Vicmarys Oropeza

El 10 de septiembre de 2022 un grupo de personas intentó robar cables en la planta termoeléctrica Josefa Camejo en Punto Fijo, estado Falcón, para venderlos, como habían hecho anteriormente con otros materiales. En el acto, ocasionaron una explosión, dos de ellos sufrieron quemaduras y fallecieron posteriormente, y dejó tres turbinas termoeléctricas fuera de servicio. Como resultado, tres municipios de la península de Paraguaná quedaron sin servicio eléctrico por dos días. El gobernador de Falcón, Víctor Clark, afirmó que la explosión fue causado por un sabotaje.^[1][2]

Al momento de la explosión, Oropeza esperaba el relevo de su guardia del servicio nocturno en el comando del Grupo de Artillería Autopropulsada "Mariscal Juan Crisóstomo Falcón", en la base naval de Punto Fijo, a once kilómetros de la planta termoeléctrica. Entre las 9:30 p.m. y las 11:30 p.m., como encargada del área administrativa del comando, revisó los dormitorios de los soldados, el galpón y sus vehículos, al área perimétrica, al área externa del parque de armas y en los puestos de guardia. Al terminar su turno, dejó el reporte en el libro de novedades y fue a los dormitorios para despertar al personal de la guardia del segundo turno de noche.^[1]

En la mañana del 12 de septiembre, tres funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lllevaron a Vicmarys del comando de la base naval a la sede de la DGCIM de Punto Fijo para tomar sus datos personales, regresándola al comando naval el 13 de septiembre, al día siguiente. El 16 de septiembre, los mismos agentes regresaron al comando con una orden de aprehensión para Oropeza, aunque sin explicar el motivo de la detención, y la trasladaron a la sede del DGCIM nuevamente. Fue llevada a instalaciones de la policía científica del CICPC para reseñarla, recluida nuevamente en la sede de la DGCIM, y el 18 de septiembre fue trasladada a la sede de la DGCIM de Boleíta, en Caracas, sin que su familia fuese notificada. Cuando su mamá se trasladó desde Punto Fijo hasta Caracas, las autoridades negaron que se encontrase encarcelada en la sede. Vicmarys permaneció recluida en una celda sin colchoneta, con luz y aire acondicionado encendidos las 24 horas. No se le permitió bañarse por dos días y fue amenazadas varias veces con ser condenada a 50 años de cárcel.^[1][2]

El 21 de septiembre, Vicmarys fue presentada ante el juez Carlos Liendo del tribunal segundo de control con competencia en terrorismo, donde el fiscal Jean Karin López la imputó de los cargos de "terrorismo" y "asociación para delinquir" y acusó de haber llamado a "Toto", el hermano de unos de los fallecidos y encargado de vender el material robado. Dicho llamada no había tenido lugar, Oropeza no conocía a Toto, ella no trabajaba en la planta termoeléctrica y al momento de la explosión se encontraba de guardia en la base naval. El 5 de octubre de 2022 fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques. Su juicio continuó ante la jueza Alejandra Romero del tribunal tercero con competencia en terrorismo.^[1][2] En agosto de 2024, varias de las reclusas en el INOF, incluyendo a VIcmarys, fueron obligadas a desnudarse, a pujar, y a abrir sus partes íntimas, además de ser despojadas de artículos de higiene, libros, ropa y el agua.^[3]

La ONG Foro Penal, al igual que otras organizaciones de derechos humanos, la han clasificado como una presa política.^{[1][4][5][6][7]}