Tortura durante la Revolución bolivariana

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En las observaciones del informe periódico de Venezuela de 2002 ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Comité consideró como positiva la entrada en vigora de la nueva constitución de 1999, al igual que la de la obligación constitucional de indemnizar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y la introducción de garantías fundamentales, incluyendo que las personas detenidas deban ser presentadas ante un juez antes de 48 horas y que no pueden ser sujeto a maltratos ni de incomunicación desde el momento del arresto. Sin embargo, concluyó que en Venezuela persistía la tortura a pesar de las disposiciones, y expresó su preocupación ante las denuncias de torturas y abuso de autoridad que demostraban la ineficacia de las disposiciones, al igual que la ausencia de investigaciones prontas e imparciales ante dichas denuncias.^[11]

El Comité le recomendó al gobierno venezolano adoptar medidas para institucionalizar el derecho de las víctimas de tortura a una indemnización adecuada, el establecimiento de programas dirigidos a sus rehabilitaciones y la aprobación de una ley para la prevención y la sanción de la tortura, entre otras recomendaciones y aquellas realizadas anteriormente.^[11]

En 2003, una ciudadana y tres militares vinculados a los soldados sublevados en la Plaza Altamira durante el paro general de 2002 fueron asesinados. Zaida Peraza, de 28 años; Darwin Argüello, de 21; Ángel Salas, de 21, y Félix Pinto, de 22, fueron encontrados en dos lugares diferentes de las afueras de Caracas con signos de haber sido torturados, atados de pies y manos, habiendo sido asesinados con tiros de escopeta a corta distancia. El líder del grupo, el general Enrique Medina Gómez, declaró que varios testigos vieron cómo los militares, junto a dos mujeres que les acompañaban, fueron detenidos y obligados a abordar dos camionetas por hombres vestidos de negro y con las caras cubiertas con pasamontañas.^[12]

La jueza María Lourdes Afiuni fue detenida el 17 de diciembre de 2009 en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una cárcel de mujeres en las afueras de Caracas. En enero de 2010, la fiscalía presentó cargos oficiales contra Afiuni por presuntas irregularidades en la liberación de Eligio Cedeño. El primero de julio de 2015 hizo declaraciones a la corte en donde describió la violación sexual a la que fue sometida en la cárcel a causa de la cual se le tuvo que hacer una histerectomía y reconstrucción de sus órganos sexuales y vejiga,^[13] aparte del compromiso de uno de sus senos el cual está necrosado en un 25% a causa de una patada dada con una bota militar por uno de sus custodias.^[14]

Durante las protestas en Venezuela de 2014, la ONG Foro Penal documentó 33 casos de torturas contra detenidos, afirmando que los abusos fueron «continuos y sistemáticos» y que las autoridades venezolanas eran «acusadas en general de golpear a los detenidos, en muchos casos fuertemente, y muchas personas han indicado que las fuerzas de seguridad les han robado, tomando sus teléfonos móviles, dinero y joyas». Estas torturas, algunas por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, incluirían golpizas, descargas eléctricas, y asfixia, además de tortura psicológica. A los detenidos se les negaría el acceso a abogados y serían obligados a firmar un acta donde declararían que sí habían sido atendidos por abogados defensores.^[15] Amnistía Internacional corraboró esta información, indicando que la «tortura es común» por parte de las autoridades venezolanas en contra de los manifestantes.^[16] En un informe titulado Castigados por Protestar luego de una investigación realizada en marzo durante las protestas, Human Rights Watch dijo que aquellos que fueron detenidos por autoridades del gobierno fueron sujetos de "abusos físicos severos"; algunos de ellos incluían golpizas "a puñetazos, con cascos, y armas de fuego; descargas eléctricas o quemaduras; ser obligados a sentarse en cuclillas o arrodillarse, sin moverse, durante varias horas; ser enmanillados a otros detenidos, algunas veces en pares y en otras ocasiones en cadenas humanas de decenas de personas, durante varias horas; y exposición a largos periodos de calor o frío intenso". También reportó que "muchas víctimas y familiares con los que hablamos dijeron que ellos creían que podían ser víctimas de represalias por parte de la policía, miembros de la guardia o pandillas simpatizantes del Gobierno si reportaban los abusos".^[17]

En un caso, un grupo de jóvenes dijo que se estaban yendo de una protesta que se había puesto violenta, «los soldados rodearon el vehículo, rompieron las ventanas y lanzaron gas lacrimógeno adentro». Un hombre dijo que un soldado le «disparó con una escopeta a quemarropa» mientras estaba en el vehículo. Los hombres luego fueron «sacados del vehículo y golpeados violentamente», luego un soldado «aplastó sus manos con la culata de su escopeta, diciéndoles que era su castigo por lanzar piedras». El vehículo luego fue incendiado. Un manifestante dijo que mientras estaba detenido, los soldados «lo patearon una y otra vez». Los manifestantes con los que estaban «fueron esposados juntos, amenazados con un perro de ataque, obligados a mantenerse arrodillados por largos periodos de tiempo, golpeados y rociados con aerosol de pimienta». El manifestante luego dijo que fue «golpeado tan fuerte con el casco de un soldado que lo escucho romperse». Una mujer también dijo que estaba con su hija cuando «fueron recogidas por soldados de la Guardia Nacional, llevadas junto a seis otras mujeres a un puesto militar y entregadas a soldados mujeres». Las mujeres luego dijeron que «los soldados las golpearon, patearon y amenazaron con matarlas». Las mujeres también dijeron que los soldados amenazaron con violarlas, cortaron sus cabellos y «fueron dejadas en libertad sólo después de hacerlas firmar un documento indicando que no habían sido maltratadas».^[18]

Estudiantes manifestantes fueron torturados por fuerzas del gobierno para obligarlos a admitir su participación en un plan conjunto con individuos extranjeros para derrocar al gobierno venezolano.^[19] Adicional a las torturas, estudiantes han denunciado que han sido víctimas de abuso sexual por parte de la Guardia Nacional Bolivariana; Foro Penal denunció que en Carabobo habrían sido torturados durante cinco horas, arrodillados mientras se encontraban recluidos por las autoridades, el representante relata que todos los estudiantes fueron sodomizados con un fusil automático.^[20][21][22] Relatan que posterior al hecho debieron ser "limpiados con un trapo de gasolina debido a la cantidad de sangre causadas por las heridas".^[23] Adicionalmente, destaca el caso de Juan Manuel Carrasco, golpeado y violado sexualmente por funcionarios de la GNB, quien según pruebas forenses realizadas posteriores al hecho corroboran la violación, desmintiendo a la fiscal general.^[24][25][26]

El director del Foro Penal , Alfredo Romero, pidió tanto a la oposición como al gobierno venezolano que presten atención a los llamados sobre las violaciones a los derechos humanos que no habían sido escuchados. También infrmó que una mujer había sido torturada con descargas eléctricas en sus pechos.^[27][28] El Foro Penal Venezolano afirmó que los estudiantes, tras ser arrestados, eran torturados con descargas eléctricas, golpizas y amenazados con ser quemados vivos luego de ser empapados de gasolina.^[29]

La Fiscalía General de Venezuela reportó que estaba realizando, 145 investigaciones relacionadas con abusos de los derechos humanos y que 17 oficiales de seguridad habían sido detenidos en relación con estos hechos. El presidente Maduro y otros funcionarios gubernamentales aceptaron que han ocurrido abusos a los derechos humanos, pero dijo que se trataba de casos aislados y no de un patrón sistemático.^[30] Cuando los partidos de oposición pidieron un debate sobre la tortura en la Asamblea Nacional de Venezuela, el gobierno venezolano se opuso, acusando de violencia a la oposición diciendo, «los violentos no somos nosotros, los violentos están en un grupo de la oposición».^[31]

En noviembre de 2014, Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas por primera vez en 12 años por casos ocurridos entre 2002 y 2014. Su delegación estuvo encabezada por el viceministro de interior y seguridad ciudadana José Vicente Rangel Ávalos. Los expertos de la ONU se mostraron insatisfechos con las respuestas de Venezuela, concluyendo que no respondió con precisión a las preguntas formuladas por el Comité. La experta Felice Gaer señaló que «sólo 12 funcionarios públicos han sido condenados por violaciones a los derechos humanos en la última década cuando en el mismo período ha habido más de 5.000 denuncias». En el caso de la jueza María Lourdes Afiuni detenida en 2009, la directora de derechos fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, expresó que: «El Ministerio Público no recibió denuncias sobre la presunta violación sexual narrada en un libro. Sugerimos al comité despreocuparse por eso», a lo que la experta Essadia Belmir respondió: «Es algo muy importante y muy grave, porque trasciende la persona, afecta al concepto del sistema judicial y al Estado de Derecho. Si esto hubiese ocurrido en otro país, hubiese provocado terremotos; no un solo terremoto, muchos terremotos». Otro experto cuestionó la independencia de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura dado que 6 de sus 13 miembros, casi la mitad, eran representantes del gobierno y preguntó sobre la independencia de los médicos y forenses que examinaban a las víctimas. Los expertos también cuestionaron la independencia judicial debido a la permanencia se jueces temporales que podían ser removidos discrecionalmente.^[32][33][34]

En sus observaciones, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó su «alarma» por las denuncias de abusos cometidos por las autoridades venezolanas durante las protestas en Venezuela de 2014 que incluían «palizas, quemaduras y descargas eléctricas con el fin de obtener confesiones». El Comité le pidió al Gobierno venezolano que llevara a cabo investigaciones más exhaustivas, ya que de las 185 investigaciones por abusos durante las protestas sólo se habían presentado cargos en 5 casos. El Comité también pidió la liberación de liberación del líder opositor Leopoldo López y del exalcalde Daniel Ceballos.^[35] El 11 de marzo de 2015, el relator especial sobre la tortura Juan E. Méndez declaró ante el Consejo de Derechos Humanos que el gobierno venezolano no había respondido a múltiples solicitudes de información. Méndez declaró: «En este caso Venezuela no ha respondido, por lo que he redactado mis conclusiones basadas en la falta de respuesta, pero también obviamente en lo que sé de los casos. Y llegué a la conclusión de que el gobierno ha violado los derechos de los reos», y que gobierno de Maduro no cumplió «con la obligación de investigar, juzgar y sancionar todos los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes».^[36] La abogada penalista y activista de derechos humanos Tamara Sujú ha recopilando casos de tortura registrados en Venezuela entre 2002 y 2014 y formalizó su denuncia contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional en julio de 2016, cuando presentó ante la Corte un expediente de 65 incidencias. Lo actualizó en mayo de 2017 sumándole otros casos.^[37] El 5 de abril de 2017, Sujú fue invitada al InterAmerican Institute for Democracy para narrar los casos de tortura en Venezuela y el expediente del país en la Corte.^[38]

El 2 de marzo de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares de protección en la resolución 6/2015 a favor de Lorent Saleh y Gerardo Carrero como respuesta a la solicitud hecha el 8 de julio de 2013 por Tamara Sujú en nombre del Foro Penal Venezolano, en la que pidió al organismo que requiera al gobierno venezolano la protección de la vida e integridad personal de Saleh y, más adelante dentro del procedimiento, también la protección de Carrero por la violación de sus derechos humanos.

El documento de la CIDH reseña que Saleh y Guerrero “estarían ubicados en un sótano (5 pisos bajo tierra), conocido como ‘La Tumba’, del edificio que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)”, donde son sometidos a un “aislamiento prolongado sin contacto con otras personas, en un espacio confinado de 2×3 metros, con cámaras de vídeo y micrófonos en cada una de sus celdas, sin acceso a la luz del sol o al aire libre”, y que los dos presos han denunciado que padecen “crisis nerviosas, problemas estomacales, diarrea, vómitos, espasmos, dolores en articulaciones, dolores de cabeza, dermatitis, ataques de pánico, trastornos musculares y desorientación temporal” sin “presuntamente recibir atención médica adecuada”.

La Comisión consideró que los estudiantes "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo", y de acuerdo con el artículo 25 de Reglamento de la CIDH el organismo le pidió al gobierno venezolano que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los detenidos, particularmente proporcionar la atención médica adecuada de acuerdo con las condiciones de sus patologías, y que asegurara que sus condiciones de detención se adecuaran a estándares internacionales, tomando en consideración su estado de salud actual.^[39][40] El 20 de abril Lorent intentó suicidarse en su celda, hecho que fue evitado por los funcionarios del SEBIN. Su abogado denunció que para entonces no había recibido respuesta por parte del Ministerio Público sobre la solicitud de realizarle evaluaciones psiquiátricas a Lorent Saleh y a Gabriel Valles Sguerzi.^[41]

El 13 de abril de 2017 los morochos Sánchez (José y Alejandro), dirigentes juveniles del partido, fueron detenidos por funcionarios de seguridad.^[42] Alejandro fue torturado en El Helicoide con el objetivo de obligarlo a ofrecer declaraciones falsas e incriminarlos.^[43][44]

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció el «uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva» durante las protestas y responsabilizó al gobierno de al menos manifestantes y aseguró que «varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas».^[45] El 14 de septiembre de 2017 Tamara Sujú denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 289 casos de tortura, incluyendo incidentes durante las protestas en Venezuela de 2017 y 192 casos de torturas sexuales, durante la primera audiencia de la organización para analizar crímenes de lesa humanidad en el país.^[46]

El médico José Alberto Marulanda fue apresado el 20 de mayo de 2018 por oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), día en el que se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela. Durante su detención, Marulando ha sido torturado por parte de funcionarios hasta llegar a quedar sordo del oído derecho tras un golpe que le dieron y de perder la sensibilidad en sus manos.^[47][48] Para noviembre de 2018, seis meses después de su detención, su audiencia había sido diferida seis veces.^[49]

A la activista venezolana Ángela Expósito se le han arrancado las uñas desde su detención en 2018, entre otros métodos de tortura.^[50] La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela documentó que el teniente coronel Franklin Caldera, detenido en 2019, fue sometido a varios métodos de tortura, entre ellos cortes e inserción de agujas bajo las uñas de las manos.^[51] El 3 de noviembre de 2022, colectivos progubernamentales atacaron y le arrancaron las uñas a cuatro estudiantes de la Universidad de los Andes que protestaban contra la visita a Mérida de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).^[52]

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La Constitución de Venezuela establece, en su artículo 23, que "los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público".^[53] Los principales instrumentos internacionales en materia de tortura, suscritos y ratificados por el Estado venezolano son:

• Sistema Universal. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (10 de diciembre de 1984) indica en su artículo 1: "se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.^[54]
• Sistema Interamericano. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (9 de diciembre de 1985) establece en su artículo 1: "Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.  Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.^[55]
• El Estatuto de Roma. La tortura es uno de los crímenes de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma, “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, indica el artículo 7 de dicho estatuto.
• El Protocolo de Estambul (9 de agosto de 1999), un manual para la investigación y documentación eficientes de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Las protestas antigubernamentales durante 2014 y 2017 han sido objeto de pronunciamientos de organismos internacionales:

• Comité contra la Tortura: "El Comité expresa su alarma ante informaciones concurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas en el marco de las manifestaciones ocurridas entre febrero y julio de 2014. Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente con el objeto de destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, obtener información, castigar, obtener confesiones y por discriminación de género. El Comité observa que de las 185 investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público por trato cruel sólo se han presentado 5 acusaciones, y las 2 investigaciones por tortura todavía siguen su curso. Preocupa al Comité que, según las informaciones recibidas, una gran parte de los afectados no habría denunciado los hechos por temor a represalias y algunos habrían sido amenazados tras denunciarlos".^[56]
• Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: "Los agentes de seguridad, notablemente los miembros del SEBIN, la DGCIM y la GNB, recurrieron a tales medidas para intimidar y castigar a los detenidos, así como para extraer confesiones e información. Los casos más graves tuvieron lugar por lo general en locales del SEBIN, la DGCIM y del ejército, en todo el país (...) Los casos documentados por el ACNUDH, junto con la información recogida, indican que los malos tratos y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos no son incidentes aislados. Por el contrario, se ha documentado que las mismas formas de malos tratos han sido cometidas por agentes de diferentes unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros de detención y con el presunto conocimiento de oficiales superiores, lo que demuestra claramente la existencia de un patrón de conducta”.^[57]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado de la tortura en Venezuela a través de sus informes anuales y especiales. El Informe País, publicado el 22 de junio de 2018, se señala: "La Comisión ha venido haciendo seguimiento a información sumamente preocupante sobre alegadas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por agentes estatales, contra personas privadas de libertad en Venezuela. Con anterioridad al 2017 ya existían denuncias sobre actos de esta naturaleza altamente reprochables. En particular, en el 2015 la CIDH recibió información de 51 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, solo entre enero y junio, lo cual hacía un incremento de 28% de respecto del año anterior. En julio de 2016, se denunció que, desde el mes de mayo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana habrían detenido a 21 personas, la mayoría de las cuales afirmó haber sido torturadas o haber sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia. Se informó, además, sobre la individualización de 18 víctimas de tortura, lo que representaría un incremento de 300% respecto al 2015. Asimismo, durante el 2016 se identificaron 473 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 320 menos que en el 2015, y destacó “la ocurrencia de casos que involucraron a grupos de víctimas que superan la decena, y que se produjeron en recintos carcelarios”.^[58]