Historia de la Universidad Nacional de La Plata
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La historia de la Universidad Nacional de La Plata comprende más de un siglo de transformaciones académicas, políticas y sociales en el ámbito de la educación superior argentina. Su origen se remonta a la creación de la Universidad Provincial de La Plata en 1897, promovida por Dardo Rocha, en el contexto del proyecto de consolidar a La Plata como nueva capital de la provincia de Buenos Aires. En 1905, bajo la iniciativa del ministro Joaquín V. González, la institución fue nacionalizada y reorganizada como una universidad moderna, científica y humanista, convirtiéndose en un referente del sistema universitario nacional.
Desde entonces, la UNLP ha estado estrechamente vinculada con los principales procesos históricos del país: la Reforma Universitaria de 1918, las sucesivas intervenciones estatales durante distintos gobiernos, la represión ejercida durante la dictadura militar y la posterior recuperación de la democracia en la Argentina en 1983. Su evolución refleja la trayectoria de la educación superior en el país, desde las concepciones positivistas y liberales de sus orígenes hacia políticas de inclusión, autonomía y extensión universitaria.
El origen de la Universidad Nacional de La Plata se remonta a la fundación de la capital de la provincia de Buenos Aires, en 1882. A sólo siete años de establecida la ciudad de La Plata, distintos senadores provinciales (Rafael Hernández, Emilio J. Carranza, Marcelino Aravena y Valentín Fernández Blanco) impulsaron, el 12 de junio de 1889, un proyecto de ley para crear una universidad provincial en la nueva capital de Buenos Aires. Al federalizarse y ceder, a la Nación, la que era su capital, la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia había perdido la mayor parte de las instituciones que allí se concentraban. Hernández, gestor del proyecto, había manifestado la necesidad de que la Legislatura provincial las restituyera a la brevedad, entre ellas los centros de estudios superiores.[1]
La propuesta tuvo una inmediata repercusión en La Plata, donde unos 150 jóvenes, provenientes del Colegio Nacional, del Instituto Argentino y de la Sociedad Literaria, acompañados por una banda de música, se movilizaron al domicilio de Rafael Hernández para demostrarle su adhesión. Los alumnos que cursaban en estos establecimientos veían, así, la posibilidad de finalizar los estudios en su ciudad, sin la necesidad de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires.[1]
El proyecto de ley se sancionó definitivamente, en la Legislatura provincial, el 27 de diciembre de 1889. El mismo fue promulgado por el entonces gobernador bonaerense, Máximo Paz, el 2 de enero de 1890.[2] La norma establecía la creación de una Universidad de Estudios Superiores, en La Plata, con facultades de Derecho, Medicina, Química y Farmacia y Ciencias Físico-matemáticas.[1]
Pese a ello, entre otras por razones económicas, el funcionamiento de la universidad comenzó siete años después, en 1897, debido a la llamada crisis del 90. La falta de recursos económicos demoró la construcción del edificio y el comienzo de actividades: el gobernador no dictó el correspondiente Decreto Reglamentario y ni siquiera mencionó el tema en su último mensaje en la Legislatura, lo que originó distintas manifestaciones y solicitudes de vecinos para que la universidad comenzara a funcionar. La ley demoró siete años en entrar en vigencia. Fue el 8 de febrero de 1897, cuando el gobernador Guillermo Udaondo, a instancias del fundador de la ciudad de La Plata, Dardo Rocha, sancionó el decreto que dio inicio, el 14 de febrero, a la primera Asamblea Universitaria que designó al propio Dardo Rocha como su primer Rector. También se aprueba el sello mayor, consistente en una alegoría en la que la ciudad de La Plata levanta la luz de la ciencia, bajo la constelación de la Cruz del Sur y cobija el escudo de la provincia; con el lema “Por la ciencia y por la patria” –que Joaquín González adoptará, pero en latín-. Es interesante notar que en el sello y en el lema, se destaca la importancia dada a la ciencia. Dardo Rocha, en diferentes discursos, resaltará la importancia de la ciencia y de la formación de científicos.[2]
La Universidad de La Plata, tal el nombre oficial hasta su nacionalización,[3] quedaría inaugurada en el edificio del Banco Hipotecario de la Provincia, donde hoy funciona el Rectorado, el 18 de abril de 1897 con una clase de Historia del Derecho a cargo del profesor Jacob Larrain.[1]

A pesar de las expectativas con que fuera fundada, los primeros años de la Universidad fueron desalentadores, tanto por la escasa cantidad de alumnos como por el bajo presupuesto de funcionamiento.[1] De 1897 a 1905, sólo logró sumar 573 alumnos inscriptos, debido no solo a la poca población de la época fundacional de La Plata, sino, además, por la falta de reconocimiento nacional de los títulos que expedía, lo que hacía más fuerte la atracción que ejercía la Universidad de Buenos Aires.
A su vez, Joaquín Víctor González, por entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública del gobierno nacional, comenzó a darle forma a su idea de crear una universidad nacional, sobre la base de la universidad provincial existente, y otros institutos de educación superior. En octubre de 1904, en una entrevista con el gobernador Marcelino Ugarte y diferentes diputados nacionales de la provincia, González presentó el proyecto para la nacionalización definitiva de la universidad provincial creada en 1897. Esta idea fue cobrando forma al transferirse, del gobierno bonaerense a la Nación, entre fines de 1904 y enero de 1905, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el Observatorio Astronómico, los campos de Santa Catalina, en Lomas de Zamora, y los terrenos del paseo del Bosque, delimitados por las calles 47 a 50, entre 1 y 115, que le pertenecían, hasta ese momento, al Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, para la construcción del nuevo edificio del Colegio Nacional (Colegio Secundario de la Provincia de Buenos Aires, hasta 1887) y distintas facultades.[4]
Nacionalización

Joaquín V. González consideraba que la universidad provincial, en funciones desde fines del siglo XIX, se veía afectada por la falta de presupuesto y su desvinculación del sistema educativo nacional. Visionario al idear el proyecto de nacionalización para jerarquizar la casa de altos estudios, aspiraba a una universidad científica y moderna que le otorgase, a la nueva ciudad capital de la provincia más importante del país, una identidad apoyada en los estudios superiores y la cultura general. Sus ejemplos eran las ciudades universitarias más destacadas de la época, como Oxford y Cambridge, en Inglaterra, y Harvard y Míchigan, en Estados Unidos.[4]
González supo dotar a esta casa de estudios de un «espíritu», encarnado en sus propios ideales, que conformaría un núcleo central inalterable, sobre el cual se construye «la Universidad Nueva». Durante su gestión, de 1905 a 1918, le imprime sus inquietudes y rechaza por completo el autoritarismo y el burocratismo de la enseñanza tradicional; abierto a las experiencias novedosas en todos los campos, desde las ciencias duras hasta las humanísticas, con colaboradores extranjeros o renombrados pedagogos o científicos locales. En 1919, la Reforma Universitaria absorberá estos valores, a los cuales renueva y fortalece, dotándolo de vigencia democrática a través del tiempo.[5]
El proyecto de ley adquirió vida concreta cuando, el 12 de agosto de 1905, se firmó el convenio entre los gobiernos de la Nación y la Provincia, representados, respectivamente, por Joaquín V. González y el gobernador, Marcelino Ugarte, para construir una universidad nacional en la ciudad de La Plata. De esta manera, el gobierno bonaerense se comprometía a ceder a «título gratuito y en absoluta propiedad», a la Nación, los bienes ya cedidos con el convenio de 1902, los edificios del Museo y del Banco Hipotecario de la Provincia (actual sede de su Presidencia), como así también distintas sedes de facultades, quintas y chacras.[4] La sanción definitiva del proyecto de nacionalización se produjo un mes después, en el Senado Nacional, y la ley fue promulgada por el Presidente de la Nación, Manuel Quintana. El 17 de marzo de 1906, el Poder Ejecutivo designaría, como primer presidente de la Universidad Nacional de La Plata, a su mentor, Joaquín V. González, quien ejercería el cargo hasta 1918, luego de ser reelegido, por la Asamblea de Profesores, en 1908, 1911 y 1914. Del mismo modo, fue designado el primer personal docente para cada una de las facultades e institutos creados; entre ellos, Florentino Ameghino, Víctor Mercante, Carlos Spegazzini, Luis María Drago y Samuel Lafone Quevedo.[4]
En 1908, se inscribieron, en la flamante universidad nacional, 1845 alumnos, mientras la UNLP ya se encontraba en pleno funcionamiento, con las siguientes dependencias:
- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con una Sección de Pedagogía y una Sección de Filosofía y Letras.
- Facultad de Agronomía y Veterinaria, de la que dependía la Escuela Regional de Agricultura y Ganadería de Santa Catalina.
- Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas, dividida en Escuela de Ciencias Matemáticas, Escuela de Ciencias Físicas, Escuela de Ciencias Astronómicas, Ingeniería Arquitectónica e Ingeniería Hidráulica.
- Facultad del Museo, de la que dependía la Facultad de Ciencias Naturales, el Museo, la Escuela de Química y Farmacia, la Escuela de Geografía Física y la Escuela de Dibujo y Arte.
- Departamento de Estudios Primarios y Secundarios, que comprendía el Colegio Nacional, el Colegio Secundario de Señoritas (actual Liceo Víctor Mercante) y la Escuela Elemental (actual Escuela Graduada Anexa).
- Biblioteca y Extensión Universitaria.
- Observatorio Astronómico, que se dividía en Sección Sísmica, Sección Meteorológica y la Estación de Longitudes de Oncativo.
De este modo, a los pocos años de creación de la universidad nacional, «La Plata se convirtió en una típica ciudad universitaria, habitada por una comunidad académica menos tradicionalista y conservadora que las de Buenos Aires y Córdoba y provista de una mayor preocupación por las bases científicas y sociales de su tarea universitaria».[4]
La cuestión social y la participación estudiantil son cuestiones tempranamente analizadas en La Plata. Respecto a la primera, es muy intensa la actividad antes de 1915, para luego caer en un letargo. La extensión social de la enseñanza o extensión universitaria comprende en estos años a un conjunto de conferencias, lecturas y cursos destinados a un público diverso, llevados a cabo por docentes. Paralelamente, y orientada en el mismo sentido, es relevante la obra realizada por la Asociación de exalumnos del Colegio Nacional, con sus programas de conferencias anuales entre 1912 y 1915, o los cursos nocturnos destinados para el pueblo, llevados a cabo por los alumnos del colegio y de la Universidad. La extensión universitaria también forma parte del debate de las Asambleas de Profesores, entre 1907 y 1913.[5]
La Reforma Universitaria y su incidencia en la UNLP
La Reforma Universitaria fue un movimiento político nacido en la Universidad Nacional de Córdoba, en 1918, que demandó un programa educativo de transformación profundo de las casas de altos estudios: gratuidad y autonomía de la enseñanza universitaria, cogobierno de las universidades (con participación estudiantil en los órganos de gobierno universitario), renovación de su profesorado y la participación en la elección de este, y la modernización científica de su enseñanza. Todos ellos, pilares salientes de un ideario que se extendió por todas las universidades de Argentina y muchas de América Latina. El proceso expresó cabalmente el nacimiento de un nuevo tipo de relación tanto entre universidad y sociedad, como entre universidad y política.[6] Sin embargo, no fue lineal y enfrentó diversas circunstancias: mientras en la Universidad de Buenos Aires los estatutos reformados fueron aprobados ya antes que en Córdoba, en la Universidad Nacional de La Plata iba a ser necesaria la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, en 1920, para imponerlos, luego de una extensa y violenta huelga general de los estudiantes.[7]
La Universidad de Córdoba revelaba los rasgos de una dirección científica y educativa arcaica, controlada por intelectuales vinculados a la elite provincial conservadora y al clericalismo católico. La enseñanza era denunciada, por sus estudiantes, por las profundas deficiencias de método y capacidad intelectual de sus docentes, por el rezago de sus conocimientos en relación con las nuevas corrientes científicas; también su gobierno, ejercido por las Academias científicas, por su carácter cerrado, corporativo y clientelístico de su integración, por la condición vitalicia de sus miembros y su desvinculación de la docencia, incapaz de producir una renovación científica.[7]
Una periodización precisa obliga a visualizar tres etapas en el movimiento reformista platense: la primera, de solidarización, en la que el activismo reformista se expresó desde 1918 y hasta 1919 por vía del apoyo corporativo a los sucesos de Córdoba y Buenos Aires; la segunda, de sustanciación de real movilización extendida hasta 1922; y una tercera, desde esa fecha en adelante que denominaríamos de estabilización, en la que vigente ya el nuevo estatuto y sofrenadas las aventuradas posturas del maximalismo, se evolucionó hacia un estado de Reforma instituida. Todo indica que la Reforma en La Plata se inició a través de la gestión externa; vale decir, de los significativos aportes del estudiantado de los dos centros generadores.[6]
En La Plata, la UNLP había nacido con un fuerte impulso a la extensión universitaria, desarrollada en sus primeros años en la forma de programas más o menos sistemáticos de conferencias y cursos abiertos al público en general. Aunque, en otros aspectos reclamados por el movimiento reformista, su impronta era cuanto menos objeto de fuertes controversias. El movimiento había comenzado en 1919, año en que se aprueba la participación estudiantil en el seno del Consejo Superior, con voz pero sin voto,[5] a partir de una protesta estudiantil en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en la que su centro de estudiantes denunció un Memorial de cargos, irregularidades administrativas de su decano y su consejo directivo, y serias deficiencias en la enseñanza y la labor de investigación científica de sus docentes. Ante la negativa del Presidente de la Universidad, Rodolfo Rivarola, quien había asumido en marzo de 1918, y de su consejo universitario, de acceder a las demandas de los estudiantes de esta facultad, la Federación Universitaria de La Plata transformó el conflicto en una «huelga general e indefinida», en octubre de ese año, y reclamó la renuncia de sus autoridades.[7] Las disputas internas en el Consejo Superior afectaron al conjunto del profesorado y a las distintas unidades académicas.[5]
Los reformistas platenses situaron ese proceso de transformación científica de las casas de altos estudios que impulsaban, con relación a la edificación de una nueva cultura argentina, que los tendría como sus forjadores intelectuales. Para ellos, también iniciaban un proceso de cambio más profundo: la renovación de la universidad, que llevaría a la renovación cultural de la sociedad, crearía las condiciones históricas para la transformación social.[7] Los estudiantes de la UNLP lograron la intervención del gobierno nacional en la universidad y la imposición de los estatutos reformistas, el 28 de junio de 1920. Sin embargo, una feroz represión de una concentración estudiantil ingresa un nuevo condimento al conflicto: la violencia, que alcanza su hecho más grave con el asesinato del estudiante David Viera, en la escuela de Ciencias Médicas. Mientras tanto, una fuerte rivalidad estalla entre sectores estudiantiles opuestos: la Federación Universitaria Platense, de tendencia reformista, y la agrupación rival, Concentración Universitaria.[5]
El movimiento de reforma universitaria, que contó desde el primer momento con el apoyo del Presidente Yrigoyen y cuyas intervenciones, a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional, fueron determinantes en su triunfo en Córdoba y La Plata, lograría, a su vez, que el gobierno nacional ampliara el sistema universitario con la nacionalización de las universidades del Litoral, en 1919, y de la de Tucumán, en 1921, que dispusieron para su funcionamiento con estatutos reformistas.[7]
Si bien las posibilidades de ascenso social que prometían las titulaciones continuaron excluyendo a los jóvenes de familias obreras, lo que reafirmaba ciertos límites en los cambios buscados, no se negaba que el diseño institucional reformista de la década de 1920 se caracterizó por el sentido democrático que asumieron las relaciones universitarias: la prevalencia del estudiante y del graduado como electores en sus asambleas; y la participación de sus representantes en los cuerpos directivos.[7]
Con las características singulares de sus desarrollos regionales, la UNLP y las otras cuatro universidades nacionales que integraron el sistema de enseñanza superior en este período, promovieron las carreras humanistas, científicas y técnicas, la implementación de los seminarios de investigación y de estudio bibliográfico, organizaron la extensión universitaria con ciclos de conferencias y cursos libres de sus profesores y graduados, así como impulsaron un intenso movimiento intelectual con las visitas de filósofos, escritores y científicos. La extensión cultural fue una preocupación principal de los estudiantes que a través de sus centros y federaciones promovieron diversas actividades para difundir los saberes universitarios entre los trabajadores y los sectores populares. En su fundamentación, entendieron a estas iniciativas como el modo de acercar la ciencia y la técnica, la filosofía y las artes, al Pueblo, contribuyendo a su educación y suprimiendo en parte la condición de la universidad de reducto cultural privilegiado de minorías. Cátedras como Legislación laboral se integraron en los planes de estudios de las distintas universidades. El acceso a la cátedra universitaria de profesores de pasado reciente en las izquierdas y en el radicalismo, de jóvenes dirigentes reformistas, expresó tanto un mayor pluralismo ideológico en sus aulas como la efectiva renovación de la enseñanza y la investigación.[7] Por caso, el profesor Alejandro Korn, miembro del Consejo Superior, fue uno de los mayores referentes del movimiento reformista, encabezando varias reivindicaciones del estudiantado, como la clausura del internado universitario -política clave del período gonzaliano anterior a la Reforma- que los estudiantes consideraban fuente de favoritismo y nepotismo.[cita requerida]
Tras la dimisión del presidente Rivarola, quien es sucedido por Carlos Melo, y más allá del relevo de hombres, en 1921 tuvo lugar lo que fuera sindicado como la consecuencia más trascendente del movimiento reformista local: la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, desde la que se irradió una significativa influencia antipositivista.[6]
A partir de 1922, bajo la presidencia de Nazar Anchorena, se produce un retroceso de la movilización estudiantil y el espíritu de lucha parece declinar. Después de tanta acción, sobrevino el enclaustramiento. Es que una demanda central ya había sido satisfecha: la representación estudiantil. Aún ello, menos por inercia que por empuje de los sectores más ideologizados y progresistas, se hizo patente la resistencia de los que no aceptaban una reforma agotada en sí misma, sin más aspiraciones en el campo sociopolítico.[6] Los ideales de la reforma se mantenían a través del grupo Renovación, de la Federación Universitaria de La Plata (ya conocida por sus siglas: FULP), que realizaría una intensa actividad cultural y que fuera el antecedente directo del grupo de teatro de la universidad; y por la revista Valoraciones, a través de la cual se expresa no solo el mencionado Alejandro Korn, sino profesores como Pedro Henríquez Ureña. En esta gestión, nace LR11 Radio Universidad.[5]

Durante sus dos ciclos de gobierno, se introdujo el voto secreto y obligatorio en todo los ámbitos de la Universidad que requirieran del sufragio. Complementariamente, se propuso la reforma de los estatutos, aprobado en 1926, y se suprimió la intervención de los graduados. Fue una medida para restaurar la autoridad, tras los acontecimientos de la Reforma. Esta tendencia a concentrar poder, sin embargo, tuvo que pasar por una serie de pruebas de fuerza que le opusieron los grupos reformistas, desde finales de 1922.[5]
Golpe de Estado e intervención
Entre 1927 y 1930, la presidencia fue ejercida por Ramón Loyarte, quien mantuvo la senda trazada por Nazar Anchorena, orientada en afirmar los principios del orden y la disciplina frente a las autoridades. Pero los reclamos estudiantiles hacia la universidad, por el rumbo que ésta había tomado tras los cambios producidos por la Reforma Universitaria, canalizaron la actividad cultural a través de la revista Valoraciones y el grupo de teatro Renovación[5] cuestionando, a su vez, la intervención en la Universidad de Buenos Aires. Esta designación fue muy cuestionada por la dirigencia estudiantil platense, que la consideraba violatoria de la autonomía universitaria.
El 1 de diciembre de 1930, la Asamblea General de Profesores designó, como presidente, al Dr. Ricardo Levene. Pero la nueva gestión apenas duró seis meses, a raíz de las perturbaciones políticas generadas por el Golpe de Estado protagonizado por el general José Félix Uriburu. Pese a ello, a diferencia de lo sucedido en la Universidad de Buenos Aires, que fue intervenida a través Nazar Anchorena, expresidente de la UNLP, la casa de estudios platense salvaría por unos meses su autonomía. La dictadura militar, a través de sendos decretos, promovió cesantías de docentes con militancia en la política extrauniversitaria. El estudiantado contestó con una huelga los decretos persecutorios del gobierno nacional, ampliados con medidas disciplinarias y cancelación de inscripciones de alumnos. Pero un nuevo decreto, de junio de 1931, cercenó por completo la autoridad de los consejos, cuestión que condujo a una catarata de renuncias, tanto la mencionada de Levene, como la de todos los consejeros y decanos de la universidad.[5]

La universidad es entonces intervenida por el Dr. Federico Walker, quien es dotado de poderes extraordinarios y manifiesta su intención de excluir a docentes y estudiantes opositores, como de hecho sucedió con la separación de decenas de alumnos y varios profesores. Walker declaró en comisión al personal universitario, clausuró los centros de estudiantes y amenazó cerrar las facultades que no se normalizaban de inmediato. Con la recuperación de cierta institucionalidad en el gobierno nacional y el inicio de la década del denominado «fraude patriótico», se iniciaba, así, un proceso de normalización que restringió la participación estudiantil en las asambleas electorales, denunciando la anomalía del decreto reformista de agosto de 1918. Esta situación, sin embargo, se extendería por unos pocos meses: Ramón Loyarte, proclamado como presidente en enero de 1932, renunció a fines de mayo y el 25 de junio es electo presidente de la universidad el Dr. Levene, con el apoyo de la Federación Universitaria.[5]
Para fomentar la investigación a cargo de profesores, estudiantes y diplomados fueron creados los Centros de Estudios. El primero en surgir fue el Centro de Estudios Históricos, nacido en julio de 1932. A este le siguieron el Centro de Estudios de Ciencias Naturales, el de Estudios Literarios y de Estudios Agronómicos. Estas iniciativas resultaron fortalecidas por la ordenanza del 4 de enero de 1934, la cual favorecía su formación y la publicación de sus investigaciones en números especiales de la Universidad. También Medicina Veterinaria y los Estudios de Filosofía tuvieron su centro correspondiente.[5]

Bajo la presidencia de Julio Castiñeiras (1935-1938) la Universidad estuvo momentáneamente su política de apertura de nuevas carreras ante la necesidad de distribuir adecuadamente los recursos disponibles, para finalizar las obras ya iniciadas. Y se crea la Asociación de Ayuda Mutua para los estudiantes, entidad subsidiada por la universidad y por los alumnos, que brindaba servicios de comidas, asistencia médica, odontológica y de farmacia. También en esta época surge una fuerte disputa entre la conducción de la universidad y el gobernador bonaerense, Manuel Fresco, de simpatías no disimuladas con el fascismo italiano y enemigo declarado del laicismo de la educación argentina y el movimiento reformista. El gobierno provincial acusaba a la presidencia de Castiñeiras de favorecer la acción de «militantes políticos empeñados en prácticas disolventes».[5]
En 1938, Julio Castiñeiras es sucedido por el Dr. Juan Carlos Rébora, año en el que se lleva a la cantidad récord de 9.443 estudiantes inscriptos en la UNLP. El estallido de la Segunda Guerra Mundial generó fuertes tensiones entre las autoridades, que de acuerdo con la política de neutralidad se negaban a permitir el uso de los locales de la universidad para manifestaciones políticas y de los estudiantes.[5]
La Asamblea General de Profesores designó como presidente, en mayo de 1941, al Dr. Alfredo Palacios. Su asunción expresaría brevemente un cambio político de trascendencia, expresando la necesidad de retomar el planteo fundacional de Joaquín V. González de organizar una universidad a partir de la articulación de institutos universitarios preexistentes, con capacidad de integrar los aportes de cada una de las facultades que la componen con la correlación de las distintas carreras. La Universidad Nueva se adaptaba a la nueva ideología y a los métodos modernos proclamados por el reformismo, con un espíritu humanista que pudiera superar la fragmentación de la educación superior, cuyos efectos nocivos conducían a la tecnificación y el pragmatismo profesional.[5]
La crisis de la cultura europea por las acciones bélicas, condujo a Palacios a replantearse la urgente necesidad de sistematizar, desde los principios académicos, una cultura americana, diferenciada en su ser frente a la cultura anglosajona representada a nivel continental por Estados Unidos; pero, al mismo tiempo, robusteciendo una conciencia nacional. Para este experimento trascendental se sustentaba en las ideas del pensador mexicano, José Vasconcelos, señalando que esto solo sería posible a partir de la unificación de la enseñanza iberoamericana. En correspondencia con esas ideas, fue creado el Instituto Iberoamericano de la Universidad Nacional de La Plata, siendo designado a su frente Ataulfo Pérez Aznar.[5] Durante la gestión de Palacios, también se incorporó, como parte insustituible del patrimonio de la Universidad, aquel refugio del fundador Joaquín V. González: la Casa de Descanso Samay Huasi.
El golpe de Estado del 4 de junio de 1943 impactó negativamente en la universidad y personalmente sobre la labor encauzada por Palacios. Fueron cesanteados profesores y se sucedieron varias renuncias en las autoridades del Consejo Superior, cerrándose, así, un ciclo de la vida universitaria platense, preocupada en retomar y profundizar los antiguos principios inspiradores de González y del pensamiento de los reformistas de 1918.[5]
La «crisis» de autonomía universitaria

De 1943 a 1945, hubo un denominador común para todas las universidades nacionales: la tensión entre el gobierno de facto y la gestión de Alfredo Palacios, junto con los sectores reformistas que conformarían más tarde la Unión Democrática.
La lucha cruzó a todo el cuerpo universitario y, por iniciativa del gobierno del general Pedro Pablo Ramírez y acompañado por un elenco ideológicamente vinculado con el catolicismo nacional, la UNLP fue acusada de tener escasa vocación patriótica en la realización de sus actos.[5]
Ya bajo el mandato del presidente Juan Domingo Perón, quien había sido elegido en febrero de 1946, con la promulgación de la ley 13.031 se traza el nuevo rumbo que le quiere imprimir el gobierno nacional a la universidad. Si la tradicional misión universitaria establecida por Joaquín V. González, con la reforma de 1905, había sido la formación científica, pero, al mismo tiempo, profesional y humanista, con el nuevo régimen universitario se afirmaba el desarrollo de una conciencia nacional, difundiendo la cultura autóctona, aplicando la ciencia y las creaciones técnicas a las necesidades regionales. En su parte general, se ponía mayor énfasis en el carácter profesionista y de conocimientos aplicados de esta casa de estudio, pasando a un segundo la función científica y creadora de conocimientos.[5]
La política universitaria peronista puso su empeño en el acrecentamiento de controles desde arriba, con el objeto de limitar su autonomía, profundizando la centralización. Para ello, uno de los primeros pasos fue desmontar el anterior sistema de gobierno con la participación de los tres clautros, uniformando a las distintas universidades bajo esa ley. Con esta última se buscaba una despolitización, tanto a nivel profesoral como estudiantil, pues toda actividad que pudiera suponer militancia política era pasible de suspensión, exoneración o expulsión. Se limitaba, así, la participación del estudiantado.[5]
La novedad estuvo dada respecto a los aportes económicos hacia las universidades, que contemplaba la asignación de recursos desde el Estado, ingreso por matrículas, donaciones y otros conceptos. Se introdujo, por caso, un fondo especial proveniente de impuestos (el 2% de lo recaudado) sobre el importe anual de sueldos y salarios a obtener del sector privado para el denominado Instituto Nacional de las Remuneraciones. Lo recaudado se distribuía en el presupuesto nacional, según las necesidades de cada universidad.[5]
Durante este período, algunas de las creaciones abarcaron el cambio de rango de la Escuela de Bellas Artes a Escuela Superior; el Instituto Superior de Lenguas Vivas de la Facultad de Humanidades; y la incorporación de la Escuela de Contadores -base de la futura Facultad de Ciencias Económicas- a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, en un intento por captar adhesiones del movimiento estudiantil, el gobierno universitario puso todas sus energías en solucionar algunas de las exigencias de este sector, como el Comedor Universitario y las residencias estudiantiles.[5]
De 1952 a 1955, la casa de estudios pasó a denominarse «Universidad Nacional de Eva Perón», período en el que la ciudad de La Plata llevó, en su homenaje, el mismo nombre que la, entonces, primera dama de la Nación Argentina, fallecida en julio de 1952. [5]
En 1953, profesores de la Escuela Superior de Bellas Artes crearon el Cuarteto de Cuerdas Universitario, que tuvo su primer concierto en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Este cuarteto ha estrenado obras de compositores argentinos como Alberto Ginastera y Ástor Piazzolla.[8]
La política universitaria del peronismo, a partir de 1954, con la entrada en vigencia de la nueva ley 14.297 que derogaba la anterior 13.031 de 1947, mantuvo todo el centralismo de la anterior pero proclamó la gratuidad de los estudios; en segundo lugar, todos los planes de estudios incorporaron de manera obligatoria los cursos de Capacitación Política, dedicados al conocimiento de la «Doctrina Nacional». Al mismo tiempo, el territorio nacional fue dividido en regiones bajo la jurisdicción de una casa de estudios, encargada de organizar los estudios regionales y promover las técnicas para incrementar las actividades económicas locales.[5]
Los años 1953 y 1954 mostraron una fuerte tendencia a la apertura de nuevas carreras y a la reestructuración facultativa: se elevó, al Poder Ejecutivo, la propuesta para la creación de la Facultad de Ciencias Económicas, sobre la base de la escuela del mismo nombre, dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y se designó una comisión especial a los fines de crear una Facultad de Odontología, de Ciencias Exactas, Ingeniería y Arquitectura y Urbanismo. Y se creó el Instituto de Psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Además, como corolario de enormes esfuerzos, y de una labor combinada entre la Universidad y el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, quedaba incorporada, a la primera, la Escuela de Periodismo «Presidente General Juan Perón».[5]
La UNLP entre el período 1955-1976
El período que se extiende desde el golpe militar de 1955 hasta 1983, con el retorno democrático, estuvo invariablemente dominado por las crisis políticas que irrumpieron sistemáticamente en las universidades y la autonomía fue conculcada. La mayoría de los gobiernos de esa etapa se ponderaban como fundadores de una nueva sociedad e intervenían las casas de altos estudios en todo el país. Entre 1958 y 1966, la autonomía se vio afectada y la UNLP se caracterizó por los vaivenes institucionales. Tras el golpe de Estado de 1955, el presidente de facto Eduardo Lonardi designa como rector a juez Benjamín Villegas Basavilbaso, La «depuración ideológica» de las universidades incluyó la cesantía de cerca de la mitad de los profesores universitarios, gran cantidad de trabajadores no docentes, el cierre de universidades, la represión y la prohibición de actividades de los centros de estudiantes y sindicatos docentes y no docentes, bibliografías expurgadas, listas negras de estudiosos no citables, cancelación de cátedras libres, censura de los contenidos de las materias y la separación de las carreras de Psicología.
El nuevo gobierno de facto derogó las leyes nacionales que habían regido la actividad universitaria en el primer período peronista, restableciendo, en todos sus efectos, la vieja ley 1.597, promulgada en 1885 y conocida como Ley Avellaneda. La estructura jurídica no se podía evadir del momento político inmediato a la caída de Perón: se aclaraba que no se admitiría en los concursos para cubrir las cátedras a quienes «hayan promovido doctrinas totalitarias adversas a la dignidad del hombre libre y a la vigencia de las instituciones republicanas» y a los que «hayan realizados actos positivos y ostensibles de solidaridad con la dictadura»,[9] descalificando, de esta forma, el gobierno militar al gobierno constitucional del período 1946-1955. Durante la autodenominada Revolución Libertadora, hubo miles de estudiantes y docentes expulsados, identificados con el período político anterior.[cita requerida]
Los siguientes años dieron lugar a importantes cambios sociales y culturales que modificarían para siempre la vida estudiantil y juvenil, como a la violencia desde el Estado hacia las universidades. A comienzos de la década de 1960 se construyeron los nuevos edificios del Comedor Universitario (luego entregado a la Facultad de Odontología) [cita requerida]y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ambos en el paseo del Bosque, ya bajo la estética y la lógica de la arquitectura moderna.
Esos años estuvieron marcados por intensos debates, ya durante la presidencia de Arturo Illia, como cuando el Consejo Superior de la UNLP discutió la modificación de una ordenanza, decretada el año anterior, que prescribía como condición sine qua non, para ocupar el cargo de profesor secundario, la de ciudadano argentino se interrumpía, así, la vieja tradición del país, iniciada desde los albores de la nacionalidad, de abrir las fronteras, sin ningún tipo de discriminación, a quien deseara vivir en el territorio argentino.[9]
Con el golpe militar de 1966, al mando de Juan Carlos Onganía, la actividad universitaria se alejó de la auténtica autonomía y respondió a los objetivos de los gobiernos de turno; gobiernos autoritarios que no contemplaban el pluralismo de la república democrática. Ni bien instalado en el poder, el gobierno de Onganía produjo la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos, cuando reprimió en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires que estaban siendo ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno de facto de intervenir las universidades y anular sus gobiernos autónomos.[9]
Durante este período, se iniciaría en Argentina una conocida fuga de cerebros que llevó al exilio a numerosos intelectuales y científicos nacionales, empobreciendo fuertemente al país en lo cultural y educativo.[cita requerida] Al mismo tiempo, se prohibió la actividad política en todas las universidades nacionales, quedando censurada cualquier actividad que asumiese forma de militancia, agitación, propaganda o adoctrinamiento de carácter político.[9]

En 1967, el presidente de la UNLP, el arquitecto Joaquín Rodríguez Samuell, creó la Dirección de Obras y Planeamiento de la Universidad, que se encargaría de la construcción, planeamiento y reparaciones de los edificios universitarios. Como consecuencia de este proceso ordenador, surgió el denominado Edificio Tres Facultades. La funcionalidad de la obra generó distintas polémicas, como el descuido irreparable en el que se incurrió en referencia a la auténtica conservación del patrimonio cultural e histórico de la ciudad de La Plata: al desaparecer gran parte de los jardines de la Universidad y también al construir la mole de cemento por la calle 48 y por la calle 6, quedó totalmente degradada la visión que se tiene del edificio de la Presidencia.[9] La obra comenzó en 1969, se continuó en los siguientes años y, finalmente, quedó inconclusa, salvando de la demolición al patrimonial edificio de la Presidencia.[10]
También se llamó a concursos de arquitectura para nuevos edificios. La futura Facultad de Ingeniería fue diseñada por Mario Roberto Álvarez, en 1967, con un planteo inicial y radical que proponía demoler casi todos los antiguos edificios de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Exactas, ubicados en el paseo del Bosque, para crear una serie de torres modernas conectadas en altura por pasarelas y puentes de hormigón armado. Un año después, el estudio de Baudizzone-Díaz-Erbin-Lestard-Varas-Traine ganaba el concurso para la futura Facultad de Ciencias Exactas, proponiendo un complejo sistema de torres, edificios en tira y «naves», con pasarelas de conexión. Los mismos arquitectos recibieron el encargo para crear el Instituto de Investigaciones Científicas, el único de los proyectos mencionados que se terminó construyendo, ya que las facultades no se realizaron debido al final del gobierno militar del período 1976-1983.[11]
El breve período de florecimiento político que comenzó en 1969 con el estallido popular del Cordobazo y que llegó a su punto máximo en 1973, con el triunfo de Héctor Cámpora para la Presidencia de la Nación tras el regreso de Juan Domingo Perón al país luego de un largo y obligado exilio, contó con la sanción de una nueva Ley Orgánica de las Universidades Nacionales que, entre otras medidas, resolvía la gratuidad de la enseñanza universitaria. Además, se reincorporó en la UNLP, con carácter ad-honorem, a todo el personal docente y no docente declarado cesante por causas políticas, a partir del 19 de septiembre de 1955.[9]
Persecución política y desaparición: el Golpe de Estado de 1976
El gobierno de la última dictadura cívico-militar, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, comenzó, tras el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, una sistemática política de represión y persecución política, con métodos ilegales y desaparición forzada de personas para combatir la resistencia de las corrientes políticas disidentes del país con una sistemática violación de los derechos humanos. Se estima que, entre 1976 y 1983, hubo en Argentina cerca de 30 000 desapariciones forzadas de personas, según organismos de derechos humanos, y, adicionalmente, más de 500 000 exilios políticos.
Las universidades nacionales fueron uno de los blancos más atacados. Se estima que la UNLP cuenta con más de 800 casos de estudiantes, graduados, docentes y trabajadores desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Un caso emblemático lo constituyó el secuestro y asesinato del vicerrector Dr Francisco Camperchioli Masciotra.[12]
El 25 de marzo de 1976, un día después del golpe de Estado, se dicta la proclama: «restituir el orden a las Universidades, haciendo cesar el estado de subversión interna, eliminando los factores que pretende transformarlas en focos de perturbación pública de carácter subversivo que pretende subvertir el orden moral cristiano y occidental de nuestro país». La dictadura buscaba una despolitización, tanto a nivel profesoral como estudiantil, pues toda actividad que pudiera suponer militancia política era pasible de suspensión, exoneración o expulsión, anulando la participación del estudiantado.[5][12]
Luego de que la universidad fuera intervenida por el delegado de la Armada Argentina, Eduardo Luis Saccone, entre el 25 de marzo y el 14 de septiembre de 1976, Guillermo Gallo fue Rector de la Universidad de La Plata y colaborador directo del gobierno de facto para la ubicación, secuestro y asesinato de disidentes políticos de distintas corrientes políticas. En ejercicio de su cargo, fue responsable de las numerosas cesantías de trabajadores docentes y no docentes, así como colaborador en la represión llevada adelante por las fuerzas cívico-militares que tomaron el poder en 1976.[13]
Asimismo, la ciudad de La Plata fue protagonista de la llamada Noche de los Lápices, cuando, en septiembre de 1976, un grupo de estudiantes secundarios menores de edad que reclamaban por la aplicación del boleto estudiantil fueron secuestrados: seis de ellos continúan desaparecidos.
El plan educativo de los jerarcas militares apuntó a la cultura y las artes, donde la libertad y la creatividad dejaran de ser una prioridad. La carrera de Cinematografía cortó las inscripciones de alumnos, a primer año, a partir de 1977. Lo mismo ocurrió con las carreras de instrumentos musicales y con el cese de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades, con lo que se cortó, de manera abrupta, un trabajo académico de dos décadas.[5]
En 2015, mediante la Resolución 259/15, se instauró el Programa de Reparación, digitalización y preservación de legajos de estudiantes, graduados y trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, víctimas del terrorismo de Estado.
La recuperación democrática de 1983
El 13 de diciembre de 1983, con el retorno de las instituciones de la república democrática, el presidente Raúl Alfonsín firmó el decreto que restableció el «pleno ciclo de la autonomía universitaria». Se dispuso decanos normalizadores para cada una de las universidades nacionales, designados por el Ministerio de Educación y Justicia, y se declararon en vigencia los estatutos que se aplicaban a julio de 1966, fecha desde la cual no se habían puesto en ejecución, en las universidades, los principios de la Reforma Universitaria.[9] Comenzaba, así, un lento pero constante proceso de recuperación de los valores culturales, sociales y educativos, que incluyó una profunda investigación sobre los recientes crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.
Prueba de ello, en los primeros años de la recuperación constitucional, fue el ingreso exponencial de alumnos a las carreras de la UNLP, triplicando la cifra entre 1983 y 1986, con un crecimiento de 4.379 a 13.041 inscriptos, respectivamente.[9]
La ley 23.068 dispuso que las universidades nacionales contemplasen la situación del personal docente y no docente que, por cuestiones políticas, gremiales o conexas, hubiese sido declarado cesante, prescindido u obligado a renunciar. Su alcance abarcaba al período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983. Se les reconocería la categoría y la antigüedad hasta el momento de la reincorporación.[9]
Distintas resoluciones de 1985, bajo el gobierno normalizador de Raúl A. Pessacq, otorgaron el título de Doctor honoris causa a los profesores Abdus Salam y Pedro Laín Entralgo. El Doctor Salam, Premio Nobel de Física 1979, recibió la distinción y brindó una conferencia sobre política científica en el Anfiteatro de la Facultad de Física. En 1986, se otorgaría la misma distinción al Doctor Carlo Rubbia, Premio Nobel de Física. El acto se realizó en el mismo recinto y significó volver a la tradición de la Universidad, de recibir, en sus claustros, a maestros de la cultura universal como fue, en su oportunidad, la presencia de Albert Einstein.[9]
«Digamos adiós, para siempre, a la Universidad oscurista y despótica y demos juntos la bienvenida a la Universidad autónoma, formadora de ciudadanos libres y de luchadores de la democracia (...) Que este cambio sea para bien de la ciencia, del progreso y de la democracia reconquistada por los argentinos».
Luego de cuatro años de un fuerte proceso normalizador, en 1986, asumiría la presidencia de la UNLP, Ángel Luis Plastino, quien se desempeñaría en el cargo hasta 1992, año en el que sería reemplazado por el ingeniero Luis Julián Lima,[14] en una década de fuerte impronta y resistencia de la comunidad universitaria organizada al proyecto de arancelamiento de la educación impulsado bajo la presidencia de la Nación de Carlos Saúl Menem, durante el período 1989-1999. La llamada Ley de Educación Superior fue discutida durante una Asamblea Universitaria,[15] celebrada en febrero de 1996, para introducir la LES en el estatuto de la UNLP. Las masivas manifestaciones de estudiantes y profesores, que se oponían a su sanción, derivaron en una fuerte represión de las fuerzas del Estado con más de 200 detenidos.[16]
Hubo, a su vez, tres acontecimientos de relevancia durante la presidencia de Lima, como la compra del edificio del ex Jockey Club de La Plata, en la calle 49 entre 6 y 7 (allí funcionaron, entre otras, desde la década de 1990, las Facultades de Derecho, Periodismo y Psicología); la del inmueble del ex Distrito Militar, en la esquina de diagonal 78 y calle 10, donde se levanta el Bachillerato de Bellas Artes y la Facultad de Trabajo Social; y la incorporación de los terrenos del laboratorio de YPF en la localidad de Florencio Varela. Con estas compras, la UNLP incorporaba más de 15 000 metros cubiertos en propiedades.[9]