jéssica Albiach; y a continuación, Rull recibió a Albert Batet y Mònica Sales (Junts+), Alejandro Fernández (PPC), Ignacio Garriga (Vox), Dani Cornellà (CUP) y Sílvia Orriols y Ramon Abad (Aliança Catalana).[19]
El día de la sesión de investidura de Illa, los Mozos de Escuadra activaron un fuerte dispositivo policial alrededor del Parque de la Ciudadela para impedir la llegada de Carles Puigdemont al Parlamento, además de evitar que los manifestantes, tanto independentistas como nacionalistas españoles, pudieran increpar o atacar a algún diputado.[20]
La sesión inicio a las 10:00 como estaba previsto y sin mayores sobresaltos donde le secretaria tercera de la mesa, Rosa Maria Ibarra Ollé leía la carta en la que el presidente del Parlamento proponía a Salvador Illa como presidente de la Generalidad a continuación el líder socialista comenzó su discurso que se estructuraba en cuatro partes en la que la primera fue un contexto actual y de los retos de la legislatura; habiendo explicado esto pasó a explicar los principales ejes de su programa de gobierno, para en tercer lugar explicar cómo llevaría a cabo estos ejes y para finalizar con unas consideraciones actuales.[21]
Después de que el candidato a la presidencia hizo su discurso inaugural, pasó al debate con cada grupo parlamentario, en el cual cada grupo, de mayor a menor, tenía la palabra.[22] Tras cada intervención, el socialista tenía el derecho a réplica para responder o no a las preguntas o acusaciones de cada grupo. Según el orden establecido, comenzaría el Grupo Parlamentario Junts+ en voz del diputado Albert Batet, seguido por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana con Josep Maria Jové. El tercer orador sería Alejandro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular, siendo este grupo el último en tomar la palabra antes de que el presidente del Parlamento suspendiera la sesión por una hora y media.[22]
La sesión se reanudó a las 15:15, cuando el diputado Albert Batet solicitó que se suspendiera el pleno indefinidamente, debido a que el secretario general de Junts, Jordi Turull, fue llamado a declarar por presunta "obstrucción a la justicia", ya que Turull apoyó a Carles Puigdemont en su huida de Barcelona unas horas antes.[23] Pero esta petición fue denegada por la mesa con los votos en contra de PSC y ERC.[24]
Después de Batet, el líder del Grupo Parlamentario Vox, Ignacio Garriga, tomó la palabra.[25] El sexto grupo parlamentario, Comuns, liderado por Jéssica Albiach, dio un discurso breve pero directo al candidato, donde dejó claro que sus votos no serían gratis y que, en caso de que el señor Illa incumpliera, no dudarían en hacerle caer, tal como lo ayudaron a subir.[26] El siguiente grupo fue la CUP, en voz de la comunista Laia Estrada. El penúltimo grupo en tomar la palabra fue el Grupo Mixto, con la líder de Aliança Catalana como portavoz, quien dio un discurso muy duro tanto a los partidos no independentistas como a los independentistas, acusándolos a todos de facilitar la «invasión» que sufre Cataluña, además del islamismo radical que ha dejado las «calles de Cataluña irreconocibles».[27]
El último grupo en tomar la palabra fue el grupo del candidato (Socialistas y Unidos), donde el diputado Ferran Pedret finalizó la fase de discursos de los grupos parlamentarios.
Finalmente, Salvador Illa pronuncia un discurso antes de que los diputados procedan a votar en orden alfabético. Al nombrar a Carles Puigdemont, todo el grupo parlamentario de Junts aplaude en protesta por «no garantizar los derechos democráticos más básicos a un diputado electo». A las 19:32, finalmente el presidente del Parlamento anuncia que el resultado de la votación ha sido de 68 votos a favor, 66 en contra y 1 diputado ausente, por lo que Salvador Illa Roca es investido como el noveno presidente de la Generalidad de Cataluña.[28]
Llegada de Carles Puigdemont
El líder de Junts+, Carles Puigdemont, anunció luego de los resultados de las elecciones que estaría «presente» en la investidura de cualquier candidato a la presidencia de la Generalidad, ya fuera él o Salvador Illa.[29] El 4 de agosto de 2024, luego de que Salvador Illa le comunicara a Josep Rull que tenía los apoyos suficientes para ser investido presidente, Puigdemont anunció que regresaría a España para la investidura de Illa y acusaría a ERC si lo llegaban a detener antes de poder entrar al Parlamento de Cataluña para ejercer su papel de líder de la oposición y debatir con el candidato socialista.[30] El día de la investidura de Salvador Illa, Puigdemont convocó a sus seguidores en el Passeig de Lluís Companys, en frente del Arco del Triunfo de Barcelona, para impedir que se le capturara. A las 9:00 de la mañana, Puigdemont llegó al Arco del Triunfo, donde lo esperaban sus seguidores.[31] El líder de Junts+ dio un breve discurso donde finalizó con la frase «no sé cuándo nos volveremos a ver». Luego de esto, salió junto a sus seguidores hacia el Parque de la Ciudadela, donde se encuentra el Parlamento de Cataluña, pero en medio de este camino, Carles Puigdemont desapareció de las cámaras y de las fuerzas de seguridad del estado. Esta desaparición hizo que los Mozos de Escuadra activaran la fase 3 de la Operación Jaula.[32]
Carles Puigdemont no fue localizado y la Operación Jaula fue desactivada, ya que con el tiempo transcurrido, el prófugo podría haber salido de Barcelona.[33] Su abogado, Gonzalo Boye, declaró que Puigdemont «se ha ido a su casa» y que jamás lo capturarían, lo que hacía suponer que ya había salido del territorio español rumbo a Waterloo.[34] Esto se confirmó cuando el secretario general de Junts dio a conocer que el líder de Junts per Catalunya ya se encontraba «fuera del estado español», además de confesar que Puigdemont había estado en Barcelona desde el 6 de agosto sin ser detenido por las fuerzas de seguridad del Estado.[35] Tras la huida del expresidente, dos mozos de Escuadra fueron capturados por su implicación en la fuga del expresidente.[36]
Formación del gobierno
El día 9 de agosto, el presidente en funciones, Pere Aragonès, y el presidente electo, Salvador Illa, se reunieron en el Palacio de la Generalidad de Cataluña para realizar el traspaso de carpetas y funciones al nuevo presidente, además de comentar la situación actual de Cataluña y los retos que enfrenta la comunidad autónoma en la actualidad.[37]
El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, anunció en su debate de investidura que en su gobierno solo formarían parte miembros de los socialistas, es decir, sería un gobierno en solitario de los socialistas.[38] Tanto los Republicanos como los Comunes anunciaron que no formarían parte del gobierno de momento, dejando abierta la posibilidad de unirse en el futuro. Esto quedó reforzado cuando Illa, en la sesión de investidura, ofreció a ambos grupos la opción de incluir a miembros de sus partidos en su gobierno una vez que los liderazgos de estos partidos estuvieran decididos y los grupos parlamentarios consolidados, con el objetivo de formar el tercer gobierno tripartito de Cataluña.
La composición del nuevo gobierno comenzó incluso antes de las elecciones, ya que el entonces candidato, Salvador Illa, hizo público que, en caso de ser investido presidente de la Generalidad, designaría como consejera del Interior a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlón, dado que había demostrado gran eficacia en su política de seguridad en el municipio del que es alcaldesa.[38] Otros dos nombres se dieron a conocer, pero esto ocurrió después de que Illa fuera investido presidente. El día 9 de agosto de 2024, hizo público que el hasta entonces gerente del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Dalmau Miranda, sería el nuevo consejero de la Presidencia, y que el alcalde de Esparraguera y mano derecha de Lluïsa Moret en la Diputación de Barcelona, Javier Villamayor Caamaño, sería el secretario general del Gobierno.[39][40]
El sábado 10 de agosto, Salvador Illa tomó posesión del cargo de Presidente de la Generalidad de Cataluña en el salón Sant Jordi del Palacio de la Generalidad, acompañado por varios altos cargos de la Generalidad y del gobierno de España.[41] Por parte de la Generalidad, lo acompañaron el hasta entonces presidente en funciones, Pere Aragonès, los consejeros del gobierno de Cataluña, diversos cargos de la Diputación de Barcelona, como su presidenta Lluïsa Moret, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. En representación del gobierno de España, asistieron cinco ministros: la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la Ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant; y el ministro de Industria y exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu.[42] También estuvo presente el presidente del Parlamento de Cataluña. En representación de los Gobiernos autonómicos solo asistieron los socialistas, María Chivite de Navarra y Adrián Barbón por Asturias.
Desde antes de la posesión de Illa, se comenzó a especular sobre posibles candidatos a ser consejeros de la Generalidad, especialmente en las consejerías de Educación, Empresa, Justicia y Salud, que son los principales ejes del gobierno del líder socialista. Para la primera, la candidata más obvia sería Esther Niubó, diputada del PSC desde 2015 y secretaria de Educación y Formación Profesional del partido desde 2019. Además, forma parte del llamado Govern Alternatiu de Cataluña, una especie de gobierno en la sombra que busca visibilizar una alternativa a la propuesta independentista de los últimos tiempos, con las mismas funciones. El favorito para Justicia es el diputado Ferran Pedret, una persona de confianza de Illa, además de haber ejercido como abogado durante algunos años. Para Salud, el preferido es Vicente Martínez Ibáñez, aunque también han sonado otros nombres para este cargo, como Assumpció Laïlla, Olga Pané, Manel del Castillo y Sara Jaurrieta.[43]
El 10 de agosto de 2024, Salvador Illa, además de confirmar a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlón, como consejera del Interior, anunció que su mano derecha en el parlamento, Alicia Romero Llano, será la nueva consejera de Economía y Hacienda.[44] Este nombramiento tiene un gran peso político, ya que Romero fue una de las negociadoras con Esquerra que alcanzó el pacto fiscal con este partido. Por este motivo, se sospecha que su elección fue impulsada por la presión de ERC, con el fin de asegurar el cumplimiento del acuerdo alcanzado para la investidura de Illa.[45]
El domingo 11 de agosto se descartó a Ferran Pedret como consejero, ya que tomaría el relevo de Salvador Illa en el Parlamento como presidente del Grupo Parlamentario Socialista y de Unidos por Avanzar, y este cargo es incompatible con un puesto en el Consejo Ejecutivo del gobierno.[46] El domingo por la tarde se comenzaron a conocer los nombres de los consejeros que tomarían posesión el lunes 12 de agosto de 2024. El exconsejero de Interior del gobierno de Artur Mas, Ramon Espadaler, sería el Consejero de Justicia y Calidad Democrática.[47] La macro Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica estaría al mando de Sílvia Paneque.[48] La Consejería de Salud la asumiría la especialista Olga Pané.[49] La Consejera de Educación sería la concejal de Castelldells Esther Niubó.[50] La Consejería de Derechos Sociales e Inclusión quedaría bajo la dirección de la secretaria de Inclusión del Gobierno de España, Mònica Martínez.[50] El expostconvergente Miquel Sàmper sería el Consejero de Empresa y Trabajo.[51] La diputada de la Diputación de Barcelona Eva Menor quedaría al mando de la Consejería de Igualdad y Feminismo.[52] El experto en la Unión Europea Jaume Duch asumiría el relevo de Meritxell Serret en la Consejería de Unión Europea y Acción Exterior.[53] Núria Montserrat sería la titular de la Consejería de Investigación y Universidades.[54] El diputado Òscar Ordeig sería el titular de Agricultura. Bernardo Álvarez tomaría la nueva Consejería de Deportes.[55] La hasta entonces directora de patrimonio cultural, Sònia Hernández, recibiría un ascenso al convertirse en la titular de la Consejería de Cultura.[56] La Consejería de Política Lingüística estaría al mando del director de Política Lingüística en la Consejería de Cultura, Francesc Xavier Vila, que pasaría a ser un departamento propio.[57]
El lunes 12 de agosto de 2024, a las 11:00 de la mañana, los consejeros del nuevo gobierno, al mando de Salvador Illa, comenzaron a tomar posesión de sus diferentes cargos. El primero en hacerlo fue el Consejero de Presidencia.[58] Después de la toma de posesión, los consejeros se dirigieron a sus respectivos departamentos para que sus predecesores les entregaran el cargo y la sede de la consejería.[59]
Financiación singular
La financiación singular para Cataluña es una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica en España que plantea otorgar a la Generalidad mayor autonomía fiscal y un régimen específico de recaudación y gestión tributaria, inspirada en el modelo del concierto económico de País Vasco y Navarra. El concepto ha sido objeto de intensos debates políticos y negociaciones entre el Gobierno de España, el Gobierno de la Generalidad y diversos partidos políticos, especialmente en el contexto de acuerdos de investidura y presupuestos.[60]
Descripción general
El término financiación singular alude a un modelo en el que Cataluña recaudara la mayoría de los tributos generados en su territorio y, posteriormente, transfiriera al Estado una parte —acorde con los servicios que presta y por solidaridad entre territorios—, en lugar del actual régimen común de financiación autonómica. La propuesta busca profundizar el autogobierno económico y fiscal de Cataluña, aunque no establece plenamente un concierto económico equivalente al vasco o navarro.[61]
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y ERC/PSC contempla que Cataluña pueda asumir la gestión de impuestos como el IRPF, con proyecciones de aumentar los recursos de la Generalidad varios miles de millones respecto a la financiación vigente.[62]
Antecedentes
El sistema de financiación autonómica en España se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y ha estado desactualizado desde su última reforma profunda en 2009, con revisiones parciales posteriores. En ese marco, diversos partidos catalanes han reclamado históricamente modelos que reconozcan la aportación fiscal de Cataluña y su capacidad de autogobierno financiero. La financiación singular emerge en el contexto de negociaciones políticas entre el PSOE y ERC para asegurar mayorías parlamentarias y estabilidad gubernamental.
Negociaciones y acuerdos
La financiación singular fue uno de los puntos centrales del acuerdo de investidura entre el PSC y Esquerra Republicana que permitió la presidencia de Salvador Illa en Cataluña tras las elecciones de 2024. Parte de este acuerdo incluyó la obligación de negociar un modelo de financiación autonómica con carácter singular para Cataluña.[64]
En julio de 2025, representantes del Gobierno de España y la Generalidad se reunieron para avanzar en el diseño e implementación del modelo, aunque las negociaciones afrontaron críticas sobre su concreción y calendario.[65]
Reacciones políticas
El PSC apoya el modelo acordado con el Gobierno central como una mejora respecto al sistema vigente y compatible con el marco constitucional. El PSC ha votado a favor de iniciativas parlamentarias que lo respaldan y ha defendido su inclusión en la agenda política general.[66][67]
Esquerra es uno de los principales impulsores del modelo y sostiene que representa un avance significativo hacia mayor autonomía fiscal. Ha defendido el principio de ordinalidad y la gestión directa de impuestos, y ha ejercido presión política para su implementación concreta.[68]
Los Comuns han apoyado el modelo, asegurando que no equivale a un cupo vasco sino a un esquema positivo de mayor participación en la gestión tributaria, y ha defendido que puede ser extrapolable a otras comunidades.[69]
Por su parte Junts critica que el modelo pactado no constituye una financiación estrictamente singular ni un verdadero concierto económico, y ha insistido en que sólo apoyará variantes que cedasen el 100 % de la recaudación a la Generalidad.[70]
La CUP en general ha sido escéptica ante acuerdos que considera insuficientes para avanzar de forma efectiva hacia mayor autogobierno; aunque no siempre se ha posicionado de manera uniforme, mantiene una crítica hacia pactos que no satisfacen sus demandas más radicales.[71][67]
Partido independentista de extrema derecha Aliança Catalana que rechaza el modelo actual al considerarlo insuficiente en términos de soberanía fiscal y continúa defendiendo posiciones más radicales de ruptura con el Estado.[72]
El PP se opone al modelo pactado, calificándolo de “compra de votos” del PSOE y defendiendo que cualquier reforma de la financiación autonómica debe acordarse de manera multilateral con todas las comunidades autónomas, no por acuerdos bilaterales.[73] Vox también rechaza el esquema de financiación singular, acusándolo de fomentar desigualdades territoriales y de debilitar la igualdad entre españoles.[74]
Varias CCAA han expresado su rechazo, argumentando que un trato singular para Cataluña podría contravenir el principio de igualdad entre territorios y amenazando incluso acciones legales.[75]
Ley de Amnistía
La Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, conocida como ley de amnistía, es una norma aprobada por las Cortes Generales de España con el objetivo declarado de contribuir a la normalización política e institucional tras el conflicto político derivado del procés independentista catalán.[76] Entró en vigor el 11 de junio de 2024 tras su publicación en el BOE.[77]
Antecedentes
El origen de la ley se encuentra en el conflicto político catalán iniciado a partir de 2012 y culminado con el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia.[78][79] Estos acontecimientos derivaron en procesos judiciales contra dirigentes políticos, funcionarios y activistas vinculados al independentismo.[80]
Durante los años posteriores se produjeron condenas judiciales, indultos parciales en 2021 y negociaciones políticas entre el Gobierno central y fuerzas independentistas.[81]
Contexto político
Tras las elecciones generales españolas de julio de 2023, ningún partido obtuvo mayoría suficiente para gobernar. El PSOE negoció acuerdos de investidura con diversas fuerzas, entre ellas ERC y Junts per Catalunya.[82][83]
La aprobación de una ley de amnistía fue una de las condiciones principales para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.[84]
El Gobierno defendió la ley como un instrumento para la reconciliación política y la convivencia institucional, mientras que sectores políticos y sociales la consideraron una concesión a los partidos independentistas a cambio de apoyo parlamentario.[85]
Tramitación parlamentaria
La proposición de ley fue presentada en el Congreso de los Diputados en 2023 por los grupos parlamentarios que apoyaban la investidura.
Durante su tramitación se introdujeron enmiendas para precisar el alcance de los delitos incluidos y las exclusiones. La negociación con Junts provocó modificaciones en el texto final.[86]
La ley fue aprobada por mayoría absoluta del Congreso y posteriormente ratificada por la cámara baja luego del rechazo del Senado, entrando en vigor en junio de 2024.[87]
Los beneficiarios de la ley fueron los dirigentes políticos investigados o condenados, los funcionarios públicos y los activistas y ciudadanos implicados en movilizaciones relacionadas.[88] También se incluyó a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que fueron condenados por las actuaciones del 1 de octubre.[89]
Aplicación judicial y situación legal
La ley fue objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional y debates en instancias judiciales nacionales y europeas.[90] El Constitucional avaló elementos centrales de la norma, si bien su aplicación práctica sigue generando interpretaciones judiciales diversas.[91][92]
Reacciones políticas
El PSC defendió la ley como herramienta para la normalización política y la reconciliación institucional.[93] Argumentó que favorece la estabilidad parlamentaria y la convivencia social.[94][95]
Junts apoyó la ley tras negociaciones con el Gobierno.[96] Consideró la amnistía una condición imprescindible para resolver el conflicto político, aunque algunos dirigentes expresaron que el alcance final no cumplía plenamente todas sus demandas iniciales.[97]
ERC respaldó la amnistía como parte de su estrategia de negociación con el Estado y de búsqueda de soluciones políticas al conflicto catalán mediante el diálogo institucional.[98][99]
Los Comuns apoyaron la ley en el marco de acuerdos progresistas de investidura.[100] Destacaron la importancia de soluciones políticas frente a la judicialización del conflicto.[101]
La CUP valoró positivamente la amnistía desde una perspectiva soberanista y de defensa del derecho a la autodeterminación, aunque mantuvo una postura crítica hacia el marco institucional estatal.[102][103]
El PP se opuso frontalmente a la ley, considerándola contraria a la Constitución y al principio de igualdad ante la ley.[104] Presentó recursos judiciales y promovió movilizaciones contra su aprobación.[105]
Vox rechazó la norma con dureza, calificándola como una medida de impunidad y una cesión política a los independentistas.[106][107]
Aliança Catalana se mostró crítica con la amnistía y con las concesiones al independentismo.[108] Su posicionamiento se alineó con posiciones contrarias a medidas excepcionales derivadas del conflicto político catalán.[109]
DANA de 2024
La DANA en Cataluña de 2024 fue un episodio de lluvias intensas asociado a una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó al este de la península ibérica entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2024. El fenómeno provocó inundaciones, incidencias en el transporte y alteraciones en servicios públicos en diversas zonas de Cataluña, especialmente en áreas metropolitanas y litorales.[110]
Aunque el impacto humano fue significativamente menor que en otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, el episodio tuvo relevancia política y social en el contexto del debate sobre la gestión de emergencias y la adaptación al cambio climático.[111]
Contexto meteorológico
Una DANA es un fenómeno atmosférico caracterizado por una bolsa de aire frío en altura que se separa de la circulación general. Cuando interactúa con aire cálido y húmedo procedente del mar Mediterráneo, puede dar lugar a precipitaciones muy intensas y localizadas en cortos periodos de tiempo.[112]
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el episodio de 2024 estuvo favorecido por temperaturas del mar superiores a la media y por una situación de inestabilidad persistente, lo que incrementó la intensidad de las lluvias en el litoral mediterráneo.[113]
Impacto en Cataluña
En Cataluña, la DANA provocó:
- Lluvias intensas en las provincias de Barcelona y Tarragona, con acumulaciones significativas en pocas horas.[114]
- Inundaciones puntuales en municipios costeros y áreas urbanas.
- Cortes de carreteras, entre ellas tramos de la C-32 y vías secundarias.
- Afectaciones al transporte público, con interrupciones ferroviarias y cancelaciones puntuales de vuelos en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
- Activación de alertas de Protección Civil, con mensajes enviados a la población recomendando limitar desplazamientos.
No se registraron víctimas mortales en Cataluña asociadas directamente al episodio, aunque sí daños materiales y afectaciones a la actividad económica y educativa durante varios días.[115]
Actuación del gobierno autonómico
El Gobierno de la Generalidad de Catalunya, presidido por Salvador Illa (PSC), activó los protocolos de emergencia a través de Protección Civil y coordinó la actuación de los servicios de emergencias, Mozos de Escuadra y autoridades locales.[116]
El presidente y otros miembros del gobierno autonómico realizaron comparecencias públicas en las que destacaron la evolución favorable del episodio una vez superado el pico de precipitaciones, al tiempo que insistieron en mantener la prudencia y seguir las recomendaciones oficiales.[117]
La gestión del episodio se enmarcó en un discurso institucional que vinculó estos fenómenos con el aumento de eventos climáticos extremos y la necesidad de reforzar las políticas de prevención y adaptación.[118]
Reacciones políticas
El PSC, como partido del presidente de la Generalidad, defendió la actuación del gobierno autonómico y subrayó la coordinación institucional y la eficacia de los protocolos de emergencia.[119] El partido destacó la importancia de reforzar la planificación y las políticas públicas frente a riesgos climáticos.[120]
ERC respaldó la gestión de la emergencia y señaló la necesidad de incrementar la inversión en infraestructuras y prevención de riesgos naturales, así como en políticas de adaptación al cambio climático.[121][122]
Junts reclamó un mayor refuerzo de los recursos y competencias de la Generalidad en materia de gestión de emergencias y ordenación territorial, enmarcando el debate en la necesidad de mayor capacidad de decisión autonómica.[123]
El PP pidió evaluar la actuación de las distintas administraciones y puso el foco en la eficiencia de la coordinación institucional, sin formular una crítica específica y directa a la gestión del gobierno catalán por este episodio concreto.[124]
Vox utilizó el contexto del temporal para cuestionar las prioridades políticas en materia de infraestructuras y gestión del territorio, en un marco de crítica general a las políticas climáticas y de gobernanza existentes.[125]
Los Comuns apoyaron las medidas adoptadas por el Govern y centraron su discurso en la necesidad de proteger a los colectivos vulnerables y reforzar la resiliencia social ante fenómenos climáticos extremos.[126]
La CUP vinculó el impacto del episodio a las políticas urbanísticas y económicas, criticando la falta de inversión estructural en servicios públicos, infraestructuras y prevención ambiental.[127]
Aliança Catalana abordó el episodio desde una crítica general a la gestión de los recursos públicos y a las élites políticas, sin desarrollar una posición específica ampliamente documentada en relación con la DANA.[128][129]
Traspaso de las competencias en inmigración
El traspaso de competencias en inmigración a la Generalidad de Cataluña se enmarca en las negociaciones políticas entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts, acordado como parte de un paquete de compromisos para asegurar apoyos parlamentarios al Gobierno central. El pacto preveía delegar en Cataluña funciones hasta entonces gestionadas por el Estado, como la gestión de flujos migratorios, devoluciones, coordinación en puertos y aeropuertos, y la gestión de determinados centros de internamiento de extranjeros, siempre con un régimen de coordinación con la administración central y dentro de los límites constitucionales establecidos para una ley orgánica.[130]
La proposición de ley correspondiente fue registrada en el Congreso de los Diputados en marzo de 2025 como una iniciativa conjunta de PSOE y Junts para transferir competencias en materia migratoria a Cataluña.[131]
Debate Parlamentario y Situación Legislativa
En septiembre de 2025, el Congreso rechazó la admisión a trámite de la proposición de ley para delegar estas competencias con 173 votos a favor y 177 en contra. La iniciativa fue bloqueada por los votos de PP, Vox, Podemos y UPN, impidiendo así que el texto comenzara su tramitación parlamentaria.[132]
Tras esta derrota parlamentaria, el Gobierno declaró su voluntad de volver a presentar el proyecto o reactivar la cuestión, y se abrió un nuevo ciclo negociador entre PSOE, Junts y otras formaciones parlamentarias para intentar consensuar un texto revisado.[133]
A comienzos de 2026, tras el acuerdo del Gobierno con Podemos para una regularización extraordinaria de migrantes, la dirección de Podemos abrió la puerta a negociar nuevamente la delegación de competencias, siempre que se revisara el texto para eliminar contenidos que consideraban racistas o discriminatorios y garantizara protección de derechos de las personas migrantes.[134][135]
Junts, por su parte, ha reafirmado que pretende mantener el articulado técnico de la ley tal como fue pactado con el PSOE, aunque estaría dispuesto a negociar cambios solo en el preámbulo o la exposición de motivos para facilitar apoyos parlamentarios.[136]
Posiciones de los Partidos Políticos
El PSC respalda la iniciativa del traspaso como parte del fortalecimiento del autogobierno catalán dentro del marco constitucional. Los socialistas catalanes han promovido mociones en el Parlament de Catalunya reclamando al Gobierno central la delegación de competencias. El PSC también ha destacado que la transferencia debe acompañarse de medios y cooperación adecuados.[137]
Junts fue el socio principal del PSOE en el acuerdo para la delegación de competencias en inmigración. La formación independentista sostiene que Cataluña debe poder gestionar íntegramente políticas migratorias adaptadas a su realidad, incluyendo, a juicio de algunos dirigentes, requisitos como el conocimiento del catalán en permisos de residencia, aunque estos aspectos no están necesariamente reflejados en el texto legal orgánico pactado.[138]
Junts ha expresado que el articulado de la ley no será modificado y que es el elemento esencial para el traspaso, aunque sí podría discutirse la introducción o modificación del preámbulo para facilitar apoyos.[139]
ERC apoya la reclamación de competencias como un paso lógico dentro del autogobierno de Cataluña.[140] Tras el rechazo de septiembre de 2025, ERC respaldó iniciativas en el Parlament para seguir exigiendo la cesión de competencias. En debates parlamentarios, también se ha evidenciado alguna tensión retórica entre ERC y Junts sobre el enfoque político de la cuestión.[141]
En el Parlament de Catalunya, la CUP y los Comuns han apoyado mociones que demandan la delegación de competencias junto con PSC y ERC, aunque desde posiciones ideológicas muy distintas en otros ámbitos.[142][143] La CUP ve estas demandas en el marco de soberanía y autogobierno, y los Comuns desde una óptica de descentralización progresiva de poderes.
El PP se opone frontalmente al traspaso de competencias en inmigración porque considera que estas materias deben seguir bajo la competencia única del Estado.[144] El PP ha llegado a calificar este tipo de acuerdos como una “humillación” al Estado de las autonomías y ha criticado tanto a PSOE como a Junts por su planteamiento, argumentando que puede crear desigualdades y debilitar la cohesión territorial.[145]
Vox también ha rechazado de forma rotunda el traspaso, considerándolo una fractura adicional del Estado autonómico y un riesgo para el control de fronteras y la soberanía nacional. Su oposición se ha expresado tanto en la votación parlamentaria como en declaraciones públicas.[146]
Inicialmente Podemos votó en contra de admitir el debate de la ley en el Congreso de septiembre de 2025 alegando que el texto contenía elementos que podían considerarse discriminatorios o “racistas” y que sin antes garantizar derechos básicos de las personas migrantes no se podía transferir esta competencia.[147] Sin embargo, en 2026, tras el pacto con el Gobierno para una regularización extraordinaria de migrantes, ha mostrado disposición a negociar revisiones del texto para desbloquearlo.[148]
Aliança Catalana es un partido de extrema derecha independentista con un discurso marcado por posturas identitarias y críticas a la inmigración (según análisis de su ideología). Aunque no ha tenido un papel legislativo directo en el debate del traspaso, su crecimiento electoral ha sido un factor político que ha influido indirectamente en el discurso de Junts y en el debate público sobre inmigración en Cataluña.[149]
Gripe porcina
La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y jabalíes, con una elevada tasa de mortalidad y sin vacuna ni tratamiento eficaz.[150] La enfermedad no afecta a los seres humanos ni supone un riesgo para la salud pública humana.[151] En noviembre de 2025, Cataluña registró el primer brote de peste porcina africana en España desde 1994, lo que dio lugar a una crisis sanitaria veterinaria y económica de gran impacto para el sector porcino.
Antecedentes
La peste porcina africana es endémica en varias regiones de África y Europa del Este y se ha expandido progresivamente por el continente europeo desde principios del siglo XXI. España había sido declarada libre de la enfermedad en 1995, tras décadas de erradicación. La reaparición del virus en Cataluña supuso la activación inmediata de protocolos nacionales y europeos de emergencia sanitaria animal.[152]
Detección del brote
El 26 de noviembre de 2025, las autoridades veterinarias confirmaron dos casos positivos de PPA en jabalíes silvestres hallados muertos en el entorno del Parque Natural de Collserola, en el término municipal de Bellaterra (Barcelona).[153] En los días siguientes se detectaron nuevos animales infectados dentro de un radio limitado, lo que llevó a la delimitación de zonas de protección y vigilancia.[154]
Las investigaciones iniciales señalaron que el brote se encontraba confinado a fauna silvestre, sin evidencia de transmisión a explotaciones porcinas comerciales.[155] Entre las hipótesis sobre el origen del virus se incluyeron la introducción accidental mediante restos alimentarios contaminados, sin que se estableciera una causa definitiva en las primeras fases de la investigación.[156]
Medidas de contención
La Generalidad de Cataluña declaró la emergencia sanitaria veterinaria, lo que permitió la adopción de medidas excepcionales para contener el brote. Estas incluyeron:
- La restricción de acceso a espacios naturales en decenas de municipios del área metropolitana de Barcelona.
- El establecimiento de zonas de alto y bajo riesgo con controles de movilidad de animales, personas y vehículos.
- El refuerzo de las medidas de bioseguridad en explotaciones porcinas y en el transporte de ganado.
Asimismo, se solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar en tareas de vigilancia, localización y retirada de cadáveres de jabalíes, así como en labores de desinfección.[158] La respuesta contó también con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con el apoyo técnico de la Comisión Europea, que envió expertos veterinarios a la zona afectada.[159][160]
Impacto económico
Aunque no se registraron casos en granjas porcinas, el brote tuvo un impacto económico significativo. Las restricciones comerciales impuestas por algunos países importadores y la caída de precios afectaron al sector porcino catalán y español.[161] Las pérdidas económicas fueron estimadas en varios cientos de millones de euros durante los primeros meses de la crisis. La Generalidad habilitó líneas de crédito y ayudas económicas para mitigar el impacto sobre ganaderos y empresas del sector.[162]
Reacciones políticas
El PSC, al frente del gobierno autonómico, defendió la actuación de las autoridades y destacó la coordinación con el Estado y la Unión Europea.[163] Por su parte Junts per Catalunya y Esquerra reclamaron mayor transparencia sobre el origen del brote y evaluaciones periódicas de la eficacia de las medidas.[164]
El Partido Popular criticó la gestión inicial y pidió responsabilidades políticas por la llegada del virus a Cataluña.[165] Vox denunció falta de información pública y solicitó la comparecencia urgente del Govern en el Parlamento.[166]
Comuns y la CUP pusieron el acento en el apoyo al sector afectado y en la necesidad de revisar los modelos de gestión de la fauna silvestre. Aliança Catalana acusó al ejecutivo catalán de negligencia.[167]
Baja del presidente
El 17 de enero de 2026, Illa ingresó en el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona tras experimentar un dolor fuerte en la zona pélvica y una pérdida de fuerza en las piernas.[168] Inicialmente fue atendido en Urgencias y trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tras realizar diversas pruebas médicas, se le diagnosticó una osteomielitis púbica, una infección bacteriana poco frecuente causada por Streptococcus dysgalactiae que afecta al hueso y los tejidos de la pelvis.[169]
Los médicos indicaron que la infección requiere un tratamiento de antibióticos intravenosos y un periodo de reposo y rehabilitación, estimando inicialmente al menos dos semanas de hospitalización, aunque no se concretó una fecha fija de alta. Illa salió de la UCI el 20 de enero y continuó su recuperación en planta, con progresiva mejora de la fuerza y movilidad en las extremidades inferiores.[171]
Durante su hospitalización, el presidente ha mantenido contacto con su gobierno y ha seguido informado de la actividad del Ejecutivo autonómico, aunque sus funciones han sido ejercidas temporalmente por el consejero de Presidencia, Albert Dalmau.[172][173]
Reacciones políticas
El PSC, partido de Illa y principal fuerza del Gobierno de la Generalidad, emitió mensajes institucionales de apoyo y deseos de pronta recuperación, destacando la continuidad del funcionamiento del Ejecutivo a pesar de la ausencia temporal del president. No se reportaron críticas internas significativas.[174]
Junts, principal partido de la oposición en el Parlamento de Cataluña, expresó “deseos de pronta y plena recuperación” a Illa y mostró confianza en el equipo médico encargado de su tratamiento.[175] Sin embargo, en otros ámbitos políticos, Junts ha criticado la gestión del gobierno autonómico en temas como servicios públicos (por ejemplo, la crisis de Rodalies).[176]
ERC también trasladó mensajes de ánimo y pronta recuperación al president. Asimismo, como socio parlamentario puntual, algunos dirigentes insistieron en seguir negociando cuestiones de política autonómica pese a la situación de Illa.[177]
El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, envió mensajes de apoyo personal a Salvador Illa. En el contexto político general, el PP ha criticado la gestión del gobierno autonómico en diversas áreas y se mostró escéptico sobre acuerdos amplios con otros partidos como Junts.[178]
Vox no emitió declaraciones públicas claras de apoyo o críticas específicas sobre el estado de salud de Illa. En el plano político general, mantiene una postura crítica hacia las políticas del Gobierno de la Generalidad, aunque no se centró en el episodio médico concreto.
Los Comuns trasladaron mensajes de fuerza y deseo de buena recuperación al president, en línea con su alianza parlamentaria con PSC en temas clave.[179]
La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, generó controversia por comentarios considerados insensibles sobre la hospitalización de Illa, en los que cuestionó de manera sarcástica si había tenido que “esperar turno como el resto de mortales” en el hospital.[180] Esto contrastó con los mensajes de apoyo del resto de partidos y provocó críticas sobre su tono.[181]
Crisis de Rodalies
El servicio de Rodalies de Catalunya —la red de cercanías ferroviaria que presta servicio dentro de Cataluña y áreas metropolitanas como Barcelona— arrastraba problemas estructurales crónicos antes de 2026, incluyendo quejas frecuentes por retrasos, cancelaciones y falta de fiabilidad del servicio, así como debates prolongados sobre falta de inversión, mantenimiento y la complejidad de sus competencias operativas entre administraciones y sindicatos.[182][183]
Incidente desencadenante
El 20 de enero de 2026, un tren de Rodalies en la línea R4 descarriló en Gelida (Barcelona) tras el colapso de un muro de contención debido a fuertes lluvias del temporal Harry, provocando la muerte de un maquinista en prácticas y dejando al menos 37 heridos.[184][185]
Ese mismo mes, la red sufrió suspensiones del servicio ferroviario tras fallos técnicos del centro de control de tráfico de Adif, lo que agravó la percepción de colapso del sistema.[186]
Desarrollo de la crisis
Tras el accidente de Gelida y las interrupciones, el servicio estuvo paralizado completamente durante aproximadamente 36 horas antes de que la Generalidad, Renfe, Adif y sindicatos de maquinistas alcanzaran un acuerdo para reanudar gradualmente las circulaciones.[187]
Pese a la reanudación, las líneas continuaron con retrasos, cancelaciones puntuales y quejas de usuarios, y en algunos tramos la circulación permaneció afectada con transporte alternativo por carretera.[188]
Diferentes ayuntamientos y alcaldes reclamaron soluciones inmediatas y mejoras estructurales en la infraestructura ferroviaria, denunciando desinversión y deficiencias técnicas.[190]
Respuesta institucional
En respuesta a la crisis, el Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña anunciaron una revisión y ampliación del Plan Rodalies 2020–2030, elevando la inversión prevista en mantenimiento e infraestructura a más de 8.000 millones de euros y duplicando recursos destinados a reposición de activos.[190][191]
A finales de enero de 2026 se decidió que Òscar Playà, consejero delegado de Rodalies de Catalunya (empresa mixta participada por la Generalidad y Renfe), también asumiera la gestión de Renfe en Cataluña para mejorar la coordinación operativa, eliminando la denominada “bicefalia” en la gestión ferroviaria.[191]
Reacciones políticas
El presidente en funciones Albert Dalmau (PSC) pidió diálogo y un “pacto de país” para abordar la crisis, defendiendo la cooperación institucional y destacando medidas como mantener descuentos y aliviar la situación de los usuarios.[192] Los Comuns por su parte apoyaron acciones de mitigación del impacto en usuarios y pidieron actuaciones estructurales.[193]
ERC criticó duramente la gestión ferroviaria y exigió mayor control sobre competencias en Rodalies, además de dimisiones y mayor inversión, pese a las promesas de un plan reforzado de inversiones.[194]
Junts reclamó comparecencias urgentes de responsables políticos (incluido el ministro de Transportes), exigió dimisiones y cuestionó tanto la gestión estatal como la capacidad del gobierno catalán para resolver el problema.[195] Por su parte el PP anunció la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la situación ferroviaria y criticó al Gobierno central por “negligencia continuada” en mantenimiento y seguridad.[196]
Vox exigió responsabilidades políticas, rechazó excusas climáticas y cuestionó la competencia de cargos públicos en la gestión ferroviaria.[197] La CUP pidió dimisiones de cargos de la Generalidad vinculados a la gestión de infraestructuras y señaló que la crisis evidenciaba problemas más amplios de financiación y prioridades en políticas públicas.[198]
Aliança Catalana criticó la crisis como un castigo para usuarios y planteó la necesidad de una gestión 100 % catalana y operativa del sistema ferroviario en la comunidad (esta posición ha sido destacada en análisis políticos recientes).[199]
Alerta por vendavales de 2026
En febrero de 2026, Cataluña experimentó un episodio meteorológico adverso caracterizado por fuertes rachas de viento que afectaron gran parte de su territorio, especialmente las áreas litoral y prelitoral de las provincias de Barcelona y Tarragona, y otras comarcas del interior. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) emitió advertencias de vientos que en algunos puntos superaban los 100 km/h, activando niveles de alerta máxima dentro del plan de emergencias por viento.[200]
Debido a la intensidad del fenómeno, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya emitió alertas por “ventadas con peligro extremo” y mantuvo activada la fase de alerta del Plan VENTCAT, recomendando precaución a la población general.[202]
La situación se produjo en un contexto de temporales consecutivos en Europa que impactaron varios países de la península ibérica y el Mediterráneo, incluidos episodios precedentes de lluvia intensa, nieve y viento asociados a borrascas como Storm Harry y otros sistemas meteorológicos.[203]
Activación de planes de emergencia
Ante la previsión de vientos extremadamente fuertes, la Generalitat de Cataluña activó medidas de emergencia para proteger a la población:
- Se suspendieron actividades escolares, universitarias, deportivas y la atención sanitaria no urgente durante la jornada más crítica prevista (jueves 12 de febrero).[204]
- Se recomendó a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios y, cuando fuese posible, priorizar el teletrabajo.
- El Ayuntamiento de Barcelona, siguiendo los avisos de Protecció Civil, cerró parques y jardines como medida de seguridad ante las rachas de viento.[205]
- Protecció Civil programó el envío de alertas ES-Alert a los teléfonos móviles para informar en tiempo real del episodio y las precauciones a adoptar.
Huelgas del sector educativo y sanitario
Las huelgas del sector educativo y sanitario en Cataluña entre 2025 y 2026 fueron una serie de movilizaciones laborales protagonizadas por docentes, personal sanitario y organizaciones sindicales en el contexto de tensiones con el Gobierno de la Generalitat presidido por Salvador Illa. Estas protestas estuvieron motivadas principalmente por reivindicaciones salariales, condiciones laborales, falta de recursos y desacuerdos con reformas y acuerdos sectoriales.
Las movilizaciones coincidieron con un contexto de inestabilidad política marcado por la incapacidad de aprobar los presupuestos autonómicos de 2025.
Contexto
Durante el período 2025-2026, Cataluña experimentó un aumento del gasto público en educación y sanidad, con presupuestos que alcanzaban cifras récord en ambos sectores. Sin embargo, los sindicatos consideraron estas inversiones insuficientes frente a problemas estructurales como la falta de personal, el aumento de la carga de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo.[206]
El conflicto se agravó en un contexto de negociación fallida entre el Govern y diversas organizaciones sindicales, especialmente en educación, donde los acuerdos con algunos sindicatos minoritarios no fueron aceptados por la mayoría del profesorado.[207]
Huelgas en el sector educativo
El malestar en el sector educativo se venía gestando desde años anteriores, con críticas a la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de recursos para atender a la diversidad del alumnado.[208]
Entre las principales reivindicaciones destacaban:
- Reducción de ratios de alumnado por aula
- Incremento del presupuesto educativo hasta el 7 % del PIB
- Mejora de las condiciones laborales y salariales
- Reducción de la burocracia[209]
El 11 de febrero de 2026 tuvo lugar una de las mayores movilizaciones del sector educativo en Cataluña, con decenas de miles de docentes y estudiantes participando en huelgas y manifestaciones.
Diversas fuentes sindicales calificaron la jornada como “histórica” por su alto seguimiento y capacidad de movilización.[210]
Entre el 16 y el 20 de marzo de 2026 se convocó una semana de huelgas en el sistema educativo, impulsada por sindicatos como USTEC, ASPEPC y CGT.[211]
Las protestas incluyeron:
- Paros generalizados en centros educativos
- Manifestaciones masivas
- Bloqueos de infraestructuras en Barcelona[212]
El conflicto surgió tras el rechazo de estos sindicatos a un acuerdo salarial firmado por el Departament d’Educació con CCOO y UGT, que contemplaba subidas salariales progresivas y mejoras parciales.
Además de las huelgas, el profesorado llevó a cabo medidas complementarias como la suspensión de colonias y actividades escolares para presionar a la administración.[213]
Las negociaciones entre el Govern y los sindicatos continuaron sin acuerdo durante 2026, manteniéndose la amenaza de nuevas movilizaciones.
Huelgas en el sector sanitario
El sector sanitario catalán experimentó movilizaciones desde finales de 2025, especialmente entre el colectivo médico, que acumuló varias jornadas de huelga desde octubre de ese año.[214]
Las reivindicaciones incluían:
- Mejora de las condiciones laborales
- Reducción de la jornada laboral
- Reconocimiento profesional
- Oposición a reformas del sistema sanitario[215]
En 2026, las protestas continuaron con concentraciones y conflictos laborales en el sistema sanitario público, especialmente en el Institut Català de la Salut (ICS).
Uno de los detonantes fue la supresión de un complemento salarial para profesionales que ejercían funciones docentes, lo que generó protestas y rechazo entre el personal sanitario.[216]
Además, las movilizaciones se enmarcaron en un contexto más amplio de huelgas médicas a nivel estatal contra la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario.[217]
Presupuestos autonómicos
Presupuestos para 2025
El Gobierno de Salvador Illa no presentó los presupuestos para el ejercicio 2025 debido al escaso margen temporal tras su investidura en agosto de 2024.[218] A este factor se sumó el rechazo previo a las cuentas de 2024 —detonante del adelanto electoral de mayo—, lo que imposibilitó tramitar un nuevo proyecto a tiempo y obligó al Ejecutivo a extender la prórroga de los presupuestos de 2023 por un año más.[219]
Illa justificó esta decisión afirmando: "Me importa más tener un buen presupuesto que tenerlo el 1 de enero".[220] Más allá de las cuestiones técnicas, la negociación se vio dificultada por la situación de sus socios preferentes: Esquerra Republicana, inmersa en un complejo proceso de renovación interna, y los Comuns, debilitados tras la pérdida de poder en el Ayuntamiento de Barcelona (2023) y su retroceso en las autonómicas de 2024.[221][222] Pese a que Illa y la consejera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, no descartaron pactar con otras fuerzas, finalmente no se alcanzó un acuerdo para 2025, manteniendo en vigor las cuentas heredadas del gabinete de Pere Aragonès.[223]
Presupuestos para 2026
Tras el fracaso del Govern al no lograr aprobar los presupuestos de 2024 y 2025, el ejecutivo centró sus esfuerzos en las cuentas de 2026. El 2 de septiembre de 2025, el presidente Salvador Illa inició los trámites para el diseño de estas partidas.[224] El apoyo de ERC y los Comuns resultaba indispensable para Illa, dado que eran las dos únicas formaciones dispuestas a negociar.[225]
Sin embargo, las negociaciones se encallaron inicialmente e Illa apeló a la "responsabilidad" para dotar a Cataluña de unas cuentas públicas tras tres años de prórrogas.[227][228] Por su parte, Esquerra advirtió que el president estaba “desgastado”, mientras que los Comuns le apremiaron a “ponerse las pilas”.[229] Ante la falta de un acuerdo inmediato, las cuentas de 2023 se prorrogaron un año más. El Govern fijó el primer trimestre de 2026 para la aprobación definitiva, justificando así el retraso en presentarlas "en tiempo y forma".[230][231]
Tras meses de diálogo, el Govern alcanzó un acuerdo con los Comuns, sellado por la líder de la formación, Jéssica Albiach, y el president Illa.[232][233] El pacto incluía:
- Vivienda: Limitación de compras especulativas y una inversión de 1.250 millones de euros (300 para compra, 300 para ayudas al alquiler y 150 para rehabilitación).[234] Además, el Institut Català de Finances aportará 600 millones para vivienda y 50 para rehabilitación.[235]
- Educación: Ampliación de las becas comedor hasta las 100.000 para 2028 y un plan de choque de 27 millones para mejorar la comprensión lectora.[236] Asimismo, se aumentará un 20% la plantilla de educadores sociales en centros de máxima complejidad y, desde el curso 2026-2027, las familias monoparentales quedarán exentas de tasas universitarias.[237]
- Derechos Sociales: Una partida de 25 millones para crear dos cheques de 25 euros anuales; uno para productos menstruales (mujeres de 12 a 25 años) y otro para preservativos (jóvenes de 16 a 25 años).[238]
Tras el pacto con los Comuns, las negociaciones con ERC se prevén más complejas, ya que la formación exige el cumplimiento del acuerdo de investidura y que la Hacienda catalana recaude el 100% del IRPF.[239][240] Pese a ello, el Govern aprobó el proyecto de presupuestos en el Consell Executiu el 27 de febrero y lo remitió al Parlament.[241][242] Illa fijo la votación de las enmiendas a la totalidad como fecha límite: si no lograba aprobar las cuentas, convocaría elecciones anticipadas.[243]
El 18 de marzo, ante la falta de acuerdo entre el Govern y los grupos de la oposición, y con la votación de las enmiendas a la totalidad prevista para el día 20, el Ejecutivo catalán decidió retirar los presupuestos para seguir negociando.[244][245] Ante esta situación, el Govern también acordó con ERC y los Comuns aprobar un suplemento de crédito que garantizara el funcionamiento de la administración pública catalana.[246][247] Esta medida responde a las quejas de diversos sectores tras tres años sin nuevas cuentas públicas.[248]
Sistema electoral
Regulación electoral
Cataluña no cuenta con un sistema electoral propio y en las sucesivas elecciones celebradas desde 1980 se ha regido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).[249]
Calendario
Circunscripciones y reparto de escaños
La disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña[250] (que mantiene en vigor la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979)[251] fija que las circunscripciones electorales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona elegirán, respectivamente a 85, 17, 15 y 18 diputados. Asimismo, los partidos extraparlamentarios deben conseguir previamente el aval del 0,1% del censo electoral de cada circunscripción para poder presentar candidaturas. Finalmente, no se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos (suma de votos válidos a candidatura y votos en blanco) en la circunscripción para poder entrar en la atribución de escaños mediante el método D'Hondt.
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| Cataluña
X XXX XXX hab. X XXX XXX electores 135 escaños |
Prov. | Barcelona | Tarragona | Gerona | Lérida |
|---|---|---|---|---|---|
| Pob. | X XXX XXX | XXX XXX | XXX XXX | XXX XXX | |
| Esc. | 85 escaños | 18 escaños | 17 escaños | 15 escaños | |
| Hab. / Esc. | XX XXX | XX XXX | XX XXX | XX XXX | |
| Elec. | X XXX XXX | XXX XXX | XXX XXX | XXX XXX | |
| Elec. / Esc. | XX XXX | XX XXX | XX XXX | XX XXX | |
Candidaturas
A continuación se enumeran las principales candidaturas y líderes proyectados para los comicios, basándose en los congresos de los partidos celebrados entre 2024 y 2025.
| Candidatura | Integrantes | Candidato/a | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Partido de los Socialistas de Cataluña | PSC Units |
Salvador Illa Roca | 42/135 | |
| Junts+Carles Puigdemont per Catalunya | Junts DC MES |
Carles Puigdemont i Casamajó | 35/135 | |
| Esquerra Republicana de Catalunya | ERC | Oriol Junqueras Vies | 20/135 | |
| Partido Popular de Cataluña | PPC | Alejandro Fernández Álvarez | 15/135 | |
| Vox | Vox | Ignacio Garriga Vaz de Concicao | 11/135 | |
| Comuns Sumar | Comuns SMR |
Jéssica Albiach Satorres | 6/135 | |
| Candidatura d'Unitat Popular | CUP Endavant Poble Lliure |
Non Casadevall i Sala | 3/135 | |
| Aliança Catalana | Aliança.cat | Sílvia Orriols i Serra | 2/135 | |
Formaciones
Partido de los Socialistas de Cataluña
Tras las elecciones autonómicas de 2024, el Partido de los Socialistas de Cataluña se convirtió en la fuerza con más escaños y pasó a liderar el Gobierno de la Generalidad por primera vez desde 2010.[252] Durante la legislatura, el PSC basó su acción política en acuerdos parlamentarios puntuales con Esquerra Republicana de Catalunya y Catalunya en Comú, lo que le permitió aprobar presupuestos y diversas iniciativas legislativas.[253][254]
El partido centró su discurso en la estabilidad institucional, la mejora de los servicios públicos y la normalización de las relaciones entre la Generalidad y el Gobierno de España.[255] A lo largo de la legislatura, el PSC reforzó su posición como principal fuerza no independentista en Cataluña, consolidando su liderazgo parlamentario.[256]
Junts per Catalunya
Junts per Catalunya inició la legislatura como la principal fuerza de la oposición y el partido independentista con mayor número de escaños.[257] Durante este período, mantuvo un discur[258] so crítico tanto con el Gobierno de la Generalidad como con la estrategia de diálogo entre las instituciones catalanas y el Estado.
A lo largo de la legislatura, Junts experimentó tensiones internas relacionadas con la orientación estratégica del partido, especialmente en relación con la vía unilateral frente a enfoques más pragmáticos. Asimismo, la aparición y consolidación de Aliança Catalana supuso una competencia directa por parte del electorado independentista más radicalizado.[259]
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana pasó a la oposición tras haber presidido el Gobierno en la legislatura anterior.[260] Durante el período posterior a 2024, ERC adoptó un papel intermedio entre oposición y socio parlamentario ocasional del Ejecutivo, apoyando determinadas iniciativas del PSC, especialmente en materia social y económica.[261]
Este posicionamiento generó debates internos sobre la estrategia del partido y su relación con el resto de fuerzas independentistas.[164] A lo largo de la legislatura, ERC trató de redefinir su liderazgo y su proyecto político, combinando la defensa del independentismo con una apuesta por la negociación institucional.[262]
Partido Popular
El Partido Popular inició la legislatura con un incremento significativo de su representación parlamentaria respecto a elecciones anteriores.[263] Desde la oposición, el PP adoptó un papel activo en el control del Gobierno autonómico, centrando su discurso en la defensa del marco constitucional, la reducción de la presión fiscal y la crítica a los pactos del PSC con fuerzas independentistas.[264]
Durante la legislatura, el PP consolidó su posición como principal fuerza de la derecha constitucionalista en Cataluña, desplazando a otras formaciones que habían ocupado ese espacio en ciclos anteriores.[265]
Vox
Vox mantuvo una presencia estable en el Parlamento durante la legislatura, desarrollando una oposición frontal al Gobierno y al conjunto de fuerzas independentistas.[266] Su actividad parlamentaria se centró en cuestiones relacionadas con la unidad de España, la seguridad, la inmigración y la crítica al modelo autonómico.[267]
A lo largo del período legislativo, Vox mantuvo un perfil ideológico constante, aunque vio parte de su espacio político disputado por el crecimiento de Aliança Catalana en el ámbito del voto de protesta y del discurso identitario.[268]
Comuns
Catalunya en Comú inició la legislatura con una representación reducida pero relevante en votaciones clave.[269] Durante el período, actuó como socio parlamentario habitual del PSC en materias relacionadas con políticas sociales, vivienda, transición ecológica y servicios públicos.[270]
A lo largo de la legislatura, los Comuns reforzaron su perfil como fuerza de izquierda no independentista y defensora de un Estado plurinacional, manteniendo una estrategia de cooperación institucional y diferenciándose tanto del independentismo como de las fuerzas conservadoras.[271][272]
Candidatura d’Unitat Popular
La CUP comenzó la legislatura con su menor representación parlamentaria desde 2012.[273] Desde la oposición, mantuvo un discurso crítico tanto con el Gobierno del PSC como con las estrategias de Junts y ERC, a las que acusó de haber abandonado los objetivos independentistas y de transformación social.[274][275]
Durante la legislatura, la CUP centró su actividad en la denuncia de políticas económicas que consideraba continuistas y en la defensa de un proyecto independentista anticapitalista, manteniendo una influencia limitada en la acción legislativa.[276]
Aliança Catalana
Aliança Catalana inició la legislatura como una fuerza de nueva incorporación al Parlamento.[277] Durante el período legislativo, se caracterizó por un discurso identitario, independentista y contrario a la inmigración, diferenciándose tanto del independentismo tradicional como de la extrema derecha de ámbito estatal.[278][279]
A lo largo de la legislatura, la formación incrementó su visibilidad mediática y su implantación territorial, consolidándose como un actor emergente dentro del sistema político catalán y generando tensiones en el espacio independentista.[280][281]
