Redención de penas por el trabajo
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La redención de penas por el trabajo fue el sistema ideado por la dictadura de Francisco Franco para solventar el problema de saturación de las prisiones y a la vez disponer de mano de obra barata que realizara principalmente trabajos destinados a la construcción de infraestructuras o a la reparación de aquellas dañadas en la guerra civil española.[1] A través del trabajo, el preso reducía hasta una tercera parte su condena en prisión y además obtenía unos pequeños ingresos.[2]

Todos los reclusos que mantuvieran una buena conducta y no hubieran intentado quebrantar la condena podían acogerse a la Redención de penas por el trabajo. En caso contrario el recluso tenía que cumplir la condena íntegra. Por buena conducta se entendía la disposición del reo a asumir los principios del régimen, por lo que la redención se concedía mayoritariamente a los presos menos politizados, con penas menores o con contactos dentro del régimen.[3] Durante la mayor parte de la vigencia del sistema, la redención consistió en un día de pena redimida por cada dos días trabajados, pero en los años inmediatamente posteriores a la guerra fue al revés: redención de dos días de condena por cada día trabajado.[4]
Los penados solían estar adscritos a los Batallones de Trabajo y del salario que recibían[5] la empresa a la que estaban destinados se quedaba el 75% en concepto de «manutención y alojamiento» y el resto iba a sus familias, que en muchas ocasiones era el único ingreso que tenían. Importantes empresas de la construcción, obras públicas y minería (como Banús, Dragados, Duro Felguera, Marroquín, Molán, San Román, etc.) obtuvieron grandes beneficios gracias al uso del trabajo forzado de los presos, en su mayoría presos políticos.[2]
El historiador Francisco Moreno Gómez ha asimilado la Redención de penas por el trabajo a la condena a galeras de la Antigüedad. «Bajo la forma hipócrita de redención de penas se dio una indudable explotación del trabajo de los derrotados de 1939», ha escrito.[6] Una valoración que comparten otros historiadores como Julián Casanova, Javier Rodrigo, Santiago Vega Sombría o Gutmaro Gómez Bravo. Según Casanova fue «un excelente medio de proporcionar mano de obra barata a muchas empresas y al propio estado».[7] Javier Rodrigo lo considera también un sistema de «explotación laboral» y de «trabajo forzado de los presos políticos».[8] Asimismo Santiago Vega Sombría lo califica como un sistema de «explotación de los penados». «Se ponía al servicio del estado y de los particulares una ingente masa de trabajadores con un sueldo ínfimo y sin posibilidad de reivindicar ninguna de las condiciones laborales. El estado recibía además un dinero que le servía para sufragar el sistema penitenciario», afirma.[9] Por su parte, Gómez Bravo considera que los presos que participaron de la redención de penas no lo hicieron «voluntariamente» sino coaccionados por todo el entramado represivo que se llevó a cabo en las prisiones españolas para su reeducación política y religiosa[10] y subraya que fueron «usados como mano de obra esclava».[11]
Antecedentes
Hasta el establecimiento de la redención de penas por el trabajo, sólo trabajaron fuera de las cárceles en destacamentos penales bajo la vigilancia de un funcionario los detenidos gubernativos, ya que no estaban sometidos a ningún procedimiento penal. Se utilizaron en la reparación de edificios y en la realización de obras públicas, especialmente las que tenían una utilidad militar.[9]
El primer paso para que también trabajaran en el exterior los presos políticos condenados o preventivos («los prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes») fue la promulgación del Decreto 181 de 1937 en cuyo preámbulo se decía lo siguiente:[9]
El derecho al trabajo que tienen todos los españoles, como principio básico... punto 15 del programa de FET-JONS, no ha de ser regateado por el nuevo estado a los prisioneros y presos rojos, en cuanto no se oponga... a la vigilancia que merecen quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo... que puedan sustentarse por su propio esfuerzo, que presten el auxilio debido a su familia y que no se constituyan en peso muerto sobre el erario público. Tal derecho viene presidido por la idea de derecho función o derecho deber y, en lo preciso, de derecho obligación.
El historiador Santiago Vega Sombría analiza así este preámbulo:[9]
Se les ofrece a los presos rojos, en una muestra de caridad cristiana. Eso sí, sin descuidar la vigilancia necesaria a los que se olvidaron de ser patriotas. El objetivo que plantea después continúa la línea cristiana y apunta la idea redentora que cristaliza con el sistema de Redención de Penas: que los presos contribuyan al sustento de sus familias. Pero, en lugar de liberarlos para que ayuden mejor a sus familias, los mantiene sujetos, encarcelados y explotados económicamente. Que no se constituyan en peso muerto sobre el erario público, aborda uno de los objetivos más importantes, el más material, es decir, que los presos no le "cuesten dinero" al nuevo estado... El remate final no es menos jugoso: el derecho al trabajo se convierte en derecho obligación. A los presos no les queda más remedio que ponerse a trabajar en las estrictas condiciones que marca la dictadura, que los lleva y los trae a las obras que precisa, cuando y como quiere.
Creación del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo
El 5 de marzo de 1938 el general Franco recibió en Burgos al cardenal primado Isidro Gomá para encargarle la elaboración de un programa de regeneración moral y patriótica de «los miles de presos rojos». Para darle cuenta de la petición del Generalísimo Gomá escribió a monseñor Ildebrando Antoniutti, encargado de negocios de la Santa Sede. En la misiva le informó de la preocupación del «Jefe del Estado» sobre la «copiosa población penitenciaria» «tanto en lo relativo a la disciplina y el trabajo a que se les deberá someter, como a su regeneración moral y religiosa» y de que le había pedido la ayuda de la Iglesia, «prestando una serie de sacerdotes capacitados para esta obra», a lo que él le había respondido asegurando esa colaboración, «en la forma que estipule», ya que la Iglesia «no quiere más que hacer buenos cristianos para que resulten buenísimos españoles». Poco después Antoniutti informaba al secretario de Estado, el cardenal Pacelli (que en unos meses se convertiría en el papa Pío XII) de que ya se había «iniciado en todas las diócesis la organización de la asistencia a los presos» y «la labor de [su] reforma moral y social». Además le indicaba que «los condenados a muerte, salvo contadas excepciones, mueren reconciliados».[12]
En el informe al cardenal Pacelli Antoniutti también advertía de los problemas que estaban teniendo para encontrar sacerdotes dispuestos a realizar «este trabajo, dada la profunda aversión que aún reina en este ambiente hacia quienes participaron en la lucha contra las fuerzas sanas de la Nación». Pero esto no fue obstáculo para que continuara la elaboración del plan de «regeneración de los vencidos», contando con la implicación de tres propagandistas católicos bien situados en las altas esferas del poder franquista (el conde de Rodezno, ministro de Justicia; Mariano Puigdollers, director general de Asuntos Eclesiásticos del mismo ministerio; y Máximo Cuervo, director general de prisiones), y cuyo artífice fue el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, capellán castrense que había manifestado a Roma su preocupación, «porque una cosa era vencer y otra convencer». Según él, la guerra estaba ganada pero la victoria total nunca la podrían dar las armas, sino «la fe y la restauración del Reino de Cristo».[13]
El 7 de octubre de 1938, en plena batalla del Ebro, el general Franco promulgó el decreto de creación del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo,[14] en el que se decía que su finalidad era «el mejoramiento espiritual de las familias de los presos y de estos mismos» mediante «la ingente labor de arrancar de los presos y de sus familiares el veneno de las ideas de odio y antipatria».[15] El 9 de noviembre, con la batalla del Ebro decidida, Pérez del Pulgar era nombrado el director del Patronato y el gobierno de Burgos le encarga elaborar una síntesis del plan, que dará a conocer en una pequeña obra publicada en enero de 1939 titulada La solución que España da al problema de sus presos políticos.[13][16] En ella así justificaba la redención de penas por el trabajo:[15]
Es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista», que sea el penado el que trabaje por el obrero libre, «que se supone que no ha delinquido contra el Estado y contra la sociedad..., ayudando a reconstruir lo que con su rebelión contribuyó a destruir. [...] No es posible, sin tomar precauciones, devolver a la sociedad, o como si dijéramos, a la circulación social, elementos dañados, pervertidos, envenenados política y moralmente, porque su reingreso en la comunidad libre y normal de los españoles, sin más ni más, representaría un peligro de corrupción y de contagio para todos, al par que el fracaso histórico de la victoria alcanzada a costa de tanto sacrificio.
Según el historiador Francisco Moreno Gómez, «la creación del Patronato era la "santificación" del invento, ya que junto al gran objetivo de la explotación de mano de obra barata o gratuita estaba el objetivo religioso: la mejora espiritual y política de los presos (la extirpación de las ideas marxistas en favor de las ideas católicas). Una indudable labor de represión ideológica que encomendaba a la Iglesia». Sobre esto último Moreno Gómez recuerda que los presos «desafectos irrecuperables», como los masones y los comunistas, estaban excluidos del sistema de redención de penas.[17] La valoración de Moreno Gómez es compartida por Santiago Vega Sombría: «En una muestra más de la perfecta unión de la política franquista con la doctrina espiritual de la Iglesia Católica, [el decreto de creación del Patronato] establecía: "el auxilio material relacionado con el procurar el mejoramiento espiritual y político de las familias de los presos y de estos mismos"».[9]
El propio Generalísimo Franco expuso en su mensaje de Fin de Año de 1939 el papel esencial que le concedía a la redención de penas por el trabajo en su política sobre los vencidos, que ligaba al arrepentimiento y a la penitencia, y que no contemplaba ni la amnistía, ni la reconcoliación:[18]
Es preciso liquidar los odios y pasiones de nuestra pasada guerra, pero no al estilo liberal, con sus monstruosas y suicidas amnistías, que encierran más de estafa que de perdón, sino por la redención de la pena por el trabajo, con el arrepentimiento y con la penitencia; quien otra cosa piense, o peca de inconsciencia o de traición. Son tantos los daños ocasionados a la Patria, tan graves los estragos causados en la familias y en la moral, tantas las víctimas que demandan justicia, que ningún español honrado, ningún ser consciente puede apartarse de estos penosos deberes.
Al día siguiente, 1 de enero de 1939, el Diario Vasco publicaba una entrevista de Franco por su director, el periodista Manuel Aznar, en la que distinguía dos tipos de delincuentes: «los que llamaríamos criminales empedernidos, y los capaces de sincero arrepentimiento, los redimibles, los adaptables a la vida social del patriotismo». Aplicada a los vencidos en la guerra se establecen dos grandes grupos: los «inductores del mal» y los «engañados». Una distinción que el papa Pío XII (que cuando ocupaba la Secretaría de Estado del Vaticano había seguido de cerca la elaboración del plan de «redención») bendice en el mensaje que emite Radio Vaticana el 1 de abril de 1939 en el que celebra el fin de la guerra y «muy especialmente la idea del Generalísimo de justicia con el crimen y benévola generosidad para con los equivocados».[19]
En una circular del Ministerio de Justicia se establecía que, siguiendo «las declaraciones dadas por el Jefe del Estado de 1 de enero de 1939», solo se concedería la redención de penas por el trabajo a «aquellos que manifiesten de una manera inequívoca estar resueltamente adscritos a la excelsa tarea nacional» y «para que esta condición se cumpla se estima necesario preceda una declaración pública de adhesión explícita y concreta al Glorioso Movimiento Nacional».[20]
El historiador Gutmaro Gómez Bravo ha señalado que «la redención era un derecho de gracia, una magnanimidad que solo Franco podía ejercer». «La fórmula era perfecta para mantener las formas en un Estado militar y confesional. Los "perdonados" obedecían y reconocían a sus respectivas jerarquías. De este modo, gracias a Dios y al Caudillo, en España los delincuentes no iban a ser eliminados, sino transformados, convertidos... en cristianos, españoles y trabajadores "nuevos"», añade Gómez Bravo. Así, continúa diciendo este historiador, «el futuro de los vencidos dependería de su disposición a colaborar, así como la de los miembros de su familia... Si reconocían sus errores, si se adherían sin fisuras a la causa nacional, podrían sobrevivir. Ellos y sus familias. No era un simple cambio de bando, un borrón y cuenta nueva. Tenían que convertirse, cambiar de idas completamente y demostrarlo empezando por su propia conducta, por su modo de vida. Los que no observaran los deberes de la convivencia serían considerados incorregibles y, por tanto, serían sancionados duramente».[21]
Regulación posterior
La Orden de 30 de diciembre de 1940 estableció que los presos dispusieran de los mismos beneficios[22] que la legislación vigente establecía para los trabajadores libres: salario y subsidio familiares, descanso (computable para la redención) y cobertura de accidentes. Finalmente, el Reglamento de Trabajo Penitenciario de 1946 estableció que la jornada de trabajo y las remuneraciones, al igual que los asuntos relativos a la seguridad, salubridad e higiene en el trabajo, se regularan según lo dispuesto en las leyes vigentes para los obreros libres.[23]
Todo este entramado normativo sobre la reducción de las penas se consolidaría en el artículo 100 del Código Penal de 1944, acabando con la anterior etapa administrativista. A partir de este momento fue necesaria una norma con rango de ley para la modificación de la Redención de penas por el trabajo, siendo de aplicación juntamente con el beneficio de la libertad condicional.
A partir de 1948 el Reglamento de Prisiones modificó su terminología y redacción para hacerlo homologable a los existentes en los países democráticos. De esta manera, el término «redención», con clara retórica religiosa, se sustituyó por el de «regeneración», más aséptico y técnico, donde se consideraba al delincuente como una persona susceptible de regeneración.[24]
El sistema de Redención de penas se mantuvo, con parecida redacción, en los códigos penales de los años 1963, 1973, 1983 (para aplicar el beneficio se requiere la aprobación previa del Juez de Vigilancia), y en la actualización de 1989, derogándose definitivamente en el Código Penal de 1995. Se aplicó un régimen transitorio para los penados a los que les resultasen aplicables las disposiciones anteriores.
Características
La Orden ministerial del 14 de noviembre de 1939 afirmaba que la Redención de penas por el trabajo iba a transformar la naturaleza de las prisiones, las cuales, «sin perder un ápice su carácter penitenciario ni su disciplina, se transformarían en talleres de producción y escuelas de trabajo».[25]
La redención de penas, según proclamaba el régimen franquista, aportaba al preso varios beneficios: reducción del tiempo de condena, dignificación personal, ayuda a la familia ausente y la colaboración en el «engrandecimiento patrio».[26] La expiación de la pena impuesta y su carácter redentor que permitirá al recluso volver a la sociedad, le daba un sentido aflictivo y utilitarista a la pena de reclusión de «aquellos que habían destrozado España».[26]
Como ha señalado Gutmaro Gómez Bravo, «en esencia» el sistema consistía en que «el que obedecía recibía la reducción proporcional de condena y se conmutaban dos días de condena por cada año trabajado. La mejora de la suerte en esta primera fase era automática: más comida, más comunicaciones familiares, más correspondencia... La segunda o fase intermedia de la condena ya pasaba a régimen suavizado. Se iría del aislamiento total al progresivo contacto con la vida al aire libre, en función de la sentencia que se hubiera impuesto».[11]
Según este historiador, los presos que se acogieron a la redención de penas por el trabajo fueron «usados como mano de obra esclava». Como prueba aporta el llamamiento que hizo el Patronato de Redención de Penas «a los empresarios españoles y a las instituciones oficiales para emplear a los prisioneros de guerra y a los reclusos» que apareció publicado en la prensa catalana el 3 de febrero de 1939, tan solo unos días después de la ocupación de Barcelona por las tropas franquistas, y que terminaba diciendo:[11]
Es de justicia que los presos ayuden a la reconstrucción material de España y puedan proveer con su trabajo a los gastos de su propio mantenimiento.
Los trabajos que cualificaban para la redención de penas se fueron extendiendo a todo tipo de actividades, como las realizadas en los talleres de la prisión, labores de limpieza y mantenimiento o toda clase de actividades culturales, artísticas o de instrucción elemental, dentro del contexto de proselitismo y adoctrinamiento existente en las cárceles franquistas.[27] En el caso de la construcción o reparación de infraestructuras, los presos eran asignados a las empresas adjudicatarias.[28]
La Redención de penas por el trabajo representó para el régimen franquista la perfecta simbiosis entre la regeneración espiritual y física del recluso, obteniendo el Estado, además, un beneficio.[29] El trabajo era visto como un elemento de utilidad y como conversión del propio pecado. En este sistema penitenciario se fusionaba la idea de perdón con la de caridad cristiana, y a la vez se imponía a los presos la colaboración con un fin social reparativo. Tras esta concepción cristiana estaba la Iglesia que intentaba aportar unos tintes humanitarios al sistema penitenciario.
La redención de penas por el trabajo comenzó a aplicarse en enero de 1939 y a finales de ese año se habían acogido a ella un número poco significativo (un 4,56 %; 12.781 presos).[25] En el otoño de 1943 se alcanzó la cifra de 44.925 presos, de los cuales 2.170 eran mujeres.[17]
Departamentos
Además de los departamentos encargados del trabajo de los reclusos, el Patronato contaba con otros dos departamentos: el Patronato Nacional de San Pablo para Presos y Penados, encargado de la gestión de las familias y los hijos de los reclusos, y el Patronato Nacional de Libertad Vigilada, encargado del control de los presos que ya hubieran cumplido condena.[30]
Remuneración
El Patronato Central de Redención de Penas era el que establecía el sueldo que debían cobrar los presos: dos pesetas al día (cuando en 1936 el sueldo diario solía ser de 10 pesetas). Pero de las dos pesetas sólo 50 céntimos iban al preso, pues la empresa a la que estaba asignado se quedaba con las 1,50 pesetas restantes en concepto de «manutención y alojamiento». Cuando el preso estaba casado percibía 4 pesetas y una más por cada hijo menor de quince años.[17]
Obras en las que trabajaron los presos acogidos a la redención de penas
- El Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos fue construido recurriendo a los presos que se habían acogido a la redención de penas por el trabajo, en su mayoría presos políticos republicanos, al menos hasta 1950.[7]
Sin embargo, Alberto Bárcena Pérez, de la Universidad CEU San Pablo, al no considerar la redención de penas por el trabajo como una forma de trabajo forzado, como así lo afirman otros historiadores como Francisco Moreno Gómez, Julian Casanova o Gutmaro Gómez Bravo, afirma en su libro Los Presos del Valle de los Caídos (2015) que todos los trabajadores del Valle de los Caídos fueron "voluntarios", tanto los libres como los presos. También asegura que la cifra de 20.000 presos que trabajaron en la obra está muy inflada, aunque esta cifra dada por algunos historiadores se refiere al total de trabajadores que pasaron por la obra a lo largo de los años, tanto libres como presos.[7]
En cuanto a la siniestralidad laboral, Bárcena Pérez señala que fue sensiblemente menor a la habitual en la época.[cita requerida] En 19 años murieron entre 14 y 18 personas, algunas de ellas en accidente de tráfico o por imprudencias.[cita requerida] Durante los ocho primeros años de construcción, cuando el número de presos políticos era mayor, no hubo ninguna baja mortal.[31][fuente cuestionable] Pero algunas fuentes presenciales, como el médico preso Ángel Lausín que trabajó en la obra durante dieciocho años[32] y examinó 14 de los 15 trabajadores muertos por accidente laboral documentados que murieron durante todo el periodo de construcción, reconoce que no sabe el número de los fallecidos por heridas graves que fueron trasladados fuera del recinto y el número de trabajadores fallecidos por contraer silicosis durante las obras.[33]
- Otras obras
La obra del Canal del Bajo Guadalquivir se llevó a cabo por presos políticos de la dictadura franquista, a "pico y pala", siguiendo ella también, como aquella del Valle de los Caídos, la política de Redención de Penas por el Trabajo, llegando a contar con 2.000 presos. A lo largo de su recorrido se jalonaban campos de trabajo como en Los Merinales, El Arenoso y La Corchuela en Dos Hermanas, asimismo los familiares también crearon poblados en Torreblanca y Valdezorras, en Sevilla, Quintillo en Dos Hermanas o El Palmar de Troya, en Utrera.
Hecho prisionero en el puerto de Alicante al finalizar la guerra, Félix Paredes (escritor), uno de los más representativos poetas anarquistas afiliado a la CNT, fue condenado a muerte junto con otros redactores de La Libertad, incluido Eduardo Haro Delage, por encontrársele “responsabilidad intelectual en la lucha política”; sin embargo, la pena le fue conmutada por el encarcelamiento. Durante su estancia en la Prisión Central de San Miguel de los Reyes, en Valencia, colaboró en el semanario Redención de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNdP), que tenía como objetivo “purificar” a los presos políticos y exaltar al nuevo régimen franquista. Con textos publicados por los reclusos en la sección poética de Redención, el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo celebró el primer aniversario del semanario con la publicación de una antología, Musa redimida. Poesías de los presos en la nueva España, donde llaman la atención la inclusión de dos composiciones de Paredes: “Gratitud al Caudillo” y “Marcha de Tanhauser”.[34]

El último tramo de la línea férrea Madrid-Burgos iniciado en la década de 1920 que unía Lozoya con Madrid-Chamartín, fue construida por presos divididos en 9 destacamentos penales. Uno de los mejores conservados es el Destacamento penal de Bustarviejo, conocido como “Los Barracones”, situado en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, en las faldas de la Sierra de Guadarrama.[35] El destacamento, estaba a 1,5 km del pueblo de Bustarviejo, construido para 250 prisioneros, alojando de media anual, entre los años 1944 y 1952 del pueblo, a cargo de la empresa contratista Hermanos Nicolás Gómez,[36] que se benefició así de la política de Redención de penas por el trabajo. La construcción del ferrocarril fue una obra de trascendencia nacional, que acabó influyendo en el desarrollo del casco urbano del Norte de Madrid y en la mejora de las comunicaciones en las zonas de la meseta castellanoleonesa.[37]
La construcción de la Presa del Alberche y del Canal Bajo del rio Alberche fue otra obra civil realizada por presos republicanos del Destacamento Penal Presa del Alberche. La construcción sirvió parar irrigar una zona de 10.000 hectáreas en la vega de Talavera de la Reina.[38]
La construcción de la Academia de Infantería de Toledo estuvo a cargo de la 5ª Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas (1942-1946), por la que pasaron más de 3.000 presos. De rescatar sus nombres se ha encargado recientemente el periodista Enrique Sánchez Lubián con su obra "Los presos que construyeron la Academia de Toledo. Con ese olor a guerra detrás".
En Asturias se levantaron campos alrededor de las minas para que trabajaran allí los presos. Lo mismo sucedió en las minas de mercurio de Almadén y en las de carbón del País Vasco y de León. También fueron utilizados los presos acogidos a la redención de penas por el trabajo en la construcción de embalses, como los del Pirineo de Huesca o el embalse de Yesa en Zaragoza. Asimismo fueron utilizados en la reconstrucción de pueblos, como el de Belchite, a cargo de la Junta de Regiones Devastadas.[7]