Triple crimen de Florencio Varela
From Wikipedia, the free encyclopedia
:• Morena Verdi (20 años)
• Lara Morena Gutiérrez (15 años)
| Triple femicidio de Florencio Varela | ||
|---|---|---|
 Nombres de las víctimas colocados tras una protesta en la Avenida de Mayo, Buenos Aires. | ||
| Lugar | Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina | |
| Blanco | 3 mujeres argentinas | |
| Fecha | 19 de septiembre de 2025 | |
| Muertos |
3 víctimas argentinas : • Brenda Loreley del Castillo (20 años) • Morena Verdi (20 años) • Lara Morena Gutiérrez (15 años) | |
| Sospechoso |
16 sospechosos: 6 Peruanos  detenidos:• Tony Janzen Valverde Victoriano (20 años, conocido como: «Pequeño J») • Bernabé Jesús Mallón (42 años) • Lázaro Víctor Sotacuro (41 años) • Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31 años) • Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años) • Mónica Débora Mujica (37 años, esposa de Víctor Sotacuro) 6 Argentinos detenidos:• Ariel/Iván Jeremías Alexis Giménez (29 años) • Matías Agustín Ozorio (28 años) • Maximiliano Andrés Parra (18 años) • Celeste Magalí González Guerrero (28 años) • Milagros Florencia Ibáñez (20 años) • Iara Daniela Ibarra (19 años) 3 Hombres peruanos prófugos:• Alex Roger Ydone Castillo (50 años, novio de Milagros Florencia Ibáñez) • Manuel David Valverde Rodríguez (45 años, tío paterno de «Pequeño J») • David Gustavo Morales Huamani (36 años, conocido como: «El Tarta», «El Loco David» o «El Tartamudo») Un hombre peruano que se cree que participó del triple crimen:• Luis Alan Valverde Rodríguez (39 años, hermano de Manuel David Valverde Rodríguez y también tío paterno de «Pequeño J») | |
| Motivación | Venganza vinculada al narcotráfico en Argentina | |
| Acusado | 12 detenidos | |
El triple femicidio (en el caso de los imputados masculinos) u homicidio (en el caso de las imputadas mujeres) de Florencio Varela es un caso en curso sobre un femicidio múltiple ocurrido en septiembre de 2025 en el partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina.[1][2] Las víctimas fueron Brenda Loreley del Castillo (20 años), Morena Verdi (20 años) y Lara Morena Gutiérrez (15 años), todas residentes de La Matanza, que desaparecieron el 19 de septiembre tras abordar un vehículo en La Tablada. Sus cuerpos fueron hallados cinco días después, enterrados en una vivienda de Villa Vatteone, y presentaban signos de tortura y mutilaciones.
La investigación, inicialmente a cargo del fiscal Gastón Duplaá y luego de Adrián Arribas, se encuentra bajo secreto de sumario.[3][4] La principal hipótesis apunta a una venganza vinculada a una organización narcocriminal transnacional de origen peruano, presuntamente liderada por el prófugo Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J». Este utilizaba las villas Zavaleta y 1-11-14 en la Ciudad de Buenos Aires como base de operaciones para el tráfico de drogas, y se cree que controla puntos de venta en el sur del conurbano bonaerense.[5] Durante la instrucción se registraron al menos seis detenciones y se emitieron notificaciones rojas de la Interpol contra los principales sospechosos.[2] Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el crimen habría sido una venganza organizada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de disputas internas del narcotráfico; se especula que la hermana de una de las víctimas, Lara Gutiérrez, habría robado una cantidad significativa de cocaína, extremo no confirmado oficialmente.[1][6]
El caso provocó una amplia reacción social y política. Hubo movilizaciones y actos de protesta —entre ellos una marcha de Ni una menos en Plaza de Mayo con la consigna «ninguna víctima es descartable», en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro— y se reportaron incidentes de represión policial.[1][7][8][9][10] Organizaciones y universidades denunciaron el hecho como narcofemicidio y reclamaron políticas públicas: Amnistía Internacional,[11] el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)[12] y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).[7][13][14] Las reacciones políticas incluyeron críticas a la gestión de seguridad provincial y pedidos de respuestas de alcance nacional.[15][16][17][18]
Narcotráfico en Argentina
El narcotráfico en Argentina ha experimentado un notable crecimiento en las últimas décadas, impulsado por factores como la crisis económica y la vulnerabilidad social en asentamientos urbanos informales.[19] Barrios como la Villa 31, ubicada en el barrio de Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han convertido en focos significativos de esta actividad ilícita, donde bandas organizadas controlan la distribución de estupefacientes como marihuana y cocaína.[20][21] Este asentamiento, originado en la década de 1930 como respuesta a la crisis de 1929, ha visto un aumento en la presencia narco, con clanes familiares dominando sectores específicos, como el denominado «pasillo de los zombies», asociado a disputas violentas y control territorial.[22] El incremento en el consumo de drogas se correlaciona con un alza en robos y violencia interna, transformando dinámicas comunitarias tradicionales.[19] Operativos policiales han revelado la escala de estas operaciones, con decomisos de grandes cantidades de sustancias y detenciones de redes integradas por vendedores locales.[23][24]
A nivel nacional, Argentina ha implementado diversas políticas para combatir el narcotráfico, coordinadas por entidades como la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, responsable de la elaboración y evaluación de estrategias integrales.[25] La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) se encarga de coordinar acciones preventivas y de tratamiento, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) investiga delitos complejos relacionados con el crimen organizado.[26][27] En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las políticas se centran en operativos locales, como allanamientos en barrios vulnerables para desarticular bunkers y redes de distribución, con énfasis en la colaboración interinstitucional.[24] En la Provincia de Buenos Aires, se ha promovido la desfederalización de la ley de drogas, lo que permite una persecución más ágil a nivel local, y se han establecido mesas interinstitucionales para coordinar esfuerzos contra el narcotráfico.[28][29]
Recientemente, autoridades provinciales han reclamado una respuesta federal unificada, argumentando que el narcotráfico trasciende jurisdicciones locales.[30] Estas políticas, sin embargo, recibieron críticas por su enfoque prohibicionista, considerado por algunos analistas ineficaz para reducir el impacto del crimen organizado.[28]
Organizaciones narcotraficantes de origen peruano en Argentina
Las bandas narco de origen peruano en Argentina tienen sus raíces en organizaciones criminales peruanas, como clanes familiares o asociaciones de clanes interrelacionados, que se originaron en regiones como Trujillo o el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Están involucradas principalmente en el tráfico de cocaína, paco y otras sustancias como éxtasis.[31][32][33] Estas estructuras han extendido sus operaciones a través de redes transnacionales, con conexiones a proveedores en Perú, Países Bajos y otros países,[34] operando en territorios argentinos como el Bajo Flores, Rosario, Tres de Febrero y el conurbano bonaerense, donde combinan el narcotráfico con actividades de lavado de dinero, extorsión y violencia territorial.[31][32][33][35][36]
Las organizaciones, a menudo lideradas por figuras como «Fort» en la provincia de Córdoba, operan mediante el control territorial, la distribución local y conexiones con proveedores internacionales, incluyendo vínculos con grupos en América Latina y África Occidental.[37][38]
Su expansión en Argentina se ha acelerado en los últimos años, con presencia en provincias como Córdoba y Buenos Aires, donde disputan territorios con bandas locales en áreas como La Matanza, involucrándose en actividades como extorsión, secuestro y venta de drogas.[39][40] El modelo organizacional predominante en el país incluye clanes familiares que manejan negocios delictivos de manera descentralizada, adaptándose a vulnerabilidades locales como fronteras porosas y corrupción.[41] Operativos conjuntos han desarticulado algunas redes, pero su resiliencia destaca la complejidad del fenómeno regional.[42]
Femicidios en contextos de violencia narcoterrorista
Los femicidios en contextos de violencia narco representan una intersección entre el crimen organizado y la violencia de género en Argentina, donde mujeres son víctimas de homicidios motivados por disputas territoriales o venganzas relacionadas con el tráfico de drogas.[43][44][45] Desde 2020 hasta julio de 2025, se han registrado al menos 196 casos de este tipo, que destacan por la brutalidad y el impacto en comunidades vulnerables.[46][14] Estos crímenes a menudo involucran torturas y ejecuciones, como en incidentes recientes que han generado movilizaciones feministas demandando justicia y políticas estatales más efectivas.[47][48]
El término «narcofemicidio» se utiliza para describir femicidios cometidos en entornos de narcotráfico, donde las víctimas sufren métodos de violencia extrema característicos de organizaciones criminales, como torturas y ejecuciones, con el fin de disciplinar o intimidar.[8][14][49][50]
Víctimas, desaparición y crimen
Víctimas
- Brenda Loreley del Castillo (26 de noviembre de 2004 – 20 de septiembre de 2025), de 20 años: residía en Ciudad Evita, partido de La Matanza, junto a su madre y hermanos menores. Era madre de un niño de un año. Trabajó en empleos registrados —atención en un kiosco y venta de ropa por redes sociales— y, según fuentes judiciales y testimonios familiares, también realizaba actividades de prostitución como medio de subsistencia.[2][51][52][53]
- Morena Verdi (19 de enero de 2005 – 20 de septiembre de 2025), de 20 años: vivía en el mismo distrito que su prima Brenda. Era hija de Sabrina Verri y tenía dos hermanos. Al igual que Del Castillo, se encontraba en situación de vulnerabilidad económica y obtenía ingresos mediante la prostitución, de acuerdo con versiones periodísticas y declaraciones de allegados.[54][55][56]
- Lara Morena Gutiérrez (2 de diciembre de 2009 – 20 de septiembre de 2025), de 15 años: vivía en José C. Paz con su abuela. Era amiga cercana de Brenda y Morena, con quienes compartía vínculos barriales. Vecinos señalaron que concurría semanalmente a un templo evangélico en su barrio. De acuerdo con fuentes periodísticas, también habría estado vinculada a situaciones de explotación sexual en la zona de Floresta, en la Ciudad de Buenos Aires.[57][58]
Desaparición
Las tres víctimas fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:30, en una estación de servicio ubicada en la rotonda del Monseñor Bufano, sobre la avenida Crovara, en La Tablada, partido de La Matanza. Según registros de cámaras de seguridad municipales, las víctimas abordaron una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada. De acuerdo con la investigación, habrían sido engañadas con la excusa de asistir a una fiesta en Florencio Varela.[56][49] El vehículo recorrió La Matanza, pasó por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela, donde se activó la última señal del teléfono celular de una de las jóvenes.[59][57]
Las familias denunciaron la desaparición de las víctimas ante las autoridades, lo que dio inicio a una búsqueda coordinada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza. Se emplearon rastreos de antenas telefónicas y análisis de videos de vigilancia para localizar pistas iniciales.[57][49][60]
Asesinato
Los cuerpos fueron hallados el miércoles 24 de septiembre de 2025, enterrados en un pozo en el fondo de una vivienda ubicada en las calles Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela.[49][60][57] Esta casa es propiedad de Silvia Almazan, secretaria adjunta de SUTEBA, y era alquilada por Celeste Magali Gonzalez Guerrero, hija de Fabiana Guerrero, directora de Gestión Curricular de la Provincia de Buenos Aires.[61][62][63][64][65][66][67][68][69]
Su abogado defensor es Daniel Giaquinta.[70] Giaquinta se desempeñaba como empleado municipal en el área de Derechos Humanos de Florencio Varela y, tras asumir la defensa de González Guerrero en la causa, el intendente Andrés Watson dispuso el inicio de un expediente/sumario administrativo; medios locales informaron además su desplazamiento del área.[71][72]
Las autopsias revelaron que las víctimas fueron sometidas a torturas extremas antes de su muerte, incluyendo amputaciones, quemaduras, puñaladas y golpizas severas.[56][58][59] A Lara Gutiérrez le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, y fue ultimada con una puñalada en el cuello; Brenda del Castillo recibió múltiples heridas punzocortantes en el cuello, golpes en la cabeza y una evisceración post mortem; y Morena Verri fue golpeada en el rostro y sufrió una fractura cervical. Los cuerpos no fueron descuartizados y fueron enterrados en el patio de la propiedad.[53][60]
Según la investigación, la sesión de tortura habría sido transmitida en vivo a través de un grupo cerrado de Instagram con unos 45 participantes, en su mayoría mandos medios de una organización narcocriminal de origen peruano.[49] De acuerdo con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, esta transmisión buscaba enviar un mensaje de advertencia tanto a miembros propios como a grupos rivales en el marco de disputas territoriales por narcotráfico.[56][54]
Alonso señaló además que el crimen fue una venganza organizada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculada a disputas internas dentro del narcotráfico. Se especula que la hermana de una de las víctimas, Lara Gutiérrez, habría robado cinco kilos de cocaína, lo que habría desencadenado la represalia. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.[2][59][51][49]
