Estigmatización política

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El sociólogo Erving Goffman definió en 1963 el estigma como el proceso por el cual la reacción de los demás estropea la «identidad normal» de un individuo o grupo, reduciéndolo a una categoría social hacia cuyos miembros se genera rechazo.^[1] Los politólogos Bruce Link y Jo Phelan ampliaron este marco en 2001, describiendo la estigmatización como un proceso que comienza cuando los grupos dominantes de una sociedad identifican diferencias —reales o no—, les asignan un valor negativo, logran la rotulación social del grupo diferenciado y separan así el «nosotros» del «ellos», culminando en formas de desaprobación, rechazo, exclusión y discriminación.^[13] Link y Phelan describieron esta secuencia como un proceso de cinco componentes: etiquetado (labelling), estereotipación (stereotyping), separación entre un «nosotros» y un «ellos», pérdida de estatus (status loss) y discriminación (discrimination), todo ello condicionado al acceso al poder social, económico y político.^[13] Cada componente refuerza al siguiente: la etiqueta activa el estereotipo, el estereotipo justifica la separación, y la separación facilita la pérdida de estatus y la discriminación.^[13]

Las etiquetas políticas convencionales —«conservador», «liberal», «socialdemócrata», «izquierda», «derecha»— cumplen una función descriptiva y analítica: sitúan a un actor político en un espectro ideológico reconocible. Un político puede autoidentificarse como «conservador» y asumir la etiqueta con orgullo; estas categorías poseen definiciones académicas, están asociadas a plataformas partidarias y mantienen significados relativamente estables, aunque varían según la época y el país.^[16]

La estigmatización política, en cambio, opera de manera fundamentalmente distinta. Es reductiva (colapsa la complejidad ideológica del oponente en una sola palabra peyorativa), asimétrica (quien la emplea nunca se la aplica a sí mismo), emocionalmente cargada (transmite desprecio en lugar de contenido analítico) y está diseñada para cerrar el debate en lugar de enmarcarlo.^[17] Cuando el senador Joseph McCarthy empleaba el término «comunista» contra funcionarios del Departamento de Estado, no describía su posición ideológica, sino que creaba una categoría de enemigo y señalaba al público a quién desconfiar.^[7] Cuando Juan Domingo Perón estigmatizaba a sus adversarios como «oligarcas», no analizaba una posición económica, sino que reducía a toda la oposición a un solo grupo despreciable, frente al cual sus «descamisados» encarnaban al pueblo auténtico.^[7]

Existe, no obstante, una zona gris: términos como «neoliberal», «populista» o «socialista» pueden funcionar como etiquetas analíticas neutras o como instrumentos de estigmatización según el contexto y la intención del hablante. El politólogo Cas Mudde y la politóloga Cristóbal Rovira Kaltwasser han documentado cómo el término «populista» es empleado por partidos centristas como un Kampfbegriff ('concepto de combate') para deslegitimar a competidores tanto de izquierda como de derecha, un proceso que Chantal Mouffe denominó «moralización del discurso político».^[18]

Los epítetos políticos —vehículo principal de la estigmatización política— pueden clasificarse en función de su carga valorativa:

• Honoríficos: apelativos que enaltecen a una figura política, a menudo acuñados por sus seguidores. Ejemplos históricos incluyen «El Libertador» (Simón Bolívar), «Padre de la Patria» (aplicado a múltiples líderes nacionales), «Atatürk» ('padre de los turcos', para Mustafa Kemal Atatürk) e «Iron Lady» (Margaret Thatcher).^[7]

• Peyorativos: apelativos diseñados para descalificar, deshumanizar o ridiculizar al oponente. Constituyen el foco principal de la investigación académica sobre estigmatización política y abarcan desde insultos directos hasta categorías aparentemente descriptivas que operan como armas retóricas.

• Ambivalentes: términos que nacen como autoidentificación positiva y son posteriormente cooptados como peyorativos por el bando contrario, o viceversa. El término «woke», originario de la comunidad afroestadounidense como expresión de conciencia social, fue transformado a partir de 2019 en un epíteto peyorativo de uso global por movimientos políticos de derecha.^[19] De manera inversa, «sans-culotte», originalmente un insulto de la aristocracia francesa hacia los revolucionarios sin calzones de seda, fue adoptado con orgullo por el movimiento revolucionario durante la Revolución francesa.^[7]

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El uso de etiquetas estigmatizantes para descalificar, deshumanizar o eliminar al adversario político es un fenómeno documentado desde la Antigüedad. A lo largo de la historia, la estigmatización política ha servido como paso previo a la marginación, la persecución y, en casos extremos, el genocidio.^[20]

En la Antigua Grecia, la invectiva política formaba parte integral de la vida democrática ateniense. El procedimiento del ostracismo permitía a los ciudadanos exiliar a un político mediante votación, inscribiendo su nombre en fragmentos de cerámica (óstraka); algunos fragmentos conservados incluyen epítetos insultantes junto al nombre del candidato al exilio, como «calumniador», «traidor» o alusiones a escándalos personales.^[21]

En la Antigua Roma, la retórica de la descalificación política alcanzó un alto grado de sofisticación. Cicerón empleó sistemáticamente epítetos contra Marco Antonio en sus Filípicas, presentándolo como borracho, licencioso y enemigo de la República. Durante las guerras civiles romanas, Octavio y Marco Antonio se acusaron mutuamente de orígenes oscuros, cobardía, incompetencia y depravación, utilizando el género retórico romano de la vituperatio (invectiva formal) para moldear la opinión pública.^[7]

En la Escandinavia medieval, el sistema de níð (insulto público o libelo) constituyó una de las formas más codificadas de estigmatización político-social de la historia. Los términos en nórdico antiguo ergi (sustantivo, 'falta de virilidad') y argr (adjetivo, 'afeminado', 'cobarde') funcionaban como insultos de extrema gravedad cuyas consecuencias estaban reguladas por ley. Según las leyes islandesas Grágás, acusar a otro hombre de ser argr constituía motivo legal para exigir un duelo (holmganga); si el acusado rechazaba el duelo, quedaba automáticamente proscrito (outlaw) con pérdida total de derechos. Si el acusado vencía en el duelo, el acusador debía pagar una compensación plena por difamación injustificada.^[22]

La colonización europea de América produjo un vocabulario de etiquetado político-racial destinado a justificar la conquista, la expropiación y la esclavización de los pueblos indígenas.^[7] Los colonizadores españoles aplicaron a los pueblos originarios etiquetas como «salvaje», «bárbaro», «caníbal» e «indio» —esta última convertida en categoría jurídico-administrativa que limitaba derechos—. Cristóbal Colón aplicó el término «caníbal» a los caribes para justificar su esclavización.^[23] El debate de Valladolid (1550-1551) giró explícitamente en torno a la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas, discutiendo si poseían capacidad racional plena y si su sometimiento era legítimo.^[7]

En la Nueva España, el sistema de castas institucionalizó una taxonomía de etiquetas raciales-políticas (mestizo, castizo, mulato, zambo, entre muchas otras) que determinaban el estatus jurídico, los derechos y las posibilidades sociales de cada individuo.^[7]

La trata de esclavos atlántica se apoyó en un vocabulario deshumanizador —«negro», «savage», «heathen», «chattel» (bien mueble)— que despojaba a las personas africanas de su humanidad y convertía la esclavitud en una institución jurídica y moralmente aceptable a los ojos de las sociedades europeas.^[20]

La Revolución francesa constituye un caso paradigmático de estigmatización política, donde el etiquetado se convirtió en instrumento de vida o muerte.^[7] Durante el Reinado del Terror (1793-1794), términos como «aristocrate», «ennemi du peuple» ('enemigo del pueblo'), «traître» ('traidor') y «contre-révolutionnaire» ('contrarrevolucionario') funcionaron como sentencias: recibir la etiqueta equivalía con frecuencia a la guillotina.^[7] Los propios revolucionarios se subdividieron mediante epítetos que delimitaban facciones enfrentadas: «girondinos», «jacobinos», «hebertistas», «enragés».

El término «sans-culotte» ilustra la dinámica de reapropiación de etiquetas estigmatizantes: originalmente un insulto aristocrático dirigido a los revolucionarios que no vestían los calzones de seda propios de las clases altas, fue adoptado por el movimiento popular como símbolo de orgullo e identidad revolucionaria.

El colonialismo europeo de los siglos xix y xx generalizó un vocabulario de etiquetado que operaba simultáneamente como herramienta administrativa y como instrumento de deshumanización.^[7] Términos como «native» ('nativo'), «primitive» ('primitivo') y «savage» ('salvaje') constituían categorías jurídico-políticas que determinaban derechos, acceso a la tierra y condiciones de vida de los pueblos colonizados.

En el Estado Libre del Congo, la retórica «civilizadora» del rey Leopoldo II de Bélgica encubría un régimen de trabajo forzoso y atrocidades.^[20] En la India británica, tras la Rebelión de la India de 1857, los términos «mutineer» ('amotinado') y «sepoy» adquirieron connotaciones peyorativas duraderas. En la África del Sudoeste Alemana, el etiquetado de los pueblos herero y namaqua como enemigos precedió al genocidio herero y namaqua (1904-1908), considerado el primer genocidio del siglo xx.^[20]

En Australia, el término «aboriginal» fue empleado como categoría administrativa que justificaba la expropiación de tierras, mientras que etiquetas como «half-caste» ('mestizo') sustentaron políticas de sustracción forzada de niños indígenas (las generaciones robadas).^[7] En Norteamérica, las categorías militares «hostile» ('hostil') y «friendly» ('amistoso') aplicadas a los pueblos indígenas determinaban literalmente quién vivía y quién moría; la propia Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) empleó la expresión «merciless Indian Savages» ('salvajes indios despiadados') para justificar la expansión territorial.^[23]

La independencia de las antiguas colonias no desmanteló el aparato discursivo de la estigmatización racial. El lingüista Teun A. van Dijk ha argumentado que el racismo en América Latina constituye un legado directo del colonialismo europeo —lo que denomina «eurorracismo»— y que se reproduce fundamentalmente a través del discurso, en particular el de las élites políticas, mediáticas, intelectuales y académicas.^[24] Aunque la retórica nacionalista celebró la preponderancia de la nueva identidad «mestiza» frente al antiguo colonizador, el sistema de discriminación discursiva se mantuvo mediante estrategias específicas: la caracterización negativa del exogrupo (pueblos indígenas y afrodescendientes), la autopresentación positiva del grupo dominante, la negación del racismo («no somos racistas, pero...») y la legitimación a través de la autoridad o la pseudociencia.^[24] Investigaciones coordinadas por Van Dijk en ocho países latinoamericanos documentaron la persistencia de estas dinámicas en el discurso contemporáneo de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela.^[24]

La convergencia entre estigmatización política y racial en contextos coloniales es estructural. Spivak precisa que los grupos subalternos —marginados simultáneamente por el colonialismo, la clase, la raza y el género— carecen de agencia política reconocida por las estructuras de poder vigentes; cuando el grupo dominante los señala, no puede atacar una posición política inexistente y recurre a marcadores identitarios que la sustituyen.^[12][13] Wolfe argumentó que en el colonialismo de poblamiento la racialización no es anterior al colonialismo sino que es producida por él: el concepto de la «raza» se fabrica en el acto de señalar a las personas indígenas como obstáculos al acceso a la tierra, y diferentes regímenes raciales codifican y reproducen las relaciones desiguales con las que los europeos han eliminado a las poblaciones colonizadas, por ejemplo a través de la violencia estructural, la asimilación forzosa, definiciones legales como la cuota de sangre y la terra nullius, o doctrinas jurídicas como la doctrina del descubrimiento.^[14][15] El escritor uruguayo Eduardo Galeano condensó esta asimetría en su texto «Los nadies» (1989): los excluidos «no hablan idiomas, sino dialectos», «no profesan religiones, sino supersticiones», «no hacen arte, sino artesanía», «no son seres humanos, sino recursos humanos» —una enumeración que ilustra cómo la estigmatización despoja al grupo subordinado de toda agencia, incluida la política.^[25]

La máxima expresión de esta dicotomía civilizado-salvaje fueron los zoológicos humanos (Völkerschauen, exhibitions ethnologiques), práctica institucionalizada entre las décadas de 1870 y 1930 que afectó a entre 30.000 y 35.000 personas exhibidas ante un público acumulado de unos 1.400 millones de visitantes.^[26] Las Völkerschauen de Carl Hagenbeck recorrieron las principales ciudades europeas desde 1874; el Jardín de Aclimatación de París organizó unas treinta exhibiciones etnológicas entre 1877 y 1912; la Exposición Universal de París de 1889 exhibió a unas 400 personas indígenas como atracción principal ante 28 millones de visitantes; y las exposiciones coloniales de Bruselas, Londres, Berlín, Ámsterdam y Milán reproducían aldeas enteras con familias trasladadas desde África, Asia, Oceanía y América.^[26] Personas de pueblos tan diversos como nubios, inuit, samoanos, mapuches, selknam, filipinos, congoleños y aborígenes australianos fueron medidas por antropólogos, exhibidas tras vallas y presentadas como especímenes de «primitivismo» frente a la «civilización» occidental.^[26] Según Blanchard y Bancel, estas exhibiciones constituyeron el «primer contacto visual masivo entre "nosotros" y "ellos"» y fueron decisivas en la transición del racismo científico al racismo popular.^[26]

El movimiento eugenésico, impulsado desde finales del siglo xix por Francis Galton, proporcionó un barniz pseudocientífico a la estigmatización de poblaciones enteras. Categorías como «débil mental» (feebleminded), «imbécil», «degenerado» y «no apto» (unfit) operaban como etiquetas políticas disfrazadas de diagnósticos médicos: clasificaban a personas —desproporcionadamente pobres, discapacitadas, racializadas e inmigrantes— como amenazas biológicas para la sociedad.^[27] En Estados Unidos, la sentencia Buck v. Bell (1927) de la Corte Suprema legitimó la esterilización forzada al declarar que «tres generaciones de imbéciles son suficientes», una frase que condensaba la lógica estigmatizante del movimiento.^[27] Como resultado, más de 60.000 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento entre las décadas de 1920 y 1970.^[27] La eugenesia nazi llevó esta clasificación a su extremo: la Ley de esterilización forzosa (1933) condujo a la esterilización forzada de más de 360.000 personas, y el programa Aktion T4 asesinó a unas 70.000 personas con discapacidad en sus centros de gaseamiento entre 1940 y 1941 —cifra que investigaciones posteriores elevaron a unas 200.000—, etiquetadas como «vida indigna de ser vivida» (Lebensunwertes Leben).^[27][20] Las leyes eugenésicas estadounidenses fueron citadas explícitamente por los abogados nazis durante los juicios de Núremberg como precedente de sus propias políticas.^[27]

Los regímenes totalitarios del siglo xx llevaron la estigmatización política a su expresión más letal, convirtiendo la asignación de una etiqueta en una sentencia de muerte o deportación masiva.^[20]

Ya durante la Revolución rusa y la guerra civil (1917-1922), el régimen bolchevique instituyó el Terror Rojo mediante la Cheka, clasificando a amplias categorías de la población como «enemigos de clase»: «burgués» (burzhui), «guardia blanco», «contrarrevolucionario», «saboteador» y «especulador» se convirtieron en etiquetas que justificaban la ejecución sumaria, la toma de rehenes y la confiscación de bienes. La estigmatización de clase precedió —y sentó las bases retóricas— para la violencia estatal sistémica de las décadas siguientes.^[28]

En la Unión Soviética, el sistema de etiquetado político se convirtió en pieza central del Gran Terror estalinista (1936-1938). Términos como «kulak» (campesino acomodado), «враг народа» (vrag naróda, 'enemigo del pueblo'), «вредитель» (vredítel, 'saboteador'), «contrarrevolucionario» y «elemento burgués» funcionaban como categorías que justificaban la deportación al Gulag, la ejecución sumaria o la desaparición de clases sociales enteras.^[7] La «deskulakización» causó, según el historiador Manfred Hildermeier, entre 530.000 y 600.000 muertes —incluyendo fallecidos en tránsito y en asentamientos especiales hasta 1953— mediante la sola aplicación de una etiqueta política a un grupo social, aunque otras estimaciones, como la del historiador Robert Conquest, sitúan las cifras en niveles significativamente superiores.^[29]

En la Alemania nazi, el vocabulario de deshumanización —«Untermensch» ('subhumano'), «judeo-bolchevique», «entartet» ('degenerado')— constituyó el fundamento retórico del Holocausto.^[20] El historiador Paul Hanebrink ha demostrado que el mito del «judeo-bolchevismo» —la idea de que el comunismo era una conspiración judía para destruir la civilización occidental— constituyó fundamentalmente una forma de antisemitismo cuyo «núcleo violentamente racializado» se disfrazaba de oposición política: al fusionar la identidad étnica con una etiqueta ideológica, el régimen presentó el exterminio de los judíos europeos como un acto de defensa política contra el bolchevismo, cuando su objetivo real era la aniquilación racial.^[30] La escalada desde el etiquetado hasta el exterminio siguió una progresión documentada: identificación, etiquetado, marginación legal, segregación física y, finalmente, aniquilación.^[20]

En la China de Mao Zedong, la Revolución Cultural (1966-1976) desplegó un sistema de etiquetado que clasificaba a los ciudadanos como «derechistas», «seguidores del camino capitalista», «elementos negros» o «contrarrevolucionarios».^[7]

En la Camboya de los Jemeres Rojos, la población fue clasificada como «75eros» (expulsados de las ciudades en 1975) frente a la «base» (población rural considerada leal), un etiquetado que determinó quién sobrevivía y quién era ejecutado.^[20]

La partición de la India (1947) ilustra cómo la estigmatización comunitaria recíproca entre hindúes y musulmanes —alimentada durante décadas por el revivalismo religioso, la política identitaria de la Liga Musulmana y del Congreso Nacional Indio, y la administración colonial británica— desembocó en una de las mayores catástrofes del siglo xx. La lógica de la «teoría de las dos naciones» —la idea de que hindúes y musulmanes constituían naciones irreconciliables que requerían Estados separados— convirtió la identidad religiosa en etiqueta política absoluta. La violencia resultante causó entre uno y dos millones de muertes y el desplazamiento forzoso de entre catorce y dieciséis millones de personas, con masacres, violaciones sistemáticas y limpiezas étnicas perpetradas por todas las comunidades en el Punyab y Bengala.^[31]

En la Europa ocupada por el Tercer Reich, los regímenes colaboracionistas emplearon la estigmatización política como instrumento de legitimación y persecución. En Francia, el Régimen de Vichy del mariscal Philippe Pétain clasificó a los opositores como «judeo-bolcheviques», «gaullistas», «terroristas» y «anti-Francia», al tiempo que promovía una «revolución nacional» basada en los valores de «Travail, Famille, Patrie» que definía implícitamente a republicanos, socialistas, masones y judíos como ajenos a la verdadera identidad francesa. El historiador Robert Paxton demostró que Vichy no fue un mero títere del ocupante, sino que persiguió activamente su propia agenda autoritaria y racista, etiquetando a los resistentes como «bandidos» y «terroristas» mientras colaboraba voluntariamente en la deportación de judíos.^[32] En Noruega, el régimen colaboracionista de Vidkun Quisling y su partido Nasjonal Samling (1942-1945) etiquetó a los miembros de la resistencia como «banditter» ('bandidos'), «sabotører» ('saboteadores') y «agentes ingleses», mientras el propio nombre de Quisling se convertía en epónimo universal de la traición política: el término «quisling» fue adoptado en múltiples idiomas para designar a cualquier colaborador con una potencia ocupante, mientras los patriotas noruegos acuñaron el despectivo «jøssing» —que el régimen adoptó como insulto— para los ciudadanos leales al rey exiliado, ilustrando cómo la estigmatización puede cristalizar en el propio nombre de una persona o, inversamente, transformar un insulto en insignia de honor.^[33]

Durante la Guerra Fría, la estigmatización política se convirtió en instrumento central de la confrontación ideológica global.^[7] En Estados Unidos, el macarthismo (1950-1954) convirtió los términos «comunista», «fellow traveller» ('compañero de viaje'), «pinko» y «un-American» ('antiamericano') en acusaciones que podían destruir carreras profesionales y vidas personales, incluso sin prueba alguna.^[7]

En Argentina, la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) constituye un caso paradigmático de estigmatización política estatal. La junta militar construyó la categoría de «subversivo» como etiqueta total: un término deliberadamente vago que podía aplicarse a guerrilleros armados, pero también a sindicalistas, estudiantes, docentes, periodistas, religiosos, psicoanalistas o cualquier persona sospechosa de discrepancia ideológica. Marguerite Feitlowitz ha demostrado que el régimen convirtió el lenguaje en instrumento de aniquilación: eufemismos como «desaparecido» sustituyeron a «secuestrado» o «asesinado», «zona liberada» significaba territorio donde operaban escuadrones de la muerte, y «traslado» era el nombre en clave de la ejecución.^[34] La etiqueta «subversivo» funcionaba como sentencia de muerte extrajudicial: bastaba su aplicación para justificar la desaparición forzada, la tortura y el asesinato de unas 30.000 personas, incluidas mujeres embarazadas cuyos hijos fueron robados y entregados a familias afines al régimen. El discurso de la «guerra sucia» presentaba la represión como un acto de defensa nacional contra una conspiración marxista internacional, reduciendo toda oposición política a una patología social que debía ser «extirpada».^[34] En el marco más amplio de la Operación Cóndor, los regímenes militares del Cono Sur compartieron tanto las técnicas represivas como el vocabulario estigmatizante, empleando las etiquetas «subversivo», «terrorista», «extremista» y «comunista» para justificar la desaparición forzada, la tortura y el asesinato de opositores políticos a escala regional.^[7]

En Guatemala, el ejército clasificó a comunidades enteras del pueblo maya ixil como «rojas» y «subversivas» durante la campaña contrainsurgente del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), justificando así una política de tierra arrasada que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas calificó de genocidio.^[35] Tres décadas después del genocidio guatemalteco, durante el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt en 2013, sectores de la élite ladina produjeron expresiones intensamente racistas en la prensa y las redes sociales, revelando la persistencia de los patrones de estigmatización colonial. Epítetos como «india tishuda», «indios parásitos», «revanchistas», «resentidos», «guerrilleros», «antipatriotas» y «tontos útiles» se dirigieron contra las víctimas, los testigos y los intelectuales mayas que apoyaron el juicio; las mujeres indígenas que testificaron sobre violaciones fueron descalificadas como «mentirosas» y «guerrilleras» que «merecían» la violencia sufrida. Casaús Arzú documentó que este rechazo a reconocer al Otro —expresado en la frontera discursiva entre «nosotros los guatemaltecos» y «los otros, los indios»— precede y sustenta la estigmatización racista, y advirtió que la intensificación de estas actitudes podría constituir la precondición para nuevos episodios de violencia.^[36] En Nicaragua, el conflicto entre el FSLN y los contras (1979-1990) produjo un sistema de estigmatización cruzada en tres direcciones: la dictadura de Somoza había etiquetado a toda oposición como «comunista»; tras la revolución, el gobierno sandinista denunció a sus opositores como «somocistas» y «contrarrevolucionarios»; y el presidente estadounidense Ronald Reagan calificó a los contras como «el equivalente moral de los Padres Fundadores» mientras su administración presentaba a los sandinistas como «marxistas peligrosos».^[7]

En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) construyó un sistema de estigmatización política centrado en la figura del «enemigo interno marxista». Tras el golpe contra Salvador Allende, el régimen clasificó a toda la izquierda —desde guerrilleros armados hasta sindicalistas, profesores, artistas y estudiantes— como «marxistas», «extremistas» y «enemigos de la patria», justificando así la desaparición de entre 3.500 y 4.500 personas, la tortura de decenas de miles y el exilio de cientos de miles. El historiador Steve J. Stern ha documentado cómo la dictadura libró una «guerra de memorias» en la que el relato oficial presentaba el golpe como «salvación» de una nación al borde del colapso comunista, mientras las víctimas eran redefinidas como agentes de una conspiración extranjera que merecían su destino.^[37]

En Perú, el conflicto entre Sendero Luminoso y el Estado (1980-2000) produjo un sistema de estigmatización bidireccional con consecuencias devastadoras. Sendero Luminoso desarrolló un vocabulario de pureza ideológica absoluta: toda autoridad estatal, comunal o sindical que no se plegara a su proyecto era un «lacayo del viejo Estado»; la izquierda legal —incluida Izquierda Unida— era descalificada como «revisionista» y «cretinismo parlamentario»; los campesinos que se organizaban en rondas campesinas eran «mesnadas»; y cualquier informante era un «soplón» condenado a muerte ejemplarizante. Como sintetizó el antropólogo Carlos Iván Degregori, para Sendero «todo lo que no era senderista era enemigo; ni siquiera adversario: enemigo».^[38] Desde el lado estatal, la politóloga Jo-Marie Burt ha demostrado que el gobierno de Alberto Fujimori manipuló el miedo y la inseguridad heredados de la violencia de los años ochenta para construir un régimen autoritario: la etiqueta «terrorista» —coloquialmente «terruco»— se expandió hasta abarcar no solo a los insurgentes, sino a cualquier opositor, periodista, defensor de derechos humanos o activista social que cuestionara al régimen. La frase «quien habla es terrorista» sintetizaba un mecanismo de silenciamiento que, al equiparar toda disidencia con el terrorismo, convirtió la estigmatización política en instrumento de desmovilización de la sociedad civil.^[38] La Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) concluyó que la construcción del «enemigo interno» había permitido a las fuerzas armadas estigmatizar a comunidades quechuas enteras como presuntas bases senderistas, justificando masacres, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales sistemáticas contra la población indígena y campesina.^[38] El historiador Carlos Aguirre ha documentado cómo el término «terruco» recorrió una trayectoria que ilustra el poder performativo del insulto político: acuñado inicialmente por comunidades campesinas de Ayacucho para identificar a los insurgentes, fue adoptado por las fuerzas de seguridad como acompañamiento verbal de la tortura y la violación sexual —convirtiendo la etiqueta en instrumento directo de violencia física—, y finalmente se expandió como descalificación genérica contra defensores de derechos humanos, familiares de víctimas y personas de origen indígena en general, consolidando la equivalencia entre disidencia política e identidad racial.^[39]

La Revolución cubana generó un sistema de estigmatización política particularmente duradero.

Desde la década de 1960, el gobierno de Fidel Castro empleó el término «gusano» para designar a los cubanos que abandonaban la isla o se oponían al régimen, etiqueta que combinaba la deshumanización animalizada con la acusación política de «contrarrevolucionario».^[40] Los Comités de Defensa de la Revolución clasificaban a los vecinos como «revolucionarios» o «gusanos», y esta dicotomía determinaba el acceso al empleo, la educación y la vivienda. Durante el Éxodo del Mariel (1980), el gobierno amplió el repertorio estigmatizante: los 125.000 cubanos que partieron fueron calificados de «escoria», «lumpen», «antisociales» y «lacras», y los actos de repudio —concentraciones organizadas por el Estado frente a los domicilios de quienes solicitaban emigrar— institucionalizaron la humillación pública como castigo político.^[40] La estigmatización funcionaba en ambas direcciones: desde Miami, sectores del exilio etiquetaban a quienes permanecían en la isla como «comunistas» y «cómplices de la tiranía».^[40]

La disolución de Yugoslavia en la década de 1990 ilustra cómo élites políticas pueden reactivar etiquetas históricas latentes para transformar la convivencia en violencia. El sociólogo Anthony Oberschall ha argumentado que los yugoslavos poseían dos marcos cognitivos étnicos: uno de cooperación, propio de los treinta y cinco años de convivencia bajo el lema titoísta de «hermandad y unidad», y un marco de crisis anclado en las memorias de la Segunda Guerra Mundial.^[41] La propaganda de Slobodan Milošević y Franjo Tuđman activó deliberadamente el marco de crisis: los serbios aplicaron a los croatas la etiqueta «ustasha» (el movimiento fascista croata de 1941-1945), mientras los croatas denominaban «chetniks» (los paramilitares monárquicos serbios del mismo período) a los serbios, pese a que ninguna de estas organizaciones existía ya. La reactivación de estas etiquetas de la Segunda Guerra Mundial —asociadas a genocidios mutuos aún vivos en la memoria familiar— suprimió el marco de cooperación y generalizó el miedo y la inseguridad, explicando por qué personas que habían convivido pacíficamente durante décadas pudieron ser movilizadas para la limpieza étnica.^[41]

En Sudáfrica, el régimen del apartheid (1948-1991) construyó todo un aparato legislativo sobre categorías de etiquetado racial: «Bantu», «coloured», «native», «kaffir» (este último un insulto gravísimo).^[20] Estas etiquetas no eran meramente descriptivas; constituían el fundamento jurídico de un sistema de segregación que determinaba dónde podía vivir, trabajar, estudiar y transitar cada persona.

En Estados Unidos, la era de la segregación racial empleó etiquetas como «outside agitator» ('agitador externo') para deslegitimar a los activistas del movimiento por los derechos civiles.^[7] La estigmatización racial se materializó no solo en carteles de exclusión, sino en la industria de las postales de linchamiento, fotografías de asesinatos racistas producidas como recuerdos y distribuidas abiertamente a través del Servicio Postal de los Estados Unidos hasta su prohibición en 1908; su circulación masiva normalizaba la violencia contra los afroamericanos como espectáculo público y reafirmaba la jerarquía racial.^[20]

En Ruanda, la propaganda previa al genocidio de 1994 etiquetó sistemáticamente a los tutsi como «inyenzi» ('cucarachas') e «inzoka» ('serpientes') a través de la Radio Télévision Libre des Mille Collines. Este caso constituye uno de los ejemplos más estudiados de cómo la estigmatización deshumanizadora prepara el terreno para la violencia genocida.^[20] La investigación académica sobre discurso peligroso ha documentado cómo esta «familia» de metáforas deshumanizadoras —que identifica a grupos humanos como plagas, animales peligrosos, parásitos, enfermedades o demonios— ha sido empleada por actores políticos poderosos en diversas partes del mundo.^[10]

En la guerra de Bosnia (1992-1995), el etiquetado de los bosníacos como «turcos» por parte de la propaganda serbia buscaba presentarlos como un elemento foráneo en los Balcanes, facilitando la justificación de la limpieza étnica.^[20]

En Etiopía, el primer ministro Abiy Ahmed —Premio Nobel de la Paz en 2019— empleó a partir de 2018 un vocabulario de estigmatización política contra los tigrinos que ilustra la mecánica de la deshumanización estatal contemporánea. Expresiones como «hienas diurnas» (en idioma amhárico: የቀን ጅቦች), «otros desconocidos» (ፀጉረ ልውጥ) y «cánceres y maleza que hay que arrancar de raíz» reclasificaron a un grupo político rival —el Frente de Liberación Popular de Tigray— como una amenaza existencial identificada con toda una etnia. El investigador Alex de Waal documentó cómo esta retórica desplazó la estigmatización étnica desde los márgenes de la diáspora al discurso oficial del Estado, contribuyendo a la escalada que desembocó en la guerra de Tigray (2020-2022).^[42]

La estigmatización política opera también a lo largo del eje de clase social, tanto en sentido descendente —de las élites hacia las clases populares— como ascendente —del discurso revolucionario o populista hacia las élites—. En Estados Unidos, la historiadora Nancy Isenberg ha documentado cuatro siglos de etiquetado clasista contra los blancos pobres: desde «waste people» ('gente de desecho'), «offals» ('desperdicios') y «lubbers» ('holgazanes') en la América colonial, pasando por «crackers», «clay-eaters» y «mudsills» en el siglo xix, hasta «rednecks», «hillbillies», «trailer trash» y «white trash» en el xx y xxi.^[43] Isenberg argumenta que estas etiquetas no son meros insultos, sino categorías políticas que han servido para justificar la exclusión de los pobres de la ciudadanía plena, presentando su condición como un defecto moral o biológico —holgazanería, degeneración, mala «reproducción»— en lugar de como un producto de la desigualdad estructural.^[43]

En el Reino Unido, el periodista e investigador Owen Jones ha documentado un fenómeno análogo: la construcción del estereotipo del «chav» como caricatura de la clase obrera británica blanca —asociada a la criminalidad, la dependencia de prestaciones sociales, la ignorancia y la vulgaridad— que permite a los medios de comunicación y a la clase política presentar la pobreza como una elección individual y no como una consecuencia de la desindustrialización y las políticas de austeridad.^[44] Jones argumenta que la estigmatización de la clase obrera ha sido un proyecto bipartidista en el que tanto el Partido Conservador como el Nuevo Laborismo participaron: las políticas de Margaret Thatcher desmantelaron las comunidades industriales, y el Nuevo Laborismo completó la operación al patologizar la pobreza como falta de «aspiración», relegando la identidad obrera al estatus de residuo cultural vergonzante.^[44]

En sentido inverso, la retórica revolucionaria y populista ha empleado etiquetas de clase como armas políticas contra las élites: «oligarca» en el peronismo y en la política latinoamericana contemporánea, «burgués» y «kulak» en el comunismo soviético, «aristócrata» durante la Revolución francesa. Estos ejemplos, ya documentados en las secciones precedentes, confirman que la estigmatización de clase es bidireccional, aunque asimétrica: la estigmatización descendente —de las élites hacia los pobres— cuenta con el respaldo de los medios de comunicación, las instituciones educativas y el aparato estatal, mientras que la estigmatización ascendente —de los movimientos populares hacia las élites— tiende a ser eficaz solo en momentos de ruptura revolucionaria o de intensa movilización social.^[44][43]

Los movimientos por los derechos de las mujeres han sido objeto recurrente de estigmatización política. La periodista Susan Faludi documentó que en Estados Unidos cada ola de avance feminista —la de las décadas de 1840, 1900, 1940 y 1970— fue seguida de una reacción (backlash) mediática y política que presentaba las propias conquistas del movimiento como la causa de la infelicidad femenina, mediante narrativas fabricadas sobre la «escasez de hombres», la «epidemia de infertilidad», el «agotamiento profesional» o los «peligros de las guarderías».^[45] Esta estigmatización no se limitó a la caricatura de las feministas como «odia-hombres» (man-haters) o «anti-naturales»: según Faludi, constituyó una estrategia sistemática en la que medios de comunicación, instituciones académicas, la industria de la moda y la publicidad convergieron para invertir simbólicamente los avances del movimiento, presentando la igualdad como una amenaza al bienestar de las propias mujeres.^[45] En la década de 1990, el presentador estadounidense Rush Limbaugh popularizó el término «feminazi», combinando la descalificación del feminismo con la trivialización del Holocausto en una sola etiqueta estigmatizante.

La filósofa Kate Manne ha propuesto un marco teórico que conecta directamente esta estigmatización con la lógica del poder: la misoginia no debe entenderse como el odio individual que ciertos hombres sienten hacia las mujeres, sino como el «brazo de aplicación» (enforcement branch) del patriarcado —un sistema que castiga, degrada y silencia a las mujeres que desafían la dominación masculina, mientras recompensa a quienes se ajustan a los roles tradicionales.^[46] Desde esta perspectiva, las etiquetas aplicadas a las mujeres políticamente activas —«histérica», «virago», «feminazi», «perra» (en contextos anglosajones, bitch)— no son insultos espontáneos, sino instrumentos de un mecanismo de control social que opera según la misma lógica que la estigmatización política: señalar a quien transgrede el orden vigente como alguien que ha dejado de merecer respeto y protección.^[46]

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La investigación en ciencia política y psicología social ha identificado varios mecanismos mediante los cuales la estigmatización política opera sobre la percepción pública y el comportamiento político.

La estigmatización política no es patrimonio exclusivo de una corriente ideológica ni se limita al discurso de los políticos profesionales: algunos de los intelectuales más influyentes de la historia moderna han sido también sus practicantes más eficaces. Desde la izquierda, Karl Marx acuñó el término «lumpenproletariado» para estigmatizar a un sector de la clase baja como políticamente inútil y peligroso, y Vladímir Lenin convirtió categorías como «enemigo de clase» y «oportunista» en etiquetas que sus sucesores aplicarían con consecuencias letales.^[7] Frantz Fanon invirtió la estigmatización colonial al aplicar el término «barbarie» a la propia Europa en su obra Los condenados de la tierra (1961).^[7] Desde la derecha, el jurista Carl Schmitt teorizó la distinción amigo-enemigo (Freund-Feind) como la esencia misma de lo político, proporcionando el marco conceptual que el nazismo llevaría a su extremo.^[18] Un patrón recurrente muestra que las categorías analíticas creadas por intelectuales se transforman en instrumentos de persecución cuando son adoptadas por el poder estatal: la «burguesía» de Marx se convirtió en la sentencia de muerte del «kulak» bajo Stalin; la distinción amigo-enemigo de Schmitt se tradujo en la política de exterminio nazi.^[20] En 1946, el escritor George Orwell advirtió en su ensayo Politics and the English Language que el lenguaje político estaba diseñado para «hacer que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato respetable», identificando la simplificación estigmatizante como un rasgo estructural del discurso político moderno, independientemente de su orientación ideológica.^[47]

La estigmatización política opera mediante la reducción de la complejidad ideológica del oponente a una sola palabra o frase cargada emocionalmente. Este mecanismo fue identificado por el Institute for Propaganda Analysis en la década de 1930 como una de las siete técnicas fundamentales de la propaganda, denominada «name-calling» ('apodo descalificador'): la aplicación de una etiqueta negativa a una persona o idea con el objetivo de que el público la rechace sin examinar la evidencia.^[48]

La politóloga Erin C. Cassese documentó en 2020 que los votantes deshumanizan a los candidatos y simpatizantes del partido contrario de dos formas distintas: la deshumanización «animalística» (que reduce al oponente a una condición infrahumana, asociándolo con bestias o alimañas) y la deshumanización «mecanicista» (que lo presenta como un autómata carente de emociones o humanidad).^[17] Un estudio de la Universidad Stanford encontró que tanto los republicanos como los demócratas situaban a sus oponentes aproximadamente entre 20 y 30 puntos por debajo de «plenamente humano» en una escala de evolución, aunque ambos grupos sobreestimaban drásticamente el grado de desprecio que el otro bando sentía hacia ellos.^[49]

La estigmatización política cumple una función de creación de identidad grupal mediante la definición de un enemigo externo. El politólogo Cas Mudde ha documentado cómo los movimientos populistas —tanto de izquierda como de derecha— emplean etiquetas para dividir la sociedad en dos grupos antagónicos: «el pueblo» frente a «la élite» (en el populismo) o «nosotros» frente a «ellos» en formulaciones más amplias.^[18]

La etiqueta peyorativa dirigida al adversario rara vez opera de forma aislada; casi invariablemente se acompaña de una etiqueta honorífica o enaltecedora que define y dignifica al grupo propio. Ambas etiquetas funcionan como un sistema binario interdependiente: no se puede crear un enemigo sin definir simultáneamente un «nosotros» virtuoso. Este mecanismo ha sido descrito en la teoría de la identidad social desarrollada por Henri Tajfel y John Turner, según la cual los individuos construyen su autoestima grupal mediante la diferenciación favorable del endogrupo respecto del exogrupo.^[50]

Algunos ejemplos históricos ilustran esta dinámica de pares:

• Revolución francesa: «aristocrate», «traître» (exogrupo) frente a «citoyen», «patriote», «sans-culotte» (endogrupo).^[7]
• Australia colonial: «savage» ('salvaje'), «native», «half-caste» ('mestizo') (exogrupo) frente a «settler», «civilised», «White Australia» (endogrupo). La retórica del terra nullius despojó a los pueblos aborígenes de la condición de habitantes legítimos del territorio.^[23]
• Propaganda soviética: «враг народа» ('enemigo del pueblo'), «kulak» (exogrupo) frente a «proletariado», «las masas» (endogrupo).^[29]
• Guerra civil española: «rojo», «rojo-separatista» (exogrupo) frente a «nacional», «cruzado» (endogrupo).^[51]
• Régimen nazi: «Untermensch» ('subhumano'), «judeo-bolchevique» (exogrupo) frente a «Herrenvolk» ('pueblo señor'), «ario» (endogrupo).^[20]
• Juan Domingo Perón: «oligarca» (exogrupo) frente a «descamisado» y «pueblo» (endogrupo).^[7]
• Apartheid: «kaffir» (exogrupo) frente a «volk» ('pueblo', en referencia al pueblo afrikáner) (endogrupo).^[20]
• Macarthismo estadounidense: «comunista», «pinko», «fellow traveller» (exogrupo) frente a «patriota», «americano leal» (endogrupo).^[7]
• Indonesia (1965-1966): «komunis», «ateis» ('ateo'), «pengkhianat» ('traidor'), «PKI» (exogrupo) frente a «Orde Baru» ('Orden Nuevo'), «Pancasila», «patriota» (endogrupo). La propaganda militar deshumanizó sistemáticamente a los miembros del PKI y sus afiliados como enemigos de la nación y la religión, justificando la matanza de aproximadamente medio millón de personas.^[52]
• Kampuchea Democrática: «nuevo pueblo» (neak thmey), «enemigo con cuerpo de camarada» (khmang khnong kloun), «parásito», «microbio» (exogrupo) frente a «Angkar» ('la Organización'), «pueblo viejo» (neak chas), «campesino puro» (endogrupo). Los Jemeres Rojos clasificaron a la población urbana y a los profesionales como elementos contaminantes que debían ser reeducados o eliminados.^[53]
• Irán posrevolucionario: «Gran Satán» (Sheytân-e Bozorg, para Estados Unidos) y «Pequeño Satán» (para Israel) frente a «revolución islámica», «eje de resistencia» (endogrupo); a su vez, la retórica occidental denominó a los líderes iraníes «mulás locos» (mad mullahs), ilustrando la demonización recíproca entre marcos civilizacionales.^[54]

En todos estos casos, la etiqueta peyorativa y la honorífica constituyen las dos caras de una misma operación retórica de polarización que opera a lo largo de múltiples ejes: ideológico (comunista/patriota), de clase (oligarca/descamisado), religioso-civilizacional (Gran Satán/revolución islámica), racial (Untermensch/ario) y colonial (salvaje/civilizado). La descalificación del otro y la sacralización del propio grupo se refuerzan mutuamente.

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La estigmatización política abarca un espectro de gravedad que va desde la retórica electoral ordinaria hasta la preparación de un genocidio. Esta gradación no es meramente teórica: el modelo de las diez etapas del genocidio de Gregory Stanton muestra que la deshumanización mediante el etiquetado (etapa 4) constituye un paso necesario en la escalada hacia la persecución (etapa 8) y el exterminio (etapa 9).^[20] La investigadora Susan Benesch ha documentado cómo el «discurso peligroso» (dangerous speech) opera precisamente en las zonas intermedias de este espectro, donde las expresiones aún no constituyen incitación directa a la violencia, pero van elevando el umbral de aceptación social de actos agresivos contra el grupo señalado.^[10]

En su manifestación más leve, las etiquetas estigmatizantes funcionan como herramientas de competencia electoral: simplifican el mensaje, movilizan a la base propia y descalifican al adversario en la pugna por el voto. Términos como «oligarca» (Perón), «contrarrevolucionario» (Revolución francesa) o «pinko» (macarthismo estadounidense) operan en este nivel.^[7] Aunque degradan la calidad del debate público e intensifican la polarización política, se enmarcan dentro de la competencia política democrática y, en la mayoría de las jurisdicciones, están protegidos por la libertad de expresión.

En un segundo nivel, las etiquetas estigmatizantes trascienden la arena electoral y se convierten en instrumentos de exclusión social y profesional. El macarthismo estadounidense constituye un ejemplo paradigmático: la etiqueta «comunista» o «fellow traveller», aplicada con frecuencia sin prueba alguna, bastaba para destruir carreras profesionales en el gobierno, la academia, el periodismo y la industria del entretenimiento.^[7]

Cuando la estigmatización política es asumida por el aparato del Estado, puede desencadenar directamente la persecución, el encarcelamiento, la tortura o la muerte de los estigmatizados. En la España franquista, la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 criminalizó retroactivamente a quienes hubieran apoyado a la República, y la propaganda del régimen construyó la figura del «enemigo judeo-masónico-bolchevique» como conspiración permanente contra la nación, pese a la práctica inexistencia de judíos y masones en España.^[55] Los términos «subversivo» y «terrorista» empleados por los regímenes militares latinoamericanos durante la Operación Cóndor justificaron la desaparición forzada de decenas de miles de personas.^[7] En la Unión Soviética, la etiqueta «kulak» o «enemigo del pueblo» significaba deportación al Gulag o ejecución sumaria.^[29] Durante el período de Brézhnev, el régimen soviético desarrolló además una forma singular de estigmatización: la medicalización de la disidencia. Los psiquiatras del Instituto Serbsky diagnosticaron a opositores políticos con «esquizofrenia torpida» (vyalotekúshchaya shizofréniya), «delirio reformista» o «intoxicación filosófica», convirtiendo la discrepancia política en enfermedad mental y justificando su internamiento indefinido en hospitales psiquiátricos penitenciarios (psikhushka); aproximadamente un tercio de los presos políticos soviéticos fueron recluidos por esta vía.^[56]

En su manifestación más extrema, la estigmatización política trasciende la esfera política y se convierte en instrumento de deshumanización total, despojando al grupo estigmatizado de su condición humana ante los ojos de la sociedad. Este nivel se distingue de los anteriores por la naturaleza de la etiqueta: ya no se ataca una posición ideológica, sino que se niega la humanidad misma del grupo, típicamente mediante metáforas que lo equiparan con animales, parásitos, enfermedades o plagas.^[10] La propaganda nazi que describía a los judíos como «Untermensch» y «alimañas», la propaganda ruandesa que etiquetó a los tutsi como «inyenzi» ('cucarachas'), y la retórica de los Jemeres Rojos que clasificó a sectores de la población como desechables, ilustran este nivel.^[20]

Link y Phelan argumentaron que la estigmatización depende por completo del acceso al poder social, económico y político.^[13] Según su análisis, aunque cualquier grupo puede etiquetar y estereotipar a otro, solo debe considerarse estigmatización cuando el proceso opera de arriba hacia abajo en la jerarquía social, porque únicamente quienes poseen poder pueden traducir sus percepciones en consecuencias discriminatorias reales.^[13]

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Aunque en la práctica ambos fenómenos pueden solaparse, la estigmatización política y el discurso de odio se distinguen por el tipo de característica que atacan. La estigmatización política se dirige contra personas en razón de su posición política, afiliación partidaria o ideología: términos como «comunista», «contrarrevolucionario», «oligarca» o «enemigo del pueblo» descalifican al oponente por lo que piensa, defiende o representa políticamente. El discurso de odio, en cambio, ataca a personas por lo que son: su raza, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad u origen nacional, características que el individuo no puede modificar o que constituyen parte esencial de su identidad.^[11]

Esta distinción tiene consecuencias jurídicas directas. En la mayoría de las democracias, llamar «oligarca» a un adversario político o «comunista» a un oponente ideológico es expresión política protegida por la libertad de expresión, por agresiva que sea. Etiquetar a un grupo étnico como «cucarachas» (como ocurrió en Ruanda) o a una minoría religiosa como «subhumanos» (como en la Alemania nazi) constituye discurso de odio punible en la mayoría de las jurisdicciones.^[11]

No obstante, la frontera entre ambos fenómenos puede difuminarse. Algunos epítetos aparentemente políticos funcionan como sustitutos (proxies) de categorías étnicas o raciales —un mecanismo conocido como «silbato para perros» (dog-whistle politics)—: la retórica contra «los inmigrantes» en el discurso de la extrema derecha europea, por ejemplo, puede operar como etiquetado racial encubierto bajo una forma aparentemente política. De manera inversa, varios de los ejemplos históricos mencionados —el sistema de castas colonial, el vocabulario de la trata de esclavos, la propaganda del Holocausto y del genocidio de Ruanda— constituyen propiamente discurso de odio basado en la identidad étnica o racial, aunque se articularan dentro de marcos políticos. La investigadora Susan Benesch desarrolló el concepto de «discurso peligroso» (dangerous speech) para describir precisamente esta zona de transición: expresiones que, sin constituir necesariamente incitación directa a la violencia, aumentan la probabilidad de que la audiencia acepte o cometa actos violentos contra el grupo señalado.^[10] El filósofo del derecho Jeremy Waldron ha argumentado que en la legislación sobre discurso de odio «el odio es relevante no como la motivación de ciertas acciones, sino como un posible efecto de ciertas formas de discurso»: lo que importa analíticamente no es la intención subjetiva del emisor —que con frecuencia es inaccesible, mixta o racionalizada retrospectivamente—, sino el daño que el discurso inflige a la dignidad y la seguridad del grupo señalado.^[57] Esta perspectiva centrada en el efecto sobre las víctimas —y no en el móvil del perpetrador— ayuda a explicar por qué la frontera entre estigmatización política y discurso de odio resulta con frecuencia indeterminada en la práctica: una misma etiqueta puede funcionar simultáneamente como acusación política y como agresión identitaria, y los tribunales de diversas jurisdicciones han encontrado dificultades persistentes para trazar esa línea.^[57]

Esta indeterminación se acentúa cuando el vehículo de la exclusión no es la raza ni la religión —categorías al menos parcialmente protegidas por la legislación—, sino la «cultura» o el «modo de vida», conceptos que operan como sustitutos funcionales de ambas. El filósofo Étienne Balibar ha argumentado que no existe un racismo único que haya aparecido en un momento dado y deba desaparecer en otro, sino «sucesivas configuraciones ideológicas del racismo», cada una vinculada a una estructura de dominación específica: del antijudaísmo teológico al antisemitismo secular, del racismo biológico al racismo cultural, de la violencia colonial a la discriminación poscolonial. Cada configuración deja un rastro que se incorpora a la siguiente, de modo que el racismo es siempre un «neorracismo».^[58] Balibar ha descrito esta última configuración como un «racismo sin razas» en el que la categoría de «inmigración» sustituye a la de «raza» y la exclusión se justifica no por la inferioridad biológica del otro sino por la supuesta incompatibilidad de las culturas.^[58] La antropóloga Verena Stolcke denominó este fenómeno «fundamentalismo cultural»: una retórica que postula que las culturas son entidades delimitadas, territorializadas e inconmensurables, y que la xenofobia constituye una reacción natural e inevitable ante la presencia de culturas ajenas.^[59] En Dinamarca, Peter Hervik ha documentado cómo la retórica neonacionalista reemplazó progresivamente el discurso racial por un discurso de «valores daneses» —igualdad de género, secularismo, libertad de expresión— que presenta a los inmigrantes musulmanes como culturalmente incompatibles con la sociedad danesa, dificultando la distinción entre crítica política legítima y estigmatización identitaria encubierta.^[60] El modelo de propaganda de Edward S. Herman y Noam Chomsky complementa esta perspectiva desde el análisis de medios: su quinto filtro —la «ideología del miedo»— describe cómo las élites mediáticas y políticas construyen en cada época un enemigo difuso cuya vaguedad conceptual permite aplicarlo a cualquiera que amenace los intereses dominantes; el anticomunismo de la Guerra Fría fue sustituido por la «guerra contra el terrorismo» y, en el ámbito europeo, por la retórica de la «incompatibilidad cultural».^[61] Así, el mecanismo de la estigmatización política se revela como una constante estructural que adapta su vocabulario a las restricciones de cada época —teología, biología, cultura, «valores»— mientras su función —excluir a un grupo del ámbito de la legitimidad— permanece invariable.^[58][59][61]

Los atentados de Noruega de 2011 ilustran las consecuencias extremas de esta dinámica. El terrorista Anders Behring Breivik dirigió su ataque no contra musulmanes sino contra jóvenes militantes del Partido Laborista noruego, a quienes calificaba de «marxistas culturales», «multiculturalistas» y «traidores» responsables de facilitar la supuesta «islamización» de Europa.^[62] El politólogo Jérôme Jamin ha analizado cómo la teoría conspirativa del «marxismo cultural» permitió a la extrema derecha «evitar los discursos racistas y presentarse como defensora de la democracia»: la amenaza se atribuía no al inmigrante por su origen étnico, sino a una ideología política, lo que facilitó la circulación del vocabulario en medios conservadores convencionales mucho antes de que Breivik lo adoptara para justificar el asesinato de 77 personas.^[62] El propio Breivik declaró en su manifiesto que, por «razones pragmáticas» y para mantener «legitimidad», el movimiento debía abandonar los argumentos raciales en favor de un discurso de conservadurismo cultural.^[62] El caso confirma la tesis de Balibar: cuando la estigmatización racial se vuelve políticamente inviable, el vocabulario político la sustituye, cumpliendo la misma función excluyente, pero con una ventaja adicional para sus promotores: al presentarse como debate político legítimo, elude los mecanismos legales y sociales diseñados para combatir el discurso de odio.^[58][62]

La Unión Europea adoptó en 2008 una Decisión Marco sobre «Lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia» que obligó a todos los Estados miembros a tipificar como delito determinadas formas de discurso de odio. Todos los países de Europa Occidental cuentan con legislación contra el discurso de odio, al igual que Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica, entre otros.^[11]

Estas legislaciones tienen su origen histórico en la experiencia del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Países como Alemania, Austria, Polonia y Hungría promulgaron leyes contra el discurso de odio en las décadas posteriores a la guerra, estableciendo el principio de que la protección de la dignidad humana puede justificar restricciones a la libertad de expresión.^[11]

Estados Unidos constituye una excepción notable en este marco jurídico global. La Corte Suprema ha dictaminado reiteradamente que las leyes contra el discurso de odio violan la garantía de libertad de expresión contenida en la Primera Enmienda. La doctrina estadounidense adopta un enfoque de «mercado de las ideas» (marketplace of ideas), según el cual la mejor respuesta al discurso dañino es más discurso, no la censura gubernamental. La protección constitucional solo cede ante la incitación directa a la violencia inminente (estándar establecido en Brandenburg v. Ohio, 1969).^[11]

Esta divergencia ha generado tensiones internacionales. Estados Unidos se ha convertido en la jurisdicción preferida para la creación de sitios web de grupos de odio, precisamente porque la Primera Enmienda los protege de la persecución legal que enfrentarían en Europa o Canadá.^[63]