Periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII

Alfonso XIII inició su reinado personal el 17 de mayo de 1902 cuando cumplió los dieciséis años de edad y juró la Constitución de 1876.^[1] Madrid se engalanó para el acontecimiento y más de 100.000 personas llegaron a la capital gracias a los billetes baratos que ofrecieron las compañías ferroviarias para la ocasión. Hubo desfiles con bandas de música, una gran parada militar y una corrida de toros, y también batallas de flores, campeonatos de polo y de tiro y un campeonato de foot-ball, origen de la Copa del Rey.^[3] Cuando el rey salía de palacio para ir al Congreso de los Diputados se produjo un incidente. Un hombre se subió al carruaje y recibió un puñetazo de Alfonso XIII, siendo reducido por sus escoltas. Hizo temer que se trataba de un atentado pero en realidad era un loco que quería entregar una carta a la infanta María Teresa de Borbón, hermana del rey, de la que decía estar enamorado.^[4]

Al día siguiente el joven rey inauguró el monumento a Alfonso XII en el Retiro. También envió un mensaje al papa León XIII en el que se proclamaba «Rey de una nación en donde la fe religiosa no ha vacilado un solo instante», para recordar a continuación que era «Hijo de la insigne Reina que por espacio de más de dieciséis años ha sabido mantener a su Pueblo en las más perfecta y cabal armonía con la Iglesia en cuya sublime creencia queremos vivir y morir los españoles».^[5] Al siguiente papa Pío X le escribió que durante su «glorioso pontificado» su antecesor «no dejó un solo instante de demostrar las más vivas simpatías por mi amadísima madre, por mi Real Familia, por mí y por la noble Nación cuyo gobierno Dios me ha confiado».^[6]

Como era de esperar, los republicanos no acogieron con el mismo entusiasmo al nuevo rey. El diario "El País" abominaba «de las dinastías extranjeras que establecieron el absolutismo y el clericalismo, relajaron la fibra de nuestra nacionalidad, haciéndola perder en trescientos años todo su imperio y su grandeza». Los nacionalistas vascos también manifestaron su rechazo. El líder del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana, envió un telegrama de felicitación al presidente de Estados Unidos por haber reconocido la independencia de Cuba, lo que dio lugar a su encarcelamiento durante varios meses.^[7] En cuanto a los nacionalistas catalanes la recién creada Lliga Regionalista consiguió que el Ayuntamiento de Barcelona aprobara que los gastos de las celebraciones por el nuevo monarca (75.000 pesetas) se destinaran a las recuperadas fiestas patronales de la Virgen de la Merced, aunque esta decisión no se debió a un rechazo de la monarquía o del joven rey, sino que fue una medida de protesta por la política represiva llevaba a cabo por el gobierno de Sagasta contra el catalanismo. En marzo había sido detenido Enric Prat de la Riba, director del órgano de la Lliga La Veu de Catalunya, bajo la acusación de «rebelión y de incitación al separatismo» por haber reproducido un artículo publicado en Perpiñán titulado Separatisme al Rosselló. Estuvo veinte días en prisión y durante ese tiempo contrajo la enfermedad de Basedow. Asimismo el gobierno había prohibido la celebración de los Jocs Florals, así como otros actos y manifestaciones públicas catalanistas y habían sido multados diarios y revistas escritos en catalán.^[8]

Por otro lado, mientras Madrid festejaba el acceso al trono de Alfonso XIII, Barcelona llevaba varios meses sometida al estado de guerra a causa de una huelga general revolucionaria que en febrero de 1902 había paralizado la ciudad una semana, por primera vez en su historia. Durante la misma se habían producido todo tipo de incidentes violentos hasta que el ejército logró controlar la situación. Hubo decenas de muertos y cientos de heridos. Alrededor de 500 personas fueron encarceladas. El cuadro de Ramón Casas titulado La carga, que mostraba a la guardia civil a caballo arremetiendo contra unos manifestantes, fue rebautizado Barcelona 1902.^[9]

Cuando Alfonso XIII accede al trono en mayo de 1902 el gobierno está presidido por Práxedes Mateo Sagasta, anciano líder del Partido Liberal, uno de los dos partidos del turno junto con el Partido Conservador, y que estará en el poder hasta diciembre de ese año. Sagasta murió un mes después de dejar el cargo, a los 77 años de edad.^[10]

Le sucedió al frente del gobierno otro político veterano Francisco Silvela, 60 años, líder del Partido Conservador desde que fue asesinado en 1897 Antonio Cánovas del Castillo. Como era habitual en el régimen político de la Restauración cuando se producía el relevo entre los dos partidos del turno, el presidente obtuvo del rey el decreto de disolución de las Cortes y convocó elecciones que se celebraron en abril de 1903 para dotarse de una amplia mayoría en las Cortes. Silvela prometió que serían unas elecciones sinceras, aunque sin poner en riesgo la mayoría conservadora, lo que permitió que los partidos republicanos coaligados obtuvieran un resonante triunfo en varias capitales, como Madrid, Barcelona y Valencia.^[11] Este relativo éxito republicano fue muy mal recibido en la Corte que hizo responsable del mismo al gobierno, en concreto al ministro de la Gobernación Antonio Maura, por no haberlo impedido.^[12] Asimismo agudizó las tensiones en el seno del Partido Conservador. «Sivela, un hombre cansado, no aguantó la presión y tras la primera de las crisis llamadas orientales –con el significado de decisión despótica, puesto que en el Palacio se resolvían todas las crisis al ser el rey el que nombraba y separaba libremente a sus ministros, según la Constitución, siendo Urzáiz el autor de la expresión para calificar la crisis de 1903^[13]-, dimitió la presidencia del gobierno y la jefatura del partido conservador».^[14] Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, apoyándose en la documentación diplomática, especialmente en los despachos enviados a París por el embajador francés, afirman que ni el rey ni la reina madre fueron responsables de la caída de Silvela –en realidad le suplicaron que continuara en el cargo- sino que se debió a las divisiones internas que se produjeron en el seno del gobierno conservador. Buena parte de la prensa de la época, en cambio, no lo interpretó así y consideró la crisis «caprichosa e innecesaria» que recordaba los «días de la Reina Isabel».^[15]

La desaparición de los líderes históricos desató la lucha entre las diversas facciones que integraban tanto el partido liberal como el conservador para hacerse con el liderazgo. En el Partido Conservador se enfrentaron la facción encabezada por Raimundo Fernández Villaverde, quien había sucedido a Silvela al frente del gobierno, y la encabezada por Antonio Maura, que en diciembre de 1903 le sustituyó. La división en el seno del Partido Liberal fue aún mayor, pues había hasta cinco aspirantes para suceder a Sagasta, Eugenio Montero Ríos, José López Domínguez, Francisco Romero Robledo, Segismundo Moret y José Canalejas. El resultado fue un debilitamiento de los partidos, aunque el turno no se alteró.^[11] El Partido Conservador gobernó entre 1903 y 1905 y el Partido Liberal entre 1905 y 1907, pero fueron años de una gran inestabilidad. Durante el período conservador hubo «cinco crisis totales [de gobierno] con el paso por el gobierno de cuatro diferentes presidentes y nada menos que 66 ministros».^[16] Durante el año y medio que estuvieron en el poder los liberales hubo cinco gobiernos.^[17]

Como ha señalado Santos Juliá, «con la muerte de Sagasta [y la retirada de Silvela] se hizo evidente lo que venía gestándose tiempo atrás: aquellos partidos [del turno] funcionaban como coalición de facciones, cada una de ellas bajo la batuta de un jefe que controlaba tan sólo a un sector de los notables y de la red de caciques. Para la clase política de la Restauración el problema, al comenzar su reinado Alfonso XIII, consistía en mantener, bajo nuevos liderazgos, la cohesión de las elites fundadoras del régimen a la vez que lo "regeneraba", esto es, que limpiaba sus procedimientos con objeto de adquirir verdadera fuerza en la opinión; tarea complicada porque la cohesión de los partidos formados por facciones clientelares exige unos métodos contradictorios con la limpieza del sufragio, destinada a medir la fuerza de partidos de masa».^[10]

La quiebra del sistema del turno comenzó por Cataluña. Allí la movilización ciudadana consiguió poner fin al sistema caciquil, empezando por la ciudad de Barcelona, y los resultados de las elecciones sí que responderán a los cambios en la opinión de los votantes. Ello fue posible porque los partidos dinásticos fueron desplazados por dos fuerzas políticas de fuera del sistema: los catalanistas de la Lliga y los republicanos de Alejandro Lerroux.^[18]

Los éxitos electorales republicanos fueron el resultado de la renovación del viejo republicanismo por obra de una generación más joven, la encabezada por el periodista Alejandro Lerroux, en Barcelona, y por el también periodista y escritor Vicente Blasco Ibáñez en Valencia. Su triunfo en las elecciones (del lerrouxismo y del blasquismo) demostraba que en aquel sistema «oligárquico y caciquil» era posible, al menos en las capitales, movilizar el voto para conseguir escaños en el Parlamento.^[19]

El joven rey accedió al trono cuando todavía estaban vivas las consecuencias del desastre del 98 y tanto los partidos del turno como la oposición republicana abogaban por la regeneración de España. En ese contexto algunos políticos, como el diputado liberal José Canalejas, habían pedido un papel más activo de la Corona para que, «sentando a su diestra a la Nación» inquiera por sí misma «lo que el pueblo pide y necesita», distanciándose así de la estricta función de «poder moderador» que le atribuía la Constitución de 1876.^[20] Solo una semana después de haber jurado la Constitución la principal organización regeneracionista, la Unión Nacional de Joaquín Costa, le expuso a Alfonso XIII las reformas que a su juicio se debían adoptar.^[21]

Alfonso XIII no fue ajeno a este «ambiente regenerador», en palabras del historiador Suárez Cortina, como lo demuestra la siguiente anotación en su diario de 1902:^[22][23]

Yo puedo ser un Rey que se llene de gloria regenerando la Patria; cuyo nombre pase a la Historia como recuerdo imperecedero de su reinado; pero también puedo ser un Rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros, y, por fin, puesto en la frontera. Yo tendré siempre, a manera de ángel custodio, a mi Madre… Yo espero reinar en España como Rey justo. Espero, al mismo tiempo, regenerar la Patria, y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o sea, que la busquen como aliada. Si Dios quiere, para bien de España.

Según el conde de Romanones, ministro del recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes del gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta, el joven rey ya en el primer consejo de ministros reunido tras su juramento dio muestras de estar ansioso por ejercer sus poderes, especialmente en los temas militares, tal como le reconocía la Constitución, y comportándose «como si en su vida no hubiera hecho otra cosa que presidir ministros».^[24]

El interés de Alfonso sobre los temas militares se refleja en las anotaciones que hizo en sus primeros viajes oficiales describiendo sus experiencias: de unos cuarteles apuntó «bien de policía pero mal de instrucción»; de otros que había ordenado «tocar atención y generala tardando bastante en formar y además mal».^[25] El líder conservador Antonio Maura que presidió el gobierno entre noviembre de 1903 y diciembre de 1904 escribió: «Aplica S. M. a los asuntos militares atención singular».^[26]

Aunque se produjeron discrepancias entre el rey y los gobiernos en otros temas —cuando Alfonso XIII puso dificultades a que se le concediera la Orden de Alfonso XII al escritor Benito Pérez Galdós, conocido republicano, o cuando aceptó sin consultar al gobierno la invitación que le hizo el rey de Inglaterra para visitar ese país que al final tuvo que rechazar—^[27] fueron las cuestiones militares las que provocaron las fricciones más importantes. En marzo de 1903 el ministro de Hacienda del gobierno conservador de Silvela, Fernández Villaverde, presentó su dimisión debido a la oposición del rey a que se redujeran los efectivos militares, aunque también se dijo entonces que Villaverde había utilizado la intervención del rey como un pretexto para abandonar el gobierno.^[28] También se inmiscuía en asuntos militares poco importantes como cuando modificó un decreto sobre la reorganización militar de Baleares.^[26]

A partir de la crisis que puso fin al gobierno Silvela a mediados de 1903 comenzaron las críticas a las intervenciones de la Corona en la vida política. El Heraldo de Madrid publicó: «Diríase que hay el propósito de demostrar que en España no existe más poder que el de la voluntad regia, que hoy se inclina a la izquierda y mañana a la derecha, no según los resultados de los debates parlamentarios… sino según los consejos que se dan y los vientos que corren en esferas que no son las estrictamente constitucionales y parlamentarias».^[29] Las críticas se extendieron a otras actuaciones. El republicano Nicolás Salmerón se quejó en las Cortes de que el rey hubiera enviado una felicitación al general Zapino por su intervención en la huelga de Bilbao, sin refrendo del gobierno.^[30] Cuando Maura llegó al gobierno en diciembre de 1903 los republicanos hablaron de que se había producido una nueva crisis «oriental», por su carácter despótico,^[31] añadiendo que había tenido toques «femeninos», en alusión a la pretendida intervención de la reina madre, la antigua regente María Cristina de Habsburgo-Lorena.^[32]

Se suele considerar el primer caso importante de intervencionismo de Alfonso XIII el que tuvo lugar en diciembre de 1904, cuando se negó a refrendar la propuesta de nombramiento del jefe de Estado Mayor del Ejército, viéndose obligado el presidente del gobierno, el conservador Antonio Maura, a dimitir a continuación. El gobierno quería nombrar al general Loño pero Alfonso XIII prefería al general Polavieja y como el rey no cedió en su pretensión Maura le remitió la siguiente nota: «La dificultad que ha surgido con ocasión del nombramiento de jefe del Estado Mayor Central del ejército, apreciada unánimemente por el Consejo de Ministros, me impone la dolorosa obligación de poner en manos de V. M. la dimisión del Gobierno». En las consultas que abrió el rey para la formación de un nuevo gobierno Maura, quien se consideró «presidente relevado» y no «dimisionario»,^[33] manifestó su «decisión absoluta de no formar nuevo ministerio» pues reiteró su oposición a que el rey pudiera nombrar altos cargos militares sin el acuerdo del Gobierno. Le sucedió al frente del gabinete el general Azcárraga pero este duró unas pocas semanas, y a continuación fue nombrado en enero de 1905 Fernández Villaverde. Menos de medio año después el rey entregó el poder a los liberales, que había sido la solución que le aconsejó Maura.^[34]

Según Santos Juliá, este episodio puso en evidencia dos de las grandes hipotecas que habría de afrontar cualquier intento de transición hacia una verdadera monarquía parlamentaria: la hipoteca militar —«los militares descubrieron su capacidad de presión sobre el Rey para resolver sus enfrentamientos con el gobierno»— y la hipoteca de la actitud poco constitucional de la Corona —el rey podía despedir a un presidente de gobierno sin sentirse atado por la voluntad de los partidos del turno—. «La Corona se alejaba de su papel meramente arbitral en la pactada alternancia entre dos partidos y comenzaba a asumir un papel decisorio en las luchas por la jefatura entre las facciones de un mismo partido».^[35]

La interpretación de Javier Tusell y Genoveva García García Queipo de Llano es diferente. «Su deseo de contribuir a lo que consideraba el bien del país le llevaba a reclamar los poderes que le otorgaba el texto fundamental, aunque eso chocara con una interpretación de la Constitución de 1876 que, en su práctica habitual, disminuía esos poderes. […] No hay que olvidar, además, que las razones de Alfonso XIII en relación con el nombramiento eran poderosas: no se le había propuesto un candidato cualquiera para el puesto, sino al marqués de Polavieja, que había jugado un papel decisivo en el primer gobierno de Silvela y tenía tras de sí una larga trayectoria avalada por su madre».^[36]

Como ha señalado el historiador Manuel Suárez Cortina, «desde 1900 la confrontación entre secularización y confesionalidad adquirió un protagonismo desconocido hasta entonces. En el parlamento, en la prensa y en la calle se enfrentaron de un modo abierto dos culturas (la católica y la secularizadora) que trataban de modelar la sociedad, la cultura y la dinámica legislativa desde sus presupuestos e intereses». Según este historiador el protagonismo de la cuestión religiosa en la vida política respondía al proceso secularizador que estaba experimentando la sociedad española de la época y al activismo de la Iglesia católica para frenarlo. Así se produjo la confrontación entre clericalismo y anticlericalismo que también alcanzó a los partidos del turno. Los liberales, tachados de anticlericales, se propusieron frenar el crecimiento de las órdenes religiosas sometiéndolas a la Ley de Asociaciones de 1887, mientras que los conservadores clericales apoyaban a la Iglesia católica radicalmente opuesta a esta pretensión.^[37]

Entre los conservadores y entre los liberales también existían diferencias internas sobre cómo abordar la cuestión religiosa. El gobierno liberal de Sagasta estaba dividido en cómo poner freno a las crecientes actividades de las órdenes religiosas, especialmente en el terreno educativo. Un grupo de ministros, encabezados por Segismundo Moret abogaba por negociar con el papa una ley de asociaciones que regulara sus actividades, mientras que otro sector, encabezado por José Canalejas, quien ya había proclamado la necesidad de «dar la batalla al clericalismo», se oponía a la negociación con la Santa Sede en nombre de la independencia del Estado. Se impuso la primera postura por lo que Canalejas abandonó el gobierno y dio a partir de entonces, «en un gesto excepcional entre los notables dinásticos», según Javier Moreno Luzón, una serie de mítines por Valencia a favor de una monarquía democrática que frenara a la reacción, que Canalejas como los republicanos, muchos de los cuales asistieron a sus mítines, identificaba con la Iglesia católica, que en aquellos momentos era radicalmente antiliberal, a pesar de que la Constitución de 1876 le garantizaba una posición de privilegio y el reconocimiento del catolicismo como la religión oficial. «España está dividida en dos campos: reacción y libertad», dijo Canalejas en Alicante.^[38]

Entre los conservadores el más "clerical" era Antonio Maura. Durante su primer gobierno (diciembre de 1903-diciembre de 1904) tuvo que enfrentarse a un serio conflicto en la ciudad de Valencia, un bastión de los republicanos de Vicente Blasco Ibáñez, con motivo de su intento de situar al frente del arzobispado de Valencia a Bernardino Nozaleda, un clérigo al que la izquierda consideraba la imagen viva del clericalismo y al que además acusaba de antipatriota y ultramontano al haber permanecido al frente del arzobispado de Manila dos años después de la pérdida de las Filipinas.^[39] Como ha señalado Javier Moreno Luzón, «los blasquistas eran ya famosos por reventar procesiones religiosas» y habían convertido la ciudad de Valencia en «una Atenas mediterránea en la que se dedicaban calles a Víctor Hugo o a Francisco Pi y Margall, se acordaba gravar con un impuesto el toque de campanas y se promovían las fiestas de Carnaval en detrimento de las del Corpus». Para hacerles frente nació en 1901 la Liga Católica valenciana que declaró que estaba empeñada en «una gran lucha entre la negación y la afirmación, entre la verdad y el error, entre la revolución y el orden, entre la anarquía y los principios tradicionales y los eternos fundamentos de la sociedad».^[40]

Por otro lado Maura consiguió que se aprobara el convenio firmado por el papa Pío V y Alfonso XIII por el que se reconocía plena personalidad jurídica a las órdenes y congregaciones religiosas.^[35]

El 25 de noviembre de 1905 un grupo de oficiales asaltó en Barcelona la redacción del semanario satírico catalanista "¡Cu-Cut!" por la publicación de una viñeta en la que se ironizaba sobre las derrotas del ejército español. También fue asaltada la redacción de otra publicación catalanista, el diario La Veu de Catalunya. La conmoción que causaron estos hechos fue enorme. El gobierno liberal de Eugenio Montero Ríos intentó imponer su autoridad sobre los militares y acordó no ceder a la presión de los capitanes generales que mostraron su apoyo a los oficiales insurrectos, aunque declaró el estado de guerra en Barcelona el 29 de noviembre —al parecer presionado por el rey—.^[41] El monarca finalmente no respaldó al gobierno y apoyó la actitud del Ejército, lo que obligó a Montero Ríos a presentar la dimisión.^[42]

El nuevo gobierno presidido por el otro líder liberal Segismundo Moret, que recibió el encargo del rey de impedir que se reprodujeran los ataques «al Ejército y a los símbolos de la Patria»,^[43] se dispuso a satisfacer a los militares —nombró ministro de la guerra al general Agustín Luque, uno de los capitanes generales que más había aplaudido el asalto al ¡Cu-Cut!— y rápidamente hizo aprobar por las Cortes la Ley para la Represión de los Delitos contra la Patria y el Ejército —conocida como "Ley de jurisdicciones"—, por la que a partir de ese momento las competencias para juzgarlos pasaron a la jurisdicción militar.^[42]

Según el historiador Santos Juliá, «el gobierno cedió ante el ejército gracias al peso que la Corona echaba en el platillo militar, con un resultado de largo alcance: las Cortes aprobaron la Ley, con la que creaban una esfera de poder militar autónomo y sentaban el precedente de ceder ante la insubordinación militar. La militarización del orden público había dado con esa Ley un paso de gigante».^[42] Según el historiador Borja de Riquer, «al tolerar la insubordinación de los militares de Barcelona, el monarca había dejado el sistema político expuesto a nuevas presiones y chantajes, con lo que se debilitaba notablemente la supremacía del poder civil frente al militarismo».^[44]

La interpretación que hacen de los hechos los historiadores Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano es diferente. Según ellos «la intervención del Rey se produjo una vez probada la inicial incapacidad del gobierno [de Montero Ríos] para imponerse; hizo entonces que el general Bascarán, el segundo jefe del Cuarto Militar, acudiera a los cuarteles de Madrid, calmara las actitudes apasionadas y prometiera en nombre del monarca una modificación de la legislación en aquel sentido. […] El papel del rey puede ser descrito de forma mucho más oportuna como el de un intermediario entre el poder civil y el militar en un marco institucional no democrático en que, si el primero tomaba las decisiones principales, el segundo, cuando era capaz de actuar con unanimidad, lograba autonomía e incluso deferencia».^[45]

La aprobación de la Ley de Jurisdicciones abrió una crisis en el seno del Partido Liberal que se zanjó con la dimisión de Moret en julio de 1906. Le siguieron otros tres gobiernos liberales, pero las disensiones entre las facciones del partido continuaron por lo que el rey llamó en enero de 1907 al líder del Partido Conservador, Antonio Maura para que formara gobierno.^[46]

En respuesta a la impunidad en que habían quedado los responsables de los hechos del ¡Cu-Cut! y a la Ley de Jurisdicciones se formó en Cataluña en mayo de 1906 una gran coalición, presidida por el anciano republicano Nicolás Salmerón, en la que se integraron los republicanos —excepto el partido de Alejandro Lerroux—, los catalanistas —la Lliga Regionalista, la Unió Catalanista y el Centre Nacionalista Republicà, un grupo escindido de la Lliga unos meses antes—, y hasta los carlistas catalanes.^[47]

Sus éxitos de convocatoria fueron espectaculares con manifestaciones masivas como la celebrada en Barcelona el 20 de mayo de 1906 que congregó a 200.000 personas.^[48] En las elecciones generales de 1907 Solidaritat Catalana obtuvo un triunfo arrollador ya que consiguió 41 diputados de los 44 que le correspondían a Cataluña.^[49]

Tras su victoria en las elecciones, como ha destacado Borja de Riquer, «ya nada sería igual en la vida política catalana, y los gobiernos de Madrid, y la propia corona, deberían asumir el hecho de que la cuestión catalana se había convertido en uno de los problemas más preocupantes de la vida política española».^[50]

La aprobación de la Ley de Jurisdicciones abrió una crisis en el seno del Partido Liberal que se zanjó con la dimisión de Segismundo Moret al frente del gobierno en julio de 1906. Le siguieron otros tres presidentes del gobiernos liberales, pero las disensiones entre las facciones del partido continuaron por lo que el rey llamó en enero de 1907 al líder del Partido Conservador, Antonio Maura, para que formara gobierno.^[46] El historiador Manuel Suárez Cortina relaciona la caída de Moret con el atentado que sufrió el rey y su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, el día de su boda, el 31 de mayo de 1906, obra del anarquista Mateo Morral, y del que salieron ilesos.^[51] Javier Tusell y Genoveva García García Queipo de Llano la atribuyen en cambio a su pretensión de obtener del rey una segunda disolución de las Cortes para los liberales con el fin de dotarse de una cómoda mayoría para el programa «verdaderamente funesto», según el nuncio, que pretendía aplicar y que incluía entre otras medidas el reconocimiento del matrimonio civil y la secularización de los cementerios.^[52]

Siguiendo los usos propios del régimen político de la Restauración, Antonio Maura obtuvo del rey Alfonso XIII el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de nuevas elecciones para dotarse de una mayoría amplia en el parlamento. En esta ocasión su ministro de la Gobernación Juan de la Cierva y Peñafiel se empleó a fondo para satisfacer las aspiraciones de las diversas facciones conservadoras, a costa del partido liberal que en el encasillado obtuvo un número de diputados inferior al que solía corresponder al partido del turno que pasaba a la oposición, lo que levantó las protestas de los liberales.^[53]

La otra gran novedad de las elecciones fue el triunfo arrollador de la coalición Solidaritat Catalana, que obtuvo 41 diputados de los 44 que le correspondían a Cataluña.^[49]

Entre 1907 y 1909, Maura puso en marcha un intento de «revolución desde arriba» del régimen de la Restauración —es decir la reforma del régimen político desde las instituciones y por iniciativa del propio gobierno— cuyo propósito esencial era conseguir el apoyo popular a la Monarquía de Alfonso XIII poniendo fin al sistema caciquil. Según Javier Moreno Luzón, Maura tenía «el convencimiento de que, en un país rural y esencialmente católico como España, esta apertura, controlada si hacía falta con el refuerzo de los mecanismos represivos, redundaría en beneficio de la corona, de la Iglesia y del orden social establecido, es decir, de los intereses conservadores».^[54] Sin embargo Maura había comenzado su gobierno de forma poco congruente pues en las elecciones que convocó se valió del entramado caciquil para alcanzar una mayoría muy amplia en las Cortes. La primera tarea que les encomendó fue aprobar la nueva ley electoral.^[55]

Una de las novedades más importantes que introdujo la ley electoral aprobada en agosto de 1907 estribaba en que la elaboración del censo electoral pasaba de los ayuntamientos al Instituto Geográfico y Estadístico y en que estos también dejaban de controlar el proceso electoral que correspondía a la Junta Central de Censo. También se tipificó el delito electoral y en los casos de fraude intervenía el Tribunal Supremo. Por otro lado, se introdujo el voto obligatorio para incentivar la participación en las elecciones y en el artículo 29 se estableció que no se celebrarían en aquellos distritos electorales en los que se presentara un único candidato, que quedaría proclamado automáticamente. Con todas estas medidas se pretendía acabar con el fraude electoral.^[56]

Pero el declarado propósito de Maura de que la nueva ley electoral permitiera elecciones «sinceras» no se cumplió desde el momento en que no renunció a los distritos uninominales, la base del encasillado de los diputados que aseguraba el triunfo al partido que estuviera en el gobierno.^[57] Además el fraude se vio agravado por la aplicación del artículo 29 ya que, como ha destacado Manuel Suárez Cortina, «en algunas elecciones llegó a haber un tercio del Parlamento proclamado por este procedimiento. Así ocurrió en las elecciones de 1910 y en las siguientes; mientras se mantuvo en vigor el sistema parlamentario, más de un centenar de diputados lo fueron por el artículo 29».^[58] Así pues, según este historiador, el resultado de la reforma electoral fue que se «dificultó la competencia electoral y la apertura hacia nuevas fuerzas sociales y políticas».^[59]

Sin duda el proyecto estrella de Maura fue la reforma de la administración local para otorgar a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, «que malvivían con recursos escasos y prestaban por tanto servicios deficientes»,^[60] una autonomía real. Según Suárez Cortina, se preveía que los ayuntamientos pudieran «poseer, adquirir o enajenar bienes y servicios antes dependientes del Gobierno», al concedérseles competencias «en materias de seguridad, obras públicas, sanidad, beneficencia y enseñanza».^[59] Maura proponía un sistema corporativo de elección de los ayuntamientos, en lo que encontró el respaldo de los diputados de la Lliga Regionalista, encuadrados en la Solidaritat Catalana, que también apoyaron la posibilidad que abría el proyecto de crear mancomunidades de diputaciones para gestionar determinados servicios, ya que de ahí podría surgir un órgano representativo de toda Cataluña. Finalmente el proyecto no fue aprobado por la oposición de los liberales, radicalmente contrarios al voto corporativo, que recurrieron al obstruccionismo parlamentario durante su tramitación.^[61]

El acercamiento a la Lliga no fue obstáculo para desarrollar una política nacionalista española —como la imposición de la obligación de izar la bandera de la monarquía en las fiestas oficiales— que extendió al terreno económico con la protección y el fomento de la industria nacional. La iniciativa más importante fue la aprobación del programa de reconstrucción de la escuadra de guerra, que fue encomendado a astilleros españoles.^[62] Maura se ocupó también de la cuestión social poniendo en marcha una serie de iniciativas legislativas relativas al descanso dominical, al trabajo de mujeres y de niños, a la emigración, a las huelgas, a la conciliación y al arbitraje en las relaciones laborales en la industria, etc. y que culminaron con la creación del Instituto Nacional de Previsión.^[63]

La política de orden público la desarrolló el autoritario ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel. Su proyecto estrella fue la ley de represión del terrorismo que permitía al gobierno cerrar periódicos y centros anarquistas y desterrar a sus responsables sin mandamiento judicial.^[64] La ley fue atacada por los republicanos y los socialistas al considerarla una amenaza a las libertades. A la oposición a la ley también se sumaron los liberales, dando nacimiento al «Bloque de Izquierdas» que fue impulsado por el trust de los tres principales diarios liberales de Madrid (El Liberal, El Imparcial, El Heraldo de Madrid)^[65] y que se concretó en la celebración de un gran mitin «contra Maura y su obra» en el teatro de la Princesa de Madrid el 28 de mayo de 1908, tres semanas después de que la ley fuera aprobada en primera instancia por el Senado. En septiembre, con ocasión de la conmemoración del aniversario de la Revolución de 1868, se selló la alianza antimaurista de liberales y republicanos.^[65]

Aprovechando una crisis interna en el reino alauí de Marruecos Francia y España habían firmado en octubre de 1904 un acuerdo —con el visto bueno de Gran Bretaña— por el que establecían sus respectivas «zonas de influencia» para «garantizar» la autoridad del sultán. Las protestas de Alemania obligaron a celebrar una conferencia internacional sobre Marruecos que tuvo lugar en Algeciras a principios de 1906 y como consecuencia de la cual se firmó un Tratado por el que Marruecos mantenía su independencia, pero concedía el control de los puertos abiertos al comercio europeo a Francia y a España, como garantes del orden en el sultanato alauí. En ese mismo año España llegaba a un acuerdo para la explotación de las minas de hierro del Rif, para lo cual se constituyó la Compañía Española de Minas del Rif, y se inició en 1908 la construcción de un ferrocarril minero desde Melilla.^[66]

El 9 de julio de 1909 los trabajadores que construían el ferrocarril fueron atacados por cabilas rifeñas rebeldes —cuatro obreros españoles murieron—, y, como las tropas enviadas desde Melilla encontraron más resistencia de la esperada, el gobierno decidió enviar refuerzos desde la península, 44.000 hombres, muchos de ellos reservistas, casados y con hijos. Esto desencadenó una ola de protestas en contra de la guerra de Marruecos que culminó, a raíz del embarque de tropas en Barcelona, con los sucesos de la Semana Trágica, uno de los momentos más críticos de la historia de la Restauración.^[67]

El lunes 26 de julio de 1909 estallaba la huelga general en Barcelona que pronto se extendió a otras ciudades catalanas. Ese mismo día se produjeron incidentes violentos cuando los huelguistas atacaron los tranvías y sobre todo cuando la huelga derivó en un motín anticlerical, protagonizado por anarquistas y por jóvenes republicanos del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, quien en ese momento se encontraba en América del Sur. En Sabadell fue proclamada la República. La rebelión no se extendió al resto de España debido en gran medida a la habilidad del ministro de la Gobernación Juan de la Cierva que presentó la rebelión como un movimiento «separatista».^[68]

La explosión de violencia anticlerical fue la culminación, según Javier Moreno Luzón, «de años de propaganda revolucionaria, en los cuales se había expandido una cultura popular que achacaba los males del país a la influencia de la Iglesia, tenida por hipócrita y siniestra».^[69]

En una semana de disturbios hubo 104 civiles y 8 guardias y militares muertos —los heridos fueron varios centenares— y se quemaron 63 edificios religiosos —de ellos 21 iglesias y 30 conventos—. La represión posterior fue de gran dureza: 1700 personas fueron encarceladas y hubo condenas a muerte de las que se ejecutaron 5 —59 fueron condenadas a cadena perpetua y 175 sufrieron destierro—.^[70] La figura más conocida entre los detenidos fue el pedagogo y activista anarquista Francisco Ferrer Guardia cuya ejecución en octubre levantó oleadas de indignación en toda Europa.^[71] En el consejo de guerra no se logró demostrar la responsabilidad de Ferrer en los sucesos, pero a pesar de ello fue condenado a muerte.^[70]

En principio los sucesos de lo que sería conocida como la «Semana Trágica» y la dura represión posterior no tuvieron consecuencias políticas. Pero todo cambió a raíz de la campaña internacional de protesta por la condena a muerte en un consejo de guerra del pedagogo y activista anarquista Francisco Ferrer Guardia, acusado de ser el máximo responsable de los sucesos de la Semana Trágica, y que finalmente sería ejecutado el 13 de octubre, a pesar de las peticiones de conmutación de la pena, una posibilidad que Maura ni siquiera se planteó.^[72] Según Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, «durante meses la prensa mundial tuvo un motivo permanente de atención en las cosas de España, casi siempre para transmitir de ella una imagen de un país atrasado y bárbaro dominado por la Inquisición religiosa y por una Monarquía retrógrada».^[73]

La protesta internacional, que apenas había tenido seguimiento en España,^[74] fue aprovechada por el Partido Liberal para promover una campaña junto con los republicanos en contra del gobierno al grito de Maura, no. EL 20 de septiembre se incorporaba a este «Bloque de Izquierdas» antimaurista el PSOE, abandonando así por primera vez en su historia el aislacionismo y el rechazo de los partidos burgueses —de esta alianza resultaría la elección de Pablo Iglesias, secretario general del PSOE, como diputado por Madrid en las elecciones de febrero de 1910: la primera vez que un socialista accedía en España al parlamento—.^[65]

El 18 de octubre de 1909, solo cinco días después de la ejecución de Ferrer, tuvo lugar un debate en el Congreso de Diputados en el que se produjo un duro enfrentamiento entre Maura y Moret. Este pidió la dimisión del gobierno y apeló al rey al afirmar que «alguien» debía hacer entender a los conservadores que debían irse. El día 20 fue el ministro de la Gobernación Juan de la Cierva el que atacó a Moret de forma muy violenta, llegando a decirle que su política cuando estuvo al frente del gobierno había conducido al atentado contra el rey, afirmación que se negó a retirar. El escándalo en las Cortes se hizo todavía mayor cuando Maura respaldó a Cierva dándole la mano. Al día siguiente el diario liberal El Imparcial declaró que la situación era «gravísima» porque los liberales habían sido acusados de «contactos siniestros con los anarquistas». El Diario Universal, propiedad del liberal conde de Romanones, afirmó que el gobierno no podía durar «ni un día más». El 22 de octubre Maura acudió a Palacio para plantear la continuidad de su gobierno al rey, pero cuando le presentó la dimisión de forma protocolaria el rey la aceptó. Gabriel Maura Gamazo contó muchos años después la conmoción que provocó en su padre su destitución como presidente del gobierno. El rey nombró en su lugar a Moret.^[75]

La sustitución de Maura por Moret constituyó un hecho insólito en la historia de la Restauración. El partido del turno que estaba en la oposición, en este caso el liberal, había hecho caer al partido que se encontraba en el poder, el conservador, recurriendo a una campaña en la calle y buscando el apoyo de los partidos «antidinásticos» —republicanos y socialista—. Por eso Maura respondió a su destitución dando por liquidado el pacto en que se había basado el régimen político de la Restauración.^[76] Así pues, la crisis de la Semana Trágica «desembocó en una quiebra de la solidaridad básica que ligaba a los protagonistas del turno bajo la constitución de 1876», afirma Javier Moreno Luzón.^[74]

El gobierno del liberal Segismundo Moret, que había sucedido al gobierno largo de Antonio Maura, duró pocos meses. Su aproximación a los republicanos abrió una crisis en el partido liberal que fue aprovechada por el rey para intervenir y nombrar en febrero de 1910 a José Canalejas como nuevo presidente del gobierno.^[77][78]

El proyecto político de Canalejas, calificado de «regeneración democrática», «se asentaba sobre una nacionalización completa de la monarquía, en línea con las experiencias británica o italiana».^[79] Paradójicamente en este proyecto Canalejas concedió un especial protagonismo al rey que no debía asumir un papel simbólico sino implicarse en el proyecto de reformas que proponía, por lo que, como señala Moreno Luzón, «no es de extrañar que [Alfonso XIII] encajase a la perfección con su nuevo primer ministro».^[80]

El programa de gobierno de Canalejas era el propio del intervencionismo liberal que «concebía al estado como el principal agente modernizador del país».^[80] Así abordó todos los problemas del momento, entre los que la "cuestión religiosa" constituyó una de sus prioridades. El objetivo final de Canalejas, según Javier Tusell, era lograr una separación «amistosa» de la Iglesia y del Estado «a la que [Canalejas] quería llegar a través de negociaciones llevadas lo más discretamente posible». El problema fue que el Vaticano, «que por aquellos años estaba obsesionado con la condena del modernismo», no estaba dispuesto a modificar la posición de privilegio que tenía la Iglesia católica en España.^[81]

Para fortalecer la posición del Estado Canalejas se propuso reducir el peso de las órdenes religiosas, mediante una ley que las tratara como asociaciones, excepto a las dos reconocidas en el Concordato de 1851. Mientras las Cortes debatían la nueva ley, se aprobó en diciembre de 1910 una disposición transitoria y temporal conocida como Ley del Candado según la cual no se podrían establecer nuevas órdenes religiosas en España durante los dos años siguientes. Pero la ley quedó prácticamente sin efecto al aprobarse una enmienda según la cual si pasados dos años no se había aprobado la nueva ley de asociaciones se levantaría la restricción. Y eso fue lo que acabó sucediendo pues esa ley nunca vio la luz y el número de religiosos siguió creciendo. A pesar de todo Canalejas, devoto católico, fue considerado el enemigo de la religión católica, en un momento en que se vivía bajo la conmoción producida por la revolución portuguesa de 1910 que había acabado con la Monarquía y proclamado la Primera República Portuguesa.^[82]

Según Julio de la Cueva Merino, Alfonso XIII «hizo cuanto pudo para moderar los extremos más afilados de la política anticlerical del gabinete», insistiendo en que se restablecieran las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y en que las medidas adoptadas por el gobierno se acordaran con ella.^[83] El día 28 de junio el rey se presentó sin previo aviso en la basílica de San Francisco el Grande donde se celebraba el acto de clausura del Congreso Eucarístico Internacional, lo que causó un gran escándalo en los medios liberales. Este fue aún mayor cuando al día siguiente reunió en el Palacio Real a los asistentes al Congreso, celebrándose allí de dos ceremonias religiosas: la entronización de la Eucaristía y la lectura por parte del secretario del Congreso de una consagración de España a la Eucaristía.^[84]

Según la mayoría de los autores, el rey con su presencia desautorizó la política religiosa de Canalejas, y de ahí que la prensa liberal criticara el hecho argumentando que había identificado a España con el clericalismo.^[85] Sin embargo, los historiadores Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano afirman que Canalejas tuvo conocimiento de lo que iba a hacer el rey y que no puso impedimentos a que acudiera al acto de clausura y a que invitara a 55 de los prelados que intervinieron en él a un banquete en el Palacio Real, aunque sí le aconsejó que no fuera a la inauguración. De esta forma la presencia del rey cabría interpretarla como una prueba de la voluntad de conciliación del gobierno con Roma.^[86]

Mayor éxito tuvo el gobierno en las reformas emprendidas para abordar la cuestión social. Canalejas estaba convencido de que la forma de resolver los conflictos laborales era el arbitraje y la negociación entre patronos y obreros, por lo que favoreció el papel mediador del Instituto de Reformas Sociales creado en 1903, bajo el gobierno del conservador Francisco Silvela. Asimismo promulgó medidas encaminadas a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera,^[87] aunque no logró que se aprobara la ley de contratos colectivos de trabajo que era su proyecto estrella en este terreno,^[88] ya que se encontró con una oposición encarnizada a la misma.^[89]

Durante el gobierno de Canalejas se produjo un gran incremento de las huelgas, motivado por el fortalecimiento y la expansión de las organizaciones obreras. El abandono del aislamiento por parte de los socialistas con la formación en noviembre de 1909 de la conjunción republicano-socialista que llevó al Congreso de los Diputados a su secretario general Pablo Iglesias estimuló la rápida expansión del PSOE y sobre todo del sindicato UGT, mientras que la corriente obrera mayoritaria anarcosindicalista se consolidó con el nacimiento en 1910 de la Confederación Nacional del Trabajo. La respuesta del gobierno fue alternar el arbitraje con la represión, como ocurrió con la huelga general revolucionaria de 1911 que motivó la disolución de la CNT y el procesamiento de los dirigentes de UGT.^[90] La política de firmeza en el mantenimiento del orden público también se pudo comprobar cuando se produjo la rebelión de la fragata blindada Numancia cuya tripulación amenazó con bombardear Málaga si no se declaraba republicana.^[91]

Canalejas también se ocupó de dos de las más antiguas reivindicaciones de las clases populares que motivaban periódicas protestas y motines: la abolición de los impuestos indirectos conocidos como los consumos que gravaban los productos básicos, aumentando así su precio; y las desigualdades a la hora de hacer del servicio militar. Los «consumos», a los que el propio Canalejas consideraba «una expoliación del proletariado», fueron suprimidos. Pero para conseguir la aprobación de la ley que los sustituía por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas, que tendrían que pagar las clases acomodadas, Canalejas tuvo que emplearse a fondo con los diputados de su propio partido que se oponían al proyecto, amenazándoles con que «quien no vote [esta ley] está frente a mí y está fuera del partido liberal, sometido a mi jefatura por su voluntad». A pesar de todo treinta diputados liberales votaron en contra.^[92]

En cuanto a la segunda reivindicación popular, en 1912 se estableció el servicio militar obligatorio, aunque solo en tiempo de guerra, lo que suponía poner fin a la «redención en metálico» que permitía a las familias acomodadas que sus hijos no hicieran el servicio militar pagando una determinada cantidad de dinero. Pero para tiempo de paz se optó por una solución intermedia ya que al parecer no se podía prescindir de las redenciones en metálico para financiar al ejército. Así nacieron los llamados «soldados de cuota», reclutas que solo hacían un servicio militar de cinco meses si pagaban 2.000 pesetas y de diez meses si pagaban 1.500 —esta última cantidad era la que ganaba un jornalero en un año—.^[93] Como una especie de compensación, la ley estableció también que los hijos únicos de las familias pobres quedaron exentos del servicio militar.^[94]

Al principio de su carrera política Canalejas se había mostrado partidario del Estado centralista llegando a decir que de una mayor autonomía local no podía «salir nada bueno», pero cuando llegó a la presidencia del gobierno había cambiado de postura.^[93] Así Canalejas se propuso satisfacer las demandas de la catalanista Lliga Regionalista mediante la creación de una nueva instancia regional que integrara a las cuatro diputaciones catalanas bajo el nombre de Mancomunidad de Cataluña y que estaría encabezada por uno de los líderes de la Lliga Enric Prat de la Riba, entonces presidente de la Diputación de Barcelona.^[87] Para conseguir el respaldo de la mayoría de los diputados liberales Canalejas tuvo que pronunciar uno de sus mejores discursos parlamentarios, y aun así 19 de sus diputados, entre ellos Segismundo Moret, votaron en contra.^[93] El proyecto fue aprobado el 5 de junio de 1912 por el Congreso de Diputados, pero cuando murió Canalejas aún no había sido ratificado por el Senado,^[89] por lo que no entró en vigor hasta diciembre de 1913, y la Mancomunidad de Cataluña no se constituiría hasta marzo de 1914.^[87]

Canalejas tuvo éxito al abordar el problema de Marruecos, al conseguir en mayo de 1911 asegurar el control de la «zona de influencia» española con la toma de Arcila, Larache y Alcazarquivir, en respuesta a la toma de Fez por los franceses, lo que le permitió negociar con Francia, contando con la mediación de Gran Bretaña, el establecimiento definitivo del protectorado español de Marruecos. Según Javier Tusell y Genoveva García García Queipo de Llano fue entonces cuando el rey empezó a interesarse y a intervenir en la política española sobre Marruecos.^[95]

A principios de noviembre de 1912 se había llegado al acuerdo definitivo con Francia sobre Marruecos, pero la firma del tratado prevista para finales de mes, no la pudo realizar Canalejas porque fue asesinado el día 12 por un anarquista en la Puerta del Sol de Madrid.^[96]

La desaparición de Canalejas tuvo una gran importancia en la vida política española pues dejó sin liderazgo a uno de los partidos del turno, el liberal, que durante el resto del reinado de Alfonso XIII no fue capaz de reconstruir, resultando dividido en facciones, lo que contribuyó a la crisis del régimen político de la Restauración.^[97]

Tras el asesinato de Canalejas, se hizo cargo del gobierno de forma interina el liberal Manuel García Prieto.^[98] Pasado el funeral el rey nombró jefe del gobierno al también liberal conde de Romanones, entonces presidente del Congreso de Diputados. La decisión acabó dividiendo al Partido Liberal, sobre todo cuando poco después, en enero de 1913, se produjo la muerte del viejo dirigente Segismundo Moret, ya que Romanones interpretó su nombramiento como el reconocimiento de su liderazgo sobre el Partido Liberal, lo que fue rechazado por Manuel García Prieto que llegó a formar el ala liberal-democrática del partido que no reconocía la jefatura de Romanones.^[99] Precisamente el gobierno de Romanones cayó en octubre de 1913 al perder una moción de confianza presentada en el Senado porque los garciaprietistas unieron sus votos a los conservadores.^[100]

El rey nombró entonces presidente del gobierno a Eduardo Dato, pero su partido, el conservador, estaba tan fracturado como el liberal, a causa de que su líder Antonio Maura había roto con el sistema del turno. Maura consideraba que tras el asesinato de Canalejas el rey no tendría que haber nombrado a otro liberal al frente del gobierno sino que debería haber dado paso a un gobierno conservador.^[96] El 1 de enero de 1913, Maura había hecho pública una carta en la que anunciaba su dimisión como jefe del Partido Conservador y aconsejaba la formación de otro partido «idóneo» para turnarse con los liberales. «Está en crisis el eje de la política interior y se ha venido haciendo ineludible la opción entre el sistema que nos trajo al presente estado de cosas, o apartarse de él, arrostrando las dificultades y contingencias inherentes a la enmienda», concluyó.^[101] La actitud de Maura causó en el rey «gran contrariedad y profundo disgusto», según anotó su secretario. Alfonso XIII se reunió con Maura el 4 de enero en palacio explicándole que al nombrar al conde de Romanones presidente del gobierno se había ceñido a la práctica constitucional.^[102]

Las críticas de Maura se radicalizaron cuando se abrieron las Cortes en mayo de 1913. Atacó a los liberales y calificó su llegada al poder como un «asalto».^[103] Una parte de su partido aglutinada en torno a Eduardo Dato cuestionó la postura de Maura, lo que acabó fracturando al partido entre «mauristas» e «idóneos» (los defensores de mantener el turno con los liberales). El maurismo en realidad se constituyó como un nuevo movimiento político católico y nacionalista, diferenciado de los partidos del turno. La paradoja fue que no estuvo dirigido por el propio Maura, que se situó por ello en una posición «extremadamente ambigua».^[104] Dato logró mantenerse en el poder durante los dos años siguientes pero «a costa de no tener abierto el Parlamento más que siete meses, un recurso al que los gobiernos echarán mano cada vez con más frecuencia», afirma Santos Juliá.^[105]

Según Suárez Cortina, desde 1913-1914 «el sistema parlamentario entró en una nueva fase de crisis derivada de la propia crisis de los partidos del turno» convertidos en «un conjunto de facciones que dificultaban la rotación política. El turno, tal y como había funcionado ininterrumpidamente desde 1885, se había acabado».^[106]

Una posición similar es la que mantiene Santos Juliá. «A partir de entonces [1913], el turno como mecanismo de alternancia en el poder no funciona; hablar de dos partidos y de alternancia pactada no pasa de ser una ficción; de lo que habrá que hablar cada vez más a partir de este momento es de coaliciones intercambiables de facciones… A partir de ahora, los gobiernos serán cada vez más de facción y sus posibilidades de lograr que el Congreso apruebe alguna ley de calado reformador serán nulas: así ocurrió, entre otros, con los proyectos mil veces presentados y otras tantas derrotados de reformas fiscales; y así ocurrirá con el presupuesto, sistemáticamente prorrogado desde 1914... Bastaba cualquier proyecto de ley que se considerase contrario a los intereses de cualquier facción para que el gobierno se tambalease. O cayera».^[107]

Además, como han señalado Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, la división de los partidos del turno multiplicó «la posibilidad o incluso la probabilidad de la intervención del Rey», convertido «en una especie de árbitro» entre las facciones. Y también gracias a ello «el monarca ratificó su papel, ya muy relevante, de cara al ejército». Este hecho fue legalizado por el gobierno Dato cuando a principios de 1914 aprobó un decreto por el que los oficiales del ejército podían dirigirse al rey «sin intervención de persona alguna», es decir, sin tener que pasar a través del ministro de la Guerra y del gobierno. Dato argumentó que la «gran popularidad» del rey entre la oficialidad era «un elemento de fuerza» para el sistema.^[108]

El 14 de enero de 1913 el rey, por iniciativa del presidente del gobierno conde de Romanones, recibió en Palacio a tres veteranos intelectuales republicanos, «un acontecimiento verdaderamente extraordinario», como lo describió un cronista de la época, y que tuvo una enorme repercusión tanto dentro como fuera de España.^[109] Según Santos Juliá fue un gesto de apertura al nuevo Partido Reformista, solo dos semanas después de haberse producido el rechazo de Maura al sistema del turno. Precisamente el primero en ser recibido por el rey fue Gumersindo de Azcárate, miembro de la directiva del Partido Reformista y presidente del Instituto de Reformas Sociales. El siguiente fue Manuel Bartolomé Cossío, director del Museo Pedagógico Nacional –y que simpatizaba con el Partido Reformista—^[110], y el tercero Santiago Ramón y Cajal, presidente de la Junta de Ampliación de Estudios e impulsor de la nueva Residencia de Estudiantes. A la salida de palacio Azcárate declaró que la Monarquía había dejado de ser un obstáculo para «el pleno desarrollo de una política liberal vigorosa», aunque eso no quería decir que renunciara a sus ideales republicanos. Unos días antes de la visita José Ortega y Gasset, miembro de la generación más joven de intelectuales, había lanzado la consigna de que había que «hacer la experiencia monárquica», con lo que apoyaba la postura de los reformistas, antiguos republicanos que ahora consideraban la forma de gobierno, monarquía o república, algo «accidental» porque lo sustancial era la democracia.^[111]

El Partido Reformista, lanzado en abril de 1912 por Melquiades Álvarez, estaba integrado por republicanos que habían abandonado la conjunción republicano-socialista ya que estaban dispuestos a aceptar la Monarquía si esta se transformaba en una Monarquía democrática, postulándose así como el partido de izquierda del sistema, tras el rechazo de Maura al turno.^[112] Álvarez apeló a los republicanos que creían que siendo «la República superior, infinitamente superior, teóricamente, a la Monarquía, consideraraban las formas de gobierno accidentales, circunstanciales, transitorias, históricas»^[113] y en un mitin celebrado en octubre de 1913 afirmó que desde enero de 1913 se «había iniciado una metamorfosis en la política nacional apareciendo en el horizonte una luz de esperanza».^[114]

La generación de intelectuales más jóvenes se sumaron al proyecto reformista y en octubre pusieron en marcha la Liga de Educación Política cuyo manifiesto fue firmado por José Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Gabriel Gancedo, Fernando de los Ríos, el marqués de Palomares del Duero, Leopoldo Palacios, Manuel García Morente, Constancio Bernaldo de Quirós y Agustín Viñuales. Estos intelectuales asistieron el mismo mes al banquete ofrecido en honor de Melquiades Álvarez en el Hotel Palace de Madrid con ocasión del nacimiento oficial del Partido Reformista.^[115] José Ortega y Gasset en marzo de 1914 pronunció una conferencia bajo el título de Vieja y nueva política en la que expuso que el sistema del turno estaba agotado y que había que sustituirlo por otro nuevo.^[116] «La nueva política no necesita, en consecuencia, criticar la vieja ni darle grandes batallas; necesita sólo tomar la filiación de sus cadavéricos ragos, obligarla a ocupar su sepulcro en todos los lugares y formas donde la encuentre y pensar en nuevos principios afirmativos y constructores», afirmó Ortega.^[112]

El PSOE no entendía que los intelectuales de la Liga de Educación Política se sumaran al proyecto reformista, ya que Melquiades Álvarez, según los socialistas, ya no era el mismo: «ya no aguarda a que la monarquía, democratizada –más aún, republicanizada— acuda al terreno en que él se encuentra. Ahora abandona su actitud, en cierto modo pasiva, y dice: aspiro a gobernar dentro de la monarquía para realizar mi programa». Le respondió Manuel Azaña diciendo que con los republicanos y los socialistas «nos unen vínculos sustanciales, lazos poderosísimos, empeños comunes; pero nos separa el no subordinar a un eventual cambio de régimen la obra de renovación que queremos realizar urgentemente, inapalazablemente. Se puede ser revolucionario veinticuatro horas; es ridículo, a más de ser estéril, titularse revolucionario veinticuatro años». Como ha señalado Santos Juliá, «la tesis central de la generación de intelectuales que andaba en la treintena por aquellos años» era que «la obra de renovación… era posible sin cambio de régimen» partiendo de la hipótesis de que «la corona, aun siendo parte de la vieja política, aprovecharía la crisis del turno y abiría la puerta a esa nueva política que empujaba desde fuera».^[117]