Layla Miranda

Enfermera de profesión, Miranda ha trabajado como controladora de seguridad del departamento de Prevención Control y Pérdida del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entre sus responsabilidades se encontraba confirmar el estado del material de diálisis que se distribuía a nivel nacional en las unidades hospitalarias y extrahospitalarias en el almacén del IVSS en la zona industrial Carapa, al suroeste de Caracas.^[2]

El 15 de agosto de 2022, día en el que tenía guardia y alrededor de las 6:00 de la mañana, el vigilante Jorge Ernesto Cambero le gritó que estaba saliendo humo de la parte trasera del almacén, donde había mucho material vencido. Layla estaba en el baño al lado contrario del origen del humo, cerca de la entrada del galpón y dónde se dormía, y Cambero le dijo que saliera. Ambos fueron al módulo de la Policía Nacional Bolivariana cerca de la estación de Metro Carapita para reportar la situación. La policía los llevó a la Inspectoría de Tránsito de La Yaguara, y de ahí los buscó la policía forense del CICPC para interrogarlos en la sede de la avenida Urdaneta. Al día siguiente le informaron a Miranda que debía volver a presentarse al CICPC. Aunque dijo que ya había ido y declarado, volvió a hacerlo, donde fue detenida por la División de Investigaciones contra el Terrorismo. El 18 de agosto, la vicepresidente Delcy Rodríguez afirmó que el incendio no fue accidental y que había sido provocado, y el 20 de agosto el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, hizo pública la información de las detenciones, cuatro días después de que Layla fuese detenida. Horas más tarde Nicolás Maduro calificó el hecho como "un ataque terrorista".^[2]

El mismo día fue presentada ante el juez Carlos Enrique Liendo del Juzgado Especial Segundo con competencia en terrorismo y legitimación de capitales y jurisdicción nacional. El fiscal 67 nacional Farik Mora y la fiscal 163 del Área Metropolitana de Caracas Ariuska Arvelo le imputaron los cargos de "terrorismo" y "asociación para delinquir", los mismos anunciados por William Saab en un tuit. Al igual que en casos similares, la acusación nombró a dirigentes opositores como “autores intelectuales y financistas”, incluyendo a Pablo Zambrano, expresidente de la Federación de Trabajadores de la Salud y anterior coordinador de Justicia Obrera del partido Primero Justicia; Roberto Patiño, militante de Primero Justicia y fundador de los programas Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad; y Julio Borges, coordinador nacional del partido para entonces.^[2][3]

Miranda ha rechazado las acusaciones en su contra, explicando que ni siquiera podía abrir el almacén ese día porque el almacén permanecía cerrado con candado los fines de semana, y quien tenía la llave era el encargado del almacén. La abogada defensora de Foro Penal Stefania Migliorini ha declarado que el expediente del caso tiene múltiples irregularidades. Entre ellas, el expediente describe que la inspección técnica fue hecha por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), que los funcionarios presuntamente encontraron un rancho y que adentro, sorpresivamente, consiguieron un celular inteligentte arriba de una cama que tenía conversaciones con quienes supuestamente financiaron el incendio.^[2]

En mayo de 2024, la jueza Grendy Duque encargada del caso había sido destituida. A comienzos de septiembre, su esposo le solicitó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público que Layla fuese atendida en un centro de salud por presentar dolores pélvicos que le impedían estar en la misma posición por tiempo prolongado. Para diciembre no había sido atentido y su juicio no había comenzado, más de dos años después de su detención. Miranda ha permanecido recluida en el Bloque de Búsqueda y Captura de Organizaciones Criminales del CICPC.^[2][3]

La organización de derechos humanos Foro Penal la ha clasificado como una presa política y ha pedido su liberación.^[1] Su caso fue incluido en el libro No te olvides de mí de la escritora Kaoru Yonekura.^[2]