Ley de Defensa del Matrimonio
Ley de los Estados Unidos promulgada en 1996 y declarada anticonstitucional entre 2013 y 2015
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La Ley de Defensa del Matrimonio (en inglés Defense of Marriage Act, DOMA) fue una ley federal de los Estados Unidos aprobada por el 104.º Congreso de los Estados Unidos y promulgada por el presidente Bill Clinton el 21 de septiembre de 1996. Prohibía el reconocimiento federal del matrimonio entre personas del mismo sexo al limitar la definición de matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, y además permitía que los estados se negaran a reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo concedidos bajo las leyes de otros estados.
Estados Unidos| Ley de Defensa del Matrimonio | ||
|---|---|---|
| Extensión territorial |
Estados Unidos | |
| Legislado por | 104° Congreso de los Estados Unidos | |
| Promulgación | 21 de septiembre de 1996 | |
| Derogación | Ley de Respeto al Matrimonio | |
| Legislación relacionada | ||
| Derogada por | Ley de Respeto al Matrimonio | |
| Legislación derogada | ||
El congresista Bob Barr y el senador Don Nickles, ambos miembros del Partido Republicano, presentaron en mayo de 1996 el proyecto de ley que se convertiría en la DOMA. Este fue aprobado por ambas cámaras del Congreso con amplias mayorías suficientes para superar un veto presidencial. El apoyo fue bipartidista, aunque alrededor de un tercio del bloque demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado se opuso. Clinton criticó la DOMA calificándola de “divisiva e innecesaria”. No obstante, la promulgó como ley en septiembre de 1996.
La Sección 2 de la ley permitía que los estados negaran el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en otros estados. La Sección 3 codificó el no reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo para todos los fines federales, incluidos los beneficios de seguro para empleados gubernamentales, las pensiones de sobrevivencia del seguro social, la inmigración, la bancarrota y la presentación conjunta de declaraciones de impuestos. También excluía a los cónyuges del mismo sexo del alcance de las leyes que protegían a las familias de funcionarios federales, de las leyes que evaluaban la elegibilidad para ayuda financiera y de las leyes federales de ética aplicables a cónyuges de distinto sexo.[1]
Tras su aprobación, la DOMA fue objeto de numerosas demandas judiciales e intentos de derogación. En Estados Unidos v. Windsor (2013), la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la Sección 3 de la DOMA bajo la Cláusula del Debido Proceso, exigiendo así que el gobierno federal reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados por los estados. En Obergefell v. Hodges (2015), la Corte sostuvo que el matrimonio entre personas del mismo sexo era un derecho fundamental protegido tanto por la Cláusula del Debido Proceso como por la Cláusula sobre Protección Igualitaria. El fallo obligó a todos los estados a celebrar y reconocer los matrimonios de parejas del mismo sexo, dejando la Sección 2 de la DOMA superada y sin posibilidad de aplicación; en ese punto, la única parte restante de la legislación que seguía siendo válida era la Sección 1 relacionada con su título. El 13 de diciembre de 2022, la DOMA fue derogada mediante la aprobación de la Ley de Respeto al Matrimonio, promulgada por el presidente Joe Biden, quien anteriormente había votado a favor de la DOMA cuando era senador de los Estados Unidos.
Antecedentes
Artículo principal: Matrimonio igualitario en los Estados Unidos
La cuestión del reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo atrajo atención generalizada con poca frecuencia hasta la década de 1980. Un periodista comprensivo escuchó a varios hombres gays plantear el tema en 1967 y lo describió como “una de las mayores esperanzas del desviado”.[2]En uno de los primeros casos, el activista gay Jack Baker presentó una demanda contra el estado de Minnesota en 1970 después de que se le negara una licencia de matrimonio para casarse con otro hombre; la Corte Suprema de Minnesota dictaminó (en Baker v. Nelson) que limitar el matrimonio a parejas de distinto sexo no violaba la Constitución. Posteriormente, Baker cambió legalmente su nombre a Pat Lynn McConnell y se casó con su pareja masculina en 1971, aunque el matrimonio no fue reconocido legalmente.[3][4]Una obra off-Broadway de 1972, Nightride, representó “un matrimonio homosexual entre un hombre negro y uno blanco”.[5]En 1979, IntegrityUSA, una organización de episcopalianos gays, planteó la cuestión cuando la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos consideró prohibir la ordenación de homosexuales como sacerdotes.[6]
The New York Times afirmó que la cuestión estuvo “prácticamente inactiva” hasta finales de la década de 1980 cuando, según activistas gays, “la epidemia del SIDA llevó a muchas personas a pensar en cuestiones de herencia y beneficios por fallecimiento”.[7]En mayo de 1989, Dinamarca estableció las uniones registradas, que otorgaban a las parejas del mismo sexo muchos de los derechos asociados al matrimonio.[7]Ese mismo año, el tribunal más alto de New York dictaminó que dos hombres homosexuales calificaban como una familia a efectos de las regulaciones de control de alquileres de la ciudad de Nueva York.[7]Dentro del movimiento por los derechos de gays y lesbianas, comenzó a tomar forma un debate entre defensores de la liberación sexual y de la integración social, con Andrew Sullivan publicando en agosto de 1989 un ensayo titulado “Here Comes the Groom” en The New Republic, en el que defendía el matrimonio entre personas del mismo sexo: “La necesidad de rebelarse ha cedido silenciosamente ante el deseo de pertenecer”.[4]En septiembre de 1989, el Colegio de Abogados del Estado de California instó al reconocimiento de los matrimonios entre homosexuales incluso antes de que los activistas por los derechos gays adoptaran formalmente el tema.[7]
Gary Bauer, jefe del socialmente conservador Consejo de Investigación Familiar, predijo en 1989 que el tema sería “un importante campo de batalla en la década de 1990”.[7]En 1991, el fiscal general de Georgia, Michael J. Bowers (quien anteriormente había sido el demandado en un fallido desafío ante la Corte Suprema contra una ley que criminalizaba la homosexualidad), retiró una oferta de trabajo a una lesbiana que planeaba casarse con otra mujer en una ceremonia de boda judía.[8]En 1993, un comité de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos publicó un informe pidiendo a los luteranos considerar bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo y afirmando que la abstinencia de por vida era perjudicial para las parejas del mismo sexo. La Conferencia de Obispos respondió: “No existe fundamento ni en las Escrituras ni en la tradición para el establecimiento de una ceremonia oficial por parte de esta iglesia para la bendición de una relación homosexual”.[9]En una crítica al radicalismo dentro del movimiento de liberación gay, A Place at the Table (1993) de Bruce Bawer defendía la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.[10]
Baehr v. Miike
En la demanda de 1993 Baehr v. Miike, la Corte Suprema de Hawái dictaminó que impedir que parejas del mismo sexo obtuvieran licencias de matrimonio constituía discriminación sexual. Por ello, el tribunal concluyó que la Constitución del Estado de Hawái exigía que el estado demostrara que su definición de matrimonio entre personas de distinto sexo satisfacía el estándar jurídico conocido como “escrutinio estricto”.[11]Este fallo provocó preocupación entre los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo, quienes temían que este pudiera volverse legal en Hawái y que otros estados reconocieran o se vieran obligados a reconocer esos matrimonios bajo la Cláusula de Plena Fe y Crédito de la Constitución de los Estados Unidos. Esto se debía a que los términos “matrimonio” y “cónyuge” estaban en gran medida indefinidos en la legislación federal, por lo que los tribunales federales dependían de la legislación estatal para definir lo que implicaba el “matrimonio” en la práctica. Citando el informe de 1996 del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley H.R. 3396 (que se convertiría en la DOMA): “Hasta la situación de Hawái, nunca hubo razón para hacer explícito lo que siempre había sido implícito: es decir, que solo las parejas heterosexuales podían casarse”.[12]
En 1995, mientras Baehr v. Miike avanzaba a través de los tribunales de Hawaii, decenas de estados propusieron y aprobaron leyes que negaban explícitamente el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en otras partes de los Estados Unidos y definían el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.[13]Los estados continuarían aprobando estas leyes incluso después de la aprobación de la DOMA.
El informe de 1996 del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sostuvo que la DOMA era una respuesta a Baehr v. Miike, porque “una redefinición del matrimonio en Hawái para incluir a parejas homosexuales podría hacer que dichas parejas fueran elegibles para toda una gama de derechos y beneficios federales”.[12]Además, el informe afirmaba que cuatro intereses gubernamentales distintos serían promovidos por la DOMA: “(1) defender y fomentar la institución del matrimonio heterosexual tradicional; (2) defender las nociones tradicionales de moralidad; (3) proteger la soberanía estatal y el autogobierno democrático; y (4) preservar los escasos recursos gubernamentales”.[12]
Texto
Las principales disposiciones de la ley fueron las siguientes:[14]
- Sección 1. Título corto
- Ésta ley podrá ser citada como "Ley de Defensa del Matrimonio".
- Sección 2. Autonomía de los estados
- Ningún Estado, territorio o posesión de los Estados Unidos, ni tribu indígena, estará obligado a dar efecto a ningún acto público, registro o procedimiento judicial de cualquier otro Estado, territorio, posesión o tribu respecto de una relación entre personas del mismo sexo que sea tratada como matrimonio bajo las leyes de dicho otro Estado, territorio, posesión o tribu, ni a ningún derecho o reclamación que surja de dicha relación.
- Sección 3. La definición federal del matrimonio
- Para determinar el significado de cualquier ley federal o de cualquier fallo, regulación o interpretación de las diferentes oficinas y agencias administrativas de los Estados Unidos, la palabra "matrimonio" significa solamente una unión legal entre un hombre y una mujer como marido y esposa y la palabra "cónyuge" se refiere sólo a una persona del sexo opuesto que es marido o esposa.
Promulgación y papel del presidente Clinton
El representante por Georgia Bob Barr, entonces miembro del Partido Republicano, redactó la Ley de Defensa del Matrimonio y la presentó en la Cámara de Representantes el 7 de mayo de 1996. El senador Don Nickles (R-OK) presentó el proyecto en el Senado.[15]El Comité Judicial de la Cámara de Representantes declaró que la ley pretendía “reflejar y honrar un juicio moral colectivo y expresar desaprobación moral hacia la homosexualidad”.[16]Los patrocinadores congresales de la ley afirmaron: “El proyecto modifica el Código de los Estados Unidos para hacer explícito lo que se ha entendido bajo la legislación federal durante más de 200 años; que un matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer como esposo y esposa, y que un cónyuge es un esposo o esposa del sexo opuesto”.[17]
Nickles dijo: “Si algún estado desea reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, puede hacerlo”. Añadió que el proyecto garantizaría que “los otros 49 estados no tengan que hacerlo y que el Gobierno Federal tampoco tenga que hacerlo”.[15]En oposición al proyecto, la representante por Colorado Patricia Schroeder declaró: “No se puede enmendar la Constitución mediante una ley. Todo el mundo lo sabe. Esto solo está agitando las aguas políticas y viendo cuánto odio se puede desatar”.[15]Barr respondió que la Cláusula de Plena Fe y Crédito de la Constitución otorga al Congreso el poder de determinar “el efecto” de la obligación de cada estado de conceder “plena fe y crédito” a los actos de otros estados.[15]
La plataforma del Partido Republicano de 1996 respaldó la DOMA, haciendo referencia únicamente a la Sección 2 de la ley: “Rechazamos la distorsión de las leyes [antidiscriminación] para cubrir la preferencia sexual, y respaldamos la Ley de Defensa del Matrimonio para evitar que los estados sean obligados a reconocer uniones entre personas del mismo sexo”.[18]La plataforma del Partido Demócrata de ese año no mencionó la DOMA ni el matrimonio entre personas del mismo sexo.[19]En una entrevista de junio de 1996 con la revista gay y lésbica The Advocate, Clinton declaró: “Sigo oponiéndome al matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que el matrimonio es una institución para la unión entre un hombre y una mujer. Esta ha sido mi postura desde hace mucho tiempo, y no está siendo revisada ni reconsiderada”.[20]Sin embargo, también criticó la DOMA por considerarla innecesaria y divisiva.[21]
El proyecto avanzó rápidamente por el Congreso mediante una vía legislativa acelerada y recibió una aprobación abrumadora en ambas cámaras del Congreso controlado por los republicanos. El 12 de julio de 1996, con solo 65 demócratas y los representantes Bernie Sanders (I-VT) y Steve Gunderson (R-WI) en contra, 342 miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos —224 republicanos y 118 demócratas— votaron a favor de aprobar la DOMA.[22][23]El 10 de septiembre de 1996, 84 senadores, incluida una mayoría de los senadores demócratas, entre ellos Joe Biden,[24]y todos los republicanos, votaron a favor de la DOMA.[25][26]Los senadores demócratas votaron a favor del proyecto por 32 contra 14 (con David Pryor de Arkansas ausente), y los representantes demócratas votaron a favor por 118 contra 65, con 15 sin participar. Todos los republicanos en ambas cámaras votaron a favor del proyecto, con la única excepción del único congresista republicano abiertamente gay, el representante Steve Gunderson de Wisconsin.[23][26]
Después de que el Congreso aprobara la DOMA con mayorías capaces de superar un veto en ambas cámaras,[27]Clinton la firmó como ley el 21 de septiembre de 1996[28][29]tarde por la noche y a puertas cerradas.[30][31][32]Clinton, que se encontraba de viaje cuando el Congreso actuó, la promulgó inmediatamente tras regresar a Washington D. C.;[33]no se realizó ninguna ceremonia de firma de la DOMA ni se tomaron fotografías de Clinton firmándola.[34]La Casa Blanca emitió un comunicado en el que Clinton afirmó que “la promulgación de esta legislación no debe, a pesar de la retórica intensa y en ocasiones divisiva que la rodeó, entenderse como una excusa para la discriminación, la violencia o la intimidación contra cualquier persona en base a la orientación sexual”.[33]
En 2013, Mike McCurry, quien era secretario de prensa de la Casa Blanca en ese momento, recordó que la “postura” de Clinton estuvo “francamente impulsada por las realidades políticas de un año electoral en 1996”.[27]James Hormel, nombrado por Clinton como el primer embajador estadounidense abiertamente gay, describió la reacción de la comunidad gay ante la firma de la DOMA por parte de Clinton como de shock e ira.[35]
Tras la firma de la DOMA, la postura pública de Clinton sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo cambió. En 2008, se manifestó en contra de la aprobación de la Proposición 8 de California, que habría prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo, y grabó mensajes automáticos instando a los californianos a votar en contra de ella.[36]En julio de 2009, expresó públicamente su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo.[37][38]
Años después, Clinton afirmó que firmó la DOMA a regañadientes debido a las mayorías congresales capaces de superar un veto que apoyaban el proyecto, y que lo hizo para evitar asociarse políticamente con la entonces impopular causa del matrimonio entre personas del mismo sexo y para desactivar el impulso de una propuesta de enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que habría prohibido dicho matrimonio.[27][39][40][41]Aun así, más tarde ese mismo año, Clinton difundió anuncios en emisoras de radio cristianas de todo el país promoviendo su firma de la legislación.[42]Los anuncios fueron retirados tras una fuerte reacción negativa de grupos LGBT.[42]La explicación de Clinton sobre por qué firmó la DOMA ha sido cuestionada por activistas por los derechos gays como Elizabeth Birch[43]y Evan Wolfson.[44]
Impacto legal
La Oficina General de Contabilidad (GAO) emitió un informe en 1997 identificando “1.049 disposiciones legales federales clasificadas dentro del Código de los Estados Unidos en las que los beneficios, derechos y privilegios dependen del estado civil o en las que el estado civil es un factor”.[45]Al actualizar su informe en 2004, la Oficina General de Contabilidad encontró que este número había aumentado a 1.138 hasta el 31 de diciembre de 2003.[46]Con respecto al Seguro Social, la vivienda y los cupones de alimentos, la GAO concluyó que “el reconocimiento de la relación matrimonial es integral para el diseño de los programas”. El informe también señaló varias otras categorías importantes de programas afectados —beneficios para veteranos, incluidas pensiones y beneficios para sobrevivientes; impuestos sobre ingresos, herencias, regalos y ventas de propiedades; y beneficios para empleados federales, tanto civiles como militares— e identificó aspectos específicos como los derechos del cónyuge sobreviviente de un creador de obras protegidas por derechos de autor y los requisitos de divulgación financiera para los cónyuges de miembros del Congreso y ciertos funcionarios del gobierno federal. Los programas de préstamos educativos y los programas agrícolas de apoyo de precios y préstamos también involucraban a los cónyuges. La ayuda financiera para “granjas familiares”, por ejemplo, estaba restringida a aquellas en las que “una participación mayoritaria sea propiedad de individuos relacionados por matrimonio o sangre”.[45]
Debido a que la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA) controla la mayoría de los beneficios laborales proporcionados por empleadores privados, la DOMA eliminó algunas exenciones fiscales para empleadores y empleados del sector privado en lo referente a beneficios de salud, pensiones y discapacidad para cónyuges del mismo sexo en igualdad de condiciones con los cónyuges de distinto sexo. La ERISA no afecta a empleados de gobiernos estatales y locales ni de iglesias, ni se extiende a beneficios como licencias y vacaciones laborales.[47]
Bajo la DOMA, las personas en matrimonios entre personas del mismo sexo no eran consideradas casadas para fines migratorios. Los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos en matrimonios entre personas del mismo sexo no podían solicitar beneficios migratorios para sus cónyuges, ni podían ser acompañados por ellos a los Estados Unidos sobre la base de una visa familiar o laboral. Un no ciudadano en ese tipo de matrimonio tampoco podía utilizarlo como fundamento para obtener una exención o alivio frente a una expulsión de los Estados Unidos.[48]
Tras el fin de la prohibición del ejército de los Estados Unidos sobre el servicio de gays y lesbianas abiertamente homosexuales, conocida como Don't ask, don't tell, en septiembre de 2011, el almirante Mike Mullen, presidente del Estado Mayor Conjunto, señaló que la DOMA limitaba la capacidad de las fuerzas armadas para extender los mismos beneficios al personal militar en matrimonios entre personas del mismo sexo que recibían sus pares en matrimonios de distinto sexo, particularmente beneficios de salud.[49]A los cónyuges del mismo sexo del personal militar se les negaba el mismo acceso a bases militares, asesoría legal y subsidios de vivienda otorgados a los cónyuges de distinto sexo.[50]
Impacto político
La plataforma del Partido Republicano de 2000 respaldó la DOMA en términos generales e indicó preocupación por el activismo judicial: “Apoyamos la definición tradicional de ‘matrimonio’ como la unión legal entre un hombre y una mujer, y creemos que los jueces y burócratas federales no deberían obligar a los estados a reconocer otros arreglos de convivencia como matrimonios”.[51]La plataforma del Partido Demócrata de ese año no mencionó la DOMA ni el matrimonio en este contexto.[52]
Administración Bush
En 2004, el presidente George W. Bush respaldó una propuesta de enmienda constitucional para restringir el matrimonio a parejas de distinto sexo porque consideraba que la DOMA era vulnerable: “Después de más de dos siglos de jurisprudencia estadounidense y milenios de experiencia humana, unos pocos jueces y autoridades locales están pretendiendo cambiar la institución más fundamental de la civilización. Sus acciones han creado confusión sobre un tema que requiere claridad”.[53]Sin embargo, en enero de 2005 declaró que no haría campaña a favor de ella, ya que demasiados senadores estadounidenses pensaban que la DOMA no sobreviviría a una impugnación constitucional.[54]
Administración Obama
La plataforma política de Barack Obama en 2008 respaldó la derogación de la DOMA.[55][56]El 12 de junio de 2009, el Departamento de Justicia emitió un escrito defendiendo la constitucionalidad de la DOMA en el caso Smelt v. United States, continuando así su práctica de larga data de defender todas las leyes federales impugnadas ante los tribunales.[57]El 15 de junio de 2009, el presidente de la Human Rights Campaign, Joe Solmonese, escribió una carta abierta a Obama pidiéndole acciones para equilibrar la posición del Departamento de Justicia en los tribunales: “Le pedimos que ponga sus principios en acción y envíe al Congreso una legislación que derogue la DOMA”.[58]Un representante de Lambda Legal, una organización de litigio estratégico y defensa LGBT, señaló que los argumentos legales de la administración Obama omitían la afirmación de la administración Bush de que los hogares encabezados por cónyuges de distinto sexo eran mejores criando hijos que aquellos encabezados por cónyuges del mismo sexo.[57]
El 23 de febrero de 2011, el fiscal general Eric Holder emitió una declaración respecto a las demandas que impugnaban la Sección 3 de la DOMA. Escribió:[59]
Después de una cuidadosa consideración, incluida una revisión de mi recomendación, el presidente ha concluido que, dados varios factores, incluida una historia documentada de discriminación, las clasificaciones basadas en la orientación sexual deben estar sujetas a un estándar de escrutinio más estricto. El presidente también ha concluido que la Sección 3 de la DOMA, tal como se aplica a parejas del mismo sexo legalmente casadas, no cumple con ese estándar y, por lo tanto, es inconstitucional. Dada esa conclusión, el presidente ha instruido al Departamento a no defender la ley en tales casos.
También anunció que, aunque la administración ya no defendería la Sección 3 ante los tribunales, tenía la intención de seguir aplicando la ley “a menos y hasta que el Congreso derogue la Sección 3 o el poder judicial emita un veredicto definitivo contra la constitucionalidad de la ley”.[59]
En una carta separada dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, Eric Holder señaló que el Congreso podía participar en estas demandas.[60]
El 24 de febrero, el Departamento de Justicia notificó a la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito que “dejaría de defender” los casos Gill v. Office of Personnel Management y Massachusetts v. United States Department of Health and Human Services.[61]El 1 de julio de 2011, el Departamento de Justicia, mediante una presentación en el caso Golinski v. Office of Personnel Management, intervino por primera vez a favor de una demandante que buscaba que la Sección 3 de la DOMA fuera declarada inconstitucional, argumentando que las leyes que utilizan la orientación sexual como clasificación debían superar el estándar de revisión de escrutinio intermedio de los tribunales.[62]El Departamento de Justicia presentó argumentos similares en una presentación en el caso Gill el 7 de julio.[63]
En junio de 2012, al presentar un escrito amicus curiae en el caso Golinski, dos exfiscales generales republicanos, Edwin Meese y John Ashcroft, calificaron la decisión del Departamento de Justicia de no defender la Sección 3 de la DOMA como “un alejamiento sin precedentes y desacertado de más de dos siglos de práctica del Poder Ejecutivo” y “una desviación extrema y sin precedentes de la norma histórica”.[64]
Intervención del Congreso
El 4 de marzo de 2011, Boehner anunció que el Grupo Asesor Legal Bipartidista (BLAG) se reuniría para considerar si la Cámara de Representantes debía defender la Sección 3 de la DOMA en lugar del Departamento de Justicia,[65][66]y el 9 de marzo el comité votó 3 a 2 a favor de hacerlo.[67]
El 18 de abril de 2011, los líderes de la Cámara anunciaron la selección del exprocurador general de los Estados Unidos Paul Clement para representar al BLAG.[68]Clement, sin oposición de las otras partes del caso, presentó una moción para que se le permitiera intervenir en la demanda “con el propósito limitado de defender la constitucionalidad de la Sección III” de la DOMA.[69][70]El 25 de abril de 2011, King & Spalding, el bufete de abogados a través del cual Clement manejaba el caso, anunció que abandonaba el caso. Ese mismo día, Clement renunció a King & Spalding en señal de protesta y se unió a Bancroft PLLC, que asumió el caso.[71]El contrato inicial de la Cámara con Clement limitaba los honorarios legales a 500.000 dólares,[72]pero el 30 de septiembre un contrato revisado elevó el límite a 1,5 millones de dólares.[73]Un portavoz de Boehner explicó que el BLAG no apelaría en todos los casos, citando casos de bancarrota que “probablemente no proporcionen el camino hacia la Corte Suprema.... Defender [la DOMA] de manera efectiva no requiere que la Cámara intervenga en cada caso, especialmente cuando hacerlo sería prohibitivamente costoso”.[74]
Impugnaciones a la Sección 3 en tribunales federales
Numerosos demandantes impugnaron la DOMA. Antes de 2009, todos los tribunales federales habían confirmado la constitucionalidad de la DOMA en su totalidad.
Los casos posteriores se centraron en la definición de matrimonio de la Sección 3. Los tribunales, utilizando distintos estándares, han declarado inconstitucional la Sección 3 en todos los casos. Se presentaron solicitudes para que la Corte Suprema escuchara apelaciones en cinco casos, listados a continuación (con sus números de expediente ante la Corte Suprema):
- Gill v. Office of Personnel Management (12-13 como BLAG v. Gill)
- Massachusetts v. United States Department of Health and Human Services (12-15 como Dept. of HHS v. Massachusetts, 12-97)
- Golinski v. Office of Personnel Managemen't (12-16 OPM v. Golinski)
- United States v. Windsor (12-63)
- Pedersen v. Office of Personnel Management (12-231)
Golinski v. Office of Personnel Management
Golinski v. Office of Personnel Management fue una impugnación a la Sección 3 de la DOMA en tribunales federales basada en el intento de una empleada judicial de obtener beneficios de salud para su cónyuge. En 2008, Karen Golinski, empleada durante 19 años del Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito, solicitó beneficios de salud para su esposa. Cuando la solicitud fue rechazada, presentó una queja bajo el Plan de Resolución de Disputas Laborales del Noveno Circuito. El juez presidente Alex Kozinski, en su capacidad administrativa, dictaminó en 2009 que tenía derecho a los beneficios de salud conyugales,[75]pero la Oficina de Administración de Personal anunció que no cumpliría con la decisión.
El 17 de marzo de 2011, el juez federal Jeffrey White desestimó la demanda por motivos procedimentales, pero invitó a Karen Golinski a enmendarla para argumentar la inconstitucionalidad de la Sección 3 de la DOMA,[76]lo cual hizo el 14 de abril.[77]Tras la decisión del Fiscal General de dejar de defender la DOMA,[59]el Grupo Asesor Legal Bipartidista (BLAG), un órgano de la Cámara de Representantes, asumió la defensa. El ex Procurador General de los Estados Unidos Paul Clement presentó, en nombre del BLAG, una moción para desestimar el caso, planteando argumentos previamente evitados por el Departamento de Justicia: que la definición de matrimonio de la DOMA era válida “porque solo un hombre y una mujer pueden concebir un hijo juntos, y porque la experiencia histórica ha demostrado que una familia compuesta por un padre y una madre casados es una estructura social eficaz para criar hijos”.[78][79]El 1 de julio de 2011, el Departamento de Justicia presentó un escrito en apoyo de la demanda de Golinski, en el que por primera vez detalló su argumento a favor de un escrutinio intermedio basado en “una historia significativa de discriminación deliberada contra las personas homosexuales y lesbianas, tanto por entidades gubernamentales como privadas”, y sus argumentos de que la Sección 3 de la DOMA no cumple con ese estándar.[62][80]
El 22 de febrero de 2012, Jeffrey White falló a favor de Karen Golinski, determinando que la DOMA “viola su derecho a la igual protección de la ley bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”. Escribió que la Sección 3 de la DOMA no podía superar ni el estándar de “escrutinio estricto” ni la revisión de “base racional”. Escribió:[81]
El tribunal concluye que ni las justificaciones legislativas alegadas por el Congreso ni las razones propuestas por el BLAG constituyen fundamentos racionalmente relacionados con los supuestos intereses gubernamentales. Además, tras concluir que ni la ley ni el expediente pueden sostener ninguno de los intereses sugeridos, el tribunal, después de intentarlo por su cuenta, no puede concebir ningún interés adicional que la DOMA pudiera promover.
Mientras el caso estaba en apelación ante la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito, el 3 de julio de 2012 el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema que revisara el caso antes de que el Noveno Circuito emitiera su decisión, para que pudiera ser visto junto con otros dos casos en los que la Sección 3 de la DOMA había sido declarada inconstitucional, Gill v. Office of Personnel Management y Massachusetts v. United States Department of Health and Human Services.[82]La Corte Suprema decidió conocer el caso United States v. Windsor en lugar de esos otros, y tras la decisión de la Corte Suprema en Windsor, el Noveno Circuito desestimó la apelación en Golinski con el consentimiento de todas las partes el 23 de julio.[83]
Gill y Massachusetts
El 3 de marzo de 2009, GLAD presentó una impugnación federal, Gill v. Office of Personnel Management, basada en la Cláusula sobre Protección Igualitaria y en la histórica deferencia del gobierno federal a la definición de matrimonio de cada estado antes de la aprobación de la DOMA. El caso cuestionaba únicamente la disposición de la DOMA que establece que el gobierno federal define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.[84][85]El 6 de mayo de 2010, el juez Joseph L. Tauro escuchó los argumentos en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.[86]
El 8 de julio de 2009, la fiscal general de Massachusetts Martha Coakley presentó una demanda, Massachusetts v. United States Department of Health and Human Services, impugnando la constitucionalidad de la DOMA. La demanda sostiene que el Congreso “se excedió en su autoridad, socavó los esfuerzos de los estados para reconocer matrimonios entre parejas del mismo sexo y codificó una animosidad hacia las personas homosexuales y lesbianas”.[87]El juez Tauro, quien también llevaba el caso Gill, escuchó los argumentos el 26 de mayo de 2010.[88]
El 8 de julio de 2010, Tauro emitió sus fallos en ambos casos, Gill y Massachusetts, concediendo un juicio sumario a favor de los demandantes en ambos casos.[89][90]En Gill, determinó que la Sección 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio viola la protección igualitaria de las leyes garantizada por la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En Massachusetts sostuvo que la misma sección de la DOMA viola la Décima Enmienda y excede la autoridad del Congreso bajo la Cláusula de Impuestos y Gastos de la Constitución.[91][92]Esas decisiones fueron suspendidas después de que el Departamento de Justicia presentara una apelación el 12 de octubre de 2010.[93]
El 3 de noviembre de 2011, 133 miembros demócratas de la Cámara de Representantes presentaron un escrito amicus curiae en apoyo de los demandantes en Gill y Massachusetts, afirmando su creencia de que la Sección 3 de la DOMA era inconstitucional.[94]Entre los miembros del Congreso que firmaron el escrito había 14 que habían votado a favor de la ley en 1996.[94]Setenta grandes empleadores también presentaron un escrito amicus en apoyo de los demandantes.[95]Un panel de tres jueces escuchó los argumentos del caso el 4 de abril de 2012, durante el cual el Departamento de Justicia adoptó por primera vez la posición de que no podía defender la Sección 3 de la DOMA bajo ningún nivel de escrutinio.[96]El 31 de mayo de 2012, el panel confirmó por unanimidad la decisión de Tauro, declarando inconstitucional la Sección 3 de la DOMA.[97][98]El 29 de junio, el BLAG presentó una petición de certiorari ante la Corte Suprema.[99]El Departamento de Justicia hizo lo mismo el 3 de julio, solicitando además que la Corte revisara también Golinski.[82]La Mancomunidad de Massachusetts presentó una respuesta a ambas peticiones añadiendo los asuntos de la Cláusula de Impuestos y Gastos y la Décima Enmienda como cuestiones planteadas. La Corte Suprema denegó estas peticiones el 27 de junio de 2013, tras su decisión en Windsor.
United States v. Windsor
Artículo principal: United States v. Windsor
El 9 de noviembre de 2010, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó el caso United States v. Windsor en Nueva York en nombre de una cónyuge sobreviviente de un matrimonio entre personas del mismo sexo, cuya herencia de su esposa fallecida había sido sujeta a impuestos federales como si no estuvieran casadas.[100][101]Nueva York forma parte del Segundo Circuito, donde no existe un precedente que establezca qué estándar de revisión debe aplicarse en casos de discriminación por orientación sexual.
El fiscal general de New York Eric Schneiderman presentó un escrito apoyando la reclamación de Edith Windsor el 26 de julio de 2011.[102]
El 6 de junio de 2012, la jueza Barbara S. Jones determinó, aplicando el estándar de “base racional”, que la Sección 3 de la DOMA era inconstitucional y ordenó que se pagara a Edith Windsor el reembolso de impuestos solicitado. La demandante comentó: “Es emocionante que finalmente un tribunal reconozca lo injusto que es que el gobierno nos haya tratado como si fuéramos desconocidos”.[103]Los abogados de Windsor presentaron una petición de certiorari ante la Corte Suprema el 16 de julio, solicitando que el caso se revisara sin esperar la revisión del Segundo Circuito.[104]El 18 de octubre, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la decisión del tribunal inferior de que la Sección 3 de la DOMA era inconstitucional.[105][106]Según un comunicado de la ACLU, este fallo fue “la primera decisión de una corte federal de apelaciones en determinar que la discriminación gubernamental contra personas homosexuales requiere un nivel más estricto de revisión judicial”.[107]En la opinión redactada por el juez presidente Dennis Jacobs, el Segundo Circuito de Apelaciones declaró:[108]
Nuestro análisis jurídico directo evita el punto razonable de que el matrimonio entre personas del mismo sexo es desconocido en la historia y la tradición, pero el derecho (federal o estatal) no se ocupa del matrimonio sagrado. El gobierno trata el matrimonio como un estado civil —por fundamental que sea— y Nueva York ha optado por extender ese estatus a las parejas del mismo sexo.
El 7 de diciembre de 2012, la Corte Suprema aceptó escuchar el caso. Los alegatos orales se celebraron el 27 de marzo de 2013.[109]En una decisión de 5 a 4 el 26 de junio de 2013, la Corte declaró inconstitucional la Sección 3 de la DOMA, afirmando que constituía “una privación de la libertad de la persona protegida por la Quinta Enmienda”.[1]
El 18 de julio de 2013, el Grupo Asesor Legal Bipartidista (BLAG), que había asumido la defensa de la Sección 3 cuando la administración dejó de hacerlo, reconoció que en United States v. Windsor “la Corte Suprema resolvió recientemente la cuestión de la constitucionalidad de la Sección 3 de la DOMA” y afirmó que “ya no defenderá esa ley”.[110]
Pedersen v. Office of Personnel Management
Pedersen v. Office of Personnel Management es un caso presentado por GLAD en Connecticut en nombre de parejas del mismo sexo de Connecticut, Vermont y Nuevo Hampshire, en el que GLAD repite los argumentos que ya había planteado en Gill v. Office of Personnel Management.
El 31 de julio de 2012, la jueza Vanessa Lynne Bryant dictaminó que “tras considerar las supuestas bases racionales propuestas tanto por el BLAG como por el Congreso y concluir que dichos objetivos no guardan una relación racional con la Sección 3 de la DOMA como esquema legislativo, el tribunal considera que no existe ninguna base racional concebible para la disposición. Por lo tanto, la disposición viola los principios de igual protección incorporados en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.[111]Añadió que “las leyes que clasifican a las personas en función de la orientación sexual deberían estar sujetas a un escrutinio más estricto por parte de los tribunales”, pero determinó que la Sección 3 de la DOMA “no supera el examen constitucional ni siquiera bajo el nivel más deferente de revisión judicial”.[112][113]El caso fue apelado ante el Segundo Circuito y, el 21 de agosto de 2012, Karen Golinski solicitó a la Corte Suprema que revisara el caso antes de que el Segundo Circuito emitiera su decisión, para que pudiera ser visto junto con Gill v. Office of Personnel Management y Massachusetts v. United States Department of Health and Human Services.[114]La Corte Suprema denegó estas peticiones el 27 de junio de 2013, tras su decisión en United States v. Windsor.
Otros casos
Otros casos que impugnaron la DOMA incluyen:[115]
- Dragovich v. Department of the Treasury, No. 10-1564 (N.D. Cal.), una demanda colectiva en la que parejas del mismo sexo de California buscaban acceso igualitario al programa de seguro de cuidado a largo plazo del estado para empleados públicos y sus familias. La jueza federal Claudia Wilken determinó el 24 de mayo de 2012 que la Sección 3 de la DOMA y ciertas regulaciones del IRS violaban los derechos de igual protección de los demandantes.[116]
- Hara v. Office of Personnel Management, No. 09-3134 (Cir. Fed.), es uno de los demandantes en el caso Gill v. Office of Personnel Management.
- Torres-Barragan v. Holder, No. 10-55768 (9.° Cir.), es una impugnación relacionada con inmigración contra la DOMA en la que el tribunal de distrito rechazó las impugnaciones constitucionales.[117]
- Cozen O'Connor v. Tobits, No. 11-00045-CDJ, en Pensilvania, es un caso en el que dos partes disputaban quién heredaba los ingresos de un plan de participación en beneficios de un bufete de abogados bajo ERISA y la DOMA. El Departamento de Justicia presentó un escrito argumentando la inconstitucionalidad de la DOMA.[118]Tras la decisión en United States v. Windsor, el juez C. Darnell Jones II determinó que la viuda calificaba como cónyuge del fallecido, ya que Illinois, su estado de domicilio, reconocía a la pareja como uniones civiles según su legislación.[119]Los padres del fallecido retiraron su apelación el 30 de agosto.[120]
- El 5 de abril de 2012, el juez presidente James Ware de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California ordenó al secretario del tribunal federal reembolsar a Christopher Nathan los costos del seguro de salud para su cónyuge del mismo sexo, equivalentes a los que le habían sido negados por la Sección 3 de la DOMA.[121]El 21 de noviembre de 2012, la Conferencia Judicial del Noveno Circuito confirmó la decisión de Ware y ordenó al tribunal determinar la cantidad adeudada a Nathan y pagarla en un plazo de 10 días.[122]
Casos militares y de veteranos
El 13 de octubre de 2011, Carmen Cardona, veterana de la Armada de los Estados Unidos, presentó una demanda ante la Corte de Apelaciones para Reclamos de Veteranos buscando beneficios por discapacidad para su esposa, los cuales habían sido denegados por la Administración de Veteranos y la Junta de Apelaciones de Veteranos.[123]Cardona fue representada por la Clínica de Servicios Legales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.[124]A solicitud del BLAG, que defendía la acción del gobierno, y pese a la oposición de Cardona, el tribunal pospuso los alegatos orales en Cardona v. Shinseki hasta que la Corte Suprema decidiera sobre las solicitudes de certiorari en otros casos de DOMA.[125]
El 27 de octubre de 2011, la Servicemembers Legal Defense Network (SLDN) presentó una demanda federal en nombre de varios militares en servicio y veteranos en matrimonios entre personas del mismo sexo. En un escrito del 21 de noviembre en el caso McLaughlin v. Panetta, señalaron: “Cualquier afirmación de que la DOMA, aplicada a beneficios conyugales militares, supera el escrutinio de base racional es forzada porque pagar beneficios desiguales a los miembros del servicio va directamente en contra de los valores militares de uniformidad, equidad y cohesión de unidad”. Los beneficios en cuestión incluían atención médica y dental, subsidios básicos de vivienda y transporte, beneficios por separación familiar, derechos de visita en hospitales militares y planes de beneficios para sobrevivientes.[126]El caso fue asignado al juez Richard G. Stearns. Una de las demandantes, la lesbiana Charlie Morgan, quien estaba recibiendo quimioterapia, se reunió con un asistente de John Boehner el 9 de febrero de 2012 para pedirle que considerara no defender la DOMA.[127]El caso quedó en suspenso a petición de ambas partes a la espera del resultado de dos casos del Primer Circuito en apelación, Gill v. Office of Personnel Management y Massachusetts v. United States Department of Health and Human Services.[128]El 17 de febrero, el Departamento de Justicia anunció que no podía defender la constitucionalidad de las leyes impugnadas en el caso.[129]En mayo de 2012, las partes presentaron escritos sobre si el BLAG tenía derecho a intervenir.[130]El 27 de junio, el juez Stearns pidió a las partes que explicaran antes del 18 de julio por qué, dado el fallo en United States v. Windsor, no debía fallar a favor de los demandantes.[131]El 18 de julio, la respuesta del BLAG reconoció que “la Corte Suprema resolvió recientemente la cuestión de la constitucionalidad de la Sección 3 de la DOMA” y pidió retirarse del caso. No tomó posición sobre los dos estatutos en cuestión, que definen “cónyuge” como “una persona del sexo opuesto”, salvo para decir que “la cuestión de si esa definición es constitucional sigue abierta”.[110]
Tracey Cooper-Harris, una veterana del Ejército, demandó a la Departamento de Veteranos y al Departamento de Justicia el 1 de febrero de 2012 ante un tribunal federal, solicitando que su esposa recibiera los beneficios normalmente otorgados a cónyuges de veteranos con discapacidad.[132]El BLAG pidió una suspensión en el caso Cooper-Harris v. United States hasta que se resolviera Golinski v. Office of Personnel Management, lo cual fue rechazado por los abogados de Cooper-Harris, del Southern Poverty Law Center. El tribunal negó la moción del BLAG el 4 de agosto.[133]En febrero de 2013, la jueza Consuelo Marshall rechazó el argumento del Departamento de Justicia de que el caso solo podía ser visto por la Junta de Apelaciones de Veteranos y permitió que el caso continuara.[134]El BLAG solicitó retirarse de la demanda el 22 de julio.[135]
Corte de Quiebras
En mayo de 2011, las impugnaciones basadas en la DOMA presentadas por el Departamento de Justicia contra peticiones conjuntas de quiebra de parejas casadas del mismo sexo fueron rechazadas en dos casos: uno en el Distrito Sur de Nueva York el 4 de mayo y otro en el Distrito Este de California el 31 de mayo. Ambas resoluciones enfatizaron consideraciones prácticas y evitaron pronunciarse sobre la DOMA.[136][137]
El 13 de junio de 2011, 20 de los 25 jueces de la Corte de Quiebras para el Distrito Central de California firmaron una opinión en el caso in re Balas and Morales en la que concluyeron que una pareja casada del mismo sexo que solicita quiebra “ha presentado argumentos convincentes de que la DOMA les priva de la igual protección de la ley a la que tienen derecho”. La decisión declaró inconstitucional la Sección 3 de la DOMA y rechazó las objeciones del BLAG a la presentación conjunta.[138][139]
Aunque los miembros individuales del Congreso tienen todo el derecho de expresar sus opiniones y las de sus electores respecto a sus creencias religiosas y principios, así como sus estándares personales sobre quién puede casarse con quién, esta corte no puede concluir que el Congreso tenga derecho a consagrar tales opiniones en las leyes de esta nación ignorando las opiniones, el estatus legal y las situaciones de convivencia de un segmento significativo de nuestra ciudadanía que incluye a los deudores en este caso. Hacerlo viola el derecho de los deudores a la igual protección de esas leyes, incorporado en la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda. Esta corte no puede concluir, a partir de la evidencia o del expediente de este caso, que la DOMA, tal como se aplica a los deudores, promueva algún interés gubernamental válido.
Un portavoz del presidente de la Cámara de Representantes John Boehner dijo que el BLAG no apelaría la decisión,[74]El 7 de julio de 2011, el Departamento de Justicia anunció que, tras consultar con el BLAG, ya no presentaría objeciones a “las solicitudes de quiebra presentadas conjuntamente por parejas del mismo sexo que están casadas bajo la ley estatal”.[140]
Casos de inmigración
Las parejas del mismo sexo binacionales no podían vivir legalmente en los Estados Unidos debido a la Sección 3 de la DOMA, que impedía que un cónyuge patrocinara al otro para obtener una green card.[141]Tras cierta incertidumbre después de que la Administración Obama determinara que la Sección 3 era inconstitucional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) reafirmó su política de denegar dichas solicitudes.[142]En cuanto a la obtención de visas de visitante, las normas del Buró trataban a los cónyuges del mismo sexo binacionales de la misma manera que a las parejas no casadas de distinto sexo en la categoría de “parejas convivientes”.[143]
Tim Coco y Genesio J. Oliveira, una pareja del mismo sexo casada en Massachusetts en 2005, impugnaron con éxito esta política y desarrollaron un modelo que luego fue seguido por otros activistas de inmigración.[144]Los Estados Unidos se negaron a reconocer su matrimonio y en 2007 Oliveira, ciudadano brasileño, aceptó la “salida voluntaria” y regresó a Brasil. La pareja llevó a cabo una campaña mediática nacional.[145]Un editorial del The Boston Globe señaló: “Se han logrado grandes avances hacia la igualdad para los gays en este país, pero el lamentable destino de Tim Coco y Genesio Oliveira muestra que miles de parejas del mismo sexo, incluso en Massachusetts, todavía no son realmente ciudadanos plenos”.[146]El editorial llamó la atención del senador John Kerry, quien primero presionó sin éxito al fiscal general Eric Holder.[147]Luego obtuvo el apoyo de la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano, quien concedió a Oliveira un permiso de permanencia temporal, lo que permitió que la pareja se reuniera en los Estados Unidos en junio de 2010.[148]Este permiso se otorga caso por caso a discreción del secretario.[149]
El 28 de septiembre de 2011, en Lui v. Holder, el juez federal Stephen V. Wilson rechazó una impugnación a la DOMA, citando el caso Adams v. Howerton (1982).[150]Los demandantes en ese caso habían impugnado sin éxito la negativa de otorgar estatus de familiar inmediato al cónyuge del mismo sexo de un ciudadano estadounidense.[151][152]A inicios de 2012, dos parejas del mismo sexo binacionales recibieron el estatus de “acción diferida”, suspendiendo los procedimientos de deportación contra el cónyuge no ciudadano por un año.[153][154]Una pareja similar en Texas vio su caso de deportación desestimado en marzo de 2012, lo que dejó al cónyuge no ciudadano sin poder trabajar legalmente en los Estados Unidos, pero ya sin la amenaza de deportación.[155]
El 5 de enero de 2012, la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois decidió el caso de una pareja binacional del mismo sexo. Demos Revelis y Marcel Maas, casados en Iowa en 2010, buscaban impedir que el USCIS aplicara la Sección 3 de la DOMA a la solicitud de green card de Revelis para Maas y, en palabras de la corte, que “su petición fuera revisada y decidida bajo las mismas bases que las de otras parejas casadas”.[156]El juez Harry D. Leinenweber, designado por Reagan, rechazó la moción del gobierno para desestimar el caso. El BLAG argumentó a favor de la desestimación.[157]En julio, la corte suspendió el proceso hasta mediados de octubre porque el USCIS estaba considerando rechazar la solicitud de los demandantes por motivos no relacionados con la DOMA.[158]
El 2 de abril de 2012, cinco parejas binacionales del mismo sexo representadas por Immigration Equality y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison presentaron una demanda, Blesch v. Holder, ante la Corte de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, alegando que la Sección 3 de la DOMA violaba sus derechos de igual protección al negar al ciudadano estadounidense dentro de la relación los mismos derechos en el proceso de solicitud de green card que se concedían a un ciudadano estadounidense en una relación con una pareja del sexo opuesto.[157]El 25 de julio, la jueza presidenta Carol Amon suspendió el caso hasta la resolución de United States v. Windsor por el Segundo Circuito.[159]
El defensor de los derechos migratorios Lavi Soloway informó el 19 de junio de 2012 que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) había respondido en cuatro casos a denegaciones de green card por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), solicitando al USCIS que documentara el estado civil de las parejas del mismo sexo y determinara si el ciudadano extranjero calificaría para una green card en ausencia de la Sección 3 de la DOMA. Señaló que la BIA estaba “esencialmente preparando el terreno para poder aprobar las peticiones en un universo posterior a la DOMA”.[160]
El 19 de abril de 2013, la jueza federal Consuelo Marshall ordenó que una demanda presentada en julio de 2012 por Jane DeLeon, ciudadana filipina, y su esposa Irma Rodriguez, ciudadana estadounidense, pudiera continuar como demanda colectiva. Las demandantes, representadas por el Center for Human Rights and Constitutional Law, sostenían que a DeLeon se le había negado una exención de residencia debido a la Sección 3 de la DOMA.[161][162]
El 28 de junio de 2013, el USCIS notificó al ciudadano estadounidense Julian Marsh que había aprobado la petición de green card para su esposo búlgaro Traian Popov. Ambos residían en Florida.[163]El 3 de julio, la oficina del USCIS en Centennial, Colorado concedió una green card a Cathy Davis, ciudadana de Irlanda, basada en su matrimonio con la ciudadana estadounidense Catriona Dowling.[164]
Tribunales
En 2009, el juez Stephen Reinhardt de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito declaró inconstitucional la DOMA en in re Levenson, un caso de resolución de disputas laborales en el que el gobierno federal se negó a otorgar beneficios conyugales a Tony Sears, esposo del defensor público federal adjunto Brad Levenson.[165][166]Como empleado del poder judicial federal, Levenson tenía prohibido demandar a su empleador en una corte federal. En lugar de ello, las disputas laborales se manejan en tribunales administrativos de resolución de conflictos laborales, donde un juez federal escucha el caso en su calidad de funcionario de resolución de disputas.
Impugnaciones a la Sección 2 en tribunales federales
La Sección 2 de la DOMA establece otorgar alivio legal a cualquier estado para no reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en otras jurisdicciones. La Sección 2 plantea un conflicto entre los derechos de los estados y los derechos civiles. Diversas demandas federales, algunas presentadas junto con impugnaciones a la Sección 3, también cuestionaron la Sección 2.
- En In re Kandu, una pareja del mismo sexo del estado de Washington, que se había casado en Canada, intentó presentar una petición conjunta de quiebra, pero no se le permitió hacerlo.[167][168]
- Wilson v. Ake fue un intento fallido de una pareja del mismo sexo de Florida, casada en Massachusetts, para que su licencia de matrimonio fuera reconocida en Florida.[169]
- Smelt v. Orange County y Smelt v. United States: En febrero de 2004, Arthur Smelt y Christopher Hammer demandaron al condado de Orange, California, ante un tribunal federal por negarse a emitirles una licencia de matrimonio. La corte de distrito determinó que la pareja no tenía legitimación procesal para impugnar la Sección 2 de la DOMA y rechazó su cuestionamiento a la constitucionalidad de la Sección 3. El 5 de mayo de 2006, la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito desestimó la demanda,[170]y el 10 de octubre la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a considerar la apelación de la pareja. El 9 de marzo de 2009, la misma pareja, ya casada legalmente en California, presentó Smelt v. United States, impugnando la constitucionalidad de la DOMA y de la Proposición 8 de California .[171]El juez de distrito David O. Carter desestimó el caso el 24 de agosto, porque la pareja no había solicitado ni se le había negado ningún beneficio federal y, por tanto, carecía de un “daño concreto”.[172]
- Bishop v. United States: Dos parejas de lesbianas en Oklahoma, una de las cuales buscaba obtener una licencia de matrimonio y la otra que el estado reconociera su matrimonio canadiense o su unión civil de Vermont.[173][174]La corte suspendió el examen del caso hasta el resultado de United States v. Windsor. Más tarde, determinó que la pareja que impugnaba la Sección 2 no tenía legitimación activa procesal, pero declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Oklahoma en Bishop v. Oklahoma.
Obergefell v. Hodges
El 26 de junio de 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en Obergefell v. Hodges que la Decimocuarta Enmienda exige que todas las leyes estatales estadounidenses reconozcan los matrimonios entre personas del mismo sexo.[175]Esto dejó a la Sección 2 de la DOMA superada y sin posibilidad de aplicación.
Derogación
Más información: Ley de Respeto al Matrimonio
El 15 de septiembre de 2009, tres miembros demócratas del Congreso —Jerrold Nadler de Nueva York, Tammy Baldwin de Wisconsin y Jared Polis de Colorado— introdujeron legislación para derogar la DOMA llamada Ley de Respeto al Matrimonio. El proyecto de ley tuvo 91 copatrocinadores originales en la Cámara de Representantes.[176][177]Fue apoyado por Bill Clinton, Bob Barr y varios legisladores que habían votado a favor de la DOMA.[178]El congresista Barney Frank y John Berry, jefe de la Oficina de Administración de Personal, no apoyaron ese esfuerzo, afirmando que “no existe la base suficiente” en el Congreso. Frank y Berry sugirieron que la DOMA podría ser anulada más rápidamente mediante demandas como Gill v. Office of Personnel Management presentada por Gay & Lesbian Advocates & Defenders (GLAD).[179][180]
Tras el anuncio de Eric Holder de que la Administración Obama ya no defendería en los tribunales la Sección 3 de la DOMA, el 16 de marzo de 2011 la senadora Dianne Feinstein volvió a presentar la Ley de Respeto al Matrimonio en el Senado,[181]y Jerrold Nadler la presentó en la Cámara de Representantes.[182]El Comité Judicial del Senado votó 10–8 a favor de enviar el proyecto al pleno del Senado, pero los observadores consideraban que no obtendría los 60 votos necesarios para cerrar el debate y llevarlo a votación.[183]
Después de que la Corte Suprema anulara la Sección 3 de la DOMA el 26 de junio de 2013, Dianne Feinstein y Jerrold Nadler reintrodujeron la Ley de Respeto al Matrimonio como S. 1236 y H.R. 2523. La Ley de Respeto al Matrimonio superó el umbral de 60 votos necesario para vencer el filibuster el 16 de noviembre de 2022, cuando el Senado votó 62–37 para avanzar la propuesta.[184]Joe Biden promulgó la derogación el 13 de diciembre de 2022.
