Gobierno de Ernesto Samper

En 1995, se inició una investigación y un proceso judicial conocido como Proceso 8000, al ser acusado Samper de haber utilizado dinero procedente del narcotráfico para financiar su campaña electoral. Las denuncias contra el presidente Samper, iniciaron antes de su elección con base en unas grabaciones (conocidas como los narco-casetes) obtenidas por su rival político Andrés Pastrana, (posteriormente elegido presidente de la República de Colombia), que fueron reveladas por el Gobierno de entonces, liderado por el presidente Gaviria; sin embargo no se abrieron investigaciones sino unos meses después de la posesión de Samper, debido a que Mónica de Greiff, hija del entonces fiscal Gustavo de Greiff Restrepo, era asesora de campaña de Samper.

Tan pronto se conoció tanto los resultados como los narco-casetes, inmediatamente, Samper negó su participación siendo llevado por la presión pública a solicitar la apertura de un proceso de investigación, cuyos primeros resultados mostraron claramente que todo el cuadro directivo de la campaña estaba relacionada con dicha financiación y cercanía con el Cartel de Cali.

Adicionalmente, el exgerente de la campaña (posteriormente ministro de Defensa) y el extesorero de la campaña, Fernando Botero Zea (hijo del pintor Fernando Botero) y Santiago Medina respectivamente, fueron encarcelados y posteriormente juzgados por haber sido los autores de los delitos de lavado de activos y hurto agravado comprobándose que efectivamente recibieron, manejaron y utilizaron el dinero en provecho de la campaña y propio. Algunos parlamentarios de distintos partidos involucrados a la campaña fueron igualmente vinculados al proceso.

Sin embargo, Samper, como cabeza de la campaña, siempre negó su responsabilidad y en diversas entrevistas declaró reconocer que su campaña fue penetrada por dineros del narcotráfico aunque a sus espaldas. El proceso contra Samper en sí fue precluido (ni culpable ni inocente) por el Congreso.

El consiguiente escándalo repercutió gravemente en la imagen pública del presidente a nivel nacional e internacional. Durante el desarrollo del proceso 8000, la capacidad de Samper para atender los asuntos del estado se vio notablemente afectada, ante la presión social y mediática generada, siendo notable la intervención de las altas jerarquías de la Iglesia católica.^[5] Además el gobierno de los Estados Unidos a través del embajador Myles Frechette descertificó a Colombia en su lucha antidrogas además de cancelar su visa.^[6]

En julio de 1998, durante su discurso de instalación del nuevo Congreso de la República, Samper reconoció que habían entrado dineros de la mafia a la campaña que lo llevó a la Presidencia en 1994: “Así lo confirman las confesiones de quienes la manejaron administrativamente y las pesquisas de la justicia”.^[7]

Personalidades notables como exministros y excandidatos presidenciales como Álvaro Gómez Hurtado, este último asesinado, crimen sobre el cual el mismo Samper fue vinculado por la fiscalía, en otra investigación cuyo avance nunca se dio pese a ser acusado recientemente por varios criminales sometidos a la justicia.^[8][9]