Lugares de la memoria democrática

Antecedentes directos de políticas de conservación y protección por parte del Estado de los lugares de la memoria los encontramos en España en disposiciones como la Orden de 4 de abril de 1940 "Disponiendo que por los ayuntamientos se adopten medidas que garanticen el respeto de los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista",^[3] como parte de la propaganda fascista orquestada por el régimen de Francisco Franco.^[4]

Internacionalmente se encuentran otros antecedentes como la ley argentina 961/2002^[5] o las medidas dispuestas por otros Gobiernos Europeos respecto de lugares como el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau - promovida en 1979 por las autoridades nacionales su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO - o la Masacre de las Fosas Ardeatinas en Roma, Italia, igualmente conservado por las autoridades como lugar de la memoria. La Casa de los Esclavos de la Isla de Gorea en Senegal, lugar de tránsito de los esclavos capturados en África hacia Europa o América, promovida en 1978, o el puente de Mostar en el contexto de las Guerras Yugoslavas, promovido en 2005, son otros ejemplos reseñables en el plano internacional.

En el comunicado «Hacia la Protección jurídica por ley de los lugares de la represión franquista como “lugares de la memoria”», la Federación Estatal de Foros por la Memoria reivindicó al gobierno de España la creación de un mapa integrado de los lugares de la memoria de los crímenes contra la humanidad del franquismo en España, su difusión y su incorporación al currículo escolar en todos los niveles de enseñanza como forma de reparación para las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y con la finalidad de preservar la memoria colectiva y evitar tesis negacionistas. Para ello, se apoyó en la Resolución 60/147 de Naciones Unidas (aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005),^[6] los principios de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 8 de febrero de 2005)^[7] y textos internacionales como los Principios de Chicago sobre Justicia Transicional.^[8][9][10]

A raíz de la Ley de Memoria Histórica de España, varias comunidades autónomas han legislado sobre el establecimiento de lugares de la memoria.

En 2021 se creó la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, un órgano para la cooperación entre las administraciones nacional y de las comunidades autonómicas en lo relativo a las políticas de memoria histórica. La I Conferencia Sectorial de Memoria Democrática estableció los criterios de reparto de una partida de 3 millones de euros prevista en los Presupuestos Generales del Estado, de la que 2 millones de euros se destinaron a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista y 1 millón de euros se destinó a actividades de divulgación de los trabajos efectuados, dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de la memoria asociados a los mismos.^[18]

La categoría de "lugares de la memoria de la represión franquista" incluye al menos:

• Los lugares de fusilamiento de los condenados a muerte por los Consejos de Guerra.
• Los lugares de fusilamiento u otras formas de asesinato, en sus distintas formas, de los desaparecidos del franquismo, fosas comunes clandestinas, simas naturales, etc.
• Los centros de detención ilegal de adultos, madres y niños.
• Los campos de concentración franquistas, en sus distintas modalidades.
• Los presidios del franquismo.
• Los lugares y obras escenario de los trabajo forzados o caso de los esclavos de Franco.
• Los lugares de la tortura, antiguas dependencias policiales y de otra índole.
• Los lugares escenario de crímenes internacionales de guerra en Contravención del Derecho de Ginebra y de la Haya perpetrados contra la población civil, bombardeos masivos, etc.
• Lugares de homenaje a las víctimas tales como parques, plazas, monumentos y otros espacios creados con posterioridad a los propios crímenes del franquismo por distintas autoridades o por los propios familiares de forma espontánea, en su mayor parte tras el fin de la dictadura.

• Palacios González, Daniel (2022). De fosas comunes a lugares de memoria. La práctica monumental como escritura de la historia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.^[31]