Crisis postelectoral de Perú de 2021
crisis política ocurrida durante el proceso de las elecciones generales de 2021
From Wikipedia, the free encyclopedia
La crisis postelectoral del Perú de 2021 o desconocimiento de los resultados electorales por el movimiento fujimorista fue una crisis política ocurrida durante el proceso de las elecciones generales de 2021. Se originó por las acusaciones de fraude electoral y las acciones legales correspondientes contra el conteo oficial de votos de la segunda vuelta electoral que se había realizado el domingo 6 de junio bajo los argumentos de una presunta falsificación de firmas de los miembros de mesa y la votación por parte de personas fallecidas.[1] El partido político Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori denunciaron la existencia de un posible «fraude sistemático» en la noche del martes 8 de junio.[2] Durante el desarrollo de la crisis se desencadenó un ciclo de protestas.
Perú| Crisis electoral en Perú de 2021 | ||
|---|---|---|
| Parte de Elecciones generales de Perú de 2021 | ||
|
Enfrentamientos entre partidarios de Pedro Castillo y Keiko Fujimori por el desconocimiento de esta última de los resultados electorales. | ||
| Fecha | 8 de junio de 2021 - 19 de julio de 2021 | |
| Lugar |
Perú | |
| Casus belli | Acusaciones de Fuerza Popular y sus aliados de un supuesto fraude electoral a través de la falsificación de firmas de los miembros de mesa y de votación realizada por personas fallecidas | |
| Resultado | Proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú | |
| Consecuencias |
| |
Las acusaciones fueron desestimadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),[3] el Jurado Nacional de Elecciones (JNE),[4][5] y analistas independientes,[6] por lo que Pedro Castillo Terrones fue proclamado ganador el 19 de julio.[7] A la teoría de la conspiración que, a pesar de carecer de evidencia, sigue sosteniendo que hubo un fraude electoral en 2021 en contra de Fujimori, se le conoce actualmente en el país como «fraudismo».[8][9][10][11][12] El resultado fue que Fuerza Popular obtuviera el permiso del Poder Judicial para que la ONPE elaborara una lista de votantes que se planteaba entregar en 2030 en CD.[13]
Acontecimientos
Durante el conteo de votos, y tras la publicación de los resultados del balotaje de las elecciones generales de Perú de 2021, por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (que arrojaba un resultado favorable para Pedro Castillo), Keiko Fujimori (su oponente), y su partido político, Fuerza Popular, realizaron un esfuerzo sin precedentes para revertir el resultado.[14] Fujimori y sus aliados ─ que forman parte del conservadurismo peruano y que realizaron una campaña electoral ─ promovieron numerosas afirmaciones sin fundamento de que las elecciones les fueron robadas a través de una conspiración comunista internacional,[15][nota 1] una manipulación de las actas electorales,[16] y un supuesto fraude electoral, lo que generó un clima de crisis electoral.[2]
Las acusaciones fueron desestimadas por el organismo electoral peruano,[3][4] y rechazadas por los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos,[17] la Unión Europea,[18] la Asociación Civil Transparencia,[19] IDEA Internacional,[20] entre otras. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado calificando al sistema electoral peruano como «un modelo de democracia en la región», y a las propias elecciones como «libres, justas, accesibles y pacíficas».[21] Por otro lado, varios personajes públicos peruanos (principalmente aliados de Fujimori en el balotaje y políticos de derecha), se negaron a reconocer públicamente la victoria de Castillo, insistiendo en un fraude electoral y llegando a solicitar la repetición de elecciones.[22]
La campaña de Fujimori formuló 945 pedidos de nulidad tras el día de las elecciones,[23] todos los cuales fueron rechazados por los Jurados Electorales Especiales,[24][25] y el Jurado Nacional de Elecciones.[4] La proclamación oficial de Pedro Castillo como presidente electo tuvo lugar el 19 de julio de 2021.[26]
Antecedentes
Acusaciones previas de fraude electoral
Tras la difusión de los resultados preliminares de la primera vuelta, el candidato Rafael López Aliaga (quien quedó en tercer lugar y fuera del balotaje) denunció que no iba a permitir que le «roben» la elección, insinuando un supuesto «fraude electoral» en su contra y señalando como responsables a los organismos electorales, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).[27] Su organización política, Renovación Popular, solicitó la revisión de todas las actas a nivel nacional para reconocer los resultados.[28] El JNE rechazó su apelación para este proceso, debido al envío de la solicitud fuera del calendario electoral y la ausencia de pruebas.[29]
Compromisos electorales durante la campaña
Con el inicio de la campaña del balotaje, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, suscribieron diversos compromisos con la institucionalidad democrática y el respeto al orden constitucional, siendo el más importante de esos la «Proclama Ciudadana», redactada por las iglesias católica y evangélica, junto a organizaciones civiles.[30] El mismo día de la votación, los dos candidatos declararon que respetarían los resultados electorales «por ajustados que estos sean».[31]
Incidentes durante el desarrollo de los comicios
En el desarrollo del escrutinio, se reportaron varios incidentes aislados con respecto a las mesas de sufragio y las cédulas de votación, principalmente el llenado irregular por parte de personeros de ambas organizaciones políticas.[32] En un incidente confuso en Carabayllo (Lima), se acusó a un personero de Perú Libre de escribir líneas irregulares en el área de votación para Fuerza Popular, aparentemente tratando de inducir el voto por Fujimori.[33] En Chiclayo, una personera de Perú Libre escribió las iniciales de su organización política en 256 cédulas de sufragio, teniéndose que emplear el material de reserva.[32] En Tumbes, una personera de Fuerza Popular marcó tres cédulas a favor de Fujimori.[32] En Miraflores (Lima), se reportó la existencia de una cédula marcada a favor de Castillo.[34] En Arequipa, se denunció el impedimento de la entrada de personeros a los locales de votación.[35]
Estallido de la crisis
Publicación de los resultados preliminares (boca de urna y conteo rápido)
Tras la jornada electoral, la encuestadora Ipsos Perú difundió el flash electoral a boca de urna (una encuesta a la salida de los centros de votación) a las 7:00 p. m., donde Keiko Fujimori (50.3%) obtenía una ajustada ventaja sobre Pedro Castillo (49.7%), siendo la situación de un empate técnico. Horas después se dio a conocer el conteo rápido (un conteo de votos en mesas elegidas de forma aleatoria) por parte de la misma encuestadora, en donde Castillo (50.2%) superaba a Fujimori (49.8%), revelando otro empate técnico.
Conteo de votos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
Alrededor de las 11:00 p. m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el primer avance de los resultados oficiales, sobre las actas urbanas más cercanas a los centros de cómputo, donde Fujimori (52.1%) obtenía un resultado superior a Castillo (47.9%). La ventaja inicial de Fujimori se fue reduciendo paulatinamente, conforme se contabilizaban las actas rurales y del extranjero. En la mañana del día siguiente, Castillo adelantó a Fujimori. El 15 de junio, la ONPE difundió los resultados finales en los cuales Castillo (50.1%) superó a Fujimori (49.9%) por apenas 44 mil votos;[36] un margen similar al de las elecciones generales anteriores, donde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski derrotó también a Fujimori.
Primeras acusaciones contra el partido Perú Libre
Tras el sorpasso de Castillo en el conteo oficial de la ONPE, Keiko Fujimori convocó una conferencia de prensa, acusando al partido Perú Libre de una estrategia para «distorsionar o dilatar los resultados» de las elecciones, denunciando un presunto proceso masivo «impugnaciones de actas» por parte de la organización política de Castillo, insinuando «indicios de fraude en la mesa».[2] Luis Galarreta, compañero de fórmula de Fujimori, afirmó que el partido de su oponente Pedro Castillo había realizado un alto número de «impugnaciones» a «actas» electorales en las que Keiko Fujimori saldría favorecida, esto con la finalidad de que dichas actas no puedan sumarse al conteo oficial hasta que no sean primero evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones.[16]
En respuesta, Perú Libre acusó a Fujimori de tener todo «armado», declarando que «jamás incurrió al fraude electoral» y recordando las denuncias del fraude electoral en las elecciones de inicios de siglo, durante el fujimorato.[37]
Estos primeros «indicios de fraude sistemático» fueron rebatidos por los entes electorales nacionales;[3] tras la resolución de los votos impugnados y las actas observadas por los Jurados Electorales Especiales, Pedro Castillo superaba en número de votos a Keiko Fujimori.[36]
Demandas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE)
El 9 de junio, Fuerza Popular anunció la formulación de recursos de nulidad contra 887 actas de sufragio pertenecientes a áreas donde había triunfado Pedro Castillo,[38] alegando presuntas irregularidades como que las firmas de los miembros de mesa no coincidían exactamente con las del padrón del registro civil y la existencia de lazos de consanguinidad entre algunos integrantes de las mesas de sufragio.[39] Estas denuncias fueron calificadas por sectores afines a Perú Libre como una maniobra para «negar el derecho a la participación política de miles de ciudadanos».[40] Fueron 943 recursos de nulidad[24] que, para el 19 de junio, en su totalidad, fueron declarados improcedentes e infundados en primera instancia por la justicia electoral peruana, «descartando cualquier aproximación a lo que pueda considerarse un fraude».[24][25]
Apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
El 23 de junio, los primeros diez recursos de apelación de los pedidos de nulidad de actas electorales fueron rechazados por el Jurado Nacional de Elecciones, por mayoría (y solo con el voto en contra del magistrado Luis Arce Córdova).[41][42] En consecuencia, Arce anunció su decisión de «declinar» a su cargo, acusando al tribunal de «clara parcialización» sobre el proceso electoral en curso, alegando que su decisión buscaba evitar que sus votos en minoría «sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales».[41]
Al día siguiente, el Jurado Nacional de Elecciones suspendió a Arce como miembro titular del organismo,[43] solicitando al Ministerio Público convocar al miembro suplente y rechazando «las expresiones agraviantes» formuladas en su carta de declinación.[44] Víctor Rodríguez Monteza, accesitario de Arce, fue nombrado como su reemplazo.[45] El 7 de julio, la Junta Nacional de Justicia peruana destituyó a Arce por sus presuntos vínculos con el exjuez César Hinostroza, investigado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, tras un proceso disciplinario iniciado en 2020.[46]
De entre las 27 apelaciones referidas a temas de fondo (de 270 apelaciones elevadas al pleno del JNE, 200 correspondían a impugnaciones por nulidades planteadas fuera de plazo y 42 sin presentación del pago de tasa), se encuentran expedientes referidos a presunta falsificación de firmas (no coincidían con la del DNI ni la ficha de Reniec), lo cual, para el JNE, no acredita falsificación de firmas ni configura existencia de fraude electoral (al no resultar suficiente para concluir en una alteración de los resultados de las votaciones).[47][48]
Al respecto, Keiko Fujimori aseveró que "el sistema electoral se ha negado a ver los temas de fondo"; sin embargo, de acuerdo con Convoca Verifica dicha afirmación resultó falsa.[48]
Solicitud de auditoría electoral a la Organización de Estados Americanos (OEA)
El 28 de junio, tras los primeros rechazos de los recursos de nulidad por los tribunales electorales, Keiko Fujimori solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una «auditoría electoral» para revisar los resultados de las elecciones generales, acudiendo a Palacio de Gobierno con un escrito para el presidente Sagasti con la solicitud.[49] Patricia Juárez (excandidata a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular) manifestó que el peritaje internacional era sobre «el fin de informar sobre todas las cosas que han ocurrido» en los comicios.[50] El gobierno peruano rechazó el pedido señalando que la instancia competente era el Jurado Nacional de Elecciones y los informes positivos de los propios observadores electorales de OEA.[51]
El 29 de junio, una delegación compuesta por el economista Daniel Córdova, la excandidata presidencial Nidia Vílchez (del Partido Aprista Peruano, que apoyó a Fujimori en el balotaje) y los congresistas electos Hernando Guerra García (de Fuerza Popular) y Jorge Montoya (de Renovación Popular, que apoyó a Fujimori en el balotaje) viajaron a Washington D. C. para realizar un fallido intento de reunirse con Luis Almagro, Secretario General de la OEA.[52]
Proclamación oficial de los resultados electorales
El 12 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó en instancia definitiva todas las apelaciones presentadas por Fuerza Popular.[4] El día siguiente, la totalidad de Jurados Electorales Especiales realizaron la proclamación descentralizada de los resultados electorales en sus respectivas jurisdicciones.[53] Fujimori reconoció su derrota el 19 de julio.[54] Ese mismo día, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente a Pedro Castillo como presidente electo.[26]
Archivo de denuncias por parte del Ministerio Público
El Ministerio Público archivó las denuncias por los supuestos delitos de falsificación de firmas por parte de miembros de mesa, todas las denuncias sobre falsificación fueron remitidas por el JNE a las fiscalías provinciales.[55][56]
Desarrollo
Difusión de noticias falsas
Desde el inicio de la campaña electoral se difundieron noticias falsas, tanto notas sobre los candidatos presidenciales y sondeos de opinión sin sustento.[57][58][59] En respuesta, el Jurado Nacional de Elecciones instaló un Comité Técnico de Fact Checking para detectar noticias falsas en las redes sociales, con el fin de «proteger la transparencia de los comicios y un adecuado y correcto acceso a la información».[60] No obstante, durante las últimas semanas previas el balotaje, se lanzaron ataques con noticias falsas contra los organismos electorales (como la supuesta existencia de «votantes muertos» o presuntas negativas para aceptar observadores internacionales).[61] Dicha situación fue advertida por diversos organismos nacionales e internacionales como una «preocupante y peligrosa campaña» de desprestigio contra el sistema electoral peruano y el terreno para reclamos de fraude de cualquiera de los candidatos tras la elección.[31] El exjefe de la ONPE Fernando Tuesta valoró la situación como un intento no visto antes de deslegitimación del proceso electoral, calificando de «imposible» la existencia de un fraude.[61]
Protestas en Perú de 2021
Tras la divulgación del conteo rápido y de los primeros resultados oficiales, se sucedieron protestas por parte de simpatizantes tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular.[62] En medio de las acusaciones de un supuesto fraude y el final del conteo de votos, tuvieron lugar marchas y protestas casi a diario, principalmente en la capital peruana (Lima).[63] Además de los propios simpatizantes de Fujimori, grupos opositores a Castillo (movilizados por «miedo al comunismo» o «aversión a la izquierda») compuestos por anticomunistas, ultraderechistas e hispanistas se movilizaron exigiendo la anulación de las elecciones.[64] Asimismo, causó controversia la presencia de miembros de las rondas campesinas (simpatizantes de Castillo) portando machetes durante una movilización en la plaza San Martín.[65] La demora en la proclamación de resultados y las acusaciones de un supuesto «fraude» y «robo» en los comicios han propiciado un clima de crispación y polarización poselectoral.[66]
Intentos de anulación de las elecciones
Las declaraciones de Fujimori sobre la posibilidad de revocar las elecciones se describieron como inspiradas por los intentos de revocar las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 por parte del expresidente estadounidense Donald Trump.[67][68][69]
El 18 de junio, el expresidente de la Corte Suprema Javier Villa Stein presentó una demanda de amparo al calificar de «cuestionada» la votación en el balotaje, alegando un supuesto «proceso electoral viciado por diversos actos que menoscaban la voluntad popular» y demandando al Poder Judicial «declarar nula la elección».[70] Ante dicho pedido, el abogado Renán Galindo Peralta solicitó rechazarlo de plano al considerarlo improcedente por situarse «al margen de la Ley Orgánica de Elecciones» y por carecer el Poder Judicial de competencias para anular elecciones.[71] El 26 de junio, la demanda fue declarada improcedente.[72]
Invocaciones a un «golpe de Estado»
Durante y tras el conteo de votos se difundieron rumores de un posible golpe de Estado contra el presidente Francisco Sagasti o el propio Castillo, si es que fuera declarado ganador oficial de las elecciones presidenciales.[67] En una carta firmada por casi un centenar de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas peruanas se pedía a los actuales líderes militares peruanos se negaran a reconocer la elección de Castillo a la presidencia.[67][73] El presidente Sagasti condenó la carta, señalando que intentan «incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho».[67][74]
Difusión de los «vladiaudios»
Pocos días después de la «declinación» de Luis Arce, el excandidato presidencial Fernando Olivera presentó, en una conferencia de prensa realizada en instalaciones de su partido Frente de la Esperanza 2021, grabaciones de Vladimiro Montesinos (exjefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional peruano durante el fujimorato) donde proponía sobornar a miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones para que resolvieran favorablemente los recursos presentados por Fuerza Popular.[75] A raíz de la difusión de esos audios, la Fiscalía peruana inició una nueva investigación contra Fujimori.[76]
Investigación por financiamiento en la anulación de votos
En 2023, el Ministerio Público anunció una investigación a dirigentes de Fuerza Popular para conocer el origen del financiamiento de más de un millón de soles para la revisión de firmas de los votos supuestamente cuestionados.[77]
Reacciones
Personajes públicos
Lourdes Flores Nano, lideresa del Partido Popular Cristiano (partido que apoyó a Fujimori en el balotaje), sostuvo haber realizado su propio análisis sobre ciertas actas electorales, concluyendo que existió un mecanismo para inclinar «la votación de manera indebida» a favor de Pedro Castillo.[78] Rafael López Aliaga, excandidato presidencial por Renovación Popular quien endosó su apoyo a Fujimori en el balotaje, opinó que la segunda vuelta o balotaje debería volver a realizarse[22] porque «hay un fraude que ya no se puede tapar».[79] Alfredo Barnechea, excandidato presidencial por Acción Popular, afirmó que las irregularidades detectadas «son masivas» y que por ello el balotaje debería repetirse con observación internacional o de lo contrario quien salga electo «no tendrá ninguna legitimidad».[80] El escritor peruano radicado en España Mario Vargas Llosa se mostró a favor de que las autoridades electorales revisen con detenimiento las actas impugnadas precisando que lo importante es tener como presidente «a quien la mayoría de los electores peruanos ha elegido y no a un presidente fraudulento».[81] El expresidente de Colombia e integrante del foro internacional IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) Andrés Pastrana afirmó que «hay serios indicios que Venezuela tiene sus manos metidas en el sistema electoral peruano», sugiriendo realizar una auditoría internacional a los resultados electorales.[82]
El expremier Salvador del Solar señaló que «no hay base legal para denunciar fraude ni para pedir nuevas elecciones».[83] El periodista César Hildebrandt señaló que al desconocer el resultado de las elecciones, «lo que está haciendo Keiko Fujimori equivale a un golpe de Estado blando», calificando a las denuncias de supuesto fraude de Fujimori como «trumpismo andino», una analogía a las reacciones del expresidente estadounidense Donald Trump tras su derrota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.[84] El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, declaró que «no hay ningún indicio de fraude» en los comicios peruanos.[19] Verónika Mendoza, excandidata presidencial quien endosó su apoyo a Castillo en el balotaje, calificó los pedidos de nulidad de Fuerza Popular como intentos para desconocer los resultados electorales y «golpear la democracia».[85] Tras la «declinación» del magistrado Arce, el excandidato presidencial George Forsyth la atribuyó como parte de la preparación de un «golpe de Estado» y que el propio Arce estaba «atentando contra la democracia».[86]
Medios de comunicación
Durante la crisis postelectoral, la televisora conservadora Willax TV promovió la hipótesis del fraude electoral en contra de Fujimori. Inclusive, Willax transmitió en vivo y convocó a su público a asistir a las manifestaciones, caravanas y mítines organizados por los defensores de la teoría del fraude en los fines de semana de junio y julio bajo el nombre de "Respeta mi voto".[87][88][89][90][91][92] El 15 de junio, el presentador de Willax Phillip Butters llegó a incentivar a tomar el Palacio de Gobierno de Lima y desalojar al presidente Sagasti.[93]
En el programa dominical Cuarto Poder de América Televisión se entrevistó al exmarino Arturo Arriarán Schaffer, presentado como "criptoanalista", como defensor de la teoría del fraude.[94][95] Semanas después, se conoció que el entrevistado fue sugerido y contactado por el fujimorista Carlos Raffo Arce.[95][96][94] En octubre de 2021, la periodista Mávila Huertas reveló que la polémica entrevista a Arriarán motivó que presentara su renuncia a Cuarto Poder, pero esta no fue aceptada.[97][98] Consultado al respecto, el director periodístico de América TV, Gilberto Hume, respondió ante el Washington Post "¿Cuál es el problema que yo presente a un loco que habla locuras? Es divertido ¿Cuál es el problema? Simplemente lo que le molesta a las redes y a mucha gente es que el tipo estaba a favor de Keiko Fujimori".[95]
Observadores electorales
: la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos describió al balotaje como «un proceso electoral positivo» sin «graves irregularidades»;[99] tras los recursos de nulidad presentados por la campaña de Fujimori, enfatizó que el sistema electoral peruano «cuenta con garantías del debido proceso».[100] Asimismo, calificó de «insólita renuncia» la declinación de Arce y valoró el accionar del máximo tribunal electoral peruano como «con apego a la ley y a los reglamentos vigentes».[17]
: la misión observadora de la Unión Europea en Perú publicó un comunicado donde calificó el desarrollo del balotaje como «libre y democrático» y ratificó su confianza en las autoridades electorales para la resolución de los recursos presentados por Fuerza Popular.[100]- La Asociación Civil Transparencia señaló que el balotaje se desarrolló con normalidad, reiterando que «no [se] ha encontrado indicio alguno de fraude en las elecciones del pasado 6 de junio».[101] Asimismo, resaltó que sobre ese punto «han coincidido las misiones internacionales de observación electoral y la Defensoría del Pueblo».[101]
- La Defensoría del Pueblo del Perú aseguró que, durante su supervisión electoral, «no se ha advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular».[101]
- IDEA Internacional invocó en comunicado a desestimar el hostigamiento y animó en «buscar resultados legítimos cuanto antes».[102]
Organizaciones gubernamentales
- La Oficina Nacional de Procesos Electorales aseguró que el conteo de votos se realizó con transparencia, rechazando las aseveraciones de Andrés Pastrana y calificándolas de «fake news».[103] Asimismo, enfatizó las declaraciones observadores internacionales, quienes precisaron que el proceso electoral «fue organizado de manera correcta y exitosa de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales».[104]
El Departamento de Estado estadounidense calificó al sistema electoral peruano como «un modelo de democracia en la región» y a las propias elecciones como «libres, justas, accesibles y pacíficas»,[21] aunque también estimó necesario «que se dé tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana».[105]
- El Poder Judicial (aludido en la carta de declinación de Arce) emitió un comunicando calificando a sus acusaciones como «expresiones contrarias a la realidad» y «consideraciones jurídicas inaceptables y acusaciones sin fundamento».[106]
Análisis
Análisis estadísticos
Un análisis estadístico de la empresa Ipsos Perú sobre los resultados publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales no encontró evidencia de una distribución atípica de votos, ni en determinadas zonas geográficas ni para un candidato en particular.[107] El análisis de Ipsos se concentró en la identificación de resultados atípicos (outliers) tanto en los resultados del conteo rápido de la misma empresa realizado el mismo domingo 6 de junio como en la totalidad de los resultados oficiales publicados por la ONPE.[6] Caso similar ocurrió con el portal Convoca, en que se recurrían exposiciones falsas como electorales fallecidos, extranjeros en las urnas y encuestas ficticias, que fueron adoptados de otros países como Colombia y España.[108] Asimismo, el 16 de junio el ingeniero de sistemas Francisco Javier Rodríguez Arias publicó un reporte que intentaba detectar actas electorales "estadísticamente atípicas", quien hacía énfasis en que ciertas actas "sean atípicas no significa que sean imposibles, solo que son menos probables", y concluyó que si se dejaran de contabilizar las actas estadísticamente atípicas la diferencia de votos a favor de Perú Libre disminuiría pero no altearían el resultado.[109] Respecto de las actas anuladas por las autoridades electorales, Rodríguez Arias agregó que "[n]o se puede determinar que haya un sesgo en esta anulación de votos que pudiera afectar el resultado final".[109]
Los análisis estadísticos realizados no permiten comprobar ni descartar que haya habido algunas actas manipuladas. Sin embargo, no se encuentra evidencia de una concentración atípica de casos, ni en determinadas zonas geográficas ni para un candidato en particular.
Los resultados de la segunda vuelta no se alteran si se eliminan del conteo los casos atípicos para ambos candidatos. Si se eliminan todas las actas con 0 votos para uno y otro candidato, la diferencia se reduce en 11,825 votos, pero tampoco se altera el orden de los resultados.
Si se compara la distribución de los votos del 2021 con la distribución de votos de las elecciones del 2016, se identifica un patrón similar de casos atípicos y una proporción similar de votos blancos y nulos.
Este análisis no pretende determinar si ha habido irregularidades en determinadas actas que motivarían que estas sean anuladas, labor que corresponde efectuar al Jurado Nacional de Elecciones.Ipsos Perú (2021, p. 34)
El 21 de junio de ese año, un conjunto de académicos y científicos peruanos publicó un pronunciamiento mediante la plataforma Científicos.pe en que criticaba el uso irresponsable de análisis estadísticos durante la crisis postelectoral.[110] El pronunciamiento, firmado por 24 profesores universitarios e investigadores doctorales de universidades peruanas y del extranjero, concluía que "tras una valoración objetiva de los métodos, los únicos análisis robustos presentados hasta la fecha han sido el de IPSOS y el del profesor-Investigador Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico. [...] Ambos análisis no encontraron evidencia de fraude en la segunda vuelta electoral para la presidencia de Perú".[110]
En junio de 2026, en medio de la campaña de las elecciones generales 2026, el economista Carlos César Chávez Padilla de la Universidad de Chicago hizo público un reporte suyo elaborado en 2024 en que aplicaba distintas metodologías estadísticas utilizadas para detectar indicios de fraude en una elección a los resultados públicos de la segunda vuelta 2021: el análisis de huellas distributivas, las pruebas de uniformidad del último dígito, la regresión ecológica que compara los resultados de la primera y la segunda vuelta, y la comparación de la distribución geográfica de las actas impugnadas versus las actas no impugnadas.[111] Ninguno de los varios métodos aplicados por Chávez Padilla identifica patrones que sean indicios de manipulación electoral.[111]
Análisis políticos
Los cientistas políticos Steven Levitsky y Alberto Vergara advirtieron de un eventual «golpe electoral».[112][113][114] En su opinión, los perdedores de las elecciones liderados por Fujimori y sectores empresariales intentaban desconocer los verdaderos resultados electorales de manera antidemocrática. Los intentos de revocar las elecciones fueron calificados como «trumpismo andino»,[84] en analogía a las acciones del expresidente estadounidense Donald Trump tras su derrota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.[84][67][68][69] La atribución a una imitación de la conducta de Trump fue también realizada por Levitsky y Vergara,[112] y por la historiadora estadounidense Anne Applebaum.[115]
De acuerdo con el análisis de Verónica Hurtado, la estrategia del fujimorismo en 2021 para cuestionar los resultados electorales incluyó usar el término "fraude", cuestionar ampliamente todo el proceso electoral, manifestaciones y marcas ("Respeta mi voto"), múltilples recursos legales, todo lo que le aseguró un impacto profundo y duradero. A su juicio, el terreno fértil crucial es la masiva desconfianza de las instituciones en la sociedad peruana.[116]
De manera retrospectiva, el abogado liberal Gino Costa, excongresista y exministro, infiere que el desenlace de las elecciones de 2021 fue un Ejecutivo sometido a la coalición parlamentaria conformada por el llamado Bloque Democrático.[117] Por su parte, la periodista y abogada liberal Rosa María Palacios considera que la crisis fraudista hizo que "[m]illones de electores vieron una y otra vez que una elite limeña los despreciaba y los insultaba por ejercer un derecho: votar".[118] El fiscal José Domingo Pérez incluyó el caso del «fraude electoral» en el capítulo «Actividades contrarias a los principios democráticos: instrumentalización del fraude electoral como estrategia de captura del poder y deslegitimación del sistema democrático» en el informe de investigación al partido Fuerza Popular dirigido a la fiscal de la nación, Delia Espinoza.[119]
Consecuencias de la crisis
Opinión pública
En una encuesta realizada por Datum Internacional, un 65% de encuestados (tanto votantes de Pedro Castillo como de Keiko Fujimori) creía que existían «indicios» de fraude en las elecciones.[120][121] No obstante, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos arrojó que un 66% de encuestados consideraba que Pedro Castillo había triunfado en el balotaje.[122] Una encuesta de Ipsos Perú sobre el desempeño de ambos contendores tras las elecciones mostraba un 47 % de desaprobación para Pedro Castillo, comparado a un 65 % de desaprobación para Keiko Fujimori.[123]
Comisión de investigación parlamentaria
Instalado el nuevo Congreso elegido en las elecciones generales 2021, de mayoría opositora a Castillo, se decidió el 19 de agosto de 2021 la creación de una comisión investigadora ad hoc sobre el proceso electoral. La comisión estuvo presidida por el congresista Jorge Montoya (entonces de Renovación Popular, opositor) e integrada, además, por Roselli Amuruz (Avanza País, opositora), Raúl Doroteo (Acción Popular), Gladys Echaíz (originalmente de Alianza por el Progreso, opositora), Martha Moyano (Fuerza Popular, opositora), Waldemar Cerrón (Perú Libre, oficialista) y Sigrid Bazán (originalmente de Juntos por el Perú, oficialista);[1] por lo que fue conocida como "Comisión Montoya" o "Comisión del fraude". Durante la crisis postelectoral, en junio y julio de 2021, Montoya había sido un defensor de la hipótesis del fraude electoral e, inclusive, viajó junto con otros políticos conservadores a la ciudad de Washington D. C. para solicitar la intervención de la Organización de los Estados Americanos.[124] Esta comisión presentó sus informe finales en marzo y mayo de 2022,[1] con un informe en mayoría coordinado por Montoya y uno en minoría coordinado por Bazán.[125][126] El Informe Montoya denunciaba una serie de irregularidades que algunos interpretaron como soportando la teoría del fraude e inclusive afirmando que la elección de Castillo sería nula o ilegítima.[1][127][128] Por su parte, el Informe Bazán negaba la existencia de fraude citando los numerosos informes de observadores internacionales.[129][125][126] La existencia de la comisión fue muy criticada por la prensa por haber supuesto un gasto público de alrededor de S/ 200 000,[130][131] mientras que el informe en mayoría de Montoya fue criticado por no concluir claramente si había ocurrido o no un fraude electoral y apenas concluir que diversos organismos debían iniciar investigaciones sobre las supuestas irregularidades denunciadas.[132][133] Ante esas críticas, Montoya respondió "yo nunca hablé de fraude, nunca", lo que a su vez fue desmentido por la prensa.[134][135] En junio de 2024, Montoya explicó la posición de su informe aclarando que «nosotros nunca calificamos con la palabra “fraude”, dije “irregularidades”».[136] Por su parte, el fujimorista Fernando Rospigliosi argumentó en mayo de 2022 que el Informe Montoya comprobaba la existencia de un fraude.[137]
El sistema electoral, con excepción de RENIEC, se cierra [sic] ante la posibilidad de fraude o, incluso, de reconocer irregularidades en el proceso electoral. (p. 27)
[...]
Hasta el momento, no ha sido posible verificar las denuncias de fraude electoral. Por el contrario, algunas de ellas, como la presunta votación de electores fallecidos ha sido descartada en lo que va de la investigación.
Asimismo, la denuncia de falsificación de firmas no ha tenido una presentación y desarrollo coherentes. Se inicia al advertir diferencia entre las firmas consignadas en las actas electorales en comparación con las registradas en las fichas del RENIEC, empero no se explica la forma ni la modalidad de implementación del supuesto fraude electoral; más aún, excluye del supuesto fraude a los integrantes de la mesa de sufragio, lo que obliga a explicar de qué forma se habría procedido a cambiar las actas electorales para alterar el resultado de la votación. Por su parte, los informes de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones que, en algunos casos, incluyen fotografías de los integrantes de las mesas de sufragio contradicen la denuncia de fraude electoral.
En todo caso se está desarrollando un peritaje sobre una muestra de actas electorales para tener un elemento de juicio adicional para confirmas [sic] o descartar la falsificación de las firmas.
Las modalidades fraudulentas que se conocen, descritas en las sentencias condenatorias por delitos contra la voluntad popular, no han sido denunciadas en las Elecciones Generales 2021 y no ha sido posible investigar su posible existencia por el limitado tiempo y porque se requiere de herramientas utilizadas, principalmente, a nivel fiscal. (pp. 28-29)
[...]
La investigación efectuada acerca de la organización del proceso electoral no ha podido ser exhaustiva debido al escaso personal y la cantidad enorme de información a procesar. Sí, cabe anotar algunas irregularidades advertidas, algunas de las cuales se encuentran pendientes de evaluar mediante el peritaje de actas electorales. (p. 56)Informe Final en Mayoría, Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021[1]
Ambos informes fueron rechazados y archivados por el Pleno del Congreso en junio de ese año,[138] lo que fue lamentado por Montoya.[139] Durante el debate, se produjo un incidente porque la congresista progresista Susel Paredes calificó más bien a la comisión investigadora como "un fraude".[140][141] Finalmente, en una sentencia de agosto de 2023, el Tribunal Constitucional declaró nulas todas las actuaciones de la Comisión Montoya.[142][143]
Otros procedimientos parlamentarios
Durante el periodo parlamentario 2021-2026, se han realizado distintas acciones adicionales a la Comisión Montoya para reformar las reglas electorales y constitucionales así como de juicio político contra las autoridades electorales, promovidas especialmente por miembros de la mayoría conservadora del llamado Bloque Democrático. En febrero de 2024, el portal Convoca identificó 29 iniciativas legislativas que tenían como objetivo modificar las reglas electorales, principalmente promovidas por Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.[144] En diciembre de 2024, el Pleno del Congreso aprobó una modificación legal propuesta por el fujimorista Fernando Rospigliosi que obligaba a la conservación de las cédulas de votación utilizadas en los procesos electorales por un periodo de tres meses (anteriormente, las cédulas eran destruidas después del conteo de votos en cada mesa) y creaba la figura de un posible recuento de votos en ciertas circunstancias.[145][146][147] Tal modificación de la ley de elecciones fue luego promulgada por el gobierno de Dina Boluarte en enero de 2025.[148][149] También se presentaron iniciativas legislativas que restituían la entrega de copias de las actas electorales a las Fuerzas Armadas que había sido abolida durante el gobierno de Alejandro Toledo,[150][151][152] aunque no prosperaron.
En la primera mitad de 2022, se presentaron acusaciones constitucionales para iniciar un juicio político por supuesta infracción a la constitución contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, por haber propuesto y votado a favor de declarar la suspensión del fiscal Luis Arce Córdova durante la crisis postelectoral de 2021, quien se había negado a participar de las sesiones del pleno del JNE.[153] La defensa de Salas Arenas sostuvo que el juicio político era inaplicable puesto que se refería a acciones realizadas en su condición de miembro del JNE y no como juez de la Corte Suprema.[154] En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso medidas provisionales de protección a favor de Salas Arenas en 2023 por haber sufrido amenazas contra su integridad personal.[155][156] En octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobó una acusación constitucional diferente contra Salas Arenas por haber cometido una supuesta negociación incompatible en contrataciones del Jurado en hechos que no estarían relacionados con las elecciones 2021.[157][158][159]
El informe de la Comisión Montoya ya había propuesto en marzo de 2022 una reforma constitucional para incluir a los altos funcionarios del sistema electoral (jefe del Reniec, jefe de la Onpe y miembros del JNE) como sujetos pasibles de juicio político por supuesta infracción a la constitución, pues actualmente no se hallan comprendidos en ese procedimiento.[160] De efectuarse, una mayoría del Poder Legislativo podría destituir a estos altos funcionarios. En 2024, la Comisión de Constitución aprobó un proyecto de reforma de la Constitución con el mismo objetivo.[161][162] En una sentencia de 2023, el Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora, había ya recomendado la inclusión de las autoridades electorales en la figura del juicio político.[163][164] Salas Arenas consideró estos procedimientos en su contra y propuestas de reforma como evidencia de que "un sector del Congreso está atacando a la institucionalidad democrática, porque quieren someter a los jueces electorales al juzgamiento de los políticos".[156][165] Adicionalmente, a fines de 2024 el Pleno del Congreso aprobó en primera votación una reforma constitucional que cambiaba la forma de designación del presidente del Jurado,[166][167] propuesta también inicialmente formulada por el Informe Montoya, aunque luego la reforma no fue ratificada en segunda votación. Por su parte, la congresista conservadora Gladys Echaíz presentó un proyecto de reforma constitucional para que los jefes de Onpe y Reniec, actualmente nombrados por la Junta Nacional de Justicia, pasaran a ser nombrados por el Jurado Nacional de Elecciones.[168]
Testimonios adicionales
En 2023 y 2024, tres personas que estaban siendo investigadas por acusaciones de corrupción mencionaron ser supuestos testigos de contubernios de las autoridades electorales para realizar un fraude electoral. Las declaraciones fueron resaltadas por algunos medios de comunicación y políticos conservadores.[164] En primer lugar, el programa de televisión Punto Final reveló que en 2023 Salatiel Marrufo, exfuncionario del Ministerio de Vivienda investigado por casos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, afirmó que durante la crisis postelectoral la entonces candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte realizó coordinaciones con diversos partidarios de Perú Libre "para asegurar que los magistrados del JNE Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar voten en contra de que se amplíe el plazo para admitir las impugnaciones de Fuerza Popular".[169] Al respecto, el presidente del Jurado, Jorge Salas Arenas, afirmó en un comunicado público no haber participado en ninguna coordinación clandestina con representantes de los partidos durante el desarrollo de los procedimientos de impugnación de actas.[170] En segundo lugar, hechas públicas las afirmaciones de Marrufo, el empresario Zamir Villaverde, aspirante a colaborador por el caso de corrupción sobre Puente Tarata, respaldó las declaraciones de Marrufo y añadió que Bruno Pacheco, asesor de Pedro Castillo, habría realizado coordinaciones con Salas Arenas.[171][172] Ni Villaverde ni Marrufo ofrecieron evidencia que respaldara sus afirmaciones. Finalmente, Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal Patricia Benavides, investigado y aspirante a colaborador eficaz por el caso La Fiscal y su cúpula, afirmó en una declaración fiscal que habrían existido coordinaciones entre el juez Salas Arenas y el fiscal anticorrupción Rafael Vela para favorecer a Pedro Castillo durante la crisis postelectoral, lo que fue destacado por Keiko Fujimori.[173] No se conoce que Villanueva, cuyas afirmaciones han sido gravemente cuestionadas,[174][175][176] haya ofrecido tampoco ninguna evidencia de esa afirmación. Al respecto, Salas comentó: "La verdad es que no he llevado la cuenta exacta, pero este debe ser el sexto —si no es séptimo— caso en el que se urde una narrativa fantástica sobre la posibilidad de un fraude que involucra, desde luego, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones con distintos otros personajes".[177]
Orden judicial en proceso de habeas data
En diciembre de 2025, como parte de uno de los procesos de habeas data iniciados por Fuerza Popular en 2021 durante la crisis postelectoral, la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales "entregar las listas de electores por mesa de sufragio, utilizadas en la segunda vuelta electoral" 2021 a Fuerza Popular.[178] Sin embargo, la ONPE consideró inicialmente la orden judicial como materialmente inejecutable por razones técnicas, legales y presupuestales: según el organismo, se correría el riesgo de vulnerar el secreto del voto de los ciudadanos, y sería necesario censurar y luego imprimir "más de 2 millones y medio de páginas".[179] La posición del organismo electoral fue condenada por medios conservadores como Expreso y Canal B.[179][180]
Finalmente, en marzo de 2026, el organismo electoral anunció que cumpliría con una versión precisada de la orden judicial y pondrían a disposición de Fuerza Popular las listas de electores de 2021, aunque tras un proceso de ocultamiento de las huellas digitales, firmas manuscritas y fotografías. Informó, asimismo, que si Fuerza Popular requiriera de copias físicas de dichos documentos debería cubrir los gastos administrativos de impresión calculados en 17 millones de soles.[181][182][183][184][185] En respuesta, dicho partido político cuestionó que se ocultaran las firmas y huellas, y calificó como "barrera económica" el costo de 17 millones de soles.[186][187] Fujimori añadió, en declaraciones a Exitosa, que, después de las elecciones generales 2026, ella y su partido evaluarían pagar esos costes de impresión utilizando el presupuesto de financiamiento público directo.[188] Independientemente de esas posibles impresiones, la digitalización y el ocultamiento de firmas tendrá un costo operativo de 28 millones de soles según Infobae.[189]
Teoría de la conspiración
A pesar del tiempo transcurrido y de la ausencia de evidencia, numerosos políticos (especialmente ligados al llamado Bloque Democrático), medios de comunicación conservadores y cuentas anónimas en redes sociales siguen afirmando reiteradamente que habría existido un fraude electoral a favor de Pedro Castillo en 2021.[5][171][152][164][178] Esta teoría de la conspiración ha pasado a conocerse como fraudismo[8][10][12] o como «narrativa del fraude».[190][5][191] De acuerdo con algunos analistas políticos, la prevalencia de esta teoría conspirativa estaría correlacionada con el sentimiento anticomunista,[192] con el consumo de noticias falsas,[8] con la teoría de la conspiración sobre la «mafia caviar»[191] y con la práctica de "terruquear" (es decir, llamar "terruco" o "terrorista" al adversario político).[191][193][194] Adicionalmente, se ha mencionado como factores que han permitido la prevalencia del fraudismo, a la desconfianza social en las instituciones y la polarización política en el país,[116] así como al apoyo de otros grupos políticos extranjeros como el español Vox.[195][196] Las versiones de esta teoría varían entre sí el supuesto fraude se habría producido en la segunda vuelta (versión ligada a simpatizantes fujimoristas) o en la primera vuelta (versión defendida por el excandidato Rafael López-Aliaga).[195]
En mayo de 2022, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, afirmó que el fraude habría resultado comprobado por el Informe de la Comisión Montoya.[137] En enero de 2025, Rospigliosi, siendo ya congresista de la República y presidente de la Comisión de Constitución, reiteró la existencia de un supuesto fraude electoral en la elección 2021.[197] Asimismo, el líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, entonces alcalde de Lima, afirmó en un evento en Argentina en diciembre de 2024 que Castillo había sido elegido con fraude.[198][194] La misma Keiko Fujimori, candidata perdedora en esa elección y lideresa de Fuerza Popular, reafirmó la narrativa del fraude al alegar en un mitin de marzo de 2025 por el 15° aniversario de su partido que "ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos".[199] Del mismo modo, tanto Fujimori como el congresista y exmarino José Cueto (de la bancada Honor y Democracia) reaccionaron considerando confirmatorias las declaraciones de Salatiel Marrufo y Zamir Villaverde hechas públicas a mediados de 2024.[171][200] Cueto contó al respecto que "siempre he pensado que hubo fraude en las elecciones del 2021".[200] Fujimori continuó asegurando en marzo de 2026 que "seguimos creyendo que en el proceso electoral del 2021 hubo irregularidades, [...] que hubo situaciones que debieron investigarse con mayor profundidad".[201][202]
La fujimorista Martha Moyano, entonces presidenta de la Comisión de Constitución, sostuvo en un tuit de febrero de 2024 que "Lo dijimos siempre!! Lo dijimos en mítines, en plazas y, por todos los medios posibles !! hubo fraude".[203] Del mismo modo, el periodista conservador Aldo Mariátegui escribió en enero de 2026 que la similitud de los resultados electorales entre las elecciones presidenciales 2016 y 2021 era, a su criterio, de una probabilidad de ocurrencia "extremadamente baja" y que, por ello, las elecciones 2021 "siempre me apestarán a fraudes".[204] Inclusive iniciada ya la campaña electoral 2026, en enero de ese año, el candidato al Senado por Fuerza Popular Carlos Mesía sostuvo que en 2021 "sí hubo fraude, totalmente, estoy completamente convencido".[205] Lo mismo fue afirmado sin pruebas por la fujimorista Martha Chávez en noviembre de 2025, también candidata al Senado por Fuerza Popular para 2026,[206] quien en marzo de 2026 afirmó sin pruebas que también habría habido contra Fujimori en las elecciones generales 2016.[207] En enero de 2026, César Alfredo Vignolo, candidato a senador por Renovación Popular, declaró también que las elecciones de 2021 fueron un "un fraude evidente porque Castillo no llegó a tener los votos necesarios".[208] En febrero de ese mismo año, Miguel Torres, jefe de campaña y candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, anunció que su partido estaba preparando un "ejército de personeros", puesto que "a nosotros no nos vuelven a robar una elección".[209]
A finales de 2024, los portales Epicentro TV y Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) analizaron la difusión en la plataforma X (antes conocida como Twitter) de mensajes que reproducían la narrativa del fraude por parte de influenciadores de derecha política y cuentas anónimas a lo largo de ese año, encontrando que "los escribanos [sic] del fraude aprovechan cada nuevo episodio para resucitar la historia del fraude y la supuesta gestión de Salas Arenas para consumarlo".[190] Dicho reportaje encontró que el principal evento disparador de esos mensajes y consignas en 2024 fue la difusión del testimonio de Marrufo, y que los mensajes se concentraban en tres tópicos o temas: la no probada votación de ciudadanos ya fallecidos en las elecciones 2021, los falsos vínculos del juez Jorge Salas Arenas con Sendero Luminoso y la desmentida existencia de firmas falsificadas en las actas electorales de la segunda vuelta de 2021.[190]
Véase también
Notas
- No es la primera vez que se aprecia un fenómeno de la coalición de la derecha política contra los espectros ajenos a ella, al menos desde los años 2000. Para un mejor entendimiento sobre el fenómeno conspirativo que denotó al divisionismo, véase Izquierda caviar en el Perú.
